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10 de Septiembre del 2018
Historias
Lectura: 29 minutos
10 de Septiembre del 2018
Redacción Plan V
La rebelión de los asesores legislativos

Políticos de todas las tendencias estarían involucrados en obligar a sus empleados a pagarles sus gastos personales o darles parte de su sueldo a fin de mes. 

 

"Chismes de pasillo" para algunos políticos o una red indecorosa de extorsión para otros. Las denuncias de descuentos ilegales a los asesores de los despachos de los asambleístas en el Palacio Legislativo, asociadas con "piponazgo" tienen por lo menos 20 años. Aunque el Pleno aprobó una resolución apelando al "honor", lo cierto es que cada vez más personas rompen el silencio.

Se considera parte de la práctica política en el Palacio Legislativo. Cada legislador, que actualmente tiene cuatro cupos en sus despachos, impone curiosas condiciones laborales a sus asesores a cambio de mantenerlos en el puesto. Los rangos salariales van desde los USD 3200 que gana un asesor uno, USD 2300 que gana un asesor dos y los dos administrativos cuyo sueldo es de USD 1300. En contraste, cada legislador gana más de USD 5000, y los que vienen del interior de la República (que son la mayoría) reciben un bono especial para su subsistencia en Quito. 

Como se trata de cargos de libre remoción, si esas condiciones no son aceptadas simplemente son reemplazados por otras personas. La práctica, sin embargo, no es nueva. Este portal pudo recopilar testimonios de ex asesores de congresistas del pasado y de actuales asambleístas, que coinciden en que los cargos en la Asamblea tienen una suerte de "vacuna" que debe ser pagada en efectivo o en especie. 

Los rangos salariales van desde los USD 3200 que gana un asesor uno, USD 2300 que gana un asesor y los dos administrativos cuyo sueldo es de USD 1300. En contraste, cada legislador gana más de USD 5000, y los que vienen del interior de la República (que son la mayoría) reciben un bono especial para su subsistencia en Quito.

La polémica que hizo pública la semana pasada, cuando Pablo Santillán, un veterano funcionario legislativo que hoy asesora en el despacho del asambleísta por Pichincha Fabricio Villamar (CREO) liderara una auténtica revuelta en los pasillos del Palacio Legislativo: la rebelión de los asesores cansados de hacer pagos injustificados a sus jefes. 

En un principio, la titular de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, llegó a calificar como "chismes de pasillo" a los reportes, mientras el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) presentó una moción que ponía por delante el honor de los legisladores. Luego, Cabezas anunció que “la Asamblea tomará las medidas en el ámbito administrativo, pero deben ser los órganos de justicia y control los que establezcan las sanciones en los otros ámbitos de la ley”, al tiempo que ella misma concurrió a la Fiscalía General del Estado para entregar las denuncias de las que disponía. 

El asambleísta Villamar, de su lado, cree que la investigación debe ser más completa, e insiste en que se debe determinar, por medio de la Unidad de Análisis Financiero, la ruta de los dineros de las supuestas coimas. Por ello, insistirá en la que la Asamblea debe resolver que se investigue las cuentas de los asambleístas, de sus asesores y de posibles allegados que podrían estar recibiendo pagos mensuales de montos similares, lo que evidenciaría cómo se mueve el dinero de las coimas de los asambleístas. 

Una práctica muy vieja

Las denuncias son de lo más variadas, pero este portal pudo establecer que la práctica es tan antigua como la democracia instaurada en 1979. Es una suerte de variante del "piponazgo" término acuñado en Guayaquil para describir a funcionarios públicos que cobran sin trabajar y pagan parte de su sueldo al político que les dió el puesto. 

