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30 de Septiembre del 2020
Historias
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30 de Septiembre del 2020
Redacción Plan V
La opacidad en la selección de nuevos jueces nacionales preocupa a los observadores
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Opacidad, cambio de reglas del juego en cada concurso y escasez de información serían algunos de los defectos del concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia.  Foto: Luis Argüello. PlanV

 

Para por lo menos tres organizaciones de la sociedad civil que han seguido de cerca el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la falta de transparencia en la información sobre los por lo menos 100 candidatos a ocupar no menos de 16 sillas en el alto tribunal llama la atención. El Consejo de la Judicatura declaró una reserva sobre el contenido de las carpetas, aunque luego las subió a la web. Hasta enero de 2021 debe concluir el proceso.

La renovación de la Corte Nacional de Justicia tiene reparos. En un comunicado público del 16 de septiembre, la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales, que coordina Germán Rodas, anunció que envió una carta a la titular del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado.

En ella, la entidad anunció su determinación de "retirarse de su rol de contraloría social al concurso público de oposición y méritos para la selección de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia". La medida, según se explicó, se debe a que es evidente una "falta de información en relación al concurso", lo que para la Comisión "ha devenido en un obstáculo para la participación ciudadana". Además, la Comisión le recordó al Consejo de la Judicatura (CJ) que "la selección de magistrados demanda un alto nivel de publicidad e información".

La postura de la Comisión Anticorrupción coincide con los criterios de otras dos organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) que también ha seguido de cerca el proceso. 

La postura de la Comisión Anticorrupción coincide con los criterios de otras dos organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) que también ha seguido de cerca el proceso.

El concurso fue convocado a principios de julio de este año. Hasta el 22 de julio se fijó la fecha para recibir las carpetas, pero el plazo fue extendido de nuevo hasta el 29 de julio. El CJ decidió que las postulaciones debían presentarse tanto en físico cuando en digital. Esto provocó las primeras confusiones entre quienes aspiran a integrar la Corte, destaca Mauricio Alarcón, de la FCD.

Con el cierre de las postulaciones, la Dirección Nacional de Talento Humano del CJ entró a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos, proceso que demoró un mes. A finales de agosto, se emitió la verificación de requisitos y luego un plazo de reconsideración para los postulantes. 

Pero no sería hasta el 18 de septiembre que se subieron las carpetas a la página web. Alarcón destaca que "no se supo qué tenían las carpetas que fueron eliminadas", sostiene Alarcón, porque el CJ subió a su página web solamente 100 carpetas y llegó a recibir hasta 129, si bien el número de postulaciones también fue variando durante varios días. 

Para Mauricio Alarcón, otra de las omisiones de la Judicatura fue subir a su web, apenas hace pocos días, el cronograma referencial del concurso, a pesar de que había sido convocado hace varios meses. "Tampoco se entregó información del comité de expertos que se conformó para este tema sino solamente se hizo pública su información", menciona el experto de FCD.

Otro vacío fue la ausencia de la nómina de los 64 miembros  de las veedurías ciudadanas, que fueron organizadas por el Consejo de Particupación y Control Social. Al respecto, Alarcón cuestiona la presencia de Washington Barragán, quien sería asesor del asambleísta Patricio Donoso, como parte de esa veeduría, así como de Josueth Almeida, asesor del asambleísta Luis Pachala. 


El Consejo de la Judicatura ha nombrado dos comités externos para asesorar en el proceso.

Demanda del Observatorio de Derechos y Justicia

Por su parte, Lolo Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, destaca la falta de información en el proceso del concurso. El 16 de julio, el Observatorio solicitó por escrito a la Judicatura que se le envíen las carpetas. Hasta la fecha no se ha recibido una respuesta, aunque la organización pidió que se le informe apelando a la Ley de Acceso a la Información. "Solo recibimos silencio que se traduce como negación tácita", dice la abogada, quien luego presentó una acción de acceso constitucional ante los jueces, cuya audiencia fue convocada el 10 de septiembre. Dos días antes, la Judicatura envió un correo preguntando "a qué concurso se refiere" la petición del Observatorio. "La única respuesta llegó casi dos meses después. Y ahí dijeron que las carpetas eran secretas por contener datos personalísimos", explica la abogada.

Tras varios incidentes y cambio de juez, la justicia resolvió que ya que el CJ subió al final la información, ya no había caso para conceder la medida. Miño destaca que tres organizaciones han pedido la misma información son ser atendidos por el CJ.

Los abogados de la Judicatura llegaron a alegar en la audiencia que se realizó que en los formularios habían datos privados como "la orientación sexual" de los candidatos, dato que realmente no consta en el formulario de inscripción.

