La firma de la paz con Perú y la dolarización son los legados más reconocidos del gobierno del ex presidente Jamil Mahuad. De ellos se ha hablado mucho. Hay dos menos explorados, aunque también relevantes: la declaratoria del Yasuní como zona intangible, y la institucionalización del Servicio de Rentas Internas (SRI). Las dos herencias se volvieron un patrimonio para la mayoría de los ecuatorianos, y permanecieron luego de que el mandatario fuera defenestrado por un golpe cívico-militar -al que aportaron con su obstrucción y veto constantes algunos sectores políticos congresales- el 21 de enero de 2000, hace 20 años. Un quinto beneficio, crucial para millones de ecuatorianos, fue la creación del bono de la pobreza. Aún se conserva, aunque en el transcurso haya recibido distintas denominaciones.

La paradoja en torno a la figura histórica de Mahuad surge porque las decisiones anotadas y otras más, aunque fueron atacadas en su momento, subsistieron con el paso del tiempo y fueron mostrando sus aspectos positivos hasta a muchos de sus iniciales detractores, que se convirtieron en defensores de esas ejecutorias. Tal vez, por haber ejercido su función de presidente y haber tomado providencias correctas y desacertadas; por haberse equivocado y también atinado es que sus acciones lograron trascender dos décadas y afectar, pero también favorecer, a millones de ecuatorianos, incluidos sus contrarios de antaño y los actuales.

El Yasuní intangible

Mediante el decreto ejecutivo 552, publicado en el Registro Oficial del 2 de febrero de 1999, el presidente Mahuad declaró el área del Yasuní como zona intangible de conservación. Consignó que “las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Wuaorani conocidos como Tagaeri y Taromenane” era un territorio vedado “a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva”. La disposición añadía que la definición de los límites de la zona intangible y su demarcación debía ejecutarse en un plazo de 120 días, contados a partir del 2 de febrero de 1999. Ello no se produjo. Recién ocho años posteriores, el 3 de enero de 2007, se verificó la delimitación geográfica mediante el decreto ejecutivo 2.187, del presidente Alfredo Palacio. La zona fue establecida con una extensión de 758.051 hectáreas, y fue ubicada en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, en el cantón Aguarico, en la provincia de Orellana.

La gestión renovada del SRI estuvo guiada por el propósito de superar mediante la recaudación tributaria la crisis fiscal que el país vivía por los bajos precios del petróleo. Para ello debía convertirse en un organismo efectivo para el fisco, pues a más de ordenar el campo impositivo, mediante el cruce de información y de controles, su misión apuntaba a dotar al Estado de un ingreso estable, que lo independizara del petrolero. En este punto es posible encontrar un vínculo con la decisión sobre el Yasuní. Es probable que, incluso sin proponérselo, el presidente Mahuad imaginó una era post petrolera, pues ambas medidas se enmarcaron en la preocupación por facilitar al Estado entradas permanentes no petroleras.

Las sombras sobre Mahuad

Pero no todo fue valioso en el gobierno de Mahuad, a pesar de que la historia le reconozca como un líder y un transformador. Varias de sus acciones de gobierno, incluso por las condiciones políticas en las que su régimen se desarrolló, configuran un claroscuro en su gestión presidencial que merece analizarse.

Desde su elección, la mínima diferencia de votos que consiguió el binomio de Jamil Mahuad y de Gustavo Noboa, respecto de la dupla integrada por Álvaro Noboa y Alfredo Castillo ensombreció su triunfo. Las dudas provinieron sobre todo de los candidatos perdedores, pero de la sospecha se hicieron eco otros sectores políticos y sociales. A ello se sumaron las dificultades con las que el nuevo gobernante recibió el mandato. La administración adeudaba los sueldos a sus funcionarios, no estaba al día en la entrega de asignaciones a los gobiernos locales y a las universidades, debía a los contratistas y no podía ejecutar los créditos internacionales contratados, pues no disponía de los fondos de contraparte. Tampoco contaba con los dineros para cancelar los dividendos vencidos de la deuda externa. Por añadidura, el precio del petróleo se hallaba a la baja y el fenómeno de El Niño destruía la infraestructura productiva y vial.

