Pablo Celi, como contralor subrogante del Estado, desvaneció seis glosas de la empresa Nolimit por un monto de USD 13 millones, entre el 2017 y el 2020. Para lo cual, su hermano, Esteban Celi, solicitaba y recibía dinero de esta empresa. La empresa no era fabricante de bombas para la industria refinadora. Era una empresa intermediaria y no tenía posibilidad alguna de ganar un concurso o licitación ni nacional ni internacional. Los contratos se suscriben con las empresas fabricantes, en condiciones de seguridad jurídica.

Hubo contratos con la Gobernación del Guayas. Daniel Salcedo —ahora en prisión por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos médicos a hospitales del IESS—firmó ese contrato.  Por ese contrato se generó una glosa en su contra, pero esa misma empresa fue contratada por la Contraloría a pesar de estar glosada. 

Hubo alrededor de 1000 informes de Contraloría que fueron aprobados fuera de plazo. La Contraloría fue incendiada desde adentro. 

Además, se predeterminó un glosa de USD 112 millones en contra de Conecel, que debía ser confirmada. Nelson Villavicencio, ex director de Responsabilidades de la Contraloría, dijo ante la Asamblea que se verificó que la documentación presentada por los administrados eran copias simples, no cumplían con los requisitos exigidos por la Contraloría General del Estado, lo cual impedía verificar la legalidad y veracidad de su contenido, por lo que correspondía confirmar la glosa.  "Acudí a las oficinas del doctor Luis Miño, conjuntamente con el administrador de Gestión, donde se me indicó que debía cambiar el proyecto de resolución y desvanecer con base en los informes técnicos remitidos por el Ministerio de Telecomunicaciones. Yo les dije que eso no era posible, porque juridicamente, en esa instancia administrativa, la glosa debía ser confirmada", dijo el ex funcionario.

El ex ministro de Energía y Recursos Naturales, que guarda prisión por corrupción en su gestión al frente de la industria petrolera, dijo ante la Asamblea que el caso Las Torres es el hico conductor que permitirá llegar a una gran industria de la corrupción. 

Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el juicio a Pablo Celi.

El caso más emblemático del proceso político en su contra es el llamado Caso Las Torres. Esta es su historia:

El 13 de junio del 2019, las autoridades de Estados Unidos, en el curso de una investigación penal del Departamento de Justicia del Estado de la Florida aprehendieron en Miami, Florida, a José Raúl De la Torre Prado por el delito de lavado de activos por sobornos relacionados con contratos suscritos entre la compañía Nolimit C.A. y Petroecuador, la estatal petrolera ecuatoriana.

José Raúl de la Torre ejercía funciones de asesor de la gerencia general de Petroecuador.

Luego de tres días de la aprehensión, los fiscales de Miami detuvieron también al empresario inmobiliario, Roberto Barrera. Dentro de las investigaciones penales se concluyó que los procesados actuaban juntos y formaban parte de un esquema “para recibir millones de dólares en sobornos”. En ese país, fueron acusados de intento de lavado de dinero y de sobornar a funcionarios públicos.

El juicio por sobornos, en el marco de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, comenzó en septiembre del 2019, en el Distrito Sur de la Florida. En este, Roberto Barrera se declaró culpable el 14 de octubre de 2019 y José Raúl De la Torre lo hizo el 14 de noviembre del 2019. En sus testimonios confesaron que pidieron sobornos por USD 3,15 millones a la empresa Nolimit C.A. para conseguirle nuevos contratos y mantener los que se estaban en fase de ejecución.

En enero del 2019, uno de los socios de Nolimit C.A., José Luis De la Paz Román, reconoció ante la justicia americana que pagó la cantidad de USD 8,8 millones en sobornos para obtener contratos con ventajas indebidas en Petroecuador.

A través de una colaboración eficaz con la justicia estadounidense, José Luis de la Paz grabó las conversaciones que mantuvo con José Raúl De la Torre y Roberto Barrera hablando de los sobornos. Estos hechos originaron el caso “Las Torres”, una investigación por delincuencia organizada que lleva adelante la Fiscalía General del Estado del Ecuador  y que ha revelado que la compañía Nolimit C.A. también habría pagado para librarse de las millonarias glosas impuestas en los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado.

Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dentro del juicio político a Pablo Celi, afirmó que “entre 2017 y 2020, operó una organización criminal en la Contraloría General del Estado, en Petroecuador y en la Secretaría de Presidencia que exigía dinero a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación de pagos de planillas de contratos suscritos por Petroecuador y la empresa Nolimit C.A.”

La fiscal seguró que “por disposición directa y verbal de Pablo Celi De La Torre, en calidad de contralor general del Estado, Luis Esteban Celi De la Torre habría solicitado y recibido dineros de la empresa Nolimit C.A. con el objetivo de desvanecer cinco glosas de la empresa, por un monto de 13‘691.608,36 dólares entre 2017 y 2020”.

En la sesión del Pleno no. 722 de la Asamblea Nacional, semipresencial, 16 de agosto del 2021, cuando empezó el juicio político en contra de Pablo Celi, excontralor general del Estado, quien estuvo presente en la sala de sesiones. Foto: Asamblea Nacional

Por este caso, actualmente se encuentran procesadas 15 personas. Entre ellas el ex contralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, los hermanos Luis y José Agusto Briones, Silvia López y su hijo Ángel Rodríguez López, Andrés Luque, Natalia Cárdenas, Pablo Flores, sus padres, Marco Flores y Elsie Cueva, entre otros. José Agusto, ex secretario general de la Presidencia de Lenín Moreno y ex gerente general de Petroecuador, murió presuntamente por su propia mano en la cárcel 4 mientras guardaba prisión preventiva por este delito. Murió en una cárcel custodiada por el Estado ecuatoriano.
Parte de la investigación de fiscalía señala que entre los años 2012 y 2017, la compañía Nolimit C.A., obtuvo contratos por USD 121 millones, principalmente para la provisión de bombas y asistencia en mantenimiento para las refinerías de Esmeraldas y La Libertad.

Las glosas a las cuales la Fiscalía hace referencia, fueron emitidas entre enero y agosto del 2017 y desvanecidas entre agosto y septiembre del 2018. Cinco de estas glosas fueron desvanecidas por el funcionario de la Contraloría, Luis Miño, y la otra por Nelson Dueñas, en virtud de las subrogaciones entregadas por el ex contralor General Subrogante, Pablo Celi para que ellos firmen dichas resoluciones.

En el proceso investigativo, el procesado Luis Miño dijo, en la versión libre y sin juramento el 13 de abril del 2021 que “específicamente con la empresa Nolimit S. A. recuerdo haber suscrito el desvanecimiento de cuatro glosas conforme a los proyectos presentados por el Dr. Daniel Fernández de Córdova, director nacional de Responsabilidades. Con respecto a estos desvanecimientos, hubo una disposición directa y verbal por parte del doctor Pablo Celi, contralor general del Estado subrogante, para que sean suscritos los proyectos tal y como fueron entregados en la Subcontraloría General por la Dirección Nacional de Responsabilidades. [...] Aparte de estas disposiciones para suscribir el desvanecimiento de glosas a la empresa Nolimit S.A., el señor Dr. Pablo Celi me dispuso directa y verbalmente en otras ocasiones que suscriba desvanecimientos en calidad de subcontralor general subrogante de otras empresas, no recuerdo con exactitud, pero entre estas estaban la empresa MMR Group y en calidad de Director Nacional de Responsabilidades me solicitó que haga valedero los informes técnicos presentados por la Auditoría de Telecomunicaciones en ese entonces NA4 y elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidad por 111 millones USD a favor de CONECEL con respecto a la banda ancha de Claro, el mismo que fue suscrito por el doctor Pablo Celi”.