La práctica llamó la atención de Raúl (nombre protegido), quien era a principio de los 2000 un joven estudiante de derecho, que se vinculó a un asambleísta del centro del país. El político, quien forma parte de una de las familias más adineradas de la Sierra central, le invitó a trabajar en su despacho en la última escala salarial, en esa época, de USD 450 mensuales. No pasó una semana, recuerda hoy Raúl, dedicado a la docencia una vez que terminó su carrera, que un hombre de confianza del político le dijo, con la reserva del caso, que debía depositarle todos los meses USD 300 en una cuenta. No dio mayores explicaciones, recuerda el abogado, pero dio a entender que sino se cumplía con eso yo no podía seguir trabajando ahí. El joven estudiante accedió, y pronto se enteró que el resto de los empleados del despacho del político, que entonces era diputado del Congreso, debían hacer lo mismo. "Un asesor legal que ganaba más y trabaja más que yo le deposita también más del 60% de su salario", precisó. Una pariente de la mujer del político, recuerda el ex asesor, también aparecía en la nómina de su despacho. Aunque no iba nunca a trabajar al Congreso ni formaba parte del equipo, cada fin de mes aparecía en la cola para cobrar los cheques de los servidores legislativos. Nunca supo qué destino tenía el dinero que esa persona cobraba. El antiguo congresista sigue de representante en la Asamblea, precisó, y, actualmente, al parecer, no recuerda la práctica.

Una pariente de la mujer del político, recuerda el ex asesor, también aparecía en la nómina de su despacho. Aunque no iba nunca a trabajar al Congreso ni formaba parte del equipo, cada fin de mes aparecía en la cola para cobrar los cheques de los servidores legislativos.

María José, estudiante de Comunicación a principios de los 2000, se vinculó a una diputada de una de las provincias del Austro poco antes de la caída de Lucio Gutiérrez, en 2005. También ganaba USD 450 al mes. La diputada, que había accedido a nombrarla en ese cargo por pedido de un familiar de ella, quería el puesto para alguien más. "Empezaron a hostigarme diciendo que mi trabajo era malo, y luego, de plano, me dijeron que había que darles la mitad del salario. Cuando les dije que ya era un sueldo muy pequeño, me dijeron que en su provincia había personas dispuestas a venir a Quito a trabajar por esa cantidad". Apenas un mes duró María José con la diputada del Austro: "más me demoré en hacer el papeleo en el Congreso para entrar que ella en despedirme", recuerda, mientras asegura que la principal preocupación de la política fue obtener de la Legislatura un adelanto de sus bonos de residencia para comprarse un auto de alta gama. La diputada fue destituida poco después, y aunque intentó reelegirse, nunca más pudo volver al Congreso. 

La toma del poder por el correato no mejoró las cosas. Los "diezmos" de Alianza País se volvieron moneda corriente en el Ejecutivo y también en el Legislativo. El caso del ex superintendente de Compañías, Francisco Arellano, un amigo personal del ex presidente Rafael Correa quien fue destituido al principio del régimen correísta por el cobro de "diezmos" que los empleados de la Superintendencia denunciaron, serviría de anticipo de lo que se venía. Arellano, quien fue defendido públicamente por Correa -práctica que seguiría de manera inalterable durante todo su Gobierno- fue destituido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando se probó que los funcionarios depositaban plata en una cuenta del movimiento PAÍS violando la Ley de Partidos Políticos de entonces. 

Cambio de nombre, mismas costumbres

Pero aunque el correísmo anunció que los cambios de nombres en las instituciones marcaban el inicio de una nueva era en la República, lo cierto es que las prácticas de cobrarles a los asesores siguieron en el Legislativo. Tanto en el bloque correísta cuanto en la oposición. Así, el antiguo Congreso Nacional, nombre que había tenido desde el inicio de la República, fue renombrado como Asamblea Nacional, a la usanza francesa y venezolana. 

"Apenas daba el día de pago y no pasaba media hora que nos acreditaban que esa persona ya llamaba de manera grosera a exigir la transferencia".

Andrés Manuel fue asesor, durante varios años, de un asambleísta opositor a Correa. Cada fin de mes, él y los otros tres funcionarios del despacho debían depositar en la cuenta de una asistente personal del legislador, quien no era parte de la Asamblea, la mitad de su salario. "Apenas daba el día de pago y no pasaba media hora que nos acreditaban que esa persona ya llamaba de manera grosera a exigir la transferencia". Como casi siempre, el asambleísta o diputado no recibe directamente el dinero, sino que tiene una especie de operador o cajero, que puede ser empleado del Palacio Legislativo o no, que es el que tiene una cuenta en donde se deposita la "vacuna" o "mordida" a los asesores legislativos. Aunque el ex asambleísta admitía la práctica, decía que era para pagar a otras personas de su equipo, pero no explicaba por qué debían pagar por los otros sueldos los empleados del despacho y no él con sus propios ingresos. "Siempre decía que a él con lo que ganaba en la Asamblea no le alcanzaba para nada. Y por eso, seguía dedicado a sus negocios particulares -su propio estudio jurídico- porque sino no tendría suficiente dinero". 

