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19 de Octubre del 2021
Historias
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19 de Octubre del 2021
Redacción Plan V
Lasso le dice a la Asamblea que no tiene competencia en el caso Pandora Papers
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Controlada por Unes y Pachakutik, la Comisión de Garantías Constitucionales investiga el caso de los Papeles de Pandora y Guillermo Lasso.  Foto: Asamblea Nacional

 

El presidente Guillermo Lasso desconoció la competencia de la Asamblea para investigar el caso de los Papeles de Pandora. Mientras tanto, Fernando Villavicencio revela varios de los vuelos que realizaron los aviones presidenciales durante el gobierno de Rafael Correa a paraísos fiscales y destinos de difícil justificación.

Los paraísos fiscales, las fortunas escondidas y los dineros opacos son un eje central en el debate legislativo en esta semana. Las revelaciones de los Papeles de Pandora, la publicación de miles de documentos sobre empresas off shore de políticos y empresarios de todo el mundo, entraron al debate político en el Palacio Legislativo cuando se determinaron algunos movimientos financieros en el exterior del presidente Guillermo Lasso y su familia.

Y un ingrediente adicional tiene relación con un supuesto complot político que ha sido denunciado por el presidente Lasso, en donde estarían participando todas las fuerzas políticas de oposición con la intención de destituir al presidente, algo que ha sido negado desde el correísmo, el PSC y Pachakutik. Según la Constitución, la Asamblea puede destituir al presidente por grave conmoción interna, y debe sucederlo el vicepresidente de la República, pero esta medida provoca elecciones anticipadas y un nuevo proceso electoral para completar el periodo hasta 2025. También los legisladores pierden sus curules, pues se trata de nuevas elecciones generales. Se trata de una suerte de reseteo político que no ha sido puesto en práctica nunca, aunque está vigente desde 2008. 

Para este miércoles 20 a las 15:00 estaba previsto que el presidente Lasso concurra a la Comisión de Garantías Constitucionales, instalada en el Salón de los Presidentes de la Asamblea, para explicar a los legisladores de esa mesa su versión sobre lo que implica que su nombre haya aparecido en los Papeles de Pandora. 

Pero en un carta enviada al Palacio Legislativo, Lasso dijo que no concurrirá a la Comisión, sobre todo, porque la Ley Orgánica que fue aprobada para ejecutar las prohibiciones sobre paraísos fiscales -una ley que asegura, se hizo con dedicatoria en su contra- tiene un procedimiento especial claramente señalado para investigar si un funcionario tiene o no bienes off shore. 

El presidente le dijo a la mesa legislativa, que está conformada por Gruber Zambrano (ex-PSC), Victoria Desintonio, Fernanda Astudillo y Paola Cabezas (UNES),  Édgar Quezada, Sofía Sánchez, José Cabascango y Mario Ruiz Jácome (Pachakutik) y Virgilio Saquicela (BAN), que no tiene competencia para analizar este caso, pero que de todas maneras está invitada a una reunión en el Palacio Nacional para darles información. La reunión, dijo el presidente, será luego de que terminen las comparecencias que ha convocado la Comisión y luego de conocer qué se ha dicho en ese marco. 

El presidente explicó también que ha pedido a la Contraloría que analice el caso de los Papeles de Pandora y emita un informe al respecto, tal como establece la Ley Orgánica de 2017 a la que se acoge. 

Pero, ¿cuál podría ser el trasfondo de esta indagatoria? El propio presidente Lasso ha denunciado un complot político integrado por el Partido Social Cristiano, Pachakutik y el correísmo cuyo fin último podría ser su destitución en la Asamblea. Inclusive, en un entrevista reciente, aludió al caso del ex presidente Abdalá Bucaram, quien fue cesado en 1997 por una supuesta "incapacidad mental para gobernar" sin que se presentara ninguna pericia "ni siquiera del sicólogo del barrio", según destacó Lasso.

