El caso de la explotación del campo Palo Azul, ubicado a 180 kilómetros de Quito, en la región amazónica, revive tras la crisis política y judicial del Brasil, en cuyo centro está la estatal petrolera Petrobrás y las decisiones políticas tomadas por el ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva. 

En una denuncia presentada el 11 de noviembre de 2015 ante el presidente de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez, un grupo de activistas sociales y dirigentes gremiales pidió a la Comisión, que realiza investigaciones sobre casos de corrupción en el país, que analice nuevamente el caso del campo Palo Azul, en donde se han explotado aproximadamente 100 millones de barriles de crudo liviano.

La denuncia está firmada por periodistas y activistas como Martha Roldós, Carlos Pérez Guartambel, Hugo Loza, Cléver Jiménez, Francisco Ortiz, Alfonso Yánez, Gabriela Mosquera, entre otros.  

El caso fue investigado por la Fiscalía General del Estado durante el periodo de Washington Pesántez como fiscal general, y, en aquella ocasión, se determinaron presuntas responsabilidades penales en la explotación del campo, que habría alcanzado un valor cercano a los diez mil millones de dólares.

No obstante, cuando el actual fiscal general y ex ministro de Energía, Galo Chiriboga, asumió el cargo, y a pesar de que se habían realizado algunas audiencias y diligencias previas, se pidió a la Corte Nacional de Justicia el archivo del proceso. 

El bloque 18-Palo Azul ha sido explotado por varias empresas internacionales, que han realizado operaciones de cesión de acciones que, según los denunciantes, violarían la Ley de Hidrocarburos y el propio contrato de explotación del campo. Según las normas nacionales, estas transferencias no autorizadas de acciones son una causal de caducidad del contrato, pero estos argumentos han sido desestimados a nivel internacional. 

¿Otro caso de caducidad?

El caso sería similar al del Bloque 15, operado por la petrolera norteamericana Occidental, en el que el Gobierno de Alfredo Palacio dispuso la caducidad de contrato por haberse traspasado las acciones a favor de la compañía Encana sin autorización expresa del Ministerio de Energía.

No obstante, en esa ocasión, la petrolera norteamericana demandó al país ante el CIADI, un organismo de protección de inversiones del Banco Mundial y ganó el proceso. Según el CIADI, aunque se probó durante el juicio que Occidental violó la Ley de Hidrocarburos, la declaratoria de caducidad fue considerada como "desmesurada", por lo que el Ecuador fue condenado a pagar casi USD 1100 millones de indemnización a la petrolera extranjera, sin tomar en cuenta las costas judiciales. 

La decisión, tomada por el Gobierno de Alfredo Palacio en mayo de 2006, fue declarada una expropiación de los activos de la Occidental, por la que el país fue condenado a pagar, en primera instancia, más de USD 1700 millones. Finalmente, el Ecuador, en pleno año de crisis económica, fue obligado a pagar por lo menos USD 1 061,7 millones a la petrolera norteamericana. Sobre el abono, el Gobierno ha anunciado acuerdos "amistosos" en busca de una solución. 

Pero según la denuncia ante la Comisión Nacional Anticorrupción, aun se debe investigar sobre si las cesiones de derechos y acciones entre las empresas Amoco, ELF, Cayman, Petromanabí (que sería de propiedad de los hermanos Isaías), Ecuador TLC, Pecom Energía, la empresa japonesa Teikoku y la estatal brasileña Petrobrás fueron o no legales. 

Los denunciantes pidieron a la comisión que se analicen nuevamente los informes técnicos que determinaron la existencia de dos campos unificados en el sitio, cuando según un grupo de expertos esa no sería la realidad de la geología de la zona. 

En efecto, la explotación tuvo lugar en una zona en donde se encuentran dos pozos, el bloque 18, cuyas reservas probadas se estimaron en 2,28 millones de barriles y el campo Palo Azul, que antes de su explotación contaba con 100 millones de barriles de reservas. 

