El caso del ex diputado y empresario hotelero de Galápagos, Eduardo Véliz, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando su abogado, Milton Castillo, presentó en Washington un pedido de medidas cautelares a su favor, el 18 de abril. Según el escrito, las medidas son justificadas en el hecho de la que la justicia de las provincias de Galápagos y Guayas que tramitan las causas en contra de Véliz intentan impedir que obtenga su libertad. 

Véliz, quien fue condenado a un año de prisión por el Quinto Tribunal Penal del Guayas, que lo encontró culpable de tentativa de paralizar un servicio público al liderar una protesta que intentó tomar el aeropuerto de Puerto Baquerizo Moreno, la capital de Galápagos en la Isla San Cristóbal, cumplió su pena el 11 de junio de este año, pero aún sigue preso en el hospital de esa ciudad. El juez de Puerto Ayora, Ramón Darío Abad la detención de Veliz la noche del 12 de junio del 2015, por haber participado en la marcha de protesta. 

Si bien el Tribunal, con sede en Guayaquil, remitió ya a las Islas su boleta de excarcelación en ese caso, pues Véliz cumplió la pena, esta no ha sido ejecutada por la jueza Alexandra Arroyo de la Unidad Judicial Multicompetente de San Cristóbal porque, según ella, hay un caso de “falsificación ideológica” pendiente, según relata su abogado, Milton Castillo.  

Protestas en Galápagos

Véliz había liberado una protesta de los pequeños hoteleros de Galápagos en contra de la entonces presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, María Isabel Salvador, porque el Consejo tenía en trámite una serie de pedidos para instalar en las Islas hoteles de cinco estrellas que, inclusive, contaban con campos de golf. Aunque estos pedidos fueron desechados, lo cierto es que Véliz y su abogado sostienen que su liderazgo en estas protestas fue un factor que motivó la adnimadversión del Gobierno en su contra. 

Luego, Véliz participó también en las protestas contra las reformas a la Ley de Galápagos, que, inclusive, motivaron la desafiliación de Alianza PAÍS del asambleísta Ángel Vilema, quien representa al archipiélago en el Legislativo. Como consecuencia de una protesta que intentó cerrar la pista de Puerto Baquerizo Moreno, Véliz fue detenido en un operativo policial. 

Un nuevo juicio

El proceso por una supuesta falsificación de escrituras en una compra venta, con número 20331­2014­0440 que tramita en Puerto Ayora el juez Abad, fue ventilado el 12 de agosto en una audiencia, en donde se dictó prisión preventiva en contra de Véliz. 

Según el abogado Castillo, "en el mes de febrero del 2016, 150 días después de la audiencia de formulación de cargos, se llamó a audiencia preparatoria de juicio, y la defensa de Véliz demostró que los denunciantes y el fiscal deliberadamente omitieron la existencia de un juicio civil de nulidad de las mismas escrituras, razón por la cual, la jueza de la causa, Alexandra Arroyo, dijo que la prejudicialidad existente hacía imposible que se continúe con el juicio penal".

Para la defensa de Véliz, "la jueza no declara la nulidad de ese proceso, como lo ordena la Ley, lo cual habría traído como directa consecuencia el archivo de la causa y el consecuente levantamiento de las medidas cautelares, sino que se “inventa” la figura de la “suspensión” de la causa y envía el expediente en apelación a la Corte Provincial de Justicia del Guayas para que allí se dilucide la causa".

Apelación en Guayaquil

Y como en la provincia de Galápagos no hay corte provincial, sino que depende de la Corte Provincial del Guayas, con sede en Guayaquil, el caso fue enviado al continente para su estudio. Ahí, la Sala Especializada de lo Penal del Guayas, conformada por Guillermo Valarezo, Gabriel Manzur y Juan Paredes, fijó una audiencia para el 14 de junio del 2016, con lo que la salida de la detención de Véliz se complicó todavía más. 

Finalmente, el 15 de junio, según relató a PLAN V el abogado Castillo, los jueces del Guayas "emitieron una providencia diciendo que la apelación nunca se debió conceder y llaman la atención a la Jueza de Galápagos  por haberla concedido, disponiendo la devolución y ordenando que la jueza corrija su actuar".

Para la defensa, la decisión de la Corte Provincial de Guayas implica que la jueza de Galápagos "debe declarar de inmediato la nulidad del caso de falsificación y ordenar la libertad de Veliz", pero, a pesar de ello, el expediente aún no es enviado a las Islas Galápagos, por lo que no se ha logrado todavía tramitar la liberación del ex diputado. 

Según Milton Castillo, su cliente está en condiciones de presentar una acción "contra el Estado Ecuatoriano por detención ilegal, falta de garantías judiciales, violación al debido proceso y ánimo de callar a Eduardo Veliz por ser la única voz de protesta en Galápagos".

Mientras tanto, la CIDH no ha dado ninguna respuesta al pedido de medidas cautelares ingresado en su sede de Washington.