El funcionario de la Contraloríal, estuvo frente a la Comisión de Fiscalización el f23 de julio de 2021 y se ratificó en lo dicho en la Fiscalía: “[...] en septiembre de 2017 se me nombró como director nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, esta designación me la hizo el Dr. Pablo Celi [...] en ocasiones el Dr. Daniel Fernández venía personalmente a mi despacho a decirme que había resoluciones que yo debía firmar por disposición del Dr. Pablo Celi, dentro de estas resoluciones es muy factible que haya estado la resolución de desvanecimiento de la glosa en contra de la empresa Nolimit S.A.; en otra ocasión recuerdo que el Dr. Daniel Fernández de Córdova vino a mi oficina con varias resoluciones para mi firma y las devolví por encontrar que no estaban debidamente fundamentadas, por lo que pasaron unos días y fui llamado al despacho del Dr. Pablo Celi, en donde estaba presente el doctor Daniel Fernández, procediendo el Dr. Pablo Celi a preguntarme por qué no firmé esas resoluciones”.

De las investigaciones de la Fiscalía, y que constan en el expediente fiscal se evidenció la existencia del desvanecimiento de otras glosas. Esta trama señala a nuevas empresas. Es el caso de la empresa China CAMC Engineering, contratista del Estado, que el 18 de junio del 2019, transfirió la cantidad de USD 1’335.385 a la empresa Legalcont LLC., de propiedad de Pedro Saona y vinculada a Esteban Celi. Según la fiscal Salazar, los beneficiarios finales de ese dinero fueron los hermanos Celi. La fiscal aseguró “que lo recibieron luego de que la Contraloría desvaneció dos glosas en favor de China CAMC, la primera por USD 9,9 millones, relacionada con un examen especial a los centros de operaciones del ECU 911 y la otra por USD  22,6 millones, relacionada con la construcción de la Plataforma Financiera.”

En la versión libre y voluntaria rendida por Esteban Celi, el 13 de abril del 2021, él dijo que “no tiene ninguna relación con su sobrino José Raúl De la Torre y tampoco con los hechos por los que se lo investiga”. Lo que sí reconoció es que conocía a Pedro Saona. Hay otras transacciones de Legalcont que también son investigadas por la Fiscalía, como la del 12 de julio del 2019, cuando hizo un pago de USD 147.000 a Intriago & Carreño, Incartesa, que es una empresa de Portoviejo, Manabí, propiedad de los abogados Iván y James Intriago Carreño. Iván Intriago es accionista de un bufete que patrocina a los glosados en procesos de revisión de desvanecimiento de responsabilidades en la Contraloría General del Estado.

Otra transacción de Legalcont observada por la Fiscalía fue la del 16 de mayo del 2017. Ese día recibió la suma de USD 110.000 de Monay Industries LLC, de propiedad de Sebastián Robles Arroyo, gerente de procura de la compañía Nolimit C.A.

En la versión libre y sin juramento ante la Fiscalía de Sebastián Robles, el 18 de febrero del 2021 este reconocio que entre diciembre del 2015 y enero del 2016, a través de Monay Industries, hizo varias transferencias por un total de USD 3’650.000 a pedido de José Luis De la Paz, que no tenían como soporte el objetivo de Monay, “recuerdo que se hicieron algunas al señor Arturo Escobar”, quien además narró que el 29 de abril de 2019, se reunió con Pedro Crespo, accionista de Nolimit, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera para gestionar los pagos de sobornos, “estos señores exigían pagos a Nolimit para cumplir con las obligaciones adeudadas por parte de Petroecuador (...) básicamente nos exigieron pagos para el número uno, que se entendía era Pablo Flores (Nro. 1); indicaron que Nolimit debía pagar una comisión del 20%, y que de no aceptar esta condición no existirían los pagos adeudados por Petroecuador a Nolimit por los contratos”.

Las revelaciones de Pedro Crespo

Pedro Crespo es otro de los accionistas de Nolimit C.A. quien señaló que pagaron sobornos antes de que Nolimit C.A. le adjudicase su primer contrato. En su versión rendida el 18 de febrero del 2021, en la Fiscalía General del Estado, detalló que “Marcelo Reyes, a la fecha coordinador jurídico de contratos de Petroecuador, les entregó las bases técnicas y les pidió que se pongan en contacto con Armengol Cevallos Díaz para que les ayude a preparar la oferta”.

