La resolución llegó a las cabinas de Radio Morena, una popular emisora en amplitud modulada de Guayaquil, el pasado jueves.

Tras el proceso iniciado de oficio por la Intendencia de Comunicación del Guayas en contra de la radio, por haber difundido el programa de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en el que supuestamente se incitaba a la violencia, se había resuelto multar con cinco salarios básicos no a la estación, sino a la UNE. El valor a pagar por parte del gremio de maestros sería de USD 1770.

Los locutores de Morena leían la resolución con detalle: para la delegación provincial de la Supercom, era claro que el único responsable de los comentarios emitidos era el gremio de maestros, ya que una sentencia de la Corte Constiticional estableció el descargo de la responsabilidad de los medios cuando el emisor de las opiniones se hacía plenamente responsable. Y esto fue lo que alegó la Radio, mostrando inclusive un documento privado en el que la UNE se responsabilizaba por el contenido de su espacio.

El expediente fue abierto de oficio en diciembre del año pasado, luego de que la Intendencia recibiera un reporte de monitoreo del programa transmitido por la Radio el 5 de diciembre, en el espacio de una hora que la UNE mantiene en la emisora. En efecto, para la entidad de control, durante el programa "UNE Nacional" se emitieron comentarios que "muestran incitación o estímulo al uso ilegítimo de violencias".

Según el "informe técnico" que sirvió de base al expediente, uno de los participantes en el programa de la UNE dijo que era necesario "seguir en la movilización".

El informe acude al Diccionario de la Real Academia de la Lengua y precisa que, según la segunda acepción de la palabra, "movilizar es convocar, incorporar a filas, poner en pie de guerra tropas u otros elementos militares", por lo que las afirmaciones del programa serían un llamado a "que docentes y padres de familia se levanten a través de movilizaciones, esta acción va en contra del orden público".

La reacción de la UNE

Según la UNE, sin embargo, nunca hubo tal invocación a la violencia. El gremio magisteril, actualmente presidido por Rosana Palacios, precisó que lo que se dijo en ese programa de diciembre fue que "Queremos saludar  a los maestros, a los padres de familia una semana que finalizó el mes de noviembre y también a inicio de diciembre, una semana agitada, una semana de seguir  en el compromiso de luchar y creemos que es hora de decir frontalmente  a nuestros compañeros docentes, a nuestros compañeros padres de familia, estudiantes  afirmar que Correa se va y que los pueblos asisten a un nuevo momento de lucha  social, el tablero político ha cambiado, el miedo ha ido disminuyendo, no es suficiente  lo que ha amenazado por la amenaza permanente y la prepotencia  para derrotar a Correa necesitamos seguir en la movilización, es urgente la unidad, acaban de despedir a cientos de psicólogos  educativos que disminuye la calidad de educación los profesionales que  tienen un papel importante que hacer en estas instituciones con nuestros estudiantes, por ello decimos que la lucha en estos últimos días y el 3 de diciembre  principalmente  ha sido una acción  que se inscribe  en la resistencia, pudimos deslegitimar la aprobación de las enmiendas".

La dirigente aseguró que "la Ley Orgánica de Comunicación, para nosotros, regula medios no organizaciones sociales, no gremios, no sindicatos, por lo tanto es un nuevo  abuso del poder correísta al aplicar un artículo de la Ley Mordaza como nosotros la concebimos, poner una multa de USD 1770 por opinar es una evidencia clara de la criminalización de la lucha social, con una estrategia distinta que hoy es la multa, que seguirá creciendo porque el correísmo se desespera frente a su evidente desplome".

Palacios sostuvo también que, junto con sus abogados, analizará durante esta semana qué acciones tomará el gremio, pues pretende presentar recursos para oponerse al pago de la multa. "Y si pagamos pagaremos con mashicard", bromeó la dirigente.

Según Palacios, "los educadores agremiados  en la UNE hemos soportado insultos y vejámenes provenientes del propio Presidente de la República, se ha cercenado nuestro derecho a la cuota sindical, se asaltó el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, FCME, se ha destituido  y cancelado dirigentes unionistas por ejercer su labor sindical, se ha iniciado juicios penales contra profesores profesoras  por participar  en la lucha social, se apresó  a varios  maestros por participar  en la defensa de la educación, la dignidad y la libertad de  los ecuatorianos, entre nuestros compañeros  perseguidos están:  Mery Zamora, Rosaura Bastidas, Pilar Paredes, Luis Chancay y Francisco Rojas".

¿El control de medios se sale de ámbito?

No es la primera vez, sin embargo, que la Supercom sanciona a alguien ajeno a los medios de comunicación.

El alcalde metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, fue sancionado en diciembre de 2014 con una multa de USD 3400 por supuestamente impedir la transmisión de un programa del comunicador Francisco Herrera Araúz en un medio municipal capitalino, multa que el burgomaestre se negó a pagar. La Supercom alegó que Rodas había violado la Ley de Comunicación al disponer una presunta censura previa del programa. Pero el alcalde no pagó la multa y apeló ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Una salida similar le quedaría a la UNE, gremio que sostiene que es la primera vez que una organización de la sociedad civil es sancionada por el ente regulador de los medios de comunicación en el país. 

Pero la resolución de la Supercom también evidencia un cambio de rumbo en sus acciones, en las que el descargo de las opiniones publicadas por los medios no ha tenido mayor efecto. Inclusive, la Supercom ha llegado a sancionar a medios por publicar espacios pagados, como fue el caso de un remitido publicado por el ex consejero de Participación, David Rosero, en Diario La Hora. 

El caso, ocurrido en marzo de 2015, consistió en una sanción contra el matutino por no rotular como "opinión" sino como "publicidad" el remitido pagado por Rosero, quien, en cambio, no fue sancionado por sus opiniones. El medio se declaró en resistencia frente a la multa.