La historia del ex secretario de Inteligencia del correísmo, Pablo Romero, es la historia de un secuestro. A inicios del  2012 en adelante, dos agentes de la Inteligencia de la Policía Nacional, bajo órdenes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, realizaron espionaje en territorio colombiano al opositor Fernando Balda, que había escapado a Colombia de una orden de prisión emitida por un juez ecuatoriano, por caso de difamación puesto por el gobierno de Correa. 

Aunque el secuestro sucedió en agosto del 2012, el juicio se instauró en marzo del 2018, antes de que la denuncia puesta por Fernando Balda en Ecuador, prescriva. Un conflicto entre el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, permitió que la denuncia por secuestro, en contra de Rafael Correa, José Serrano, Pablo Romero, y los agentes que organizaron el secuestro, llegue a los tribunales. El juicio, que contó con la cooperación eficaz de los agentes, significó la condena de Romero a nueve años de prisión, y una orden de prisión, la primera, en contra del expresidente Rafael Correa. La historia del caso está relatada en el libro Después olvidarán nuestros nombres, publicado en el 2020.

Romero salió de la cárcel 4 de Quito, donde cumplía su condena, por órdenes de un juez de Yahuachi, quien acogió un pedido de medidas cautelares de la defensa del ex jefe de Inteligencia, por motivos de salud. Apenas cumplió un tercio de la pena impuesta. Fue pocas semanas después de la salida de María de los Ángeles Duarte, de la embajada argentina en Quito, donde se encontraba refugiada para evadir una orden de prisión de ocho años por cohecho, en el caso Sobornos. La fuga generó un conflicto diplomático entre Ecuador y Argentina, cuyos gobiernos expulsaron a sus respectivos embajadores. 

Fernando Balda quien fue secuestrado en Colombia, con Romero como autor mediato, según sentenció la justicia ecuatoriana, dijo que es paradójico que se tome esta decisión "en un momento en que el Ecuador está siendo azotado por una ola de secuestros, ¿qué pueden esperar las víctimas de secuestro de una justicia donde cualquier hace lo que quiere a conveniencia de quienes tienen más poder?"

Fernando Balda (centro), opositor a Rafael Correa, fue secuestrado en Colombia en 2012. Foto: AFP

Balda sostiene que esta liberación es parte de un pacto de Guillermo Lasso, con el correísmo. Recordó que el entonces recién nombrado ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo en una entrevista con La Posta que iban a revisar las sentencias contra Correa y los miembros de ese gobierno, que había que hacer una comisión de la verdad, "porque Jiménez estaba ahí para hacer el puente con el correísmo".  Lasso, dijo, no tiene principios. Él llegó al poder y sus decisiones solo han demostrado inconsecuencia con la lucha de la gente que allanó el camino para que el correísmo no retome el poder. Lasso, dijo, no fue parte de esa lucha, por eso no la entiene ni la hace suya.  "Con la salida de Pablo Romero se atropella a todos los activistas que fueron perseguidos por el correísmo". Balda dijo que se violan no solo los derechos de todas las víctimas de la Senain de Correa, sino del Estado, por todo el dinero que se usó para esa persecución. 

Romero se declaró culpable en la audiencia de juzgamiento, recordó Balda. Aceptó su culpabilidad en el grado de cómplice, según dijo al propio tribunal que lo juzgó. El ex jefe de Inteligencia del correísmo había dicho que no era el autor intelectual del secuestro. Con su salida, "se ha causado daño al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica y a la seguridad democrática del Ecuador", dijo Balda, quien fue el acusador particular en este caso y ahora reside en Ciudad de Panamá. 

María de los Ángeles Duarte fue ministra de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2010 y 2014. Foto: Archivo Getty Images

Balda recordó que en menos de cuatro meses han salido en libertad Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y ahora Pablo Romero, "cuatro de los más peligrosos" personajes de la revolución ciudadana, y eso no ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno, sino de Guillermo Lasso. Y la liberación de los dos últimos se da a las puertas de un juicio político.

