A la mesa de focalización de subsidios se sumaron representantes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN. Del lado del Gobierno, se presentaron el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, Petroecuador, INEC, Agencia de Regulación de Energía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Ministerio de Gobierno.

Cada parte tuvo seis asesores técnicos. Hubo 12 rondas de negociaciones en casi dos meses de diálogos para esta mesa. En cuatro ejes se encontraron acuerdos, en tres hubo desacuerdos y cuatro temas no se trataron. Las organizaciones suscribieron un documento adicional en donde argumentaron por qué no se pudo llegar a un acuerdo general en esta mesa.

La mesa que abrió el camino de los diálogos terminó sin un consenso general. Tanto el Gobierno como el sector indígena anexaron sus posturas respecto a las negociaciones y explicaron por qué no se logró un acuerdo.

Acuerdos

En un primer eje se acordó mantener el subsidio general bajo subsidiaridad y solidaridad, es decir, la exclusión de quienes pueden pagar más y la inclusión de quienes carecen de recursos. Se ratificó la prohibición de la liberación del precio de combustibles. Se acordaron cobros diferenciados del precio de combustibles, políticas de producción de hidrocarburos que sean favorables al medio ambiente, no modificar el subsidio al gas doméstico y destinar los excedentes al gasto social.

En un segundo eje, se trataron los criterios de exclusión del subsidio para el sector automotriz. Criterios como el cilindraje, el tipo de propietario, el número de vehículos, la matriculación y los ingresos de los propietarios influirán en la exclusión del subsidio.

El tercer eje de acuerdos giró en torno al sector pesquero, que mantendrá el subsidio a los combustibles. Petroecuador se comprometió a implementar un sistema de comercialización de combustibles en el mar y los puertos pesqueros de la Costa.

En el cuarto acuerdo el Gobierno se comprometió a garantizar el diésel, extra y ecopaís.

En la mesa de focalización de subsidios a los precios a los combustibles participaron los ministerios de Transporte y Obras Públicas, INEC, Producción, Energía, Petroecuador y representantes de organizaciones indígenas. Foto: Ministerio de Gobierno

Desacuerdos y la postura del Gobierno

No se llegó a acuerdos respecto al cupo mensual del sector automotriz y el sistema de bandas para los excluidos del subsidio. El segundo desacuerdo fue por los precios diferenciados de los combustibles para grandes empresas. El tercer desacuerdo se produjo por discrepancias en torno a la propuesta de un subsidio al combustible social y comunitario.

El Gobierno rescató que existieron coincidencias consensuadas por ambas partes. También afirmó que los acuerdos se pueden aprobar de manera individual y “no necesariamente bajo un concepto de todo o nada”.

Desde el Gobierno, se reconoció que no hubo acuerdos respecto al subsidio social y comunitario, la definición de cupos y precios sin subsidio y la definición de subsidios para el sector industrial.

La posición de las organizaciones indígenas

Un documento firmado por la CONAIE, FENOCIN y FEINE afirma que el desacuerdo se generó por “la soberbia del Gobierno y la clase capitalista que prefieren defender sus privilegios”. Además, agregan que la imposibilidad del acuerdo se debe, “a la costumbre burocrática del Estado de hacer oídos sordos a la clase trabajadora”.

Según el sector indígena, los nudos críticos fueron cuatro. El primero, los precios diferenciados de combustibles para las grandes empresas. Las organizaciones apuntan a la eliminación de subsidios a las industrias atunera y camaronera. También apuntó a la eliminación de subsidios a hidroeléctricas con capital privado y  a cruceros. Según las organizaciones, Petroecuador ahorraría $637 millones si aplica dichas exclusiones.

El segundo nudo crítico fue el cupo mensual para el sector automotriz. Las organizaciones sostienen que los vehículos livianos también deberían ser foco de subsidios cuando son usados como bienes productivos. Consideran que hay una dificultad para identificar beneficiarios dueños de camionetas, motos y autos que trabajan en el sector informal.

Según el Gobierno la focalización de subsidios para combustibles producirá un ahorro para el país de al menos $150 millones. Foto: El Universo

El tercer nudo sin resolución es el sistema de bandas para los sujetos excluidos del subsidio. Las organizaciones plantearon el cobro de un impuesto para los estratos de mayor nivel de ingresos que desincentive el uso de combustibles. El sistema de bandas tiene que ver con el reajuste de precios de combustibles mensualmente donde hay una serie de fórmulas de incremento de precios.

La creación de un subsidio social y comunitario fue el cuarto punto planteado por las organizaciones en el que no hubo acuerdo. Las organizaciones pidieron un precio diferenciado para pequeños agricultores, pescadores, maquinarias, transporte comunitario y fluvial. Las organizaciones argumentan que tal como se subsidia a las industrias atunera y camaronera se debe sostener la producción familiar campesina.

Según las organizaciones, algunos puntos que quedaron sin tratar fueron la situación del transporte pesado, el contrabando de combustibles, una solución a largo plazo para la focalización de subsidios y un mecanismo para ello. “Si la injusticia es un hecho, la lucha es nuestro derecho”, concluyó el sector indígena.

   Puntos de vista   

No hay una política pública

Conversamos con el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, y uno de los asesores de la CONAIE presente en la mesa de subsidios, Henry Llanes, sobre los acuerdos y desacuerdos en la mesa de focalización de subsidios para los combustibles.

Según Ortiz dijo que no hay claridad respecto al tamaño de los subsidios. El exministro indica que la primera vertiente tiene que ver con la comercialización de petróleo importado y la segunda sobre la producción local que también se vende localmente.

De acuerdo al análisis de Ortiz,  en las importaciones se pierde utilidad, mientras que con la producción local se puede vender generando ganancias. Sin embargo, Ortiz cree que no se está tomando en cuenta el costo de oportunidad que también puede ser una pérdida para el país. “Históricamente el subsidio total es el doble de lo que se pierde en importaciones”, dijo.

A pesar de todo, el Ecuador exporta más de lo que importa, por lo que tiene una diferencia permanente favorable. “No es tan fácil decir que se debe eliminar el subsidio porque eso puede golpear la economía. Hay que arrancar con el esquema planteado, ojalá llegue el subsidio a quienes realmente lo necesitan”, declaró Ortiz.

Ortiz también se refirió al pedido del sector indígena de eliminar los subsidios a las grandes industrias, “es un manejo político, se deja de lado los impuestos que (las empresas) pagan y el trabajo que deja ese sector”, indica.

Por su parte, Llanes explicó que no se llegó a definir una política pública para el manejo de hidrocarburos. “Fundamentalmente depende de la Ley de Hidrocarburos, en primer lugar, se debería definir los precios de los hidrocarburos en función de costos de producción, impuestos y una utilidad razonable. El Estado queda con la potestad de cuanta utilidad quiere tener”, mencionó Llanes.

El analista petrolero agrega que mientras no se reforme la ley no será posible saber cuánto es el monto de subsidios de combustibles que se producen en el país y el monto de las importaciones. “Se optó por un acuerdo de puntos básicos como la no alteración de los precios actuales”, dijo Llanes.

“Me parece excelente lo que dijeron el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que no darán más créditos hasta que Petroecuador no presente una contabilidad de costos auditada”, dijo Llanes. El asesor de la CONAIE rescató que el eje de industrializar el petróleo para evitar las importaciones fue un punto positivo al que se llegó en la mesa. “Estamos esperando que el Gobierno convoque a la mesa, si no lo hace la Amazonía se va a organizar para impulsar la reforma a la Ley de Hidrocarburos”, concluyó Llanes.