El diálogo en torno a los derechos colectivos se dividió en cinco ejes: Autodeterminación, política fiscal y plurinacionalidad del Estado, consulta y consentimiento, tierras y territorios, justicia indígena y educación intercultural. Como en todas las mesas hubo acuerdos y desacuerdos. Esta fue una de las mesas con mayor número de puntos comunes.

Autodeterminación, consulta y consentimiento

El Gobierno incluirá capacitaciones para el sector público sobre los derechos colectivos y la plurinacionalidad del Estado. También se acordó conformar una mesa técnica para el Proyecto de Ley de Consulta Prelegislativa. Hasta que se emita la ley, el Gobierno se compromete a no emitir actos normativos que puedan afectar a los pueblos.

Hubo un desacuerdo en casos en que el Gobierno considera que ya se ha cumplido el proceso de consulta y están en trámite. La consulta establece que toda adjudicación de derechos sobre tierras de comunidades debe ser previamente consultado a las comunidades afectadas. “El Gobierno lo hará por decisión unilateral, sin que eso pueda considerarse consulta previa”, afirmó el movimiento indígena.

Se acordó la creación de un registro para las organizaciones, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas por parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, entidad gubernamental. Se emitirá un decreto ejecutivo que mencionará la no exigencia de la personería jurídica para la exigencia de derechos. Ese nuevo registro será el único documento necesario.

Atendiendo a las demandas del sector indígena, el Gobierno se comprometió a difundir masivamente la importancia de los derechos colectivos. A través de la Secretaría de Comunicación se diseñará una política comunicacional sobre los derechos colectivos y la justicia indígena en medios públicos, privados y comunitarios.

El Gobierno no desistirá de la demanda por inconstitucionalidad planteada contra la resolución de la Asamblea Nacional que concedió amnistías a miembros de pueblos y nacionalidades indígenas. El movimiento indígena trabajará en conjunto con el INEC en el censo nacional. Las organizaciones sociales pidieron eliminar la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, pero el Gobierno solo aceptó “refundar” su institucionalidad.

El sector indígena reclamó cuotas y equidad en la repartición del espectro radioeléctrico. El Gobierno afirmó que convocará a un concurso público a través de ARCOTEL para medios radiales comunitarios sin fines de lucro cuya rentabilidad es social.

El 14 de septiembre de 2022 iniciaron los diálogos para fortalecer sobre el fortalecimiento de los derechos colectivos y la gestión de seguridad y justicia. Foto: Ministerio de Gobierno

Política tributaria del Estado y Tierras y territorios

Un primer acuerdo en este ámbito fue el “RUC Comunitario”; que el SRI considere como sujeto pasivo colectivo a las comunidades. El único requisito será el registro comunitario. Todas las organizaciones registradas tendrán beneficios tributarios correspondientes a entidades sin fines de lucro o de economía popular y solidaria. 

Se demandó respetar el derecho colectivo a conservar tierras ancestrales a través de un nuevo decreto ejecutivo construido participativamente. El sector indígena afirma que son inalienables y que la “ancestralidad” se sobrepone a títulos de propiedad que se hayan otorgado posteriormente. Las organizaciones demandaron la reversión de adjudicaciones de tierras ancestrales. Sobre esto, el Estado hará un levantamiento nacional y analizará cada caso de forma individual.

Justicia indígena

Se implementarán en las mallas curriculares de la Policía y las Fuerzas Armadas bloques temáticos sobre cosmovisión y justicia indígena. Se hizo la misma demanda para las universidades, pero el Gobierno pasó la demanda a la mesa de educación. También se demandó eliminar las fiscalías indígenas, un libre registro de las comunas y mantener la medicina ancestral en la salud pública. Estos tres puntos serán tratados con las instituciones pertinentes.

Varios de los acuerdos se implementarán a través de talleres, proyectos y fortalecimiento de políticas públicas. Entre ellos están el fortalecimiento del patrimonio, la conservación de las comunas, asegurar el cuidado del agua y que el trabajo de Ley de Recursos Hídricos incluya a las organizaciones.

Educación intercultural

Debido a su complejidad, el tema de la educación intercultural bilingüe se trabajó en una mesa aparte, aunque correspondía a la misma mesa de derechos colectivos. El Gobierno garantizó la autonomía del sistema de educación intercultural separando la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural como entidad adscrita al Ministerio de Educación.

El Gobierno invertirá aproximadamente $18 millones en mantenimiento de infraestructura, reapertura de escuelas rurales, alimentación, textos y uniformes. El sector indígena pidió un aumento de presupuesto, a lo que el Gobierno respondió que al garantizar su autonomía primero deberán presentar planes y propuestas.

En Ecuador hay 1736 escuelas de Educación Intercultural Bilingue. Foto: Ministerio de Educación

Las partes acordaron rediseñar las mallas curriculares del sistema intercultural. Posterior a eso, cada comunidad podrá también rediseñarlas de forma público-comunitaria. Serán 1736 instituciones las que pasarán al sistema de educación intercultural a donde asisten más de 150 mil estudiantes. El Gobierno afirmó que durante este mandato se entregaron 201 unidades educativas rurales, de las cuales 22 son interculturales.

El Gobierno incorporará 40 nuevos asesores para atender las instituciones interculturales de 15 distintas nacionalidades. Se deberá nombrar una nueva autoridad para la ahora independiente Secretaría. La comisión que velará por el cumplimiento de estos acuerdos tendrá 14 delegados entre ambas partes y tendrá una duración de 6 meses.

   Punto de vista   

Agustín Cachipuendo, CONAIE

El dirigente de Fortalecimiento Organizativo de la CONAIE, Agustín Cachipuendo, señaló en entrevista para este portal que tuvieron que pedir a la Conferencia Episcopal que asistan delegados de toda la estructura del Estado, que en un inicio tuvo varias instituciones ausentes.

Cachipuendo señaló que, “no hay una política de respetar la autonomía de cada pueblo y de cada nacionalidad. El objetivo es fortalecer los 21 derechos colectivos”, dijo. Entre las demandas por las que se luchó están la autonomía de las comunas y de los pueblos, la territorialidad de las comunas y su autoridad.

Según el dirigente, el Estado nunca ha respetado los nombres de los sitios sagrados en el registro catastral. A pesar de las divergencias, Cachipuendo señala que “el Estado ha dicho que más bien les hemos enseñado sobre estos temas en este encuentro. Incluso emitirán un decreto para respetar los sentidos interculturales”, recalcó.

Respecto a la consulta prelegislativa que afecta a las comunidades, las organizaciones pidieron que se deje sin efecto las concesiones mineras. Por su parte, el Gobierno ha propuesto una nueva norma. “En justicia indígena pedimos la eliminación de la Fiscalía Indígena ya que no fortalece a la justicia indígena, solo traslada a la justicia ordinaria”, dijo.

“Se logró un 60% de los temas planteados. No se necesita recursos sino el cumplimiento y la coordinación por parte de las autoridades. Pedíamos presupuesto para seguridad y para fortalecer los gobiernos locales. No hay presupuestos para fortalecimiento estructural de los gobiernos”, dijo Cachipuendo. El dirigente se refirió a que si bien existen presupuestos destinados a los gobiernos descentralizados no hay una política que se enfoque en sostener esas estructuras en el largo plazo.