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28 de Octubre del 2016
Historias
Lectura: 10 minutos
28 de Octubre del 2016
Redacción Plan V
La nueva orden de prisión contra Jiménez y Villavicencio

Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez sostienen que se busca impedir su participación política en los comicios de 2017 con este tipo de decisiones judiciales. 

 

Los dos opositores, acusados de difundir información sensible del Gobierno por medio de un artículo y de un boletín de prensa, fueron nuevamente puestos a órdenes de la Policía, por pedido del juez nacional Jorge Blum. Los acusadores son el fiscal general, Galo Chiriboga, el secretario jurídico del Palacio presidencial, Alexis Mera, y el procurador general del Estado, Diego García.

Una nueva órden de captura pesa sobre el ex asambleísta amazónico Cléver Jiménez (Pachakutik) y el periodista y activista político, Fernando Villavicencio, director del portal colega Focus.

Según se informó en las primeras horas del 28 de octubre, el juez de la Corte Nacional de Justicia que sustancia la causa, Jorge Blum, tomó la decisión de ordenar la captura de los dos opositores, luego de que la Fiscalía sustentara su dictamen en contra de ellos y de la periodista Belén Palma, a la que también vinculó. El juez acogió el dictamen fiscal y llamó a juicio a los dos opositores, sin perjuicio de la medida cautelar que también dictó. 

El juez nacional Jorge Blum, quien resolvió la prisión. 

La denuncia penal tiene relación con la presunta difusión de información sensible, supuestamente obtenida de los correos electrónicos de altos funcionarios del Estado, por parte de Jiménez y Villavicencio. 

La audiencia se instaló la tarde del 27 de octubre en la sede de la Corte Nacional, al norte de Quito, y a la diligencia asistieron los dos sindicados junto a sus abogados y al binomio presidencial de CREO, Andrés Páez.

Durante la audiencia, el abogado Julio César Sarango argumentó nuevamente sobre la nulidad de la actuado, y la falta de competencia del juez nacional, lo que fue rechazado por Blum.

Como antecedente de este proceso, se recuerda el "acto urgente" pedido por el Gobierno que consistió en el allanamiento de los domicilios y oficinas de los procesados en diciembre de 2013, acusándolos de tener información sensible del Estado en su poder. Esta habría sido presuntamente utilizada para publicar un artículo en este portal, bajo la responsabilidad de los autores, en donde se relataban algunos aspectos del caso Chevron. También, según señaló la Fiscalía, parte de esa información, relacionada con los diálogos que mantenía el Gobierno con Colombia sobre la demanda presentada contra el país vecino por el uso de glifosato en la zona fronteriza, habría sido difundida por Jiménez en un boletín de prensa y otras declaraciones públicas.

LEA: EL Expediente Chevron, por Fernando Villavicencio y Belén Palma

La Fiscalía informó oficialmente que "con base en los 35 elementos de convicción que presentó la Fiscalía, el juez Blum decidió llamar a juicio a Cléver J. y Fernando V. Se incluyeron impresiones de los correos enviados desde la cuenta del Procurador General al Presidente de la República, que fueron  encontrados durante el allanamiento a la oficina del entonces asambleísta Cléver J. Además de informes periciales de cotejamiento de documentos, versiones y más pericias técnicas". 

El delito que persigue el Ministerio Público es la difusión en sí de la información, pero ha preferido no entrar en detalles sobre si ésta fue filtrada a los opositores desde el propio Gobierno o si la obtuvieron de alguna otra forma.

El delito que persigue el Ministerio Público es la difusión en sí de la información, pero ha preferido no entrar en detalles sobre si ésta fue filtrada a los opositores desde el propio Gobierno o si la obtuvieron de alguna otra forma. Es por ello que, en varias ocasiones, Jiménez ha dicho que los responsables de haber compartido dichos datos estarían en el propio Palacio de Carondelet. 

En declaraciones a Diario El Comercio, Villavicencio dijo que "es contradictorio decir que han divulgado información privada, si el Fiscal recién haría pública esta información en los próximos días, como lo habría anunciado en la audiencia. Para Jiménez, esta es una forma de limitar su participación política en las próximas elecciones. Esta mañana, 28 de octubre del 2016, el exasambleísta se reunirá con sus abogados para analizar si tienen alguna alternativa, de lo contrario, tendrían que ir a prisión".