Lasso recibió un mandato de los votantes, que le dijeron que no pacte con el correísmo, pero diez días antes de su posesión se reveló un pacto de Lasso (CREO) con el PSC y el correísmo, para crear una Comisión de la Verdad que revise políticamente en la Asamblea las sentencias contra los jerarcas del correísmo, y también para la presidencia de la Asamblea para Henry Kronfle, del PSC. El pacto se cayó por una revelación periodística que desató fuertes críticas en la opinión pública. Lasso se echó para atrás y pactó con Pachakutik, la ID y aliados, lo que dio la presidencia de la Asamblea a Guadalupe Llori. Lasso, dijo Balda, está pagando por todos los errores de su gobierno, que lo han puesto entre la espada y la pared, "y está canjeando su permanencia en el poder, a costa de la justicia y de los derechos de las víctimas del correísmo". 

   ENTREVISTA   

La decisión de dar libertad a Romero por temas de salud es repugnante y un antecedente nefasto

Felipe Rodríguez fue el abogado que representó a Fernando Balda en la acusación particular en contra de Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón por el secuestro de Balda.

¿Cuál es su reacción ante la salida del ex jefe de la Senain? ¿Cree que se cumplieron las condiciones para que el juez ordene su excarcelación por motivos de salud?

Mi reacción es de repudio y de absoluto asco, al ver lo que realmente significa la impunidad. El Ecuador ha llegado a un nivel distinto de impunidad al que hemos tenido toda la vida. Hemos pensado a la impunidad como quien comete delitos y no es procesado ni sancionado. Es decir, las normas dicen que hay una conducta social y una pena, pero cometes la conducta y no se te asocia a una pena. Pero Ecuador ha llegado a otro nivel y este es que te asocien la pena, que la justicia sí cumpla su cometido y una vez dada una condena, haya jueces que se presten para que no cumplas la condena, que es la conseciencia de una conducta probada en juicio. Entonces, mi repudio es absoluto, no se cumple ninguna de las condiciones para la liberación de Romero y es ilegal lo que hicieron, pero ya empiezo a sentir esta repugnancia por la justicia. Ya no se trata de que los peces gordos logran escapar de la justicia, sino que son atrapados por la justicia, pero esta tiene un hueco en su red que permiten que pueden llegar a los bolsillos de los jueces. 

¿Cuánto cumplió Romero de la pena y cuáles son los argumentos de su salida?

Cumplió menos del 20% de la pena y se van por un habeas corpus preventivo, el cual existe, y está resuelto por la Corte Constitucional desde hace mucho tiempo. La pregunta de fondo aquí es ¿quiénes están presos? La respuesta es: seres humanos. ¿Los seres humanos tienen problemas de salud? Sí. ¿Qué debe hacer el Estado en caso de los presos con problemas de salud? La primera misión del Estado es poder garantizar a los privados de libertad los servicios de salud, el más suficiente de todos para la necesidad de la dolencia que tiene esa persona. Y solamente cuando esa persona no puede acceder a ese servicio, porque el centro penitenciario no lo puede dar, el segundo paso es que se autorice a médicos ingresar a la prisión y dar el tratamiento oportuno. Y solamente cuando eso no es posible, (los jueces) pueden ordenar la libertad temporal mientras dure el tratamiento en una casa de salud. Si tengo un cáncer y necesito quimioterapia, es evidente que el centro de salud de la cárcel no tiene las condiciones para un tratamiento de quimioterapia. Por lo tanto, si logro justificar esto con un habeas corpus preventivo —digamos que este haya sido el caso de Pablo Romero— un sentenciado va a lograr que lo trasladen a Solca, una suerte de arresto domiciliario, con un policía en la puerta, se somete a las terapias, a los cuidados, y luego vuelves a la cárcel. Pero no existe algo así como "tengo un problema de salud y me voy a mi casa y no cumplo la pena". Porque estuvieran fuera de la cárcel todos los presos, recordemos que la cárcel está llena de humanos y los humanos están llenos de dolencias. La libertad de Pablo Romero no cumple un solo requisito legal y contraviene lo prescrito por la Corte Constitucional.

¿Esto depende del SNAI?

Sí, pero el SNAI se limita a decir que cuenta o no con la capacidad para prestar un servicio de salud. Y si un privado de la libertad se queja de una dolencia y no lo pueden atender, el juez tiene que ver dónde lo pueden atender, y disponer, por ejemplo, el traslado durante dos meses a una casa de salud, recibir un diagóstico y una vez cumplido el tratamiento debe regresar a la cárcel. No es que porque usted está mal de salud, vaya y atiéndase en su casa, no es así.  El Estado tiene que custodiar dónde debe ser atendido, no existe libertad por condición de salud.

¿Romero tiene otras medidas cautelares?

