La semana anterior, dos gremios de profesionales convocaron a sendas movilizaciones. Los médicos, agrupados en torno de la Federación Médica Ecuatoriana, se convocaron el miércoles 29 de julio para una marcha, que salió desde el hospital del IESS "Carlos Andrade Marín" hacia la Asamblea Nacional. 

Pero la marcha tuvo algunos tropiezos: las autoridades del hospital del IESS dispusieron el cierre de las puertas de acceso de la consulta externa, al tiempo que funcionarios de la entidad, con cámaras, tomaban fotos de los galenos participantes, según denunció Carlos Figueroa, uno de los médicos presentes en la movilización. Los médicos dijeron también que pudieron notar la presencia de camarógrafos filmando la concentración, que sumó cerca de 200 profesionales y estudiantes de medicina. 

La protesta del gremio de los médicos es para lograr la derogatoria del decreto ejecutivo 703, por medio del cual, el Gobierno busca implementar una agencia de control sanitario dependiente del Ejecutivo, e integrada por delegados del régimen cuya competencia científica es cuestionada por los galenos. 

Carlos Figueroa niega que, en la actualidad, no haya control estatal a los médicos, pues afirma que hasta para abrir un pequeño consultorio, es necesario disponer de una serie de permisos y certificaciones, a cargo del Ministerio de Salud. Los médicos, empero, cuestionan que la agenda que pretende implementar el Ejecutivo se convierta en un instrumento de control político, como es, es criterio de Figueroa, la Superintendencia de Información y Comunicación. 

Los médicos sostienen que no se ha logrado un verdadero diálogo con las autoridades del Ejecutivo, y que la entidad de control que propone el régimen violentaría sus derechos a la práctica profesional con las debidas garantías. Para Figueroa, el ejercicio de la medicina en el país debe estar a cargo de una Superintendencia, independiente del Ejecutivo, que cuente con los debidos criterios técnicos y científicos para evaluar el desempeño de los médicos.

Los galenos anunciaron que continuarán movizándose contra la implementación de esta norma que, en su criterio, no ha sido consensuada ni responde a la realidad de la práctica médica en el país.

Los abogados, en pie de lucha

Al día siguiente, en cambio, un grupo de cerca de 50 abogados se concentró frente a la Unidad Judicial Civil, al norte de Quito, para protestar por lo que consideran una reforma judicial que no responde a las necesidades de los usuarios y que complica la práctica profesional de los juristas.

La protesta fue encabezada por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, y por el abogado Ramiro García, conocido por sus posturas críticas frente al actual Gobierno. 

Según los juristas, en el nuevo sistema de unidades judiciales, que en la práctica ha desaparecido a los antiguos juzgados civiles y penales, hay una serie de fallas, pues la gestión del nuevo sistema afecta, en su criterio, a los usuarios y a los profesionales del derecho. De ahí que los abogados van más allá, y hablan de un "fracaso del sistema". 

Ramiro García pidió al Gobierno que "saque las manos" de la justicia, y que se garanticen jueces independientes del poder político. "Hemos llegado a tal dependencia que cuando un ciudadano demanda al presidente por haberle injuriado diciéndole perro y lacayo y nuestra justicia condena al injuriado a pagar a quien le injurió", dijo García. 

El jurista dijo también que se están cometiendo "una cantidad de violaciones procesales", en especial, en los casos de personas en los cuales "el Gobierno tiene directo interés". 

Los abogados se quejaron también de que hay "discriminación" en su contra y que el actual modelo les dificulta el ejercicio de su profesión. Los jurista dijeron que deben hacer colas de "hasta tres horas" para poder gestionar las causas que se tramitan en la Unidad Judicial. Los abogados dijeron que apoyarán el paro nacional del 13 de agosto en Quito. 

De su lado, el Gobierno dijo que, en el caso de los médicos, sí conversó previamente con los galenos sobre las reformas, mientras que en el caso de los abogados, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, aseguró que la tasa de resolución de causas en Pichincha se incrementó, pues en el 2008, el 22% de los casos ingresados se despachaban, mientras que en lo que va de 2015, el 111% de los procesos se resuelven.“Hoy se despacha más de lo que se ingresa, es decir, estamos en una descongestión real del aparato de justicia”, dijo el principal de la Judicatura, quien atribuyó a "motivos políticos" la protesta de los abogados.