La propia Contraloría ha dicho que en manos de la Fiscalía general del Estado reposan más de dos mil informes con indicios penales de malversación de recursos públicos. En la prensa independiente se han publicado decenas de informes investigativos sobre casos de corrupción, algunos de los cuales han sido admitidos por el gobierno. Pero la percepción de la corrupción en la administración que termina no ha sido desbaratada ni por el poderoso sistema de propaganda oficial. Estos son algunos casos, escogidos por la trascendencia pública que tuvieron a lo largo de estos diez años, pero ni mucho menos son los únicos sino apenas una parte de toda una historia de sombras, dudas y justificaciones. 

1 • Los contratos de empresas vinculadas al hermano del Presidente 

El 9 de junio del 2009, tras una investigación de seis meses, la unidad de investigación del diario Expreso arrancó una serie de ocho entregas, donde revelaba que varias empresas vinculadas accionarriamente a Fabricio Correa había obtenido contratos con el gobierno de su hermano, pero al menos USD 80 millones. Las publicaciones desataron un escándalo político, el cual determinó que el gobierna ordenara una investigación, quince días después de que el presidente Correa había atacado a los periodistas que hicieron el reportaje. La Procuraduría, luego de una investigación propia, determinó la terminación unilateral de varios contratos públicos. Luego el gobierno pidió una veeduría ciudadana para hacer una nueva investigación. Esta veeduría elevo la cifra de los contratos a más de USD 300 millones y determinó que el presidente "sí conocía" de esta situación. Algo que el Primera Mandatario había negado sistemáticamente. El caso cambió radicalmente las relaciones del presidente Correa con la prensa. La acusó de ser su principal enemigo político y de conspirar contra su administración, puso un impuesto al papel periódico y otro al precio de la tapa de los medios gráficos. Los veedores fueron demandados penalmente por el Presidente tras la presentación de su informe. Dos de los periodistas que hicieron los reportajes publicaron el libro El gran hermano, en agosto del 2010. El Presidente los demandó civilmente por daño moral ocho meses después, en febrero del 2011 y pidió USD 10 millones de indemnización. Un año después retiró la demanda. 

2 • La eterna novela del comecheques

El exministro Rañul Carrión en manos de agentes policiales en uno de los 12 casos en los cuales está involucrado. Foto: El Universo

Este es un caso que involucró al primer ministro de Deportes del flamante gobierno de la revolución ciudadana, Raúl Carrión. Las autoridades de Contraloría y Fiscalía acusaron al funcionario y a uno de sus asesores de varios delitos respecto al uso de recursos públicos. Esto ocurrió en el 2008 y desde entonces se ha dado una larga "novela" judicial en la cual se han dado sentencias de varios delitos, apelaciones, incidentes judiciales. La evidencia acorraló tanto al gobierno que tuvo que dar paso a un proceso que se dividió en 12 juicios que se han dilatado siete años y recién se dan dos sentencias, la primera a 3 meses de reclusión y la segunda a 4 años que son nada frente al tiempo pasado en el trámite. Y como es primera instancia, tiene la opción de apelar. Los jueces habían previsto una sentencia de 8 años, pero por atenuantes, le bajaron a la mitad. La docena de procesos en contra de Carrión son por supuestas irregularidades en la compra de equipos e instalaciones deportivas.  El apodo de comecheques surgió porque uno de los acusados, durante un allanamiento judicial, fue encontrado ingiriendo lo que supuestamente eran cheques vinculados a contratos públicos. 

3 • El caso Duzac y la caída del Gran Primo

Pedro Delgado recibió un homenaje de casi todo el gobierno, en un hotel de Quito, presidido por Rafael Correa. En este encuentro pusieron las manos por el entonces presidente del directorio del Banco Central del Ecuador y presidente del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, que administraba los bienes expropiados a los banqueros vinculados a la quiebra bancaria de 1999. La situción de Delgado se complicó desde cuando la revista Vaguardia y diario El Universo revelaron que el banco incautado Cofiec, bajo responsabilidad de Delgado había entregado un préstamo de USD 800.000 a un ciudadano argentino, Gastón Duzac, de paso por el Ecuador, sin garantías previas y sin residencia en el país. Y que puso como referencia del crédito al entonces presidente de la CFN. Las publicaciones de estos medios desataron un escándalo y sus investigaciones demostraron que desde Cofiec se habían dado préstamos similares a otras personas o empresas por USD 20 millones. Sin embargo, Delgado, que fue apoyado por el regimen en todo este embrollo, cayó en desgracia cuando los mismos medios publicaron una investigación de un asambleísta de oposición que demostró que el primo del presidente había falsificado su título de tercer nivel y engañado al prestigioso INCAE, en Centroamérica, para ingresar a una maestría y obtener un título de cuarto nivel. Delgado fue obligado  renunciar desde el palacio de Carondelet, pero no fue detenido por la Policía sino que viajó a Miami a —según informó el propio presidente Correa— para asistir al matrimonio de su hijo.

