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19 de Mayo del 2019
Historias
Lectura: 28 minutos
19 de Mayo del 2019
Redacción Plan V
La muerte de Trujillo cierra el ciclo de la "descorreización"
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Fotos Luis Argüello/PlanV

Los restos del político y académico fueron velados en la Universidad Católica, que regenta la orden jesuita.

 

El Consejo de Participación Transitorio concluyó sus funciones, lo que coincidió con la muerte de su titular, Julio César Trujillo. El cambio de las autoridades de control heredadas del correato es su legado más importante.

La muerte de un hombre y la conclusión de la que puede ser considerada la mayor y más importante de sus tareas. Julio César Trujillo fallece junto con el mandato del Consejo de Participación Transitorio que presidía, entidad que de ahora en adelante será integrada por consejeros electos por votación popular. 

El abogado, político y profesor universitario, quien había nacido en Ibarra en 1931, murió a las 14h40 del 19 de mayo de 2019, a los 88 años, luego de sufrir un derrame cerebral y tras seis días de agonía. A lo largo de su vida, fue diputado, asambleísta, decano y profesor universitario, y candidato a la presidencia de la República. 

Fundador del partido de centro derecha Democracia Popular (DP) y candidato a la presidencia en 1984, en las elecciones que ganó León Febres Cordero, Trujillo pasó paulatinamente de posturas conservadoras en política hacia la izquierda, separándose de la DP y acercándose a Pachakutik.


Una guardia de honor de la Policía escoltó el féretro de Julio César Trujillo. 

El abogado, político y profesor universitario, quien había nacido en Ibarra en 1931, murió a las 14:40 del 19 de mayo de 2019, a los 88 años, luego de sufrir un derrame cerebral y tras SEIS días de agonía.

A la par de sus acciones políticas, su vida transcurrió en torno a la academia, desde donde hizo varios activismos. Crítico del Gobierno de Rafael Correa, formó parte de la Comisión Anticorrupción de los movimientos sociales, y se enfrentó al ex presidente y a su contralor, Carlos Pólit. quien lo demandó por injurias a él y a otros integrantes de la Comisión. Como muchos ecuatorianos, fue castigado siendo inocente por un fallo dudoso de la justicia, que lo condenó en esa ocasión, si bien Pólit desistió de ejecutar la pena impuesta. Trujillo fue cuestionado por el ex presidente Rafael Correa y por algunos de sus seguidores, como la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Ella, una de las políticas más exitosas de la generación de mujeres que Correa promovió en su mandato, había cuestionado su vejez. Trujillo le respondió en aquella ocasión: "yo quisiera que ella llegue a mi edad y consiga que los ciudadanos le digan que es vieja pero honrada. Sí, soy viejo, pero la ventaja es que a mis 87 años no tienen nada más que decir que soy viejo. No pueden decirme que soy viejo y ladrón".

Pero la que sin duda es su tarea más importante de su dilatado servicio público fue presidir el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, organismo que, amparado en un mandato de la última consulta popular, se declaró de plenos poderes para remover a varias de las autoridades de control que había dejado el correato. 

El Consejo que presidió evaluó a las autoridades de ocho organismos: el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

"Sí, soy viejo, pero la ventaja es que a mis 87 años no tienen nada más que decir que soy viejo. No pueden decirme que soy viejo y ladrón", le respondió a la correísta Gabriela Rivadeneira, cuando ella le cuestionó por su edad avanzada. 

Cesó a tres jueces del TCE, al superintendente de Compañías, Christian Cruz, al superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero y al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira. También salieron de sus cargos el superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, y el superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. 

Los nueve jueces de la Corte Constitucional también fueron removidos. Las salidas no fueron casualidad: tanto en la Corte Constitucional, cuanto en las otras instancias, Rafael Correa había dejado a personas de su entorno, militantes incondicionales y ejecutores de su proyecto político. 