La crisis nacional de agosto de 1998 se mostraba en el hecho de que los ingresos mensuales del Ecuador llegaban a los 450 mil millones de sucres y los gastos ascendían a los 800 mil millones de sucres. Frente a este panorama Mahuad resolvió devaluar el sucre, eliminar parcialmente los subsidios al diésel, al gas y a la energía eléctrica, con lo cual sus precios para la ciudadanía se elevaron en el 39 por ciento, en el 410 por ciento y en el 254 por ciento respectivamente. Para compensar tales incrementos creó el bono de la pobreza, para entregar a las madres pobres con hijos menores de 18 años. 

Como era de esperarse, las medidas provocaron el rechazo social, expresado en protestas, un paro cívico y la baja de la adhesión al gobierno del 66 por ciento, al 34 por ciento, en algo más de un mes de administración. Sus contrarios le acusaron de no haber dialogado. Casi de inmediato, Mahuad recuperó su aceptación con la firma del acuerdo de la paz con Perú, el 20 de octubre de 1998. El hecho fue aplaudido incluso por el movimiento indígena.

El gobernante tropezó nuevamente cuando el país conoció los pormenores de la quiebra del Filanbanco, en septiembre de 1998 y de los préstamos de liquidez que el Banco Central entregó a la institución financiera en septiembre y en noviembre de tal año, supuestamente para resguardar a los depositantes. Simultáneamente la legislatura aprobaba la ley de reordenamiento en materia económica, en el área tributario-financiera, promovida por los socialcristianos, calificada posteriormente como una norma hecha a la medida de los banqueros deshonestos, pues con ella fue instaurada la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). A una semana de creada la AGD, el Filanbanco pasó a control estatal.

Ello significó que el fisco liberara de sus responsabilidades a los accionistas privados y contrajera tales obligaciones con los depositantes. Este traspaso representó que el salvataje del Filanbanco le costara al país —a los ecuatorianos, mejor dicho— la suma de 850 millones de dólares. Pero con los dineros que la AGD entregó a otros bancos, dizque para proteger a sus ahorristas, el total suministrado llegó hasta enero de 1999 a los 960 millones de dólares.  

Para marzo de 1999 la dolarización estaba implantada de hecho en un abanico de actividades: los créditos se contrataban en dólares, hasta las compraventas y los arriendos de inmuebles se acordaban en esa moneda. El resultado: el cierre masivo de empresas que vendían sus productos en sucres, pero pagaban sus deudas y compraban sus insumos en dólares. Y con ello, el desempleo y la pobreza. En este ambiente, el anuncio formulado por el superintendente de Bancos, el 8 de marzo de 1999, del feriado bancario, primero por 24 horas, luego por 48 horas y finalmente por una semana provocó la indignación y luego la frustración y la desesperación en millones de ecuatorianos, que recibieron con espanto la noticia de que sus ahorros y sus depósitos habían sido incautados parcialmente.

Pocos recordaban que la crisis que estalló en marzo de 1999 tuvo un antecedente: la aprobación de la Ley General de Instituciones del sistema financiero en 1994, que sustituyó a la Ley General de Bancos, vigente desde 1927. Mediante esa norma se amplió la discrecionalidad de los bancos, pues se redujeron los controles y la supervisión de la Superintendencia de Bancos a las instituciones financieras. Esta liberalidad promovió que algunos bancos manejaran los dineros de sus depositantes casi al capricho de sus propietarios y accionistas.

Un nuevo paquetazo

El agobio se extendió aun más cuando el presidente anunció un nuevo paquetazo para enfrentar el déficit fiscal: el incremento del precio de los combustibles en el 160 por ciento, y la subida del IVA del 10 al 15 por ciento. Por la crítica y la repulsa sociales, Mahuad tuvo que disminuir los montos del incremento, pero el ambiente de incertidumbre estaba ya implantado. 

El problema se complicó cuando sectores del empresariado de la Costa acusaron al Gobierno de haber ejecutado el feriado bancario para deteriorar a los bancos de la Costa. Este argumento fue esgrimido sobre todo tras el cierre del banco del Progreso, el 22 de marzo de 1999. Dirigentes políticos socialcristianos, sin rubor alguno, acusaron al Gobierno de pretender dañar a Guayaquil y se negaron a reconocer que la quiebra del banco fue consecuencia de los créditos vinculados que entregó a unos cuantos accionistas, lo cual mermó su patrimonio.