4 • El feriado petrolero y de los sectores estratégicos

Fernando Villavicencio, periodista y activista político, publicó durante dos años, en su portal Focus y en ese portal, evidencias claras de corrupción en los contratos del proyecto de repotenciación de la refinería Esmeraldas. Las denuncias revelaron sobre precios, contratos a dedo a empresas recién conformadas para el efecto y sin experiencias, y una larga cadena de conflictos de interés. Villavicencio no solo reveló este caso sino gran cantidad de información sobre irregularidades de contratos de comercialización de crudo con Petrochina y contratos multimillonarios en obras emblemáticas de los sectores estratégicos y vinculadas al llamado cambio de matriz productiva, área bajo la resposabilidad política del vicepresidente Jorge Glas. En su último libro investigativo publicado, que se llama El feriado petrolero, el periodista detalló que la pérdida para el país en una década de contratos en los sectores eléctrico, petrolero, telecomunicaciónes y afines alcanzaba los USD 23.000 millones.  Las denuncias periodísticas revelaron cuentas no declaradas de altos ejecutivos de la estatal Petroecuador y del entonces ministro de Petróleo, Carlos Pareja Y. quien renunció a su cargo. Tanto el gerente del proyecto de repotenciación, como el presidente de la petrolera estatal cayeron presos. El ministro Pareja pudo salir del país, y en un video desde Miami aseguró que tuvo una llamada de advertencia para que escapara.  Mientras tanto, a pedido del presidente Correa, y como retaliación por las denuncias, la Fiscalñia reactivo un caso de presunta difusión de información reservada en contra de Villaviviencio (del 2013), y se decretó una orden de prisión en su contra. El periodista vive ahora en Lima y ha pedido asilo político.

5 • Una lista más larga que la de Odebrecht

Como aporte a la Fiscalía General, el portal fraterno 4Pelagatos.com hizo un repaso de los casos más sonados en estos 10 años, y nuestro portal agrega unos cuantos más. Esta es la lista:

Pativideos, narcovalija, El Gran hermano, El comecheques, Sobreprecios en el Ministerio de Deportes, Caso de las ambulancias y la ministra Chang, Palo Azul, Chevron, Petrochina, la venta de EQ2, Los helicópteros Dhruv, Los armeros de Chimbo, El Aromo, Invermun, Cuarto Puente en Babahoyo, Rodrigo Aucay, Venta de granola por Nutrival en el MIESS, Manejo de Gamavisión y los otros canales, Visas para extranjeros (hermano de Marcela Aguinaga), Avionetas mexicanas en Ecuador, Médicos cubanos, Medicinas expiradas, Quiebra de Enfarma, Senaim y sus millones para espiar a los ciudadanos, Manejo y quiebra de las empresas incautadas a los Isaías, represión en Dayuma, Cocinas de Inducción,  Avanza, partido político armado en el IESS, Títulos de Glas, Cofiec, Pedro Delgado, El CNE y las firmas falsas,  Venta del Pacific National Bank, Marcas públicas registradas por funcionarios AP, Cosurca, Chauvin, Casos chalecos y Ricardo Antón, Venta La Clementina y droga incautada, Chuky Seven, Caso Roberto Cuero, Asaltos a la revista Vanguardia, Radares chinos, Tecnistamp y los informes policíacos, Acuerdos con Pdvsa, Ares Rights, Cheque cervecero, Vialmesa, Mcsquared, Coca Codo, Caso Daisy Espinel, Caso Marún (carreteras millonarias), Eica, Senagua, Visados chinos, Pistolas Glock, Vielmesa, Camilo Samán y la CFN, Irina Cabezas, Estudiantes Colegio Mejía, Los 10 de Luluncoto, Allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, violación a la oficina de Clever Jiménez, Monte Sinai, La Trinitaria, Coronel Carrión, Francisco Endara, Galo Lara, mayor Fidel Araujo, Fernando Balda, Persecución a la Comisión de la Verdad, Guadalupe Llori, Emilio Palacio, caso Froilán Jiménez, Jorge Gabela, José Tendetza, Bosco Wisuma, Edificio Unasur, Tráfico de influencias en el Sercop, Las concesiones mineras, Aeropuerto de Tena, Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas en Vilcabamba, Pases policiales, Multipropósito Baba, Parque los Samanes, Refinería del Pacífico, Peculado en el Miduvi, Aeropuerto de Santa Rosa, Pago por frecuencias, Manejo del Biess, Yachay, Lenín Moreno en Ginebra, Manejo de la deuda con China, Uso del avión presidencial, Manejo del Banco Central, Repotenciación de la refinería de Esmeraldas, Contratos con la China, Los nuevos ricos del Ecuador, Las productoras del aparato de propaganda, Las empresas publicitarias del aparato de propaganda, Los conflictos de interés, La negociación de los seguros de las empresas del Estado; el SOAT, Las compras del IESS, Lavado de dinero, Los edificios contratados por el Consejo de la Judicatura; La compra de caballos a la Argentina; El metro cuadrado de construcción de las UPC, escuelas del milenio y hospitales construidos por empresas chinas, El plan Relámpago y los sobreprecios en las carreteras, El metro de Quito, La Ruta Viva, La colocación de bonos soberanos, Las hidroeléctricas, Caso Caminosca, Hidrotoachi … Ah, y los casos Odebrecht y Lava Jato.