Jiménez también se pronunció en Twitter: "Prisión para quienes combatimos la corrupción. Impunidad y protección para los corruptos. Esa es la realidad que vivimos en Ecuador" y agregó "DE LOCURA, Fiscalía permite la fuga de delincuentes del país. Sin embargo, pretende encarcelar a quienes más hemos denunciado la corrupción. Más allá de los atropellos jurídicos, lo importante es que iremos a juicio. Entonces sí, haré público los correos que me acusan he divulgado. Si juez Blum fue quien ordenó ilegales allanamientos, es imposible que resuelva en derecho. Sería como pegarse un tiro en el pie.No se trata tan sólo de Jiménez y Villavicencio. Se trata de todo el país. La falta de justicia e independencia de funciones afecta a tod@s".

De su lado, Villavicencio, quien denunció la red de corrupción -por medio de publicaciones en su portal Focus- en torno a los procesos de repotenciación de la Refinería de Esmerldas, por la cual se encuentra prófugo en Europa el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelli, y detenido el ex gerente de Petroecuador, Álex Bravo, recordó que la medida pretende acallar a quienes denuncian la corrupción mientras se garantiza la impunidad de los evadidos.

La defensa de Villavicencio, a quien patrocina el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, había alegado también que se rompió la cadena de custodia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el "acto urgente" de diciembre de 2013.

La defensa de Villavicencio, a quien patrocina el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, había alegado también que se rompió la cadena de custodia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el "acto urgente" de diciembre de 2013, por lo que pidió la nulidad de dichas pruebas. En ocasión, la Fiscalía, acompañada de un equipo de televisión de la Presidencia de la República, irrumpió en el domicilio de Villavicencio al norte de Quito, y se llevó sus computadoras y celulares, lo que ha permitido que hasta conversaciones de WhatsApp hayan caído en manos de las autoridades. Parte del contenido de dicha información fue hecho público por el propio presidente Rafael Correa, a los pocos días, pero esto no fue tomado en cuenta por el juez para declarar la nulidad. 

En diálogo con este portal, el abogado Ramiro Román, quien también forma parte de la defensa, dijo que es una "barbaridad juridica" la decisión tomada por el juez, y recordó que en casos como el presunto hackeo del correo electrónico de Martha Roldós y la publicación en el diario oficial El Telégrafo de los contenidos, no se ha hecho nada.  

Para Román, el caso es similar, pero aquí "plantean un enjuiciamiento y el juez lo acepta sin tener la base fundamental de materialidad".

Román sostuvo que no se ha probado la materialidad del delito, por lo que no hay pruebas para establecer que se ha obtenido copias de los correos. Señaló que solo se han hecho diligencias en medios de comunicación a los cuales dieron entrevistas los acusados, y que el juez no tomó en cuenta la violación de la cadena de custodia. "Se ha roto la cadena de custodia por parte del presidente de la República".

Román reiteró que lo ocurrido es la publicación de una investigación periodística por parte de Villavicencio, mientras que Jiménez solo cumplía con su deber de  asambleísta "en fiscalización por uso de fondos publicos para contratar a un estudio internacional".

"Se va a apelar la prisión preventiva, pues se cambió el tipo penal, se aumentó la pena a un delito que tiene de uno a tres años. Vamos a pedir la ampliación y aclaración. Estos es una persecusión contra Cléver y Fernando, por lo que vamos a pedir medidas sustitutivas", finalizó. 

Según El Universo, "entre los argumentos que los abogados de los acusados usaron para solicitar la nulidad del proceso estuvieron desde supuestas negligencias en la cadena de custodia de las evidencias, fallas al allanar departamentos que no contaban con la orden respectiva e incluso que la indagacion previa habría durado más de dos años y medio, cuando la ley ecuatoriana prevé que no pase de un año".

La Fiscalía agregó que "según el Fiscal General, se trataba de información que el Procurador envió sobre la transnacional Chevron. Explicó que la misma contenía la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano sobre el proceso que seguía contra Chevron. Esa información fue ofertada para que la petrolera la utilice en un caso ante una Corte de Estados Unidos. Pero “el juez no aceptó por considerar que se trataba de información privilegiada”.

 

 

 

 

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