Para el abogado Joffre Campaña, las sanciones para casos de funcionarios públicos con propiedades en paraísos fiscales constan en la Ley respectiva aprobada en 2017. La competencia exclusiva de investigación en estos casos, según el artículo 9 de dicha Ley, la tiene la Contraloría General del Estado, que debe realizar un informe y este ser enviado a consulta para la Corte Constitucional, instancia que debe analizar si se cumplió con el debido proceso.

Efectivamente, el artículo 9 de la Ley sobre paraísos fiscales establece un procedimiento, que consiste en que la Contraloría, de encontrar méritos, emite un informe sobre la eventual destitución del funcionario que tenga intereses off shore, y lo remite a la Corte Constuticional. Si la Corte Constitucional ratifica lo actuado por la Contraloría, entonces se remitirá a la Asamblea Nacional para que tome la decisión que corresponda.

Es solamente a partir de ahí que la Asamblea puede conocer un caso relacionado con paraísos fiscales y solo a partir de ahí se podría tomar cualquier decisión, explica Campaña. 

Para el jurista, al investigar el caso de los Papeles de Pandora, la Comisión legislativa se está arrogando funciones y al carecer de competencia todo el proceso debería ser declarado nulo. Campaña cree también que el llamado a los familiares del presidente no procede para la Comisión, pero este sí podría realizarlo la Contraloría, que tiene la potestad de llamar a declarar a cualquier persona.

Según explica, debería ser la Corte Constitucional la que declare la nulidad del procedimiento que está siguiendo la Asamblea, por lo que cualquier decisión que se tome podría no tener validez.

Para este miércoles 20 a las 15:00 está previsto que el presidente Lasso concurra a la Comisión de Garantías Constitucionales, instalada en el Salón de los Presidentes de la Asamblea, para explicar a los legisladores de esa mesa su versión sobre lo que implica que su nombre haya aparecido en los Papeles de Pandora.

Cambio de comisión

El presidente se había mostrado en un inicio dispuesto a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, que preside Fernando Villavicencio, a la que invitó al Palacio de Gobierno para conversar. Pero una mayoría legislativa en el pleno decidió que la comisión que debe conocer el caso es la de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, conformada por legisladores de oposición al régimen de Lasso, sobre todo, de Pachakutik y Unes, el movimiento correísta. De ahí que la visita de la Comisión de Fiscalización a Carondelet se suspendió, a la espera de que la Comisión de Garantías constitucionales inicie la investigación. Lasso había dicho públicamente que él y su familia no tienen nada que ocultar y que concurriría a la Asamblea, pero cambió de discurso repentinamente.

Pero la forma en la que la Comisión armó su agenda provocó polémica, pues además del presidente Lasso, los legisladores han invitado a su esposa, María Lourdes Alcívar y su hijo Santiago Xavier para que asistan a la Comisión a "informar" a los legisladores. Tanto la primera dama cuanto el hijo del presidente han sido invitados para las 09:00 de mañana, de forma "indelegable" según la carta que la Comisión envió al Palacio presidencial. 

La invitación a los integrantes de la familia presidencial provocó polémica, pues la primera dama solo tiene una distinción honorífica como esposa del presidente y su hijo no es funcionario público. Aunque el legislador Gruber Zambrano mocionó que se los excluya, no obtuvo respaldo en la mesa, que ha reiterado su invitación a los dos miembros de la familia presidencial.

La invitación a los integrantes de la familia presidencial provocó polémica, pues la primera dama solo tiene una distinción honorífica como esposa del presidente y su hijo no es funcionario público.

Zambrano citó la Constitución en varias ocasiones para explicar que la potestad de fiscalizar de la Asamblea se refiere a funcionarios públicos y obtuvo el apoyo de Virgilio Saquicela, pero los correístas, encabezados por Paola Cabezas, insistieron en que es importante que la esposa y el hijo del presidente comparezcan, pues se debe esclarecer de qué forma el mandatario dejó de tener bienes en paraísos fiscales y si estos fueron transferidos a su entorno familiar.

