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29 de Enero del 2018
Historias
Lectura: 11 minutos
29 de Enero del 2018
Redacción Plan V
El "complot" por la Fiscalía General al descubierto

El fiscal Carlos Baca denunció que los documentos presentados en su contra no tendrían respaldo legal. 

 

El control del Ministerio Público parece ser el trasfondo de una serie de declaraciones de políticos y abogados en los últimos días. Mientras se abrió una indagación por presunto peculado contra el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, este denuncia que poderes oscuros quieren su cargo para garantizar la impunidad. ¿Qué se esconde tras la disputa?

Alguacil alguacilado. La frase parece quedarle perfecta al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, contra quien su subrogante, la fiscal Thania Moreno, ha iniciado una indagación cuya base es un supuesto informe de la Contraloría General del Estado, durante la época del ex contralor Carlos Pólit, en donde se analizaba cómo, supuestamente, la Secretaría de Inteligencia (Senain) habría usado fondos públicos para financiar las actividades de la Comisión del 30S, presida por Baca Mancheno, entonces consejero presidencial de Rafael Correa. 

Una de la conclusiones del supuesto informe, cuya autenticidad ha sido puesta en tela de duda por Baca Mancheno, es que él y otros dos integrantes de la Comisión, como Diego Guzmán y Óscar Bonilla, habrían recibido por lo menos USD 5500 mensuales por concepto de honorarios por su trabajo en la Comisión, creada por el ex presidente Rafael Correa para investigar los sucesos del 30 de septiembre de 2010, cuando un motín en la Policía, a nivel nacional, concluyó con la retención del ex presidente en el Hospital de la Policía y con su posterior rescate por el Ejército. 

El informe sirvió para enjuiciar a policías de bajo rango, a quienes se acusó de haber atentado contra la vida del ex presidente, pero nunca pudo determinar quiénes fueron los cabecillas de la revuelta, así como tampoco ha podido aclarar las muertes de civiles y uniformados que cayeron en los violentos disturbios de ese día. 


El fiscal general, Carlos Baca, y su subrogante, Thania Moreno. 

El informe sirvió para enjuiciar a policías de bajo rango, a quienes se acusó de haber atentado contra la vida del ex presidente, pero nunca pudo determinar quiénes fueron los cabecillas de la revuelta, así como tampoco ha podido aclarar las muertes de civiles y uniformados que cayeron en los violentos disturbios de ese día.

Los rumores de la existencia de ese informe eran conocidos desde el año anterior, en especial, en el entorno del ex contralor Carlos Pólit, quien, se cree, tiene uno de los originales en Miami, Estados Unidos, donde se encuentra. Otro de los originales estaría en poder de la Fiscalía, según conoció PLANV.  El ex contralor había hecho saber a abogados y a algunos periodistas que tenía dicho informe, pero se negó a proporcionar copias, confiado, según dicen en su entorno, en que podría obtener una solución política a los procesos judiciales que se habían iniciado en su contra y que terminaron por sindicar a su hijo, quien vive en Estados Unidos y que, según la Fiscalía, habría sido cómplice en el manejo de las presuntas coimas que el ex contralor habría recibido de empresas extranjeras. 

La dudas de Pólit sobre si usaba o no el informe para defenderse y atacar al fiscal Carlos Baca, según pudo establecer  PLANV, hicieron que finalmente el ex contralor y sus abogados no hicieran público el contenido de su documento. 

Pero el documento fue publicado por el periodista Fernando Villavicencio, quien además, asistió a la Fiscalía a presentar una denuncia penal en contra de Carlos Baca, en compañía del ex asambleísta Andrés Páez. 


Fernando Villavicencio y Andrés Páez empujan la indagatoria contra el fiscal general.  Foto: La Hora

De inmediato, la fiscal Moreno inició una indagatoria, por presunto peculado, contra el fiscal general. Esto fue rechazado por Baca, quien no dudó en afirmar que había intereses oscuros tras la denuncia. De su lado, el contralor Pablo Celi se desmarcó del tema, afirmando que él no había visto el documento en donde la Contraloría, supuestamente, presume que el actual fiscal recibió dinero cuando no debía. Para mayor abundamiento, el contralor presentó certificaciones, mientras un funcionario de la Contraloría, quien supuestamente firma el documento, desmintió que se trate de su rúbrica. 

La versión de la defensa 

El abogado Felipe Rodríguez, hijo de Jorge Rodríguez, defiende al fiscal general y denuncia un complot. 

La defensa del fiscal general fue asumida por Felipe Rodríguez, un joven abogado de Quito, quien declinó conversar con PLANV, aunque ha concedido entrevistas a otros medios. 

Rodríguez, quien asegura que no comparte la corrección política, ha defendido a varios personajes, como Fernando Balda, ex militante del correísmo que luego fue perseguido por el correato; Mauro Terán, ex asesor ad honorem del alcalde Mauricio Rodas, el ex edecán del comandante general de Policía en el caso Pases y de uno de los sindicados como presunto asesino de la joven Karina del Pozo. 

