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14 de Junio del 2016
Historias
Lectura: 11 minutos
14 de Junio del 2016
Redacción Plan V
La polémica compra de equipos del IESS que pasó a la Fiscalía

En el IESS se compró equipo oftalmológico sin tomar en cuenta las necesidades de los pacientes.

 

Más de USD 30 millones gastó el IESS, mientras el precandidato presidencial Ramiro González era presidente del Consejo Superior, en aparatos para operaciones oftalmológicas para ser instalados en varios hospitales y centros de salud de la Seguridad Social en todo el país. Para la Contraloría, se violaron tantas normas, que hay serios indicios de responsabilidad penal. Los equipos están subutilizados y duplicados. La Fiscalía investiga el caso. La empresa adjudicataria dice, a su vez, que no hay tal sobre precio sino diferencias con las ofertas de otros proveedores. Y expone su extrañeza de constar en un informe de la Contraloría en manos de la Fiscalía, cuando el organismo de control no emitió glosa ni irregularidad alguna en su informe.

La historia comienza en marzo de 2012, con la suscripción, por parte del IESS, de un contrato con la empresa Carlos Manrique Muñoz-Representaciones, Compañía Limitada, de un contrato para que dicha firma le provea de equipamiento oftalmológico para las unidades médicas del IESS a nivel nacional. 

En enero de 2015, la Contraloría General del Estado envió a la Fiscalía, para su investigación, un voluminoso informe, que tiene 901 fojas útiles y cinco cuerpos, para que el Ministerio Público determine si se han cometido uno o varios delitos en la compra, cuyo monto fue de USD 30 millones 127 mil 700.

El contrato fue firmado por el director general del IESS, Fernando Guijarro Cabezas y por el representante de la empresa proveedora, Marcos Manrique, con un plazo de 250 días a partir de la entrega del anticipo.

El contrato fue firmado por el director general del IESS, Fernando Guijarro Cabezas y por el representante de la empresa proveedora, Marcos Manrique, con un plazo de 250 días a partir de la entrega del anticipo.

Los auditores de la Contraloría encontraron irregularidades en el proceso desde el principio. La encargada de iniciar el proceso fue la directora del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, María Sol Larrea Sánchez, quien suscribió por lo menos ocho oficios y presentó un informe para equipar 30 unidades médicas en todo el país. 

En los ocho oficios, que fueron revisados por la Contraloría, desde noviembre de 2010 hasta agosto de 2011, los montos solicitados para esta millonaria compra fueron variando: de USD 42 millones a 32 millones 747 mil.

Para septiembre de 2011, saltaron las primeras alarmas. El vocal del Consejo Superior del IESS por los empleadores, Felipe Pezo, explicó sus dudas sobre el proyecto de compra, y argumentó que el proyecto debía reestructurarse, que no se había realizado de manera adecuada la delegación para que la directora del Andrade Marín lo presentara, y que tampoco se habían justificado aspectos como la prioridad de la inversión, el costo beneficio y que no se ha considerado que la prioridad en los gastos del IESS la deben tener los puestos de atención primaria. 

La carta de Pezo, dice la Contraloría, no obtuvo respuesta alguna, y el proyecto, a pesar de falencias como que la directora del Andrade Marín actuaba fuera de su jurisdicción y que se habían cometido irregularidades, fue puesto en consideración del Consejo Directivo del IESS.

Nueve meses después de presentado, relata el informe de la Contraloría, el Consejo Directivo empezó a conocer el tema, aunque no se había explicado por qué bajaron el presupuesto referencial y se hizo un adecuado estudio de mercado.

Pero tanto los procuradores (abogados) del Hospital Andrade Marín cuando el del IESS aseguraron que se habían cumplido las formalidades legales, y dieron luz verde a la preparación de los pliegos. Es así como el 7 de septiembre de 2011, en un oficio firmado por el entonces presidente del Consejo del IESS y actual precandidato a la Presidencia de la República, Ramiro González, se informó que el Consejo aprobó el proyecto, con un presupuesto referencial de USD 32 millones 747 380 a lo que se sumó dos millones 230 mil para financiar la contratación de 57 médicos.

El 7 de septiembre de 2011, en un oficio firmado por el entonces presidente del Consejo del IESS y actual precandidato a la Presidencia de la República, Ramiro González, se informó que el Consejo aprobó el proyecto.

Para el 28 de septiembre de 2011, la licitación había sido publicada en el portal de Compras Públicas. Pero hubo modificaciones posteriores, y nuevamente, la directora del Andrade Marín, intervino en el proceso, lo que afectó las atribuciones de la Comisión Técnica conformada para la compra, aspecto que es rechazado por la Contraloría.

Sobre la marcha, se cambiaron las especificaciones técnicas, sin que la Contraloría haya encontrado una justificación para tal acción. En noviembre de 2011 se volvió a publicar el proceso en  Compras Públicas, con una serie de modificaciones que, según la Contraloría, carecen de sustentos técnicos.

En el portal de Compras Públicas, la Contraloría encontró preguntas que evidenciaban temores sobre que el proceso estaba direccionado a favor de una empresa, las que no fueron respondidas oportunamente por el IESS.