Ambos campos fueron declarados, en junio de 2000, una yacimiento compartido, por lo que el campo Palo Azul fue anexado al bloque 18. Para 2002, las acciones fueron cedidas a la empresa estatal brasileña Petrobrás. En 2005, la estatal brasileña anunció la transferencia de las acciones a la empresa japonesa Teikoku, que fue finalmente oficializada en 2007, durante la gestión del ex presidente Alfredo Palacio.

Los denunciantes pidieron que se investigue a qué acuerdos políticos llegaron el presidente Rafael Correa y el ex presidente del Brasil Lula Da Silva con relación a la participación de Petrobrás en este tema, pues, afirman, "habían irregularidades en la declaratoria de campo unificado", y el ex ministro de Energía, Alberto Acosta, había señalado en su momento que fue el ex presidente de Petroecuador y actual fiscal general, Galo Chiriboga, quien calificó la idoneidad del traspaso realizado por la estatal brasileña a la firma japonesa Teikoku. 

En esa medida, la denuncia sostiene que la Comisión debe acudir "al Parlamento y la justicia brasileña" que se encuentran investigando las actividades de Petrobrás tanto en el interior del Brasil cuanto en su operaciones en el exterior. 

Aunque tanto el ex procurador del Estado, Xavier Garaicoa, cuanto el ex presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, habían notificado a la empresa brasileña con el inicio del proceso de caducidad por estas presuntas irregularidades en las cesiones de las acciones, en declaraciones a la revista Vanguardia, el ex presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo Arias, confirmó en 2008, la existencia de un acuerdo político entre el Gobierno y la estatal brasileña para no dar paso a la caducidad del contrato, que habría sido una decisión del presidente Rafael Correa. 

Los denunciantes creen que la estatal brasileña habría actuado ilegalmente en el Ecuador, pero que, a pesar de eso, ha presentado una demanda en contra del país por USD 830 millones, aunque el reclamo de Petrobrás tiene relación con reformas legales posteriores. 

En efecto, en noviembre de 2015 se conoció que la firma brasileña presentó ante un Tribunal de Arbitraje en La Haya una demanda como consecuencia de la explotación del campo Palo Azul.

El 3 de agosto del 2015 Petrobrás presentó una demanda por USD 830 millones contra la República, ante un Tribunal Arbitral administrado bajo la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Según informó la Procuraduría General del Estado, la demanda fue presentada por Ecuador TLC (cuyos accionistas son Petrobras Argentina S.A. y Petrobras Energía Ecuador) y por las empresas Cayman International y Teikoku Oil Ecuador.

Hasta finales del 2010, Petrobrás, que tenía en el país con el nombre de Ecuador TLC operaba el polémico bloque 18 y el campo Palo Azul, pero la Asamblea aprobó a mediados de 2010 una reforma a la Ley de Hidrocarburos que fijó un plazo máximo para la renegociación de los contratos petroleros que debían pasar de ser de "participación" a "prestación de servicios", en la cual se pagaba una tarifa fija por barril extraído.

Pero Petrobrás no logró un acuerdo con el Ecuador, y exigió que se le devolvieran sus inversiones en los campos, que fueron operados por Petroa­mazonas desde enero del 2011. Actualmente, ambos campos se encuentran bajo gestión estatal. 

Petrobrás reclamó una indemnización de USD 300 millones, pero para 2012 se anunció un preacuerdo en  USD 217 millones. El valor estimado del contrato, que originalmente debía concluir en 2020 y las inversiones que habían hecho las empresas extranjeras llevaron a que no se logre un acuerdo con el Gobierno.

Ante la falta de acuerdo, Petrobrás demandó al país. De este desenlace y de la nueva demanda millonaria en contra del Ecuador los denunciantes responsabilizaron a "la inoperancia y complicidad del presidente Rafael Correa y del ex ministro de Energía y actual fiscal, Galo Chiriboga".