Las denuncias recientes

La asambleísta Karina Arteaga de Alianza PAÍS, hoy en el morenismo, es cuestionada por una ex asesora. 

El monto con que cada empleado debe contribuir es totalmente arbitrario. En algunos casos, alcanza a más del 50% de los ingresos. Si un legislador recibiera solo el 50% de los sueldos de todos los demás funcionarios, podría fácilmente obtener más de USD 4000 al mes.  En otros, era un valor fijo definido en función de una necesidad específica. Es lo que denuncia Andrea Utreras, una joven comunicadora que ha hecho una denuncia pública y ha anunciado otra en la Fiscalía contra la asambleísta en funciones Karina Arteaga, quien representa a Manabí desde la bancada de Alianza PAÍS y hoy está en el morenismo.

Utreras, quien trabajó de enero a marzo de 2018, ha hecho algunas denuncias sobre la asambleísta. Aunque entró como comunicadora, para manejar redes sociales y hacer relaciones públicas, sostiene que la legisladora empezó a pedirle que le acompañe a citas médicas y a reuniones sociales. 

Andrea Utreras es la ex asesora de comunicación que denuncia que le pidieron pagos para Alianza PAÍS. 

Utreras ha denunciado en varios medios cómo la asambleísta le habría pedido que contribuya con entre $80 y $100 mensuales para que ella pagara una cuota de $400 al movimiento Alianza PAÍS. La joven, que se vinculó al bloque de PAÍS por una amiga, asegura que nunca fue militante del movimiento verde flex, pero que al llegar la informaron que debía hacer el pago mensual a un especie de recaudador de esa tienda política. El pago, se le explicó, era para el movimiento, no para la asambleísta, pero algunas de las extrañas costumbres laborales de la legisladora le llamaban la atención.  "La asambleísta me dijo que debía igualarme con las cuotas", recuerda la joven, quien le aseguró que no podía seguir trabajando con ella si estaba "inconforme". Utreras ganaba $1300 como asistente administrativo. 

La asambleísta le invitaba a su casa, en el extremo norte de Quito, para sesiones de trabajo y luego le pedía que se quedara a dormir ahí. Mientras la legisladora dormía en su cama, ella debía acomodarse en un colchón en el suelo. Utreras ha dicho también que la asambleísta tenía en la nómina de su despacho a una modelo de Guayaquil, que habría estado cobrando sin trabajar.

Según ha dicho Utreras, la asambleísta le hacía pagar a ella y a otra persona del despacho sus gastos de movilización, pues no tenía carro en Quito y andaba en taxi, así como las cuentas de los restaurantes donde comían. Esos valores, en los primeros meses, llegaron a sumar entre $100 y $200 que la asambleísta nunca pagó. Adicionalmente, asegura la joven, la asambleísta le invitaba a su casa, en el extremo norte de Quito, para sesiones de trabajo y luego le pedía que se quedara a dormir ahí. Mientras la legisladora dormía en su cama, ella debía acomodarse en un colchón en el suelo. Utreras ha dicho también que la asambleísta tenía en la nómina de su despacho a una modelo de Guayaquil, que habría estado cobrando sin trabajar. La ex comunicadora agrega que luego de renunciar al despacho por este tipo de cosas, la asambleísta, que debe enviar a la oficina de Talento Humano de la Asamblea una liquidación, no lo hacía, mientras la secretaría le insistía en que primero tenía que "pagar lo adeudado". 