El 16 de noviembre de 2011, la Comisión Técnica informó de la recepción de dos propuestas: la de la Empresa Carlos Manrique por USD 30 millones 127 mil 700 y un plazo de 250 días, y la de la empresa Representaciones y Comercio por USD 24 millones 624 mil y un plazo de 150 días. La diferencia entre ambas ofertas fue de USD cinco millones, 503 mil 379 dólares.

De su lado, el INCOP presentó algunas objeciones, que ratificaban las dudas sobre si se habían cumplido requisitos legales en el proceso, en diciembre de 2011.

El rango del sobreprecio

Según un informe interno del IESS, se realizaron "sobreestimaciones" de precios al realizar el presupuesto, por ejemplo, se había determinado que un Eximer Láser, aparato para operaciones oftalmológicas, cuesta hasta USD 400 mil en el mercado, pero se lo había presupuestado en USD 620 mil. 

La caja de lentes de prueba, presupuestada en USD 2900, se puede comprar por USD 800. Y un tomógrafo, de USD 128 mil, se adquiere por USD 90 mil. 

La caja de lentes de prueba, presupuestada en USD 2900, se puede comprar por USD 800. Y un tomógrafo, de USD 128 mil, se adquiere por USD 90 mil.

Pero nuevamente, ninguno de los reparos detuvo el proceso de compra. Finalmente, el 9 de enero de 2012 se resolvió la adjudicación a favor de la empresa Carlos Manrique, a pesar de que su propuesta económica y su plazo eran mayores que los de la otra oferta. 

La Contraloría determinó también que, solo en los costos de los equipos, la empresa adjudicataria le vendió al IESS por lo menos un millón, 529 mil 914 más caro que la otra empresa que participó.

Pero no solo que se le compró muy caro: la firma Carlos Manrique no cumplió con los 250 días de plazo, y pidió dos prórrogas de 90 días. 

En mayo de 2013, una visita de la Contraloría a las unidades de salud constató que se no había instalado los aparatos y que no estaban en uso por falta de personal médico que los operara. 

Carta de respuesta de la empresa CMM.

Al respecto, la empresa CMM, de Carlos Manrique Muñoz, en carta dirigida a Plan V, dijo que efectivamente  participó en una licitación convocada por el Consejo Directivo del IESS para el equipamiento oftalmológico de 30 unidades médicas en todo el país.

Lo hizo, señaló, como representante de "prestigiosas firmas internacionales destacadas por encontrarse en la vanguardia de la innovación tecnológica en éste género de productos médicos, como son NIDEK CO. JP, ZIEMER, HAAG STREIT, USFK, AKRUS, MOLLER WEDEL, HEINE, de Japón, Alemania y Suiza".

La empresa aseguró haber participado "en forma transparente, ofertando las tecnologías más avanzadas y los servicios complementarios de capacitación y mantenimiento preventivo y correctivo, seguros de que podríamos cumplir los objetivos del IESS en la atención a la salud oftalmológica de sus afiliados. Lo hicimos seguros además, de haber formado en 30 años de labor una compañía calificada y experimentada para el efecto, con una intachable carrera de servicios profesionales y tecnológicos.

"La alta calidad de los equipos que ofertamos nos aseguró el éxito, fuimos beneficiarios de la adjudicación de la licitación, la que cumplimos de conformidad con las normas legales y el contrato en el 100%. Como ustedes conocen en una licitación no solo se califica el precio, se incluye además calidades, tecnologías y servicios.  Las diferencias de precios con la oferta de otros distinguidos proveedores, evidentemente no deja margen para el sobreprecio al que hace referencia el titular de la crónica publicada por ustedes, en franca contradicción con el contenido de la misma".

La empresa informó en su misiva que "la Contraloría General del Estado que realizó el examen especial correspondiente, no emitió ninguna glosa en contra de CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA, lo que confirma que no existieron los aludidos sobreprecios ni hemos ocasionado perjuicio alguno al IESS. La Fiscalía no ha formulado ninguna acusación de delito penal en contra nuestra en 30 años de labores y en este caso tampoco".

En su informe, la Contraloría logró determinar que los equipos están subutilizados, y que hasta se compraron dos veces para el hospital de Ancón, que ya contaba con aparatos similares. Según la Contraloría, la mayoría de las 30 unidades médicas para las que supuestamente se compraron los equipos reportaron que no los usan por no tener médicos capacitados para ello o porque ya tenían aparatos similares en buen estado.

Las conclusiones de la Contraloría

La Contraloría, en sus conclusiones sobre esta millonaria compra, determina que los estudios firmados por María Sol Larrea no tuvieron ningún tipo de fundamento técnico. También señala que Larrea no tenía potestad para pedir equipos para otros hospitales distintos al suyo y que, al parecer, ni siquiera consultó a sus colegas del interior del país sobre sus necesidades operativas.

Finalmente, la Contraloría insistió en que se compró una oferta demasiado cara, por lo que remitió el caso a la Fiscalia pues, estima, "hay indicios de responsabilidad penal". La denuncia está en estudio del Ministerio Público. 

 

 

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