Creo que tiene presentaciones periódicas cada ocho días, pero queda en libertad, es decir ya no tiene que cumplir la pena, y no exista un habeas corpus que te permita no cumplir la pena. El habeas corpus es para preivaciones de libertad que son arbitrarias. El habeas corpus preventivo es para que salgas, te atiendan y regreses. Este juez se inventó lo que sea. 

¿El juez es competente para este caso?

No. Lo que hacen siempre es buscarse jueces de bolsillo. Esto tiene una terminología, se llama forum shopping. Sales de compras, buscando el foro correcto. ¿Quien es tu juez natural? El juez que te pertenece, por ejemplo si yo quiero presentar una acción de protección, hoy, en su contra, lo tengo que hacer ante los jueces del Complejo Judicial Norte. Pero ¿qué pasa si armo un andamiaje para irme a Manglaralto? No es porque me guste ese lugar, es porque yo tengo garantizado mi forum shopping y que ese juez me va a dar la razón. El forum... es ilegal en casi todos los países del mundo, pero al parecer en el Ecuador no, porque se van con alguna escusa al juez que quieren.

Argumentan que en juez es competente si se presenta un recurso de habeas en la ciudad de donde es el peticionario...

Como yo vivo en Yaguachi (donde se presentó el recurso para Romero) lo presento por él. Eso quiere decir que he encontrado el juez que esté dispuesto a violar la ley, conseguirte un gato que vive en Yaguachi, que él presente recurso y tú le mandas tu abogado a que litigue allá. Lo que toca es onseguir un tipo que presente la acción. Eso es hacer trampa al sistema y es la mayor burla que puede existir. 

¿Qué implicaciones tiene para el caso Balda esta salida de Romero?

Para el caso nada, porque tiene una sentencia ejecutoriada y en eso no hay discusión. Yo creo que tiene efectos para el país, donde ya no importa que la justicia funcione cuando el sistema administrativo del cumplimiento de la pena empieza a ser una burla para el país. 

Fernando Balda, a quien usted representó en el juicio por secuestro, dijo que esta libertad de Romero era una bofetada a las víctimas de este y otros casos ¿está de acuerdo?

Yo iría más allá de lo que dijo Balda, porque quiero trasmutarlo en otro caso. El problema de la injusticia y la impunidad es cuando la impunidad se reproduce. Casos raros hay en todo el mundo, pero el momento en que esto se pone de moda es gravísimo. Según un dato estadístico, solo dos de diez mujeres en el país denuncian casos de violación, sobre todo por lo arduo y molestoso del proceso. Si esto se reproduce, quiere decir que si de estas dos mujeres que denuncian, una logra sentencia y mete preso a su violador, este, con la misma excusa de Pablo Romero, queda libre. Lo que estamos logrando también es que las víctimas sepan que lograr meter presos a sus victimarios no significa nada, porque pueden salir con trampas al sistema y, además, perseguir a sus denunciantes. Es un precedente nefasto que preocupa muchísimo. Ya lo hemos visto con Glas muchas veces, no podemos seguir jugando con la justicia, tienen que haber soluciones radicales sobre la acción de estos jueces.

¿Quién debiera hacerlo? Porque parecen intocables.

No puede haber prevaricato, porque la Corte Constitucional dijo erroneamente que en acciones constitucionales los jueces no pueden prevaricar, lo cual es un horror, pero el Consejo de la Judicatura debiera tener algún tipo de reacción. Y creo que en acciones constitucionales los jueces deberían poder prevaricar. No les puede salir tan gratis estas decisiones, se llenan los bolsillos y quedan tranquilos. Si se dan cuenta —y cuando yo digo esto, me dicen regionalista—, todas las acciones de este tipo que se han iniciado son con jueces de la Costa o la Amazonia, los jueces de la Sierra no se prestan para esto. Eso no es regionalismo, es la realidad, porque en las zonas rurales más alejadas, donde el nivel de vida es el más bajo, donde hay menos educación, es mucho más fácil llegar. Empiezan a buscar lugares que están más alejados del sistema, del control y más olvidados por el Estado, porque lo que pasa con un juez en un cantón olvidado de la Costa nunca le ha importado al Estado, porque los casos son tan chiquitos, y las víctimas son tan chiquitas, que al Estado nunca le ha importado. Nosotros presentamos ya una queja sobre la actuación del juez de Yaguachi que dio la libertad a Pablo Romero, y entiendo que la SNAI hará todo lo que tenga que hacer para revertir esa decisión.