Utreras asegura también que conoció que otra asambleísta de PAÍS, Norma Vallejo, cobraba $700 a sus asesores, y, según dijo a PLANV escuchó que el esposo de la ex presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, habría estado involucrado en este tipo de cobros. Luego, en Twitter, Utreras matizó su declaración con respecto a Rivadeneira, afirmando que no tenía indicios sobre la ex presidenta de la Asamblea.

Tito Pedro Puanchir, asambleísta de Pachakutik, habría vendido un cargo por USD 10.500

La joven anunció que esta semana presentará una denuncia ante la Fiscalía. A la denuncia de Utreras se suma la de Martha Campoverde, quien denunció por escrito que Tito Pedro Puanchir, asambleísta de Morona Santiago por Pachakutik, le pidió USD 10.500 para garantizarle el cargo de asesora uno en la Asamblea Nacional. Aunque ella llegó a abonar a Puanchir por los menos USD 9000, la denunciante asegura que nunca cumplió con lo pactado. Ahora, ella le denuncia por haber pretendido venderle un cargo público. Campoverde ha presentado una denuncia a la presidenta de la Asamblea Elizabeth, Cabezas.  

Raúl Aquilla, de Loja (PSC) habría cobrado USD 600 a una asesora. 

Otro asambleísta en entredicho es el lojano Raúl Auquilla, a quien su ex asesora,  Elizabeth Guachilema, acusa de haberle cobrado  USD 1000 cada mes y que incluso le prestó USD 35.000. El asambleísta admitió que la asesora la prestó los USD 35 mil, que asegura ya haber devuelto, y también admitió que le compró medicinas y un perfume para su mujer, regalos que él quiso pagar y la ex asesora se negó. Guachilema ha dicho que presentará una denuncia en la Fiscalía. 

El caso de Viviana de la Cadena, una joven que asegura que fue asistente del despacho y pareja sentimental del ex asambleísta por Carchi Leandro Cadena tiene un elemento adicional. Ella está siendo investigada por la Fiscalía -que ya la convocó para formularle cargos- por un enriquecimiento ilícito, pues en sus cuentas llegaron a depositarse hasta USD 137.435,80 que no ha podido justificar. Una denuncia de la Contraloría la puso en la mira de la justicia.

Según la mujer, que era asesora en el despacho de Leandro Cadena en 2008, ella, que mantenía una relación sentimental con el ex asambleísta, le prestó su cuenta y su nombre para ocupar cargos en esa diputación del Carchi, aunque realmente casi todo el dinero de quienes trabajaban en esa oficina iba a parar a su cuenta y, por su intermedio, a Cadena. La ex asistente, quien ganaba $1300, asegura que le entregaba por lo menos $400 a Leandro Cadena. Según su abogado, entre 2008 y 2012 los supuestos asesores de Cadena depositaban en su cuenta casi todo el dinero que les pagaba el Legislativo, aunque nunca iban a trabajar a las oficinas del Parlamento. Bolívar Yandún, quien trabajó ocho meses con Cadena, declaró ante la Fiscalía que depositaba casi todo el sueldo al ex asambleísta, por intermedio de su novia, al igual que Ana Belén Rosero, otra persona que de los $1200 que cobraba solo se quedaba con $100.

Viviana de la Cadena está siendo procesada y se han dictado en su contra medidas cautelares, pero no se ha vinculado en el proceso a Leandro Cadena, a pesar de que la Fiscalía sospecha que él era el destinatario del dinero.

Viviana de la Cadena está siendo procesada y se han dictado en su contra medidas cautelares, pero no se ha vinculado en el proceso a Leandro Cadena, a pesar de que la Fiscalía sospecha que él era el destinatario del dinero. 

El ex asambleísta, quien pasó su periodo sin presentar proyecto de ley alguno en el pleno, intentó reelegirse sin éxito. Cadena, quien llegó a la Asamblea con la Izquierda Democrática, se declaró luego independiente y pactó con el correísmo, según denuncias de la época, cargos como consulados en Colombia para sus hermanas. 

