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1 de Julio del 2019
Historias
Lectura: 9 minutos
1 de Julio del 2019
Redacción Plan V
La minoría en el Consejo de Participación define sus prioridades
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Fotos: Flickr CPCCS

José Carlos Tuárez podría ser sometido a un juicio político en la Asamblea Nacional, pero eso  no cambiaría la mayoría que opera en el Consejo. 

 

Una mayoría de cuatro vocales, capiteaneados por fray José Carlos Tuárez controla el Consejo de Participación. Aunque se anuncia un juicio político en su contra, la eventual salida de Tuárez no destrabará la correlación de fuerzas en el Consejo.

Con la Iglesia hemos topado. O para ser más precisos: con un sacerdote católico. El dominico José Carlos Tuárez, un párroco de Guayaquil que llegó a la presidencia del Consejo de Participación y Control Social ha puesto de cabeza a la clase política. Ataviado como cura católico, Tuárez hizo campaña y obtuvo una importante cantidad de votos. Vestido de negro y con alzacuellos fue a su posesión en la Asamblea Nacional. Hasta hace pocos días, seguía vestido de sacerdote -técnicamente lo sigue siendo, pues la Iglesia católica no le ha retirado su condición ni él ha renunciado- y acusaba a los medios de engañar sobre su filiación religiosa. Finalmente optó por vestirse de civil, ya que la jerarquía del clero se ha desmarcado de su paso por la política. En un contrapunteo público, otro fray de su congregación no dudó en meter al mismo diablo en la trama y acusó a Tuárez de haberse vendido al príncipe de las tinieblas. 

Pero en torno al cura Tuárez se ha conformado una mayoría de consejeros que ya realizó las designaciones en las 23 delegaciones provinciales del Consejo y también procedió al reparto de 22 altos cargos en la entidad. La mayoría propuso a Rafael Madero Poveda como secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero el candidato, considerado cercano a Ricardo Patiño, declinó su postulación. En la secretaría de Partipación Ciudadana se nombró a Ana Monroy. 

La mayoría está conformada además por Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá. A los cuatro consejeros los acusan de correístas, mientras que en la Asamblea Nacional, el asambleísta Fausto Villamar impulsa un juicio político en contra de Tuárez, acusándolo de violaciones constitucionales.


Aunque afirma que no representa a la Iglesia, Tuárez usa su vestimenta como prelado católico. 

Tuárez seguía vestido de sacerdote -técnicamente lo sigue siendo, pues la Iglesia católica no le ha retirado su condición ni él ha renunciado- y acusaba a los medios de engañar sobre su filiación religiosa.

La polémica por los bienes de Tuárez -quien no ha dudado en explicar una curiosa interpretación del voto de pobreza, según la cual como cualquier mortal puede tener los bienes que quiera- y la supuesta falsedad de varias de las referencias de su hoja de vida son algunos de los argumentos en contra del prelado. Pero aún cuando la Asamblea lograra censurar a Tuárez, su alterno Juan Javier Dávalos también es señalado como simpatizante del correísmo, por lo que la mayoría de cuatro votos seguiría inamovible. 

Aunque todos los integrantes de la mayoría han negado ser alfiles del ex presidente Rafael Correa, en los pasillos del Consejo se dice que Walter Gómez cuenta con la asesoría externa de Paúl Salazar, ex presidente del Consejo Nacional Electoral y de Edwin Jarrín, ex integrante del Consejo de Participación, ambos señalados por sus simpatías con el correato.  Este portal contactó a Gómez para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. 

Rosa Chalá, de su lado, tendría cercanía con el Partido Socialista, pero con la facción que se acercó al correísmo, comandada por Silvia Salgado. Chalá ejerce la vicepresidencia del Consejo, pero ha rechazado cualquier crítica en nombre de la institucionalidad. Al igual que Gómez, Desintonio se ha desmarcado del ex presidente Correa, pero se mantiene firme en la mayoría del Consejo. 

Tanto la Contraloría cuanto el Consejo Nacional Electoral han sido llamados a revisar los documentos y el cumplimiento de los requisitos de los consejeros, tanto de los principales, cuanto de los alternos. 

La minoría se reorganiza

Christian Cruz, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida son los otros tres vocales del Consejo de Participación, actualmente en minoría. Al igual que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, la mayoría toma las decisiones. Rivadeneira tuvo su militancia en PAÍS, en donde fue candidata del oficialismo en Manabí. Cruz, de su parte, quien proviene de organizaciones sociales y algunos gobiernos autónomos, mentras Sofía Almeida fue auditora en la Contraloría.

Los tres vocales pensaron, en un principio, que las decisiones se tomarían por consenso, pero pronto quedó claro que eso no sería posible. Por ello, ha preparado algunos elementos para su agenda común. 

En primer lugar, los vocales de minoría acordaron empujar la investigación sobre el cumplimiento de requisitos de los consejeros, en especial, aclarar la situación del cura Tuárez. 


La consejera Sofía Almeida pidió la lista de las nuevas contrataciones del Consejo de Participación. 

Los tres vocales de minoría pensaron, en un principio, que las decisiones se tomarían por consenso, pero pronto quedó claro que eso no sería posible. Por ello, ha preparado algunos elementos para su agenda común

En segundo lugar, en la creen que las denuncias que el Consejo Transitorio dejó en la Fiscalía sobre hechos de corrupción deben tener un adecuado seguimiento. 

El tercer tema de la agenda es el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el trabajo del Consejo en el interior del país. Esta es una preocupación de los vocales de la minoría porque se teme que el correísmo pueda instrumentar la infraestructura del Consejo para rehabilitar su proyecto político.

Adicionalmente, Sofía Almeida ha pedido que se le entregue la nómina de los nuevos funcionarios del Consejo, para conocer con exactitud las designaciones que se han realizado hasta el momento. 

A los consejeros de la minoría se han sumado algunos de los suplentes, como Ibeth Estupiñan, Karina Ponce, Mónica Moreira,  Francisco Bravo, David Rosero y Hernán Ulloa. Ellos se reunieron en una sesión y emitieron una resolución, en la que adoptaron cinco puntos.

Los consejeros suplentes pidieron, en primer lugar, que se investigue al cura Tuárez. Anunciaron que vigilarán y fiscalizarán al Consejo, al tiempo que pidieron que la entidad evite convertirse en cómplice de la impunidad generalizada. Los vocales alternos se comprometieron a luchar contra la corrupción, y sesionar de manera permanente para dar seguimiento a las investigaciones en casos como Arroz Verde, Reconstrucción de Manabí, la Refinería del Pacífico, el campo Singüe, entre otros. Los suplentes anunciaron que trabajarán ad honorem. 

David Rosero, quien es consejero alterno, está convencido de que el correísmo busca utilizar el Consejo de Participación como una "quinta columna dentro del Estado". Rosero teme también que la actual mayoría pretenda revisar designaciones como las de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo o la Contraloría General del Estado. "Hay un aparataje a la sombra y es posible que trabajen en coordinación con la Prefectura de Pichincha, en coordinación con Paola Pavón", advierte Rosero. 


Rosa Chalá, vinculada al socialismo que pactó con Rafael Correa, es la vicepresidenta del organismo. 

Sin embargo, el consejero alterno admite que la eventual salida del cura Tuárez no alteraría el equilibrio al interior del Consejo, ya que en teoría debería asumir la presidencia Rosá Chalá y ocupar la vacante Dávalos.

Para el analista Gabriel Hidalgo, la salida de Tuárez no soluciona el conflicto en el Consejo de Participación, por lo que se debe propiciar más bien la eliminación de la entidad. 

 

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