Con Cevallos, a la fecha exfuncionario de Petroecuador, revisaron la “fórmula polinómica de reajustes de precios (...) esta fórmula de cálculo consiste en las posibles variaciones de precios en virtud de factores externos”. Nolimit C.A. presentó su oferta en octubre del 2012 y se adjudicó el contrato en noviembre del mismo año por USD 35,5 millones, sin IVA. Este contrato fue suscrito el 4 de diciembre del 2012 por Carlos Pareja Yannuzzelli, gerente de Refinación y Fernando De la Paz Román, gerente general de la compañía Nolimit C.A.

Crespo relata también que al mes de estar en la ejecución del contrato, cuando cumplieron el primer hito contractual y se les canceló el 50% del monto asignado a estos rubros, “apareció nuevamente el señor Armengol Cevallos convocando a una reunión a mi socio José Luis de la Paz en la cual se nos exigió el pago de una comisión del 14% del monto contractual total. Él nos explicó que venía de parte del doctor Reyes y que esa era la solicitud, (...) la exigencia de este porcentaje fue a cambio de permitir que podamos desarrollar el proyecto con normalidad y que no se termine el contrato de forma unilateral (...) conozco que esos pagos, que según Cevallos eran para el doctor Reyes sí se realizaron alrededor de cuatro millones de dólares”.

Crespo agregó que “en el año 2013,  el señor Alex Bravo, en ese momento con funciones de Jefe de proyecto de Rehabilitación de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas, se comunicó con mi socio José Luis De la Paz y le preguntó directamente cuánto se nos había exigido como comisión por parte del doctor Reyes y cuánto se le había pagado. Mi socio le respondió, a pesar que nos sorprendió la llamada para saber el monto de porcentaje entregado, y ahí nos sorprendió o nos enteramos más bien dicho que existía un malestar entre ellos es decir de los funcionarios de Petroecuador. Mi socio le dijo de forma explícita que se pagó el 14% del monto total. El doctor Reyes le increpó a mi socio José Luis de la Paz le increpó muy molesto que porque indicó el monto, que eso no se dice; y a los días recuerdo que el doctor Reyes fue separado de Petroecuador y eso fue de conocimiento público. Del año 2013 al 2015 Nolimit suscribió dos contratos adicionales complementarios y tres contratos de procura; para fines del año 2015 EP Petroecuador nos adeudaba la suma de cincuenta millones de dólares de los contratos de procura suscritos a inicios y mediados del 2015, lo que ocasionó que todas las órdenes de compra sean puestas en espera por parte de los fabricantes. Para fines del 2015, en una reunión entre José Luis de la Paz con el señor Arturo Escobar Domínguez (quien antes había sido antes asesor para la Gerencia de Refinación en Petroecuador, pero a ese momento ya no era funcionario) en esa reunión José Luis le solicitó a Arturo le gestione una reunión con el señor Alex Bravo quien a ese momento era gerente general de Petroecuador (entiendo que el señor Arturo era allegado al señor Alex Bravo), Arturo gestiona la reunión y José Luis de la Paz se reúne con Alex Bravo y le explica la situación compleja de falta de pagos e incumplimientos de parte de Petroecuador; y en la mencionada reunión se disculpa la demora de pago de Petroecuador y dice que nos va ayudar y que va liberar el total de los pagos, pero que eso tiene un costo de cuatro millones de dólares si se pagaba. Nos pagaron alrededor de cinco o seis millones aproximadamente, y se tuvo que cumplir con la exigencia del Dr. Bravo por alrededor de cuatro millones”.