En horas de la noche del 19 de octubre, la primera dama y su hijo se excusaron de asistir -como era de esperar dijeron que no son funcionarios públicos- y en su lugar, pidieron a la Comisión que reciba a su abogado, Eduardo Carmigniani, en una nueva fecha. 

Los llamados a familiares a la Asamblea

Pero el criterio de que no se invite a los familiares no siempre se ha cumplido: en el reciente proceso en el caso del ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, comparecieron personas que no eran funcionarios públicos, como es el caso de la propia esposa del ex funcionario, entre otros. En el caso de los Ina Papers, en donde se investigan presuntos manejos opacos del ex presidente Lenin Moreno y su entorno, fueron invitados a la Comisión de Fiscalización tanto Moreno cuanto sus hijas, esposa y hermano. Ninguno de ellos asistió alegando, precisamente, que no son funcionarios públicos. 


La esposa del presidente Lasso, María de Lourdes Alcívar, se excusó de concurrir a la Asamblea.  Foto: Presidencia de la República

El correísmo está especialmente empeñado en controlar el proceso de investigación en este tema. Varios de sus legisladores, aún los que no forman parte de la comisión, han insistido en que les deje participar de las comparescencias, como es el caso de Fausto Jarrín, Pamela Aguirre y Ronny Aleaga.

Los primeros días de la indagatoria

La Comisión recurrió, a principios de semana, a profesores universitarios como Carlos Pontón, a quien invitaron para que de una explicación sobre cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo podría su uso afectar al país en términos, sobre todo, tributarios. Pontó señaló que "existen varios actos para trasladar los bienes que se encuentran en paraísos fiscales a familiares o terceras personas y hay que declararlos ante el SRI". También precisó que el estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos, sí es un paraíso fiscal, aunque admitió que no aparece en los listados oficiales. 

También compareció Wilma Salgado, quien sostuvo que "las empresas fantasmas no tienen utilidades, por lo tanto no tienen que contribuir. Este tipo de evasiones que se dan de forma masiva impide que esos recursos se transformen en obras, en salud y educación".

Así mismo, asistió el abogado, cercano al correísmo, Alfonso Zambrano Pasquel, quien precisó que "no es público el contenido del fideicomiso del presidente Guillermo Lasso", y que se debería conocer "¿Con qué bienes se constituyó? Para fines de esta investigación, es menester saber si se tributa o no por sus beneficios".

Entre los comparecientes en la Comisión está la periodista argentina Cynthia García, quien asegura haber investigado desde 2017 un supuesto entramado de por lo menos 49 empresas que estarían relacionadas al presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, la periodista extranjera dijo que no podía entregar a la Comisión ninguna documentación de respaldo sobre el tema. 

La Comisión tiene su agenda hasta el viernes, con comparecencias de varios funcionarios públicos. 

Para el abogado Joffre Campaña, las sanciones para casos de funcionarios públicos con propiedades en paraísos fiscales constan en la Ley respectiva aprobada en 2017. La competencia exclusiva de investigación en estos casos, según el artículo 9 de dicha Ley, la tiene la Contraloría General del Estado.

Tras el misterio de las escalas de los aviones presidenciales 

Mientras el correísmo se empeña a fondo en potenciar políticamente la revelación periodística de los Papeles de Pandora en contra de Lasso, desde otros sectores se busca la eventual "ruta del dinero" de supuestos actos de corrupción del régimen de Rafael Correa, que a pesar de la salida del poder del ex presidente en 2017, aún no han podido ser probados. 

Se trata de la teoría de que, supuestamente, los dos aviones presidenciales al servicio de Carondelet, que son operados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, habrían realizado vuelos sin justificación a sitios que son considerados paraísos fiscales en Europa y el Golfo Pérsico.