Oficinas cerradas y asesores "en territorio"

Además de los indicios de cobros a los asesores, hay otras posibles irregularidades en los espacios de la Asamblea. Muchas de las oficinas  de los legisladores, en especial, las ubicadas en edificios anexos como el Alameda Dos, permanecen cerradas. Aunque en teoría el sitio de trabajo de los asesores es la Asamblea en Quito, muchos de ellos podrían estar trabajando desde las provincias, supuestamente, gracias a un reglamento que permite que los asambleístas certifiquen que su personal está en la provincia realizando algún tipo de trabajo "en territorio". Tampoco es obligatorio, según pudo constatar este portal, que haya una persona atendiendo al público en los despachos legislativos.

Hay asambleístas, se dice en el Palacio Legislativo, que no van nunca a las oficinas que les brinda el Estado ni atienden al público. Legisladores de Pichincha, en cambio, prefieren recibir a los medios y atender sus reuniones políticas en sus departamentos y oficinas particulares. De ahí que el panorama en edificios como el Alameda Dos sea de oficinas mayormente cerradas y de poca actividad en los pisos. Los legisladores, dijo un funcionario del lugar, suelen ir directamente a las comisiones y a las sesiones del Pleno, en las que deben estar porque de lo contrario les descuentan un valor, pero casi nunca están en las oficinas de la Asamblea. Y aunque cada uno tiene su despacho, es muy raro encontrarlos ahí. 

  ENTREVISTA  

Pablo Santillán: "Esperamos que sino devuelven,
por lo menos dejen de cobrar"

Pablo Santillán es un veterano funcionario legislativo, que trabajó como empleado de carrera durante 25 años en ese poder del Estado. Desvinculado por el ex presidente de la Legislatura Fernando Cordero, trabajó con asambleístas de oposición como Leonardo Viteri y actualmente está en el despacho de Fabricio Villamar. Explica cómo funcionaría la "vacuna" legislativa a  los empleados. 

¿Cuántas denuncias ha recibido usted sobre que hay asambleístas que piden contribuciones en dinero o en especie a sus asesores?

"Hay más de una docena de casos, la mayoría tienen evidencias y hay como 50 testimonios. En el Palacio Legislativo hay unos 2000 funcionarios entre los despachos, las comisiones y las comisiones ocasionales. De las denuncias que hemos recibido en el despacho hay algunos nombres de no creer".

Hay más de una docena de casos, la mayoría tienen evidencias y hay como 50 testimonios. En el Palacio Legislativo hay unos 2000 funcionarios entre los despachos, las comisiones y las comisiones ocasionales. De las denuncias que hemos recibido en el despacho hay algunos nombres de no creer. Varias personas se han acercado a denunciar pero piden la reserva y el anonimato por temor a represalias. Hay asambleístas que hablan de Dios, de los derechos de los trabajadores, entre los denunciados. En el último debate, se centraron en la honra, en el buen nombre de la Asamblea, y eso no es el condumio del asunto. Hay quienes han aceptado estas condiciones de compartir el salario, antes de firmar sus contratos. Por ejemplo, tengo el caso de un asesor uno, que puede llegar a ganar hasta USD 3200, que nos dice que debe pagarle unos USD 1000 al asambleísta. Pero aceptar estas cosas desdice del nivel de asesores de la Asamblea, por eso hay poca calidad en el trabajo legislativo. Actualmente un asambleísta recibe unos USD 6000 y el asesor uno de provincia puede recibir hasta USD 800 por vivienda. Hay casos de los que el asesor paga el arriendo del asambleísta y el bono de vivienda va al bolsillo. Estimo que un asambleísta podría recibir hasta USD 2000 adicionales por estos cobros. La "vacuna" no es fija, depende de cada asambleísta. Hay casos de personas que van con la lista del supermercado del asambleísta y no les dan la plata. Otras personas le pagan la pensión del colegio a los hijos de los asambleístas, les obligan a comprarles ropa de diseñador, entre otras cosas.

¿Es decir, los asesores pagan desde los víveres y la ropa de algunos legisladores hasta aportes partidarios?

