En la entrevista que el presidente Guillermo Lasso mantuvo con Plan V y Radio Sucesos, que se emitió el jueves 12 de enero, mencionó un tema que corrobora la intención del actual Gobierno por acabar con lo que considera irregularidades en el sector de los seguros y reaseguros de las empresas e instituciones estatales. El presidente Lasso anunció en esa entrevista que enviaría una carta a la Junta de Política y Regulación Financiera, JPRF, para plantear nuevas reglas del juego en el sector.

La JPRF es un organismo colegiado que depende del Ejecutivo, es decir del Presidente de la República, y actúa "como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud", como sañala la información oficial.

En la carta que envió el presidente a María Paulina Vela, presidenta de la Junta, conmina de manera urgente, a los miembros de la Junta (para) «que analicen y determinen la necesidad de contar, en las contrataciones de seguros del sector público, con empresas reaseguradoras que ostenten al menos "A" en cualquiera de sus grados».

Los argumentos del presidente para esta exigencia a la Junta son que «en administraciones pasadas se estableció un monopolio público de de los seguros estatales, a pesar de que resulta ilógico de que el Estado sea el que asegure al mismo Estado». Para el presidente, este monopolio ya no existe y hay una libre competencia, por lo que a nivel de los reaseguros, «debe exigirse estándares elevados».

«Resulta indispensable que los seguros de las entidades estatales se encuentren respaldados por reaseguradores que ostenten una calificación de —al menos— "A" en cualquiera de sus grados, conferida por calificadoras de reaseguros de renombre internacional, por ejemplo Standar & Poor's y/o A.M. Best».

Eliminar los intermediarios de reaseguros

En la entrevista del 12 de enero, el presidente Lasso, al referirse a los esfuerzos de su Gobierno en contra de la corrupción en este sector, dijo que «uno de los primeros actos de mi gobierno fue ordenar la liquidación de Seguros Sucre, que era el foco de corrupción de los dos gobiernos anteriores que habían utilizado a esta compañía de seguris, y la decisión equivocada de los dos gobierno anteriores de mantener el monopolio de esta compañía estatal. Y ahí vemos claramente quienes eran aquellos que utilizaban esta compañía de seguros para enriquecerse. Vayan a ver la liquidación de seguros Sucre y se van a dar cuenta que en la liquidación hay pasivos enormes por más de 200 millones de dólares por siniestros no pagados a instituciones del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Porque la trama de corrupción era reasegurar en el exterior en compañías truchas, en paraísos fiscales, (con) compañías de papel que, cuando llegó el siniestro, no han pagado».

La carta que envió el presidente busca, según el propio mandatario, que todos los seguros de las empresas e instituciones públicas tienen que tener un reasegurador en el exterior para evitar que, como el Gobierno cerró la estatal Sucre, se mueven a otras compañías privadas y el negocio es la intermediación del reaseguro, «con compañías truchas», dijo el presidente Lasso.

El mandatario dijo al programa Mesa de Análisis de Plan V/Sucesos que «esa gente que ha perdido la oportunidad de ganar dinero malhabido es la que le tiene miedo a la consulta (popular), porque mucho de ese dinero malhabido lo lavaron o lo depositaron en los Estados Unidos, y muchos de ellos tienen conflictos legales en ese país. Por eso quieren tumbar la consulta, por eso atacan vilmente, donde pretenden sentenciar y no presentar pruebas, simplemente quieren ganar la narrativa en las redes sociales y provocar o llamar al error a las autoridades judiciales».

El secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, dijo a Plan V al respecto que el tema de extradición, la primera pregunta en la Consulta, no solo se refiere a narcotráfico y crimen organizado, sino también al lavado de activos, y quienes se oponen a la extradición están siendo investigados por lavado de activos en Estados Unidos.