Jueces y fiscales al servicio del Gobierno de Rafael Correa, dispuestos a acomodar los procesos a las órdenes de la Presidencia. Ese parece haber sido el panorama de la justicia ecuatoriana durante una década, cuando opositores, disidentes y sublevados fueron procesados con todo el rigor de las leyes que el propio Ejecutivo propició.

Lo que parecía una simple percepción se ha convertido en no menos de 1435 denuncias, en especial, de periodistas, activistas indígenas, ex policías y otras personas que se enfrentaron en su momento al Gobierno de Rafael Correa y que como consecuencia recibieron condenas judiciales por supuestamente haber cometido delitos.

La Mesa por la Verdad y la Justicia, una instancia que cuenta con el auspicio del Consejo de la Judicatura, ha recopilado las denuncias. La Mesa tiene una oficina en el piso 13 de la torre del CNJ al norte de Quito.  Está integrada por Paúl Jácome como presidente; Alejandra Cevallos, vicepresidenta y por Vladimir Andocilla, Rolando Tapia y Manuel Castillo. La vocal del CNJ Angélica Porras también ha brindado su respaldo a la iniciativa.

Los tres de Cotopaxi relataron la forma en la que fueron enjuiciados durante el correato. 

De las 1435, hay por lo menos 300 denuncias en las que, con la documentación de respaldo completa, se cree que hay serios indicios de que los procesos no solo que no fueron imparciales, sino que pudieron ser sentencias a la carta desde el Palacio de Gobierno.

Modus operandi

En muchas de ellas, se ve el mismo modus operandi de los fiscales, legitimado por los jueces e instrumentado por la Policía: arrestos sin condiciones legales, allanamientos de madrugada con fusiles de asalto, condenas salomónicas ratificadas, como por arte de magia, en todas las instancias, indemnizaciones millonarias pagadas a favor del presidente o sus funcionarios, acusaciones de terrorismo por simples protestas callejeras.

Gran parte de la represión del correato fue oleada y sacramentada por jueces de tribunales y cortes de apelación en toda la República, que no dudaron en darle la razón a las acusaciones del Gobierno, por más disparatadas o infundadas que fueran.

Paúl Jácome, un joven político de Unidad Popular, quien actualmente se ha postulado para alcalde de Pujilí, en Cotopaxi, explica cuáles son los alcances de la Mesa.

Aunque la mayoría de los casos son “cosa juzgada”, lo que en derecho significa que no se pueden revisar -eso quiere decir que quienes fueron condenados se quedarán con las condenas- la Mesa busca hacer un inventario de los casos en los que cientos de ecuatorianos fueron procesados por un sistema judicial al servicio del Gobierno de Correa.

La Mesa, destaca Jácome, busca hacer un inventario de cada caso. Con la ayuda de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, se está analizando para poder determinar los indicadores de la persecución política. Hay elementos que coinciden, como las detenciones arbitrarias y la aplicación de las leyes siempre según la perspectiva del Gobierno y sus abogados.

El mayor retirado del Ejército, Fidel Araujo, fue condenado como incitador de los sucesos del 30S.

Las audiencias públicas

La Mesa ha realizado audiencias públicas, en las que periodistas como Juan Carlos Calderón, Fernando Villavicencio, los del diario El Universo, activistas sociales como David Rosero, o los estudiantes universitarios enjuiciados por protestar en el canal oficial EcuadorTV comparecieron y contaron como fueron, en su opinión, víctimas de una justicia que no parecía ser imparcial, en donde fiscales, al parecer, alineados con el Gobierno, les negaban el derecho a la defensa y emitían dictámenes que coincidían,  punto por punto, con las acusaciones del Gobierno.

Para Paúl Jácome, es importante que el Estado ecuatoriano responda por los daños ocasionados. Si bien no se plantea la revisión de las sentencias -en muchos casos imposible, pues todos los jueces las ratificaron de manera sistemática- se pide que haya reparaciones morales, pues las operaciones de persecución política del Gobierno de Rafael Correa causaron daños a familias enteras. En las sabatinas, destaca Jácome, se formulaban los cargos y se sentenciaba a los acusados. El lunes siguiente el aparato judicial le da la razón al ex presidente sin demora. La separación de poderes, modelo de una República democrática había dejado de existir.

Un grupo grande de quienes se consideran perseguidos son los ex policías que fueron sancionados por su participación en el motín policial del 30 de septiembre de 2010, cuando la Policía se sublevó y paralizó en todo el país. En esos casos, algunos no descartan que los restituyan al puesto del que fueron cesados como medida disciplinaria. Muchos de los ex policías alegan que los dieron de baja de manera injusta, e inclusive, uno de ellos fue acusado de ser un francotirador que estaba en las cercanías del Hospital de la Policía.

La Mesa, destaca Jácome, trabaja en cuatro ámbitos: derechos humanos y defensa de la naturaleza, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas y 30S. Cada una de las mesas está revisando los casos en donde hay evidencia de que hubo el afán de acallar o simplemente encarcelar a personas incómodas para el Gobierno de Rafael Correa.

Jácome precisa que los jueces y fiscales señalados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos, y se espera que hasta mediados de diciembre, según ha precisado la vocal Angélica Porras, se pueda entregar un primer informe. En una segunda etapa, en cambio, se revisarán los más de 1100 casos restantes a los que se les ha pedido que aporten con documentación de respaldo de en qué forma la justicia actuó para procesarlos.

Los procesos osiblemente arbitrarios tienen un clara distribución geográfica: la mayoría se concentran en Pichincha, Guayas y Loja, en donde las personas y organizaciones han tenido acciones de resistencia más destacadas.

Mientras en Pichincha y Guayas la conflictividad se centró en actores políticos y mediáticos, en Loja y Azuay las protestas fueron encabezadas por los indígenas de la región, que rechazaban las concesiones mineras que el correato entregó en la zona austral.

En esta semana, la Mesa, además de las audiencias públicas, tendrá reuniones privadas con otros denunciantes. Para mediados de diciembre, se estima, se conocerán los casos y los posibles responsables de haber sentenciado a la carta para el Gobierno de Rafael Correa. No se busca venganza, precisa Jácome: se busca reparar a quienes fueron perjudicados por las acciones de un Estado que perdió su escencia democrática.