Audiencia en jueves de feriado. Las calles de la ciudad están desiertas, y, a la sede del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), un edificio ubicado en el barrio de El Batán, al norte de Quito, los vehículos de los equipos periodísticos van llegando. 

La jueza electoral Patricia Zambrano, argumentando que está corriendo el periodo electoral, y que, por tanto, todos los días son hábiles, ha convocado a una audiencia para conocer la denuncia que el opositor Henry Llanes, un ex militante de la ID actualmente en CREO, asambleísta alterno del candidato a la vicepresidencia de la República Andrés Páez, ha presentado. 

La causa ha sido signada con el número 055-2016, y su trámite le ha correspondido a la jueza Zambrano. En su denuncia, Llanes ha argumentado que Alianza PAÍS ha usado recursos del Estado, como son los canales públicos y los incautados a la familia Isaías y actualmente manejados por el Gobierno, para transmitir en vivo y en directo, durante tres horas, la quinta convención de Alianza PAÍS que tuvo lugar en el estadio del Aucas, al sur de Quito. Llánes había presentado la denuncia en representación de un frente de jubilados, el 20 de octubre.

De Izq. a Der: la jueza Patricia Zambrano, el denunciante Henry Llanes y el abogado del Gobierno, Vicente Peralta.

Los denunciados por lo que sería una presunta infracción electoral son el presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas; Yuri Velásquez, Presidente de TC Televisión; Ulises Alarcón, Gerente General de Gama TV; Xavier Lasso Mendoza, Gerente General de Ecuador TV y Patricio Barriga, Secretario Nacional de Comunicación y representante del canal Tele Ciudadana. En su escrito, Llanes pedía la destitución y retiro de los derechos políticos de Correa y Glas, basándose en el artículo 276 del Código de la Democracia. Eso incluye una multa de hasta 10 remuneraciones básicas unificadas. En el caso de los canales de televisión, Llanes pidió una multa de entre USD 50 000 y USD 100 000.

De todos ellos, Barriga fue el primero en pronunciarse, al alegar que la señal había sido contratada y transmitida por Alianza PAÍS, y que los canales oficialistas se la habían "bajado" por ser un tema de "interés público". Por ello, desde el Gobierno, se negó desde el principio que se hubiera cometido alguna infracción.

Solo llegaron los abogados  

La audiencia había sido convocada para las 10:00. En un salón ubicado en la primera planta del edificio, la jueza Zambrano se había hecho presente antes de la hora fijada. Sentada en el centro del estrado, esperaba que dieran las diez. En dos escritorios frente al estrado se habían colocado tanto los denunciados cuanto los denunciantes. Ninguno de los altos funcionarios que habían sido citados concurrió. Enviaron en su lugar abogados, aspecto que, sin embargo, es perfectamente legal. En representación del presidente y el vicepresidente de la República estuvo el subsecretario jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta. 

El resto del salón estaba ocupado,en su mayoría, por periodistas. Cuando el reloj dió las 10:00, la jueza Zambrano se puso de pie -se mantendría así durante buena parte de la audiencia- y todos los presentes hicieron lo mismo. Pidió a la secretaria que leyese la base legal pertinente. Una joven abogada tomó el micrófono y leyó tres artículos del Código de la Democracia. Había cierta modorra en el ambiente, cierta pereza de todos los asistentes a una diligencia en fecha y hora tan inverósimil. 

Como la jueza consideró insuficiente la lectura de la secretaria, repitió su disposición pero esta vez fue más específica: le mandó a leer diez artículos del mismo cuerpo legal. La secretaria presentó a la magistrada electoral a los abogados, y cada uno de ellos se puso de pie de manera parsimoniosa. 

Cuando la secretaria terminó, le dió la palabra a los denunciantes. El abogado de Llánes, al parecer, tenía poco que decir: sostuvo que quería que le den la palabra a su cliente. Y la jueza, por el contrario, le pidió que argumente su denuncia antes de que hable Llanes. También le advirtió que su "prueba reina", una grabación de tres horas y diez minutos de la transmisión, era demasiado larga como para verla completa. Curiosamente, los argumentos de los abogados, durante las casi cuatro horas que duró la audiencia, giraron en torno de la grabación.

Además de la grabación, Llanes había llevado tres testigos, quienes afirmaron ver en televisión una transmisión desde las 10:00 de la mañana hasta las 13:00, que no se trató de una sabatina sino de un acto proselitista de PAÍS.

La defensa de los funcionarios del Gobierno alegó que el vídeo, que al final no se proyectó, no había sido obtenido de manera legal, pues Llanes no lo había solicitado a los canales que lo transmitieron, ni se había realizado un peritaje. Insistieron en la tesis de Barriga de que no hubo uso de recursos públicos ni propaganda oficial, sino que se trataba de un acto de "interés público", pues, como llegó a afirmar Vicente Peralta, "están primeros en todas las encuestas".

Así, durante tres horas, los abogados del Gobierno, vestidos todos de traje y corbata, recurrieron a las habituales descalificaciones personales: acusaron a Llanes de querer obtener réditos políticos de la denuncia. Llegó un momento en que todo el público de la audiencia se fue: se quedaron solo la jueza, sus secretarias, los abogados, y cinco policías con chalecos fosforecentes cuya principal preocupación era que se grabara la audiencia que, si bien era pública, no podía ser documentada. 

Al final, llegó a haber incidentes verbales entre los abogados del Gobierno y los denunciantes. La jueza Zambrano anunció que resolvería la causa y notificaría a las partes. Pero hasta el 7 de noviembre la magistrada no se había pronunciado.