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9 de Julio del 2020
Historias
Lectura: 7 minutos
9 de Julio del 2020
Redacción Plan V
La sombra del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana
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Fotomontaje: PlanV

 

La polémica por los integrantes de la veeduría ciudadana para el concurso de frecuencia, los cuales fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana mostró que en el organismo la sombra del correísmo sigue vigente. Uno de los miembros "designados" fue uno de los funcionarios del gobierno anterior más feroz contra la libertad de expresión.


César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

César Ricaurte, representante legal de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), presentó, nombre de la entidad, la renuncia irrevocable a la Veeduría Ciudadana para: “Vigilar el proceso público competitivo para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios”.

La renuncia fue presentada porque Fundamedios, considera Ricaurte, no puede ser parte de una veeduría" que ha pretendido ser manipulada con fines partidistas, nada transparentes y ajenos a lo que debería ser el noble ejercicio del derecho a la participación ciudadana y el control social".

Fundamedios expuso 7 hechos que fundamentan su decisión: 

1. El pasado 26 de mayo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abrió el proceso para la conformación de la Veeduría Ciudadana para vigilar el proceso público competitivo para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios y se receptaron postulaciones hasta el 02 de junio de 2020. Fundamedios cumplió con todos los plazos y requisitos estipulados en la convocatoria del Consejo:

Estar en goce de los derechos de participación.
En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades.
Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.
Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación.

También estaban María Gabriela Vargas Alarcón, quien  no acreditaba ninguna experiencia en el sector de telecomunicaciones, pero sí fue funcionaria durante gran parte del Gobierno de Rafael correa.

3. Ante la contundencia de las pruebas mostradas por Fundamedios, los veedores Héctor Velasco Álvarez y María Gabriela Vargas Alarcón  renunciaron a sus cargos.

4. Una semana más tarde, se integraron nuevos veedores con la misma línea partidista del gobierno anterior. Uno de ellos es Roberto Wohlgemuth quien, en un acto insólito, fue invitado a ser veedor y designado subcoordinador de la veeduría ciudadana que vigila el concurso de frecuencias radiales FM en Ecuador.

5. Roberto Wohlgemuth, conocido en las redes sociales con la cuenta @mashiroberto, fue uno de los operadores más agresivos en la política de sistemático acoso en contra de periodistas y medios de comunicación que se practicó sistemáticamente durante el pasado Gobierno y varias veces se lo denunció e identificó como uno de los organizadores de los “guerrerros digitales”. Estos eran (o son) los integrantes de las granjas de trolls que el pasado Gobierno utilizó con inaudita intensidad y que muchas veces condujo a que se produjeran amenzas y agresiones a la integridad física de quienes nmos permitiamos denunciar las políticas contra la libertad de prensa del anterior Gobierno.

Roberto Wohlgemuth, conocido en las redes sociales con la cuenta @mashiroberto, fue uno de los operadores más agresivos en la política de sistemático acoso en contra de periodistas.

7. Finalmente, la mañana del jueves 9 de julio, a través de la cuenta personal del Ministro de Telecomunicaciones se conoció que ARCOTEL había presentado el oficio Nro.ARCOTEL-ARCOTEL-2020-0112-O de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) donde presentó su impugnación en contra de los integrantes de la Veeduría ciudadana con argumentos tan frívolos y nimios como que el CPCCS no les había hecho llegar las hojas de vida” de algunos de los veedores.

8. Tal impugnación de la entidad que debía ser vigilada, es a juicio de Fundamedios, la más clara demostración de que tras todos estos hechos hay la intención de manipular el mecanismo de las veedurías ciudadanas para desprestigiarlo y obstaculizar que se vigile el proceso público competitivo para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios, situación que rechazamos y denunciamos abiertamente a la opinión pública.

Fundamedios dijo en su comunicado que renunciaba a ser parte de una veeduría "que a estas alturas ya no puede cumplir sus objetivos con transparencia y rigurosidad, pero no renunciamos a nuestro derecho ciudadano a vigilar rigurosamente un proceso que como el de otorgamiento de frecuencias es clave para que en el Ecuador avancemos o retrocedamos severamente en la situación general de la libertad de expresión y estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior Concurso de Frecuencias beneficiarse de la  concentración de medios en pocas manos".

La carta de impugnación del Arcotel. Ver PDF

De su parte, en una larga carta de 15 páginas, el director de la Arcotel, Rodrigo Aguirre, presentó una impugnación a la veeduría como permite la ley.

En esencia, esta decía que "respecto del Informe de verificación de registro de postulantes a veedurías de 3 de junio de 2020, remitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su contenido solo expresa de forma general que se procedió a verificar los requisitos e inhabilidades de los postulantes, señalándose los nombres de quienes cumplen con dichos requisitos y quienes no cumplen con los mismos; sin embargo, no se aprecia el detalle de requisitos presentados por cada postulante y el análisis realizado de la documentación que ha servido como sustento para admitirles como veedores.

Este informe, además, adolece de requisitos básicos, como es la determinación del asunto del informe; el fundamento y motivación del informe; y, los anexos correspondientes al informe que respaldan su contenido, conclusiones y recomendaciones.

De conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento General de Veedurías, el veedor ciudadano es una persona debidamente acreditada; de allí que, la calificación del perfil del postulante es necesaria a fin de que el veedor acreditado sea una persona capaz e idónea de realizar el control y vigilancia del proceso objeto de la veeduría, sin injerencia política u otros intereses personales o corporativos.

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