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7 de Noviembre del 2022
Historias
Lectura: 9 minutos
7 de Noviembre del 2022
Redacción Plan V
La mesa de empleo y derechos laborales cerró sin la firma del acta
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El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, encabezó desde el Gobierno la Mesa de Derechos Laborales con diecisiete acuerdos entre el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas. Foto: Ministerio de Gobierno

 

En las mesas finales entre el Gobierno y las organizaciones indígenas se vivieron momentos de tensión. Luego de varias negociaciones, el Gobierno declaró que la CONAIE se abstuvo de firmar el acta final. Estos fueron los acuerdos y divergencias de la mesa de empleo.



 

Algo inédito se produjo en la mesa de Empleo y Mesas Laborales: no hubo la firma del acuerdo final, algo que sí ocurrió en otras temáticas. En otras mesas se supo que a pesar de los desacuerdos en  puntos medulares se concretó la firma de ambas partes. Al finalizar las negociaciones el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, declaró que la dirigencia de la CONAIE “no quiso firmar el acuerdo porque pretenden colocar en el acta final que no hay acuerdo”.

Las organizaciones plantearon pedidos en torno a la restricción de derechos laborales en los ámbitos público y privado, derechos colectivos, IESS y salarios. Hubo 15 acuerdos, 57 desacuerdos y 7 puntos pendientes. Pero el acta final no se concretó.

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, declaró que no hubo avances en flexibilización del horario laboral, despidos y derechos laborales, solo hubo avances “superficiales”, dijo. Esta es una recopilación de los principales acuerdos y divergencias en la mesa de Empleo y Derechos Laborales y el porqué de la negativa de la CONAIE a ratificar el acuerdo.

Divergencias

Entre las demandas que no llegaron a buen puerto estuvieron eliminar las políticas de austeridad dictadas por organismos internacionales de crédito y terminar con los despidos por eliminación de partidas presupuestarias. El Gobierno se limitó a responder que actualizará la norma de supresión de puestos y revisará los acuerdos ministeriales respectivos.

Las organizaciones pidieron que se reintegre a 1500 trabajadores de la salud, se buscó la reintegración de trabajadores desvinculados por medio de la compra de renuncias que el presidente Guillermo Lasso impulsó para reducir el aparato estatal y desarrollar el régimen único laboral. Todos estos puntos recibieron una negativa desde el Gobierno.

Sobre la reducción de la jornada laboral de los servidores públicos y derechos descontados en la pandemia de estos no hubo acuerdo. En mayo de 2020, en medio de la pandemia, se emitió un decreto que restringía la jornada laboral y por ende reducía los salarios a funcionarios públicos. Tampoco hubo acuerdo sobre eliminar el capítulo laboral de la Ley Humanitaria. No hubo consenso en la reducción de las jubilaciones patronales.

El recorte de servidores públicos fue un tema al que no se llegó a un acuerdo en la mesa de Empleo. Foto: Diario El Universo

Respecto a políticas que integren a pueblos y nacionalidades al mercado laboral, el Gobierno indicó que no está en su facultad asegurar cuotas. Tampoco se llegó a ningún acuerdo respecto a los derechos laborales en el ámbito privado.

Las organizaciones plantearon pedidos sobre la restricción de derechos laborales en los ámbitos público y privado, derechos colectivos, IESS y salarios. Hubo 15 acuerdos, 57 desacuerdos y 7 puntos pendientes. Pero el acta final no se concretó.

Otro de los puntos donde las posturas de ambas partes fueron irreconciliables fue en torno a la flexibilización de condiciones de trabajo. Se pidió la derogatoria de una serie de acuerdos ministeriales, ante lo que el Gobierno respondió que la medida  podría llegar a ser más perjudicial para los ecuatorianos de lo que se estima.

El Gobierno calificó como improcedente el pedido de remoción del ministro de Trabajo, que las organizaciones aducen es juez y parte, por ser representante de las cámaras empresariales. La contratación colectiva y el derecho a la huelga fueron otros puntos que terminaron siendo irreconciliables en la mesa de empleo.