Sí, lo de los aportes partidarios no es nuevo. Los partidos y movimientos piden contribuciones a sus afiliados que están en cargos públicos, unas voluntarias y otras con un porcentaje fijo. No entiendo bien por qué lo hacen, si el Estado les da un fondo partidario a las organizaciones políticas. En el caso de Andrea Utreras, la asambleísta debería pagar de su sueldo los USD 400 en vez de hacer vaca por sus asesores. En navidad hay casos como estos: los asambleístas reciben pedidos de todo tipo y hacen cosas como pedirles a los asesores mil fundas de caramelos en diciembre o en enero no les renovaban el contrato. Son filántropos con dinero ajeno. Se debe hacer un análisis financiero de cómo se mueve este dinero. 

¿Cuál es su criterio como abogado sobre esto? ¿Es extorsión? ¿Es exacción? ¿Hay algún delito aquí?

Se podría configurar algún delito, pero se necesita una sentencia de un juez. Supuestamente todos los ciudadanos podemos acudir a la justicia, creo que la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero podrían determinar si se cometió algún delito y enviar un informe a la Fiscalía. Esos procesos judiciales deberían terminar en que les devuelvan esos valores a todos los afectados. Por necesidad no se puede permitir estos atropellos. 

 

"En navidad hay casos como estos: los asambleístas reciben pedidos de todo tipo y hacen cosas como pedirles a los asesores mil fundas de caramelos en diciembre o en enero no les renovaban el contrato. Son filántropos con dinero ajeno. Se debe hacer un análisis financiero de cómo se mueve este dinero".

¿Hay tesoreros, cajeros, secretarias, que reciben esos dineros y no directamente el legislador, cómo seguir la ruta del dinero?

Hay que hacer un análisis financiero. Por ejemplo, si en el despacho de Fabricio Villamar tuviéramos esa práctica y yo recibiera dinero de mis compañeros, se vería dinero en mi cuenta que yo no puedo justificar. Va a haber transferencias de personas de un despacho a otra del mismo despacho de todos los meses y eso se puede verificar. 

¿Hay perjuicio al Estado cuando tienen oficinas cerradas a las que no van nunca?

Podría haber mal uso de recursos públicos. Pero se requieren procesos judiciales con denuncias. Ahora se pide denuncias sobre la base de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde están prohibiciones que no encajan en extorsionar a sus colaboradores o hacerse pagar gastos personales. La resolución que se ha tomado la semana pasada habla de garantizar la estabilidad laboral, pero no hay forma de garantizar eso, porque los legisladores pueden despedir libremente a sus funcionarios. 

¿La resolución del CAL podría blindar a los denunciados?

Se quiso responder a la opinión pública, se dice que solo es una operación de desprestigio de la Asamblea. Pero esto nada tiene qué ver con eso, la Asamblea debe fiscalizar casa adentro. Se debe dar un baño de verdad, no son todos los asambleístas, hay personas honorables que jamás han incurrido en estas prácticas. Me cuesta creer que personas que tienen recursos económicos tengan estas prácticas. Ya hay en la Fiscalía un proceso contra un asambleísta que les hacía firmar letras de cambio por las "cuotas" que cobraba a sus asesores. Son muy "ingeniosos" para los cobros pero no para el trabajo legislativo. 

¿Qué mensaje manda una clase política con prácticas como estas?

En 25 años he visto lo bueno, lo malo y lo feo en la Asamblea. Se habló de reducir el número de diputados pero más bien tenemos el Legislativo más numeroso. Antes se debatían los textos, ahora solo se aprueban informes de un super legislador. 

¿Hay pipones en la Asamblea? ¿Se puede dar que haya prestanombres que cobran sin trabajar?

Hay asesores que no van nunca, llenan un informe mensual en un formulario de la página web que mandan por encomiendas. De los cuatro se lo ve a uno o a dos. Recordemos que Fabián Alarcón, ex presidente del Congreso, estuvo preso por presunto piponazgo en los noventa. Pero el responsable no es el presidente de la Asamblea sino cada asambleísta, quien es el llamado a controlar a su personal. La presidenta Cabezas debe impulsar una depuración.

¿Ha recibido amenazas?

Llamadas, mensajes, una bajada de llanta en la Asamblea. No les doy mayor importancia, solo estoy diciendo lo que todo el mundo sabe. Tengo el respaldo del asambleísta Villamar. Esperemos que sino les devuelvan por lo menos ya dejen de cobrar lo que están cobrando.

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