Indicó que para fines del 2018 e inicios del 2019, en la gerencia de Pablo Flores, “aparecieron en escena los señores José Raúl de la Torre y Roberto Barrera, quienes bajo la misma modalidad se pusieron a las órdenes con mi socio José Luis de la Paz quien los conoció y se pusieron a las órdenes para gestionar los pagos adeudados de EP Petroecuador, y la reactivación de un contrato que aún continuaba suspendido. Para inicios de 2019 Nolimit C.A. pudo terminar sus obligaciones contractuales de uno de los contratos mencionados a entera satisfacción de EP Petroecuador, por lo que solicitamos a la Gerencia de Refinación se suscriba el acta de recepción definitiva del mismo. Para la liquidación solicitamos se incluya valores pendientes de pago por trabajos adicionales solicitados y recibidos por diferentes áreas usuarias de la refinería. El monto en trabajos adicionales era alrededor de veinte millones de dólares por trabajos efectuados (...) para que el pago se dé y por suscribir el acta, los señores de la Torre y Barrera nos solicitaron el veinte por ciento de la comisión. En este punto es importante señalar que los señores de la Torre y Barrera siempre mencionaban que esta era la exigencia del señor Pablo Flores Gerente General de Petroecuador, este pago nunca se realizó.

“Para inicios del 2019 mi socio José Luis de la Paz ya se encontraba en Estados Unidos, por lo que el señor de la Torre y Barrera se contactaban conmigo para solicitarme una reunión en las oficinas del señor Barrera, me citan a una reunión en las oficinas del señor Barrera ubicadas en las calles Almagro y Whymper de la ciudad de Quito en el Edificio La Carolina. En esta reunión que era tipo seis de tarde en la oficina del señor Barrera, a esta oficina asistí con el señor Sebastián Saa que a ese momento era Gerente General de Nolimit, y solicité nos acompañe el señor Sebastián Robles Arroyo Gerente de Procura de Nolimit. En esa reunión estuvimos Sebastián Saa, Sebastián Robles, el señor De la Torre, Roberto Barrera y mi persona, en esta reunión el señor Barrera fue muy claro en que el señor Flores acababa de salir de su oficina y que requerían en 20 por ciento o no se paga el monto adeudado; y si queríamos seguir con el contrato de la Libertad debíamos pagar el 15% del monto total. Nosotros manifestamos que debíamos decidir, en esa conversación se habló de todo y nos solicitaron los pagos; al salir de la reunión para sorpresa mía el señor Sebastián Robles me comenta que había grabado la reunión, la reunión habrá durado alrededor de una hora y media. A la semana aproximadamente me comuniqué con el señor Barrera y señor de la Torre, por indicación del señor De la Paz le dije que aceptábamos hacer el pago, pero no en Ecuador sino a través de transferencias en el exterior, esto debido a que pedían que los pagos se hagan en Ecuador en efectivo; ellos aceptaron que los pagos se hagan allá y en mayo del 2019 se organizó una reunión en la ciudad de Miami a la cual asistimos José Raúl de la Torre, Sebastián Saa, José Luis de la Paz y mi persona. En esa reunión tratamos de ultimar los detalles de cómo querían las transferencias en el exterior y el señor De la Torre puso por escrito el detalle de detalle de montos cuentas y a quienes iba dirigido las transferencias, entiendo que toda esta información у detalles de esta reunión tienen las autoridades norteamericanas. Luego de esa reunión el señor De la Torre nos comentó que había llegado a estados Unidos sin dinero y nos pidió dinero en efectivo treinta mil dólares, además presté mi tarjeta para realizar algunas compras del señor De la Torre. Debo aclarar que todos los recibos y voucher de las compras realizadas en Miami fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos. Me parece que utilicé mi tarjeta visa del Banco Pichincha, se compró a pedido del señor De la Torre un reloj rolex en aproximadamente entre once a trece mil dólares, compras en Apple Store alrededor de cinco mil dólares y en Luis Vouton alrededor de cinco mil dólares. Todos los recibos se entregaron a los abogados del señor De la Paz en Estados Unidos y entiendo entregaron a las autoridades”, explicó Crespo a la Fiscalía.

La Fiscal General solicitó a la Corte una fecha para vincular a dos personas más al proceso penal por delincuencia organizada, dentro del caso Las Torres.  Foto: El Universo

Parte de los elementos sobre los que Fiscalía basa su acusación es la asistencia penal entregada por Estados Unidos que contiene los audios y videos de las conversaciones entre José Raúl De la Torre, Roberto Barrera y José Luis De la Paz, que fueron grabadas por este último en el marco de su cooperación con ese país. Según esa información, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera exigían pagos para Pablo Flores “number one”, Esteban y Pablo Celi, Natalia Cárdenas, los hermanos Luis y José Agusto Briones.