Las salidas no fueron casualidad: tanto en la Corte Constitucional, cuanto en las otras instancias, Rafael Correa había dejado a personas de su entorno, militantes incondicionales y ejecutores de su proyecto político.

En lugar de los correístas conocidos, en algunos casos mediante concursos y en otros por medio de resoluciones, el Consejo Transitorio dejó instalados a personajes como Hernán Salgado, Teresa Nuques, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y Karla Andrade en la Corte Constitucional.

A Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado, a Freddy Carrión en la Defensoría del Pueblo, a tres nuevos magistrados del Tribunal Contencioso Electoral. También a Íñigo Salvador como procurador general del Estado y a Pablo Celi como contralor titular por lo menos hasta 2022, con lo que se quedará cuando haya concluido el actual Gobierno. 


El contralor Pablo Celi se quedó en el cargo hasta 2022 por disposición del Consejo Transitorio. 

Una de las preocupaciones de Trujillo había sido blindar sus designaciones, ante el temor de que el correísmo pudiera retomar espacios de poder. Primero propuso una nueva consulta popular. Luego, optó por una vía más expedida: consultó a la Corte Constitucional. Y esa Corte, ante la consulta de Trujillo, respondió: "El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo no puede ejercer las competencias extraordinarias que el pueblo ecuatoriano otorgó al Consejo transitorio a través de consulta popular. Tampoco puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias, que este Consejo electo no posee". Así las cosas, el nuevo Consejo de Participación, en donde la correlación de fuerzas todavía está por verse, no podría defestrar a a los funcionarios que dejaron Trujillo y su Consejo transitorio, al menos sobre el papel. 

Trujillo se había mostrado partidario de la desaparición del Consejo de Participación, a pesar de que no dudó en aplicar todas las facultades ordinarias y extraordinarias de la entidad.

 

Trujillo se había mostrado partidario de la desaparición del Consejo de Participación, a pesar de que no dudó en aplicar todas las facultades ordinarias y extraordinarias de la entidad.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar el diez de mayo de 2019. Trujillo concurrió ante el Consejo de la Judicatura, para presentar 302 quejas contra funcionarios judiciales, tanto jueces cuanto administrativos, por supuestas irregularidades. 

“Pedimos que estas denuncias sean revisadas y si se encuentra fundamentos se sancione a los malos funcionarios”, dijo el titular del Consejo Transitorio en esa ocasión. 

Las principales denuncias del Consejo Transitorio

El modus operandi de la corrupción del correísmo fue determinado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio: las adjudicaciones directas de los grandes proyectos fueron la norma, y estuvieron amparadas por decretos presidenciales, firmados por Rafael Correa, para casi todos los sectores: salud, educación, energía, petróleo... En estos decretos se declaraba la emergencia, la cual permitió adjudicar directamente contratos públicos.

Ese fue un patrón repetido. La figura del decreto de emergencia fue usado para permitir adjudicaciones irregulares, favorecer a pequeñas y grandes empresas, donde no hubo procesos transparentes. Hubo "un especie de delincuencia organizada", dice Marcela Estrella, responsable de lucha anticorrupción del Consejo en su última etapa; se usaron diferentes sectores del gobierno, desde ministerios hasta secretarías técnicas para perjudicar al Estado en las adjudicaciones.


El Consejo Transitorio investigó varias de las grandes obras del correato. Foto: CPCCS

Otra forma de corrupción fueron los estudios técnicos de los proyectos. El ejemplo más claro fue el de Caminosca. Resultaba novedoso porque la mayoría de estudios hechos para los proyectos no tienen sustentos científicos técnicos, normas técnicas, lo cual propició el incremento del costo del proyecto y del proyecto en sí. Así se pueden prefigurar la presencia de sobreprecios.

Las autoridades de control también estaban en este sistema de corrupción. Lamentablemente, se han ratificado informes de las autoridades de control, donde se establecieron irregularidades pero no responsables. Si esto ocurrió en Contraloría, en la Fiscalía no se investigó nada absolutamente sobre los temas más grandes de corrupción. Se da el caso de que para reconocer una denuncia han pasado dos meses, esto en los casos de Refinería del Pacífico y Manduriacu.