Pero, ¿cuál información "personalísima" protegía la Judicatura con tanto celo? Según Miño, los abogados de la Judicatura llegaron a alegar en la audiencia que se realizó que en los formularios habían datos privados como "la orientación sexual" de los candidatos, dato que realmente no consta en el formulario de inscripción. Supuestamente, el CJ pretendía realizar una acción afirmativa por "orientación sexual" aunque eso no consta en ninguna parte del reglamento como criterio de acción afirmativa. Y aunque constara, explica Miño, de todas maneras tendría que hacerse pública, porque si alguien recibiera puntos extra por ser parte de la diversidad sexual, eso debería conocerse para que la sociedad sepa por qué razón se aplicó una acción afirmativa.

"En la primera audiencia la Judicatura fue a mentirle al juez constitucional, para luego subir ellos mismos esa información. La información debe ser oportuna y las conductas de la Judicatura no pueden ser desleales", afirma la activista. 

Lo que finalmente hizo la Judicatura, destaca, es publicar información de manera desordenada, y además, forzar a las organizaciones de la sociedad civil a ir a un proceso judicial. "Más allá de que la información haya sido subida, vamos a apelar, porque se empezó a subir la información ante la presión de la sociedad civil. Es difícil pensar de que no hay un afán de que no haya muchos ojos sobre el tema", explica Miño. 

Sobre los motivos de la opacidad que se está evidenciando en el proceso, Lolo Miño asegura que es indiscutible el derecho de los ciudadanos de acceder a información de entidades públicas. Y aunque las carpetas tengan datos como la hoja de vida de los aspirantes, no habría motivos para declararla "reservada" pues la ciudadanía debe conocer la experiencia y trayectoria de los candidatos. 

Quién es quién entre los postulantes

A pesar de los tropiezos, se han hecho públicos los nombres de por lo menos 100 postulantes. En el caso de ODJ, se está haciendo una análisis sobre la personas que se han presentado al concurso. "Es importante conocer no solo la preparación profesional, sino la probidad y los antecedentes personales", enfatiza Miño. 

Por su parte, Mauricio Alarcón asegura que la información que ha sido publicada por la Judicatura no está presentada en datos abiertos, lo que complica el seguimiento. A pesar de ello, FCD ha realizado ya un análisis de los documentos presentados. 

Las primeras conclusiones de FCD son de carácter estadístico. Así, hay 75 hombres y 25 mujeres entre los candidatos a la Corte Aclaró también que no se trata de siete vacantes, sino de por lo menos 16 de las 21 sillas en la Corte Nacional. Esto porque hay conjueces temporales despachando en la Corte Nacional y solo cinco se quedaran a partir de enero de 2021. 

Según FCD, la mayor cantidad de postulantes en este concurso están en el ámbito de lo civil y lo penal. Así, en lo civil hay 36 postulantes que aspiran a tres vacantes, mientras que en lo penal, hay 33 postulantes y solo cuatro vacantes. En lo tributario, en cambio, hay tres vacantes y siete postulantes, lo que significará que por lo menos seis entrarán a la Corte, pues también se debe elegir a los conjueces. 

"Hay desmotivación y poco interés de los abogados para participar en este tipo de procesos. Si analizamos por provincia, la mitad de los postulantes son de Pichincha", explica Alarcón. 

Comparando los datos de 2017, en donde se renovaron siete sillas, participaron por lo menos 268 aspirantes, más del doble que en la actualidad. 

"Hay un buen número de judiciales de carrera, explica Alarcón, entre los que están actuales conjueces temporales de la Corte Nacional", así como presidentes de cortes provinciales. 

El observador destaca la postulación de Maité Benitez, ex directora nacional jurídica del SRI, a quien se mencionó como consultora tributaria externa de la constructora Odebrecht. 

Mauricio Alarcón destaca la postulación de Maité Benitez, ex directora del SRI, a quien se mencionó en conexión con la constructora Odebrecht y cuyo nombre constó en una lista entregada por los ejecutivos de la empresa brasileña.

Otro candidato que llama la atención de FCD es Trosky Serrano, militante del Partido Socialista, quien ha ocupado varios cargos en distintos ministerios durante el correato y fue candidato del socialismo para el Consejo Nacional Electoral. 

También el caso de Stalin Loor, quien se ha presentado en varios procesos anteriores y que en redes sociales publica su apoyo al correísmo.

