Los pronósticos más optimistas hablaban de un margen apretado en el plebiscito del pasado domingo en Chile, donde un 62% de los votantes rechazó la propuesta de nueva Constitución,  elaborada por una Convención constituyente, que fue electa por voto popular y trabajó en forma paralela al Congreso. En un principio se planteó que la mitad de los constituyentes fueran miembros del Congreso, pero al final esto no ocurrió.

Pero el margen apretado que anticipaban los más optimistas fue en realidad un rechazo significativo, pues desde los primeros votos escrutados se mantuvo en todo el país un apoyo de solo el 38% a la propuesta constitucional.

Solo en algunos municipios (comunas) de la capital y zonas cercanas ganó el apruebo, mientras que el rechazo obtuvo más votos en prácticamente todo el país austral. Medios chilenos desplegaron cámaras a mesas a lo largo de la geografía de ese país empezando por Magallanes, en el extremo sur del continente, la región de donde proviene el presidente Gabriel Boric y donde se evidenció desde los primeros conteos que iba ganando el no a la nueva Constitución.

Analistas chilenos han relacionado la cantidad de votos que obtuvo el apruebo con la popularidad del presidente Boric en estos momentos y le encuentran coincidencias a ambas cifras, por lo que el plebiscito pudo haberse contaminado con una muestra de descontento con el Gobierno. 

La papeleta del plebiscito tuvo dos opciones: apruebo o rechazo

El voto obligatorio dispara la participación

En un país donde el voto era opcional, en esta ocasión, según el Servicio Electoral de Chile (Servel) hubo 13´021.063 de votantes, una cifra de participación tremendamente significativa. 

Las encuestas mostraban un triunfo del no a la propuesta, pero no se esperaba que fuera tan significativo como finalmente ocurrió. Pero la negativa no significa, dijo desde Santiago, en diálogo con PLANV, el activista de derechos humanos Juan de Dios Parra, que la Constitución de 1980 se vaya a mantener, pues ha quedado claro que el proceso de reforma política en Chile es irreversible. Pero la amplia negativa planteaba la posibilidad de que la reforma política se procese en el Congreso bicameral, con sede en Valparaíso, o que se convoque una nueva Convención, lo que se ha descartado de momento. 

Desde el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric, quien como es habitual no usa corbata y miraba a la cámara sin anteojos, para luego ponérselos en un ademán un tanto teatral, anunció cuál será la agenda del Gobierno luego del plebiscito: reuniones con las fuerzas políticas en la Cámara, cambios en su Gabinete y la garantía de que el proceso de reforma continuará, aunque será en el Congreso. Antes de la consulta popular, Boric se había mostrado partidario de un nuevo proceso constituyente, lo que implicaría convocar una nueva Convención y volver a cero, pues el extenso texto constitucional, con  387 artículos y transitorias, debería ser nuevamente planteado. 

El presidente Gabriel Boric dijo desde el Palacio de la Moneda que el proceso político continuará.  Foto: Reuters

Pero desde otros sectores se mantiene viva la opción de solo reformar la Constitición de 1980, aunque en teoría aquello ya fue descartado en una consulta de octubre de 2020. Otro borrador constitucional había sido planteado en el Gobierno de Michelle Bachelet, pero en 2018 el tema se paralizó. 

En su alocusión del lunes, Boric había anunciado contactos con el Senado y la Cámara Baja, que conforman el Congreso de Chile.  A la cita acudieron el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Ambos líderes parlamentarios anunciaron la necesidad de un diálogo inclusivo e incluyente, y la importancia de formular una nueva Carta Política para el país. 

Boric había anunciado cambios en su Gabinete tras la derrota política de la nueva Constitución en la búsqueda de dar respuesta a los desafíos populares. Por lo menos dos altos cargos de La Moneda serían relevados, según los medios de Santiago, mientras analistas sostienen que Boric necesita colocar en Palacio personajes capaces de iniciar una negociación política con el Congreso. En la mañana de este 6 de septiembre, Boric anunció cambios en las carteras del Interior, Energía y Salud. 