Las investigaciones del CPCCS T  pretendían identificar cuáles eran las acciones de control. En casi todos los informes se muestra que no hubo control de las instituciones.

Maduriacu: un enjambre de delitos

Hubo falencias en los estudios e irregularidades en la adjudicación. Presumimos tráfico de influencias para esta adjudicaciones. Vale  la pena resaltar que la entidad se basó más en contratos, en la radiografía misma del caso, dijo el Consejo.

En Manduriacu no solo se ratificó las denuncias que había presentado la Comisión Anticorrupción, sino también nuevos hallazgos. Uno de estos señala que hubo una clara intervención Odebrecht-Caminosca para favorecer contratos millonarios. Los estudios no contemplaban diseños técnicos y eso daba pie a que Odebrecht hiciera contratos complementarios y la obra se incrementó en más del 100%: de USD 124 millones a USD 236 millones.

USD 124 millones fue el costo inicial de Manduriacu pero finalmente se pagaron hasta usd 236 millones. 

Del sobreprecio también se pueden derivar delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y peculado. Pero el CPCCS tiene limitaciones en la precisión de cifras, porque no se pueden practicar pericias económicas, hay limitación en cuanto a determinar movimientos bancarios, transferencias... Con la UAFE se trabajó de cerca pero de forma limitada, porque cada institución tiene sus principios y bases de reserva propios.

En Manduriacu los hechos giran en torno a los estudios técnicos, los contratos complementarios y las irregularidades en esas adjudicaciones. Aunque la hidroeléctrica está operando, pero el punto no es si funciona o no. El punto está en si hubo o no sobreprecio y tráfico de influencias en las adjudicaciones, se dijo desde el Consejo Transitorio.

"Refinería" del Pacífico: el fantasma millonario

La denuncia sobre la "refinería" del Pacífico, junto a la de Manduriacu, fue archivada por la justicia correísta, por el principio de oportunidad. Este se aplica en materia penal, cuando después de agotar todas las instancias investigativas no se encuentran indicios del delito denunciado, no se define una hipótesis ni se puede concluir con formulación de cargos. Pero este caso, se obviaron estos pasos en la administración del fiscal Galo Chiriboga, al igual que en la gestión de Cecilia Armas y los jueces de la Corte Nacional, los cuales propiciaron el escenario para que la denuncia sea considerada calumniosa.

El CPCCS hizo el análisis del proyecto desde la etapa de estudios que determinaron cuál iba a ser la zona para adquirir el terreno de la refinería. Hubo una negociación "oscura" porque en el 2009, Carlos Artigas  compra el terreno en 121 mil dólares sobre la base de un avalúo, pero a finales de ese mismo año él vende el mismo terreno por más de 1000 por ciento: el Estado terminó comprándolo en más de USD 6 millones. El movimiento de tierras, la construcción de la carretera, los estudios y el acueducto costaron al país alrededor de USD 1500 millones y no justificó esta inversión, porque no hay refinería.

El Estado invirtió dinero para la adquisición de licencias y software, pero las licencias se adquieren cuando ya se tiene el proyecto y se lo va a ejecutar. No se pueden adquirir licencias para un terreno. ¿Cuál fue el objetivo, la necesidad? Eso hay que aclarar en materia de contratación pública, pide el Consejo.