En una de las grabaciones de conversaciones, concretamente una del 12 de junio del 2019, José Raúl De la Torre pidió dinero para su tío “Ahorita te doy la cuenta de un amigo de mi tío para que hagas la transferencia”, dice. “750.000 son de mi tío”. El amigo al que se refiere José De la Torre es Álvaro De Guzmán, también procesado en el caso “Las Torres”.

Álvaro De Guzmán y Celi han coincidido en el manejo de empresas en Ecuador. Este primero tiene otra investigación previa en curso por negocios irregulares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, Isspol.

Otras de los mecanismos que José Luis De la Paz y José De la Torre idearon para gestionar las coimas que supuestamente irían a los hermanos Agusto, era a través de una cuenta bancaria de la empresa costarricense Tyrion S. A., a la que piden se transfiera USD 1 millón, cuenta bancaria de la que, dijeron, está en un fideicomiso y que era de propiedad de Luis Agusto Briones. Está información consta en las dos asistencias penales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a la Fiscalía.

Otra cuenta que se propuso utilizar para cobrar las coimas fue la compañía ecuatoriana Fraxianer S.A. con cuenta en el BBP Bank, de Panamá, a nombre de la empresa ecuatoriana Fraxianer S. A. En la asistencia penal existe la imagen/fotografía de un chat de whatsapp en el que José De la Torre envía los detalles de esa cuenta. El accionista principal de Fraxianer, que se dedica al diseño de programas informáticos, es Andrés Luque Cervantes, y el representante legal es Néstor Medina Medina, un carpintero de 75 años.

En otros chats, mantenidos entre Pedro Crespo y Roberto Barrera, se detallan cuentas en entidades de bancos de Estados Unidos, a nombre de Roy Calero y Roberto Lavin.

Otra exfuncionaria de Petroecuador vinculada al proceso es Natalia Cárdenas Samofalova, a quien el señor José Raúl De la Torre menciona en varias de las conversaciones que tuvo con los accionistas de Nolimit, indicando que tenía acuerdos con ella para “destrabar lo de Nolimit” y señalándola como la persona que hace “cobros” al Consorcio Oro Negro. Cárdenas ocupó en abril del 2019 el cargo de asesora de la gerencia general, posteriormente asumió el cargo como subgerente de proyectos en Petroecuador. José De la Torre también le exigió a José Luis De la Paz dinero para ella, en una ocasión pidió la cantidad de USD 300.000 para Natalia, de los cuales “20 latas” pedía en efectivo.

En cuanto al Consorcio Oro Negro, el representante legal de esta empresa suscribió un contrato en el mes marzo del 2016 con Petroecuador E.P. es así que el entonces gerente general de Petroecuador Álex Bravo adjudicó “a dedo” el contrato de guardianía por USD 38.9 millones al Consorcio Oro Negro, integrado por las empresas A.E.S.M. Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo Cía. Ltda. y Seguridad Física y Empresarial SEFIEM Cía. Ltda.

Alex Bravo adjudicó dicho contrato pese a que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) “dijo que no debía firmarse porque se detectaron varias falencias, entre ellas la falta de estudios definitivos para la contratación”.

Este contrato finalizó en marzo del 2018. Sin embargo, lo extendieron hasta noviembre del 2019, firmando dos contratos complementarios por USD 13 millones y once convenios de pagos por USD 20,3 millones.

Ante esto la Contraloría General del Estado realizó un examen especial al contrato (DAI-AI-0008-2017) y encontró incrementos injustificados del presupuesto, que la empresa no cumplía los requisitos mínimos de preparación del personal y que los pliegos para el concurso también estaban incompletos.

La fiscal general Diana Salazar estuvo presente en la Asamblea Nacional para presenciar el juicio a Pablo Celi.  Foto: EXPRESO

El examen dio como resultado un informe (DAI-AI-0007-2017) con indicios de responsabilidad penal en contra de Alex Bravo y del Consorcio Oro Negro.