En diálogo con Juan Carlos Calderón en Radio Sucesos, Rodríguez, quien es hijo del coordinador de la Comisión Anticorrución de los movimientos sociales, Jorge Rodríguez, no quiso dar nombres sobre quiénes serían los personajes detrás de lo que, en su opinión, es una operación política para destituir al fiscal Baca y captar el Ministerio Público.

Si es que Baca renuncia o es removido, su cargo sería ocupado por la fiscal subrogante, Thania Moreno, quien investigó el llamado caso Pases, en donde se pudo establecer una red de corrupción dentro de la Policía que cobraba a los agentes por los pases, es decir, por el lugar del territorio nacional donde trabajan. Moreno no encontró ningún indicio de que ninguno de los altos cargos del correato, como el entonces ministro del Interior, José Serrano, hubieran participado en la red, y responsabilizó de todo a policías de bajo rango cuyas influencias habrían superado al Alto Mando policial. 

Para Felipe Rodríguez, el peculado es un delito que tiene algunos elementos constitutivos. En primer lugar, se requiere un informe previo de la Contraloría, que debe enviarlo a la Fiscalía, por efecto de una resolución de la Corte Nacional de Justicia. En segundo lugar, estimó que el único que puede cometer el peculado es el funcionario público que maneja el dinero. Al respecto, señala que Carlso Baca no era funcionario público al momento de formar parte de la Comisión, y que tampoco disponía de los fondos reservados de la Senain. Dijo que Baca podría ser beneficiario "de forma legal" de los dineros de la Senain, pero que eso se probará en el proceso. 

Rodríguez dijo que había sido opositor de Baca "sin conocerlo", por su vinculación con el ex presidente Rafael Correa, pero destacó que hay "voluntad de reprimir" la corrupción, y aseguró que Baca le ha dicho que no ha recibido ningún dinero en ese caso. 

El abogado dijo que el actual caso podría generar "polémica institucional y jurídica" pero también dijo que no se pueden usar documentos no oficiales o simples fotocopias. 

"Hay intereses oscuros tras la batalla que se está dando", dijo Rodríguez, y denunció un "complot" en contra de Carlos Baca. "Nadie sabe quiénes se quieren apoderar de la Fiscalía, pero serán felices Correa, Glas y Carlos Pólit", aseguró el letrado.

"Hay intereses oscuros tras la batalla que se está dando", dijo Felipe Rodríguez, y denunció un "complot" en contra de Carlos Baca. "Nadie sabe quiénes se quieren apoderar de la Fiscalía, pero serán felices Correa, Glas y Carlos Pólit", aseguró el letrado.

"A Rafael Correa no le van a llegar por la billetera, fueron los más científicos del delito en América Latina. Usaron tantos testaferros en tantos lugares del mundo que no se les podrá coger por temas de peculado", afirmó el abogado, quien dijo que, en cambio, se deben investigar violaciones de derechos humanos y muertes misterioriosas. Al respecto, explicó que en la persecusión a Fernando Balda consistía en presentarlo como un pederastra y drogadicto y que personas que "estaban detrás de la Policía" estuvieron involucrados en el hecho. Balda denunció que fue secuestrado en Colombia por órdenes de los servicios secretos de Rafael Correa y la justicia del país vecino ha sentenciado a los secuestradores, quienes habrían confesado que fueron contratados por el Gobierno ecuatoriano. 

A fines de la semana pasada, se denunció en redes sociales que, presuntamente, el Ministerio del Interior ordenó el traspaso de los agentes de la Policía Judicial, que, a órdenes de la fiscal Thania Moreno, estaría investigando a Carlos Baca Mancheno. 

Rodríguez sostuvo que defiende "de forma gratuita" al fiscal Carlos Baca, y aseguró que hay "carteles bastante poderosos" en el eje de la campaña contra el fiscal general. "Yo sé quiénes se van a quedar con la Fiscalía cuando Baca salga", dijo Rodríguez, y aseguró que es "curioso" que se presenten estas denuncias contra el fiscal cuando empieza a investigar los casos de corrupción. 

"No saben en el peligro que nos están metiendo", quienes denuncian a Baca, dijo el abogado, quien aseguró que los "oscuros intereses" en contra de Baca provienen de las personas que son investigadas en la actualidad. Rodríguez dijo que "peces gordos" del correísmo podrían empezar a caer, y destacó que durante el periodo de Galo Chiriboga como fiscal general no hubo acciones concretas contra la corrupción. 

Sobre la fiscal Moreno, admitió que tiene la obligación de investigar la denuncia contra el fiscal Carlos Baca, pero, en su opinión, ella no debería ser la fiscal del caso, sino Diana Salazar, Ruth Amoroso u otros fiscal de la Unidad Anticorrupción. También cuestionó que solo se esté investigando a Baca y no a los otros miembros de la comisión. "Es una campaña selectiva, donde se ataca con documentos en copias simples", sostuvo Rodríguez. 

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