Reconstrucción de Manabí: 1000 millones en el limbo

Fue uno de los casos más duros en materia de investigación. No hubo la cooperación de varias entidades involucradas en la reconstrucción. Sobre todo, Ecuador Estratégico, la cual estuvo más presente en el proceso. Las instituciones que tenían a su cargo los presupuestos, como a qué se destinaba el dinero, en qué se gastaba, que fueron el SRI y el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción, y este y Finanzas, enviaron al Consejo las cifras de lo invertido en los tres ejes de la reconstrucción: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Finanzas dijo que en total se había gastado USD 2879 millones aproximadamente, y la Secretaría Técnica dijo que eran USD 2954 millones. La diferencia eran USD 75 millones que no se justificaron. Luego la Secretaría Tecnica dijo, el año anterior, se habían ejecutado USD 1866, una diferencia de USD 1088 millones con la cifra inicial. Para el CPCCS no queda clara la responsabilidad de las diferentes empresas que intervinieron en la reconstrucción. Contraloría se manifestó, hay informes que se han derivado en Fiscalía, pero ahí no se investiga nada sobre el tema.

usd 1088 millones hubo de diferencia en los dineros de la reconstrucción de manabí. 

El problema con Ecuador Estratégico es que siempre piden prórrogas para entregar la información. Estas fenecen y vuelven a insistir en la prórroga. El justificativo es que es mucha información. Lo mismo ha pasado con el Banco Central, Finanzas, en otros casos. Pero en el Consejo creen que es falta de organización y una falta de cultura en transparencia y corresponsabilidad en materia de rendición de cuentas y de informar a la autoridad competente.

En la visita in situ en la reconstrucción, se pudo constatar la construcción de un parque, Las Vegas, donde se presume sobreprecio. En Portoviejo hay urbanizaciones terminadas que no están habitadas pero hay gente que sigue en carpas. Hay hospitales que funcionan en carpas tres años después, y los casos graves deben ser enviados a Santo Domingo de los Tsáchilas; hay tuberías de aguas servidas pasan por encima de las cocinas de las casas.

Hubo montos captados por la ley de solidaridad, por donaciones; finalmente nadie tiene claro cuánto mismo se recibió con donaciones y demás ingresos; hay cifras diferentes y se debe saber los ingresos y egresos de la Ley de Solidaridad, de las donaciones...  El Consejo no se pudo constatar que las asignaciones o lo que se dice lo que se gastó corresponde a la realidad. Es un ejercicio que debe practicar la Fiscalía. Otro ejemplo: en reconstrucción, al día siguiente de la tragedia se había adjudicado la remoción de escombros a empresas que ni siquiera estaban constituidas en el Ecuador.

Estas son las inversiones reportadas oficialmente:

 

USD 2876 millones en Reconstrucción

USD 575 millones en vivienda.

USD 274 millones en salud

USD 671 millones en vialidad

USD 197 millones en educación

USD 188.3 millones en agua potable y saneamiento

USD 111 millones en electricidad

USD 33 millones en universidades

Otro factor de dudas es el papel de la vicepresidencia de Alejandra Vicuña cuando presidió el Comité de Reactivación. Por ejemplo, la donación que hizo la Iglesia Católica para la reconstrucción de los templos. No hay reportes sobre ese dinero.

El epílogo del Consejo

El 13 de mayo de 2019, en el auditorio de la Senplades, al norte de Quito, el Consejo Transitorio tenía previsto aprobar su "mandato de cierre". Esto porque los nuevos integrantes del Consejo, elegidos con voto popular, debían entrar en funciones ese día. Pero como por la serie de incidentes y el forcejeo que pretendía descalificar a los candidatos identificados como correístas no terminaba, el Consejo decidió que no se iría hasta ser legalmente reemplazado. Trujillo precisó que no harían nada más que esperar a sus sucesores, pues habían ya cumplido con su mandato. Aprobaron ese día un proyecto  de política política con seis ejes: la implementación de un sistema nacional de transparencia, fortalecimiento del control público, fortalecimiento del Sistema Nacional de Contratación Pública, determinación de un sistema educativo, fortalecimiento del sistema electoral y reformas en materia penal. Se trató de una sugerencia para el Gobierno y la Asamblea Nacional. 

Pero como por la serie de incidentes y el forcejeo que pretendía descalificar a los candidatos identificados como correístas no terminaba, el Consejo decidió que no se iría hasta ser legalmente reemplazado.