El rechazo a la propuesta de Constitución intentará ser capitalizada por la derecha chilena, que tiene la mayoría en el Congreso, que será el escenario de la inminente negociación política para salvar el proceso constituyente.

Varios de los voceros de la oposición han presentado los resultados del plebiscito como una derrota para Boric, mientras otros aseguran que están dispuestos al diálogo. Entre quienes manejan la tesis de la derrota política de Boric está su rival en las pasadas elecciones, José Antonio Kast. Esto agudizará los conflictos con los sectores más radicales de la izquierda chilena, como el Partido Comunista, que se abanderó del apruebo y es uno de los grandes derrotados. 

El "Estado subsidiario" neoliberal

Para Juan de Dios Parra, la Convención contó con escaños reservados para los pueblos originarios y contaba con plena paridad de género. Que Chile hubiera apoyado la Constitución hubiera significado sepultar la "camisa de fuerza" que significa la Constitución de 1980. Parra dijo que la propuesta buscaba transformar la estructura de la sociedad, sobre todo, el concepto del Estado subsidario, que consiste en que el Estado no intervenga en la economía ni regule la sociedad. Eso significó que en ese país el agua, la salud y la educación se convirtieron en negocios, lo que excluye a las minorías. 

Parra sostuvo que la Constitución de 1980 fue elaborada a la medida de los intereses de la derecha y se aceptó el proceso constitucional en 2020 con condiciones como que todo se aprobara con dos tercios de la Convención. El referendo para ir hacia el cambio constitucional se ganó con un 80 versus 20, explicó el activista de derechos humanos, quien vivió en Ecuador durante varios años como exiliado político de su país. 

El activista había anticipado que la gran participación, que iba a pasar de ocho millones en la pasada elección presidencial a trece millones en esta consulta, podía significar que los resultados iban a ser inciertos. Sobre el rechazo, Parra dijo que la Constitución anterior ya no puede seguir, y en su opinión se debe convocar una nueva Convención que permita aprobar un texto nuevo. Las mayores resistencias a la propuesta provenieron de las grandes empresas, sobre todo de los bancos y las grandes tiendas, aunque el movimiento de reforma no tuvo una liderazgo claro ni estuvo asociados a las fuerzas políticas. 

Para el catedrático de Relaciones Internacionales, Daniel Crespo, la imagen que Chile ha presentado al exterior es el de la estabilidad macroeconómica, así como de solidez institucional pero el estallido de 2019 evidenció un país más fracturado en términos sociales y económicos que aportó nuevos elementos a un observador externo. Los sucesos de 2019 mostraron el interés por el cambio de la sociedad chilena, así como los resultados del referendo de 2020. 

Parra cree que la Constitución que se propuso era una forma de modernizar la sociedad chilena, pero admite que hubo "miedos" sobre las categorías propuestas, como el debate sobre la plurinacionalidad. El cuestionar la "chilenidad" y plantear que hay otras naciones como los pueblos indígenas en ese país, fue una idea que obtuvo un amplio rechazo y hasta temor en grandes sectores de la población, por el temor a la fractura del país. 

Otro aspecto que generó rechazo, admite Parra, fue la justicia indígena, que se inspiraba en el modelo de Ecuador y Bolivia y que provocó temores sobre la igualdad ante la ley y la instalación de una administración de justicia de los pueblos originarios. El activista no descarta que lo que se avanzó en una reforma constitucional en tiempos de Bachellet pueda ser reformado. 

Crespo sostiene que es posible establecer ciertos paralelismos entre Ecuador y Chile, como el surgimiento de los pueblos indígenas como actores sociales, mientras que el neo constitucionalismo hipergarantista que se ha puesto de moda en la región obliga a hacer algunas consideraciones sobre cómo funciona el sistema y como se ha aumentado el peso político del control constitucional. 

Sobre el Estado plurinacional, que ya está vigente en el Ecuador, y la justicia indígena, el catedrático sostiene que se debe analizar cómo han funcionado esos criterios en nuestro país y las implicaciones que podrían tener en el caso chileno.

Ambos analistas coincidieron en que la sociedad chilena está comprometida con la necesidad de un cambio constitucional, pero el proceso político, tras las resultados del plebiscito, aún es incierto.