 ANÁLISIS                                                                                                                           

Hay muchos temas grandes que se quedan en el tintero, pero quisiera recordar unos cuantos, que tienen que ver en cómo el Estado ha defendido los intereses del Ecuador frente a las empresas extranjeras. 

La primera de las incongruencias fue que el 9 de mayo del 2007 terminaba el tratado bilateral de inversiones entre EE.UU. y el Ecuador luego de un pacto de 10 años. Según el texto cualquiera de las partes, sin pedir o dar explicación, podía retirarse del tratado y denunciarlo. El Ecuador nunca lo hizo, pese a que la canciller de entonces, María Fernanda Espinosa, si trató de hacerlo y dijo que había que botarlo pero la callaron,  y ese tratado gozó de buena salud hasta estos días. El tratado no protegía inversiones sino contratos de empresas estadounidenses y con este tipo de tratados de un modo tramposo llevaban a los países, como Ecuador,  a los arbitrajes internacionales. Esta era y es la herramienta que usan los Estados poderosos y las empresas protegidas por ellos. Y como Ecuador no hizo nada en diez años nos lanzaron varias demandas internacionales de arbitraje nada menos que por 13 mil millones de dólares. Ahora, de la noche a la mañana se acordaron que estos tratados de inversión afectaban a la soberanía. Pero durante 10 años no les afectó. ¿Qué acuerdos hubo con la embajada de Estados Unidos para no topar ese tratado en una década? Una de las expresiones mas claras de la larga noche neoliberal son estos tratados. 

Un segunda aspecto a destacar. El gobierno de Alfredo Palacio logró que el Congreso dicte la ley del Feisec que precavía que el dinero que saldría de los campos incautados a la Oxi no se use en otras actividades que no sean de recuperación de inversión inmediata y la reinversión en varios proyectos. En la ley del Feisec consta que estos recursos servirían para las trasnformación de la matriz energetica, las nuevas refinerías, la repotenciación de las existentes, los poliductos y proyectos como el gas en tierra. De los campos de la Oxi se recibieron 22 mil millones de dólares en estos 10 años, pero como en el 2008 la Asamblea de Montecristi —por pedido de Correa, que dijo que esos eran unos fonditos— derogó la ley del Feisec,  ese dinero se gastó en el presupuesto del Estado. Si se hubiera mantenido la ley e invertido esos recursos de la OXI en los proyectos mencionados ya tuviéramos Refinería del Pacífico, y el financiamiento de los proyectos hidroeléctricos, y otros de los sectores estratégicos, sin deuda.

En el tema de los contratos petroleros, por mandato de la ley estos tenían que renegociarse, para que el Estado participe en al menos el 50% de las regalías. El gobierno ya tenía en el 2007 esa herramienta jurídica y se demoró hasta junio del 2010 para mandar un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos para renegociar los contratos con las empresas extranjeras.Y cuando las reformas llegaron a la Asamblea se evitó que se de el quorum. En estos tres años de demora ganaron las empresas transnacionales. Los contratos se renegociaron finalmente en junio del 2011. El arma más importante del Estado era no renegociar la prórroga del tiempo de los contratos y lo primero que hicieron desde el Estado fue eso, y luego cambiaron el modelo del contrato. Eso les dio más tiempo a las empresas para sacar más crudo. La mayoría de contratos terminaba en el 2012. Pero les dieron la opción. Benito Cabrera, subgerente de Petroproducción dijo que el costo de producción de la estatal era algo más de 5 dólares, y Petroamazonas declara que en el 2011 el costo de producción era de 6.50 el barril. Con esos dos valores mutaron los contratos y les dan tarifas de contratos a las empresas de 35 dólares promedio por barril. ¿Así defendieron al país?