Pero la sesión se volvió difícil. Varias personas en las filas de atrás, idenficadas con el correísmo, empezaron a gritar contra Trujillo y el Consejo Transitorio. Fueron obligadas a salir. Pero, en la calle, cerca de 40 personas más continuaron con el "escrache" contra Trujillo y los otros consejeros. 

La acción de los correístas motivó el rechazo de algunos de los presentes. Al otro día, cerca de las 14h00, Trujillo sufrió un desmayo. Trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, fue ingresado en emergencia a las 14h48. Tras los primeros cuidados y una resonancia magnática, las imagénes revelaron un gran derrame cerebral. Testigos en el sitio dijeron a PLANV que un cura católico ingresó para darle la extramaunción, mientras los médicos, a las 16h00, informaron a la familia que había poco que hacer. Lo llevaron a una habitación de los pisos altos, sin oxígeno, pues podía respirar, pero inconsciente. 

Inmediatamente, desde el Gobierno y el anticorreísmo se responsabilizó al escrache correísta del derrame, aunque luego se supo que Trujillo sufría desde hace varios años de diabetes tipo 2, con complicaciones relacionados a ella en el corazón y los riñones. Los médicos dieron pocas esperanzas desde el principio: el médico Raúl Jervis, director del hospital, habló siempre de un pronóstico grave y reservado, y de daños severos por el derrame. Su familia, además, decidió no autorizar una intervención quirúrgica. Trujillo murió seis días después, a las 14h40 del 19 de mayo de 2019.

Los restos del ex titular del Consejo Transitorio fueron trasladados al Centro Cultural de la Universidad Católica, donde fue vicerrector, decano y profesor. Los sacerdotes jesuitas, a los que siempre fue muy cercano, se encargaron de las exequias. En el auditorio principal del Centro Cultural, se colocó el féretro ante la imagen de Jesucristo y de la Virgen Dolorosa, de la que era devoto, así como ante las banderas del Ecuador, del Vaticano, del Consejo de Participación y de la Universidad Católica. 

Los restos de Trujillo llegaron escoltados por una guardia de honor y una banda de la Policía, y cuatro cadetes con el sable desenvainado velan el cuerpo. También llegaron el contralor general del Estado, Pablo Celi, el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y la viuda de Trujillo, Martha Troya, así como familiares y amigos del político y académico. 

El martes 21 de mayo tuvo lugar un ceremonia oficial, con la presencia de las altas autoridades de la República, en una misa final en la Iglesia de La Dolorosa, el principal templo jesuita en el norte de la ciudad. En la misa de réquiem varios oradores destacaron la trayectoria y servicio al país de Trujillo. El Gobierno, además, le condecoró, póstumamente, con la Gran Cruz de la Orden de San Lorenzo, la máxima condecoración nacional, establecida por los patriotas del Diez de Agosto de 1809. 

Sus restos fueron depositados en el cementerio Monteolivo esa misma tarde. 

Las reacciones y la incógnita del nuevo Consejo de Participación

Las reacciones a la muerte de Trujillo fueron, en general, de pesar. El presidente de la República, Lenin Moreno, se expresó en Twitter.

El canciller José Valencia agregó: "Un entrañable adiós al querido profesor y amigo Julio César Trujillo. Su dedicación cívica brilló con más luz en los últimos meses de su vida. Con él renovamos la fe en un servicio público y una acción política honestos y comprometidos con la democracia y la justicia social". 

