Son dos organizaciones de la sociedad civil, interesadas en el tema electoral, y se alistan para los comicios del 2017. Se trata de Participación Ciudadana, que dirige Ruth Hidalgo, y del Observadorio Electoral, del que forman parte el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (hoy Consejo Nacional Electoral, CNE), Jorge Acosta, entre otros.

Y es que las recientes denuncias de grupos políticos sobre que se habría hecho votar a migrantes residentes en el extranjero en elecciones seccionales, realizadas por el ex secretario del Migrante del Gobierno de Rafael Correa, William Murillo, se sumaron a las quejas de partidos como Sociedad Patriótica, CREO, Pachakutik y otros que dudan de la transparencia del CNE.

Aunque la respuesta del presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, fue presentar él mismo en la Fiscalía una denuncia para que se investiguen las irregularidades denunciadas, al tiempo que aceptó invitar una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en calidad de observadores electorales, las dudas persisten.

Para el asambleísta Gilmar Gutiérrez (Sociedad Patriótica), el CNE no ha sido transparente al responder a las quejas de las fuerzas políticas de oposición, a las que no se les permite el acceso a los programas informáticos del CNE. 

Otro tema que preocupa a los políticos es la depuración del padrón, en donde Sociedad Patriótica encontró una serie de irregularidades, como que constan nombres de personas fallecidas a las que, según Gutiérrez, se les ha entregado hasta certificados de votación. El Registro Civil, en un reciente comunicado, dijo que la cifra de errores en la información de votantes es menor que la denunciada. 

A estos reparos se sumó la denuncia de Murillo, quien sostuvo en semanas anteriores que, de la propia información oficial del CNE, se desprende que un número indeterminado de migrantes residentes en el exterior consta en los registros del CNE como que ha votado en elecciones seccionales, cuando los residentes fuera del Ecuador solo pueden votar en las elecciones presidenciales.

Ante estas denuncias, organizaciones como Participación Ciudadana y el Observatorio Electoral tienen sus propias propuestas para blindar los próximos comicios

El conteo rápido de Participación Ciudadana

Ruth Hidalgo, directora de la fundación Participación Ciudadana, anticipó que la organización se prepara para organizar un conteo rápido en las elecciones del 19 de febrero de 2017, que permita conocer con anticipación las tendencias del voto de los ecuatorianos. 

Para Hidalgo, aunque Participación Ciudadana no ha realizado una observación del padrón, es importante que el padrón esté limpio, sin que consten los nombres de muertos y personas que no deben votar. En por lo menos 20 años, dice, no se ha realizado una depuración seria del padrón. Estima que en muchos casos no se estarían registrando de manera adecuada los nombres de los fallecidos. Calificó como "preocupante" a la denuncia de Murillo.

Por otro lado, anticipó que no menos de diez mil voluntarios participarán en su proceso de conteo rápido, que esperan transmitir los datos de las actas de los centros de votación, lo que les permitirá dar los resultados de ese conteo en los minutos posteriores al cierre de los comicios. Hidalgo ha solicitado una audiencia al Pleno del CNE para explicar su metodología, así como esperan un compromiso de la autoridad electoral para que se tengan todas las facilidades del caso. 

Participación Ciudadana ha participado durante ocho ocasiones como observadores electorales, y solamente en 2013 tuvieron un incidente al no permitirse a los observadores entrar a los recintos a tiempo. Los reglamentos del CNE deben ser "amigables" con iniciativas como esta, estima Hidalgo, pues los datos producidos podrán ser contrastadas con los resultados oficiales que en su momento emita el CNE.

Según Hidalgo, el conteo rápido tiene un margen de error menor al uno por ciento, y en 2013 su margen fue inferior al 0.05 por ciento, lo que les permitió dar los nombres de los asambleístas electos. En esta ocasión, esperan dar los resultados de las elecciones presidenciales y de todos los miembros del Legislativo. Por lo menos 8500 personas participarán en los comicios generales y, de haber segunda vuelta, trabajarán 1500 personas más, explicó Hidalgo.

Los resultados de Participación Ciudadana no se conocerán antes de las 19:00 del día de las elecciones, pues toma no menos de dos horas ingresar los datos al sistema y realizar las proyecciones respectivas.

Hidalgo dijo que el proceso debe ser "limpio en todas sus áreas" y agregó que las autoridades electorales deben demostrar transparencia antes de los comicios, de forma técnica. 

Vigilancia del Observatorio Electoral 

Mientras tanto, en el Observatorio Electoral, conformado, entre otros, por ex presidentes y vocales del antiguo TSE, como Jorge Acosta, Medardo Oleas, Andrés León y Fausto Camacho, también tienen su propia lectura sobre estos hechos. 

Para Jorge Acosta, las denuncias de Murillo sobre "preocupantes", pues en las elecciones seccionales no debían votar quienes viven en el exterior. En su opinión, el hecho de que Murillo ha sido secretario del Migrante le convierte en un voz autorizada sobre las presuntas irregularidades que se habría cometido con las votaciones. Un problema en este proceso sería la "autoauditoría" que se hace el CNE, y que impide que las fuerzas políticas se involucren en la forma en la que la trabaja la autoridad electoral. "El CNE solo ha mandado mensajes de desconfianza". 

Con respecto a la denuncia puesta por el propio Pozo, la calificó como una muestra del "ingenio de alguno de los asesores" del presidente del CNE, pues con ocasión del caso de las firmas falsas también se puso una denuncia en la Fiscalia que "ha quedado en nada". "Ese es solo un mecanismo para distraer la atención pública. Eso es un engañabobos".

Para Acosta, los partidos políticos tienen la obligación de supervisar el proceso electoral, y poner sus delegados en las mesas, ya que la autoridad "no está dando mensajes claros". 

Por otro lado, el Observatorio Electoral prepara un mecanismo de control ciudadano para las próximas elecciones, que se prepara con la ayuda de técnicos informáticos. "Será un sistema similar al que operó en Argentina y todas las personas podrán mandar mensajes en el día de las elecciones. Esto nos permitirá detectar alguna anomalía", sostiene. 

Anticipó que la Constitución les permite reunirnos y realizar una tarea de vigilancia de todo lo que ocurra en la República, por lo que no será necesaria una autorización específica del CNE para realizar este proceso. 

Democracia Sí concurre a la CIDH

Mientras tanto, la organización Democracia Sí, que dirigen los hermanos Gustavo y Marcelo Larrea, recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado del Ecuador por impedir la legalización de su organización política.

Más de 180 mil firmas de respaldo de Democracia Sí fueron invalidadas por el CNE, en una decisión que fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral, por lo que Democracia Sí ha pedido a la CIDH medidas cautelares para defender los derechos políticos de sus simpatizantes.

Democracia Sí argumentó en su escrito presentado en Washington que ha agotado todas las instancias en el país y que las decisiones tomadas en contra de la legalización de su movimiento político son ilegales. 

Según el escrito, la autoridad electoral no ha podido simplemente "dar de baja" a las firmas de respaldo, sin afectar la posibilidad de participar en política de los simpatizantes del movimiento, que, hasta el momento, ve complicada su participación en los comicios del 2017, pues sino logra legalizarse, no podrá presentar listas propias.