Otro aspecto grave. El Ecuador ha perdido casi todos los litigios en los arbitrajes internacionales. El caso de la pérdida del contencioso arbitral con la OXI es una muestra de cómo actuó la Procuraduría y en general la defensa del Estado ecuatoriano. Hay que investigar cómo se hizo esta defensa y por qué hemos perdido casi todos los casos, con montos de miles de millones de dólares. El caso Chevron es terrible en este sentido, porque el juez de Manhatan entrega la jurisdicción para que el Ecuador defina el tema, y la Procuraduría se hizo la desentendida al principio porque decía que este era un caso entre las comunidades y la empresa Chevron. Y cuando estaban en vísperas de la sentencia se arma el petardo de las grabaciones que hizo Chevron donde se ven sentados al juez y a otros personajes para decir cómo iba a a ser la sentencia y ahí se decía que se hablaba en nombre del gobierno. Y con esas pruebas se logró que Chevron reclame la jurisdicción en Estados Unidos y el caso fuera al arbitraje de La Haya. Perdimos el caso Chevron porque hubo gente que dijo que se iban a repartir los beneficios de la sentencia. Se sembró dudas sobre la idoneidad moral y jurídica de la justicia ecuatoriana y ese fue motivo suficiente para que Chevrón se saliera con la suya. 

 ANÁLISIS                                                                                                                            

En todos los países se producen actos de corrupción, no hay manera de pensar que haya regímenes que prevengan actos de corrupción y estén libres de este azote. La diferencia la hace la actitud del poder frente a los actos de corrupción. Cuando la actitud es de permisividad los niveles de corrupción crecen exponencialmente; si se une a esto una defensa del poder, del gobierno, a los corruptos, y se añade el control desde el poder la de Contraloría, la Fiscalía, todos los organismos de control y de los jueces, la sensación impunidad total es absoluta.

La crítica a la justicia ecuatoriana se enfoca precisamente en la enorme impunidad que se otorgado a las personas allegadas al poder. No tenemos un solo proceso por peculado, y sí varios casos en los cuales se cambia el tipo penal a uno menos grave, con menos sanciones y así, cuando se sanciona, se lo hace por tipos penales menores, y si a esto se agrega que se condicione el proceso penal por peculado en la Fiscalía a informes previos de la Contraloría, se entra en un proceso además antitécnico porque se entrega a esta entidad de control la potestad judicial que no tiene.

En los casos de corrupción hemos tenido al presidente Rafael Correa defendiendo al acusado, expresando su solidaridad incluso con homenajes. Es el caso de Pedro Delgado o la defensa inicial de Carlos Pareja Y.  y los acusados reconocen luego haber sido prevenidos para poder salir del país y escapar de las acciones de la Fiscalía.

Hay ejemplos recientes y claros de cómo funciona la impunidad para los allegados al poder. En una historia de lavado de activos y tráfico de oro, un allegado al poder se le ha dado menos de un año de prisión. La acusación es por presunto lavado de mil millones de dólares.  Y al señor Alex Bravo, principal responsable de los actos de corrupción en la Refinería de Esmeraldas, que se llevó 14 millones de dólares, las penas no pasan de 4 años, y multas de 4500 dólares; cuando a una persona a la cual se encontró masturbándose en el transporte público la condenaron a 6 años de cárcel.

La corrupción se ha convertido en política pública abierta. Se ve a un ex ministro de Energía que ha recibido dinero de Odebrecht y el Presidente no solo sale a defenderlo sino a exigir disculpas a la Fiscalía y que cambie la acusación.  Y lo más grave es que esta lo hace, habiendo evidencia clara de que estaba en lo correcto.

Mucho nos tememos que las cosas van a esta peor con el nuevo gobierno, pues los actores siguen siendo los mismos.

Desde la sociedad civil hemos hecho las denuncias del caso. El caso del señor Carlos Ochoa, titular de la Supercom es claro. Él ha tomado 11 procedimientos con una norma adulterada de la Ley de Comunicación para sancionar 10 radios. El señor Ochoa ha dicho que hizo esta adulteración del artículo de una transitoria que se refiere a la aplicación de las radios del 1x1. Ochoa se atribuye el derecho de interpretar la ley y dice que ha interpretado el espíritu de la ley. Él no puede hacerlo, no tiene las atribuciones; eso lo puede hacer solo la Asamblea.  Lo hemos acusado de falsedad de instrumento, pero el caso no se mueve en la Fiscalía, y así se da la impunidad total de un funcionario afecto al régimen.