El consejero de Palacio y ministro sin cartera, Santiago Cuesta, dijo, en cambio, que la muerte de Trujillo es responsabilidad de Rafael Correa: "Luto nacional por un hombre honesto que los últimos meses de su vida los dedicó a liderar la devolución de la institucionalidad del pais y lucha contra corrupción. Causa de su muerte en gran parte a insultos y vejámenes de correístas. Correa desde Belgica ayudó a su muerte". y agregó: "Muere un hombre valioso honesto y luchador. Causa de su posible muerte ataque de furibundos correistas quienes intentaron dejarlo sin éxito en su informe. Rafael Correa en tu conciencia llevarás la culpa de la muerte de este gran hombre por siempre. Dios se apiade de tu alma". Con esa misma lectura coincidió el ex rector de la Universidad Andina y político socialista, Enrique Ayala Mora, quien escribió: "Cuando rendía cuentas de su labor patriótica del último año, tres correístas insolentes insultaron y agredieron a Julio César Trujillo por orden del capo. En pocas horas sufrió un derrame cerebral masivo. ¡Correa infame! Esa es tu obra".

El contralor Pablo Celi sostuvo que la muerte de Trujillo fue "desencadenada" por el ataque correísta: "el ataque infame que desencadenó este lamentable desenlace, y que fue perpetrado por una banda nefasta que deberá ser investigada y proscrita por la justicia y el pueblo ecuatoriano, elevan a Julio César Trujillo a la condición de mártir de la democracia", aseguró. Celi fue más allá, y en la sesión de la Función de Transparencia del lunes 20 de mayo, empujó un exhorto para que la Fiscalía investigue la muerte de Trujillo, asegurando que no tuvo causas naturales. 

El ex presidente Rafael Correa le respondió en Twitter: "¡Realmente hay que estar chiflado! Pablo Celi es uno de los tipos más sinvergüenzas y nefastos que ha tenido la Patria".

El consejero electoral Luis Verdesoto afirmó: "Expreso ante la familia de Julio César Trujillo y ante la nación mi profundo pesar y solidaridad por el fallecimiento de un ciudadano en todo el sentido del término. A quien la patria debe un reconocimiento especial y un lugar en su historia. ¡Paz en su tumba!", mientras la fiscal general del Estado, Diana Salazar, precisó: "Recordar al país que la dignidad, la integridad y el patriotismo son más importantes e imperecederos que el poder y el dinero es el legado del Dr. Julio César Trujillo. Prometo seguir sus pasos por ese sendero de valores y justicia. ¡Hasta pronto Doctor Julito!".

El nuevo Consejo es una incógnita, pues aunque se sostenía que los candidatos correístas lograrían una mayoría, lo cierto es que no la tienen, al menos en un primer momento.

El ex alcalde de Guayaquil y precandidato presidencial, Jaime Nebot escribió en Twitter: "El doctor Julio César Trujillo culminó su carrera política siendo un factor decisivo en la recuperación de la democracia y la institucionalidad del Ecuador. La historia así lo reconocerá", mientras la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, agregó: "Lamentable noticia para Ecuador. El Dr. Julio César Trujillo será siempre un gran ejemplo de defensa de los derechos y lucha incansable por la democracia en nuestro país".

El líder de CREO, Guillermo Lasso, se sumó a las condolencias: "Un gran hombre, cuyo trabajo contribuyó enormemente a la democracia y la libertad en el Ecuador. Hoy su alma descansa en paz, estará presente en nuestras oraciones".

El Gobierno decretó cuatro días de duelo nacional y un funeral de Estado para Trujillo, en su calidad de presidente de la Función de Transparencia y Control Social. 

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto entregar esta semana las credenciales a los integrantes del nuevo Consejo de Participación. Se trata de María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria Desintonio, José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Christian Cruz y Rosa Chalá como principales, mientras quedaron como suplentes, en función de su votación, Ibeth Estupiñán, Monica Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo. Pero nuevos recursos demoran el proceso, pues siguen los muñequeos para sacar a los dos correístas del Consejo. 

El nuevo Consejo es una incógnita, pues aunque se sostenía que los candidatos correístas lograrían una mayoría, lo cierto es que no la tienen, al menos en un primer momento. Sus atribuciones serán las descritas en la Constitución, ya que no podrá revisar lo actuado por el Consejo que presidió Trujillo. 

 

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