Una de las consecuencias inmediatas de los hechos registrados fue el empobrecimiento de la población ecuatoriana. Sondeos sobre este problema, ejecutados en mayo de 1999, indicaban que el 54 por ciento de las familias cambió sus hábitos alimenticios en cuanto a cantidad y a calidad. El 56 por ciento de los hogares disminuyó sus gastos en salud, el 58 por ciento lo hizo en vestuario y el 60 por ciento en recreación. El 74 por ciento de los investigados aseguró que siquiera uno de sus familiares estaba desempleado o subempleado, y el 36 por ciento testimonió que al menos un pariente cambió de residencia o salió del país en busca de trabajo.

Los 478 mil desempleados de agosto de 1998 pasaron a ser 643 mil en mayo de 1999; los desempleados que en agosto de 1998 fueron el 53,6 por ciento, en mayo de 1999 llegaron al 54,4 por ciento. El ingreso per cápita que en 1998 fue de 1.660 dólares, rebajó a 1.164 dólares en 1999. El salario básico que en agosto de 1998 ascendía a 143,27 dólares, en diciembre de 1999 bajó a 60,15 dólares y en enero de 2000 a 43,37 dólares.  En febrero de 2000, el 73,8 por ciento de los hogares ecuatorianos no podía cubrir el costo de la canasta básica con sus ingresos. En octubre de 1998 ese porcentaje era del 47,2 por ciento. Los ecuatorianos en situación de indigencia que en 1998 constituían el 17 por ciento, en 1999 subieron al 34 por ciento. Entre enero y septiembre de 1999, 2.225 empresas, especialmente medianas y pequeñas, quebraron, y salieron del país alrededor de dos mil millones de dólares. Tal catástrofe se reflejó en el crecimiento negativo del Ecuador al finalizar 1999: de menos el 7 por ciento, según el Banco Central.

La ola migratoria

Al problema económico se sumó la migración masiva que afectó a millones de familias ecuatorianas. En 1998, casi 41 mil ecuatorianos dejaron el país. En 1999 la cifra se duplicó pues 81 mil personas abandonaron Ecuador. En 2000 la cifra llegó a casi los 176 mil migrantes. En 2001 la migración ascendió a 138.330 ecuatorianos; para 2002 fue de 165.215 y para 2003 llegó a 125.106. Recién en 2004 descendió un poco, a 69.715. La mayoría de migrantes estaba comprendida entre los 21 y los 40 años y tenía la secundaria completa; unos pocos contaban con educación superior. Este éxodo provocó que miles de niños y de adolescentes crecieran sin alguno de sus padres o con ambos ausentes. Lo cual añadió nuevos estragos: el dolor de la separación y de la ausencia que, aunque difícilmente cuantificables, fueron tremendamente negativos y reales.

Estos acontecimientos dañaron irremediablemente la imagen del presidente Mahuad y lo debilitaron frente a los sectores políticos, sociales, empresariales y a la ciudadanía. Su perfil se menoscabó aún más cuando la prensa difundió la entrega de 3,1 millones de dólares (15.647 millones de sucres) de aportes a la campaña electoral de Mahuad, por parte del ex propietario del banco del Progreso. Tal donación no fue la única. La campaña costó, según informes de la prensa, 57.647 millones de sucres y de ellos 18.546 millones de sucres (el 32 por ciento) provinieron de algunos banqueros.

De esos deterioros Mahuad no pudo recomponerse a pesar de que sus críticos también responsabilizaron al Congreso y a sus legisladores, incluidos los del partido del presidente, por persistir en una actitud obstruccionista. Las discrepancias irreconciliables y las dificultades para concertar una agenda consensuada, en bien del Ecuador, fueron otros hechos que quebrantaron su gobierno.

Enero de 2000 descubrió a un presidente extremadamente débil, sin apoyos políticos consistentes y con una desafección social importante. Ecuador había echado del poder al ex presidente Bucaram y persistían amplias corrientes en la opinión pública convencidas de que los problemas del ejercicio democrático de un gobierno podían resolverse sacando de su solio al Ejecutivo. Tal idea se conservó hasta 2005, cuando Ecuador expulsó de Carondelet al ex presidente Gutiérrez. Desde entonces, si hubo tentaciones en ese sentido ya no prosperaron. Enhorabuena para la democracia.

A los 20 años de su derrocamiento y sosegado el enardecimiento de aquellos momentos, otros aspectos comienzan a insinuarse: el temple del gobernante que se jugó por lo que consideraba la mejor salida para el país, a pesar de haber comprendido que con ello ponía en riesgo su carrera política.