En mayo del 2018, Juan Carlos Balseca Sotomayor se desempeñó como gerente del consorcio. Su madre María de Lourdes Balseca Vega y su cuñada, Michelle Bonilla Vargas, ocuparon el cargo de asistente y su tío, Juan Fernando Balseca Vega, el de supervisor.

A.E.S.M. Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo Cía. Ltda. fue creada en abril de 2004, sus accionistas son María Fernanda Bonilla Vargas, esposa de Balseca Sotomayor y Michelle Silva Sotomayor.

María Fernanda Bonilla también es accionista en otras cuatro empresas: PPF Cía. Ltda., Servicios En Seguridad Electrónica SERSEGURELECTRO Cía. Ltda., SOTOBONILCONS Constructores Cía. Ltda. y PROEXEQ Compañía de Responsabilidad Limitada. Es su esposo, Juan Carlos Balseca, quien administra esas empresas, a excepción de PPF Cía. Ltda.

Ricardo Vanegas Cortázar (ahora asambleísta por el Movimiento Pachakutik) es accionista de SOTOBONILCONS Constructores Cía. Ltda. y de Seguridad Física y Empresarial SEFIEM Cía. Ltda., de esta última, su esposa Ghinger Lascano Salvatierra, también es socia.

Otro personaje vinculado al caso Las Torres, es el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. Según la Fiscalía General del Estado, “exigió la entrega de pagos indebidos a la empresa Nolimit para autorizar el pago de las planillas a través de los funcionarios José Raúl de la Torre y Roberto Barrera”. Habría exigido el 20% por gestionar el pago de USD 20 millones que Petroecuador le debía a Nolimit C.A., y un 15% adicional para mantener el contrato en la Refinería La Libertad. Sus padres también fueron vinculados al proceso acusados de ser depositario de los sobornos entregados a Pablo Flores.
De la contratación del Consorcio Oro Negro se ha iniciado una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado, cuya titular informó a los comisionados el día de su comparecencia que este proceso “Tiene 55 cuerpos la investigación”, y que fue aperturada el 23 de enero de 2017”.

Pablo Celi dijo ante la Comisión de Fiscalización Asamblea que este caso correspondía a la Justicia y no a la Asamblea

Pablo Celi De La Torre, en su intervención ante la Comisión sobre esta causal de juicio político, ratificó a los comisionados lo que había sido su descargo en la contestación a la solicitud de juicio político del 16 de julio del 2021:

“Rechazo la intención de convertir esta materia en objeto de juicio político, en una clara interferencia en la justicia, al incluir una acusación relacionada con hechos no probados y aún no juzgados, que se encuentran en una fase de indagación por parte de la Fiscalía General del Estado, es decir en un ámbito distinto al del control político que ejerce la Asamblea Nacional”.

“Esta intromisión constituye un grave atentado contra la seguridad jurídica y el Debido Proceso, al acusar a partir de supuestos no probados en el ámbito judicial, prejuzgando y anticipando una condena por hechos no probados. El introducir esta acusación en un juicio político constituye un acto inconstitucional, contrario a los principios constitucionales y legales de presunción de inocencia y de legalidad de los actos administrativos mientras no se pruebe lo contrario en sede judicial competente”,  indicó el Celi.

La Comisión respondió que “en ningún momento ha atentado contra el debido proceso o ha tenido injerencia en el ámbito judicial de un proceso que se lleva en curso. Lo que se ha revisado y que obra como prueba documental es el proceso integro de la investigación que lleva a cabo la Fiscal General del Estado, y ha escuchado atentamente la teoría del delito de su titular, así como también se han revisado las versiones libres y voluntarias de los hoy procesados lo que ha denotado una estructura criminal establecida con funcionarios de la Contraloría General del Estado, quienes se prestaron para ello y olvidaron su deber fundamental de denunciar estos hechos”.

Sesión del pleno no. 722 de la Asamblea Nacional, del 16 de agosto del 2021 en la cual se muestra en la pantalla las causales por el juicio político.  Foto: Asamblea Nacional