El principal desacuerdo se dio en torno al derecho a la sindicalización. Las organizaciones demandaban que se permita sindicar por áreas o ramas de trabajo. El Gobierno respondió que ha otorgado personería jurídica a 513 organizaciones, pero no hubo acuerdo respecto al pedido del sector indígena. Tampoco se dio paso a los pedidos de libertad y no discriminación sindical.

Las organizaciones tampoco lograron que se dé paso al pago de la deuda del Estado con el IESS, que se entregue el plan de pagos de esa deuda, un inventario de los bienes inmuebles del IESS, ni transformar la administración de esa institución. No hubo acuerdo en ninguno de los puntos planteados por las organizaciones indígenas respecto al IESS.

Respecto al eje salarial se pidió un aumento de $75 a los funcionarios públicos, incrementar los techos salariales en 17%, modificar la fórmula de cálculo del salario básico y otorgar mayor representación a los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y los órganos nacionales de toma de decisiones. Ningún acuerdo se selló tampoco en el eje salarial.

Acuerdos

Dentro de los 15 acuerdos se destacó que el Ministerio de Trabajo asista al Ministerio de Salud para establecer perfiles para la vinculación de profesionales de la salud, crear una comisión que fiscalice casos de trabajadores públicos que hayan interpuesto demandas laborales y realizar la calificación de regímenes laborales pendientes.

El Ministerio de Trabajo emitirá un acuerdo ministerial para mantener prorrogados los contratos de servicios ocasionales de servidores públicos con más de 12 meses de vinculación hasta la realización de concursos de méritos y oposición. Se ofreció cumplir con los derechos laborales creados en la pandemia y condonar horas no trabajadas en ese contexto.

También se acordó la creación de un proyecto de inversión para el pago de compensaciones de jubilación en el sector público. Se derogarán acuerdos ministeriales respecto a la reducción, suspensión y modificación emergente de la jornada laboral de trabajo. Por último, se acordó reconocer la jubilación patronal a ex trabajadores de Petroecuador; desarrollar políticas de género, aunque no se garantizó la paridad en los cargos superiores del Estado.

   Punto de Vista   

Floresmilo Simbaña, ex dirigente de la CONAIE

Floresmilo Simbaña fue dirigente de la CONAIE. Fue parte de esa organización en las mesas de diálogo. Foto: Blog Lobo suelto

Floresmilo Simbaña, analista político, ex dirigente de la CONAIE quien sigue vinculado a la organización, indica que el acuerdo principal fue fortalecer la comisión de inspección de conflictos laborales. “Ya vemos desde el Gobierno que no se da paso a la conformación de sindicatos ni por fábrica ni por áreas. Más bien se da trámite para desvincular a los trabajadores al frente de los sindicatos”, dijo Simbaña.

El analista dijo que se pidió el reconocimiento jurídico de los sindicatos, pero el Gobierno declaró que estaban atendiendo trámites puntuales. “Lo único firme es lo de las inspectorías de trabajo”, aseguró.

“El Gobierno dijo que se presente caso por caso el tema de la flexibilización laboral. Volvemos a ver una posición firme y marcada del Gobierno alineada a los empresarios”, dijo Simbaña. Habrá una mesa con las organizaciones y los sindicatos que dará seguimiento a los acuerdos alcanzados en esta mesa.

“No hubo acuerdo respecto a las cuotas de empleo para jóvenes o pueblos indígenas, tampoco se acordó sobre decretos que lesionan la remuneración de los trabajadores públicos, no se dio paso a la anulación de esos decretos. Esperamos que se pueda profundizar en esta mesa que es donde menos se ha avanzado pero que es una de las mayores problemáticas del país”, concluyó Simbaña.

Luego de culminadas las diez mesas temáticas se están conformando las mesas técnicas de seguimiento y de operatividad. Hay algunas mesas que no requieren un seguimiento al Gobierno, sino que son de acción directa. Para las demás está en tela de duda quién será el garante, ya que recientemente la Iglesia católica decidió desmarcarse de la fase de seguimiento.

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