El aspirante Luis Fernando Cruz ha sido, en cambio, ex presidente del Partido Socialcristiano en Loja. El ex secretario de Información, Edison Toro, también aparece entre los aspirantes, así como otros abogados que han hecho carrera en el sector público. La ex asesora de Gustavo Jalkh, Sandra Cordero, quien renunció antes de posesionarse de un cargo en la Corte Nacional o de Juan Antonio Peña, quien fue consejero de Participación Ciudadana cesado en 2018 por la consulta popular, también aparecen entre los candidatos. Peña ocupó varios cargos durante el gobierno correísta. 

Por su parte, Yolanda Salgado Guerrón fue coordinadora jurídica en el Ministerio de Gobierno en la administración pasada y en la actual. 

También se analizó la carpeta de Pablo Arteaga Solórzano, quien registra 25 procesos judiciales como demandado, o de Gloria Gavilanez Rodríguez, quien se ha presentado en varios concursos para algunas dignidades en años anteriores. Edgar Narváez, quien fue cónsul en Cali durante el correato y ocupó varios cargos en esa administración, ha llamado la atención de los veedores de FCD. 

"Puede haber posibles conflictos de interés en la designación y también personas que estuvieron en política activa", explica Alarcón, quien sostiene que se deberá conocer la calificación de los méritos. 

Las reglas de juego que cambian en cada concurso 

Pero a la falta de opacidad y las posibles vinculaciones políticas de los abogados que postulan para jueces nacionales, se suma el constante cambio de requisitos, que son determinados por la Judicatura para cada concurso sin una normativa fija.

Lolo Miño recuerda que tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Judicial delegan a la Judicatura la organización de los concursos. "Esto es algo que debería esta regulado por una ley para que no se modifiquen procesos y condiciones en cada concurso", explica.

Al respecto, Lolo Miño recuerda que tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Judicial delegan a la Judicatura la organización de los concursos. "Esto es algo que debería esta regulado por una ley para que no se modifiquen procesos y condiciones en cada concurso", explica. En los concursos se toma en cuenta una prueba escrita, una evaluación oral y actualmente, se ha colocado una evaluación sicológica. "Una persona podría perder puntos si se determina que tiene traumas o afectaciones emocionales", explica Miño. ¿Y quién va a determinar esos "traumas"?, se pregunta. Según el reglamento, la Dirección de Talento Humano debe identificar estos "traumas" tal como constan en las normas del concurso. "Ahí se abre un hueco de discresionalidad", aunque en los concursos anteriores se estableció una "prueba oral" que en algunos casos permitió a varias personas ganar puntos. "El componente sicológico podría ser discriminario", dice Miño, quien cree que la Judicatura debería transparentar y dialogar con la ciudadanía sobre estas cosas. 

Mauricio Alarcón comparte este criterio. En efecto, para cada proceso, la Judicatura dicta un reglamento, explica el jurista, y en varias ocasiones se han cambiado los puntajes y las ponderaciones de los méritos a criterio de los integrantes del CJ de turno. "Esto evidencia la discresionalidad con la que se maneja cada proceso, que es algo que ya fue observado por organismos internacionales, que han determinado que es necesario estandarizar y normar en una ley ese proceso. No se debe reformar los reglamentos para cada concurso y valorar de manera distinta en cada ocasión", explica Alarcón.

Por su parte, en un comunicado, el CJ se pronunció afirmando que ha garantizado la transparencia. 

"En la página web www.funcionjudicial.gob.ec, micrositio Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación y Control Social para la Selección y Designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, se encuentran publicados los expedientes de las y los 100 aspirantes que superaron la Fase de Postulación y pasaron a la Fase de Méritos. De la misma manera, los expedientes han sido entregados de manera oportuna y completa a las organizaciones ciudadanas de control social que los han solicitado. El CJ cuenta con los respaldos de la documentación remitida. En el micrositio, también se puede encontrar información relacionada con las fases que hasta el momento se han cumplido, las fases de Convocatoria y de Postulación. Nos encontramos en la Fase de Méritos.

El Consejo de la Judicatura considera que el control social es uno de los pilares fundamentales para alcanzar con éxito el objetivo del Concurso, que es el de lograr que solo las y los mejores juristas del país integren la más alta instancia de justicia ordinaria del país", dijo el CJ en su último comunicado publicado.

Tan pronto se integre la nueva Corte, los nuevos magistrados deberán elegir presidente de la Corte, pues la actual titular, Paulina Aguirre, termina su periodo en enero de 2021. Cualquiera de los integrantes de la Corte es elegible para presidente del tribunal. 

En el cronograma, establece que, sino hay demoras, este proceso debería concluir en enero del próximo año. 

 

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