El avión presidencial Legacy debe hacer varias escalas en viajes largos por su limitada autonomía.

La comparación entre el rendimiento de ambas naves es significativa: en un vuelo transatlántico Quito-Madrid, el Legacy demora 18 horas (hace dos escalas debido a que lleva menos combustible), mientras que en el Falcon toma 10 horas con 30 minutos (no necesita escala).

Mientras otros países de la región como Chile, Colombia, Argentina o México tienen un solo avión presidencial con autonomía suficiente para vuelos largos y asientos para llevar a las comitivas, el Ecuador de Correa adquirió dos aviones pequeños que, sin embargo, parecen ideales para volar "discretamente" y al capricho de las órdenes del Palacio.

La Contraloría investigó el uso de las aeronaves con un examen especial, en donde se determinó, según Villavicencio, una glosa de USD 9.6 millones e indicios de responsabilidad penal contra el ex presidente Correa por los vuelos realizados. La Fiscalía, de su parte, está investigando un posible peculado por el uso de las aeronaves.

Ante la Contraloría, durante la lectura del borrador del informe, los pilotos militares de las dos aeronaves argumentaron que debieron aterrizar en varios puntos para repostar combustible, en especial, en viajes a Europa, debido a la autonomía limitada de los dos aviones. 

A la lectura del borrador del informe especial concurrieron el 14 de diciembre de 2018, un nutrido grupo de oficiales y tropa de la Fuerza Aérea, reconocibles por sus chompas de color azul, y algunos del Ejército, en traje de fatiga verde. También estuvo el ex secretario de la Presidencia y ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon Campaña. 

La Auditoría Central de la Contraloría analizó el uso de las naves presidenciales del correato, pero solamente entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, es decir, durante los últimos cinco años del Gobierno de Correa.

La Auditoría Central de la Contraloría analizó el uso de las naves presidenciales del correato, pero solamente entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, es decir, durante los últimos cinco años del Gobierno de Correa.

Uno de los ejes del borrador del borrador del informe destacaba que además de despegar el avión presidencial en vuelos internacionales, se enviaba toda una flota de naves ecuatorianas conformada por aviones de TAME y Petroamazonas. La razón salta a la vista: en ese tipo de viajes oficiales se necesitaba un avión más grande que los pequeños jets en los que Correa volaba con su entorno más íntimo. Hasta 15 veces el Ecuador envió toda una flotilla de tres aviones: el jet de Correa y su entorno, un avión de TAME y otro de Petroamazonas, llegando en una ocasión hasta sumar 208 asientos en el aire.

Así, el llamado Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE) que está conformado por militares de la Fuerza Aérea, además de operar las dos naves presidenciales del Palacio, debía conseguir vuelos de TAME y hasta el avión de Petroamazonas, que eran enviados al exterior transportando comitivas en un despligue digno de un país del primer mundo.

El informe analizó 261 vuelos internacionales y por lo menos 2372 nacionales y tomó en cuenta el trayecto completo y no las escalas. De 214 vuelos de los aviones presidenciales, en el 29,44% estuvo el propio presidente, y en el resto otros altos cargos del Gobierno. Los aviones, ha precisado la Contraloría, son exclusivamente para el traslado del presidente, vicepresidente, primera dama de la Nación y miembros del Gobierno, y hay que ser funcionario público para volar en ellos. Por ello, para la Contraloría, en varias ocasiones se "desvirtuó el uso de los aviones presidenciales".

Aunque los auditores admiten que el ex presidente "no era el custodio de los aviones", responsabilizan a Correa por una serie de irregularidades en el uso de los aparatos, que han provocado millones de dólares de perjuicio al Estado. Y esbozaron una cifra preliminar: por lo menos 13 millones y medio de dólares gastados demás en los vuelos presidenciales. Según Villavicencio, la cifra del perjuicio determinada finalmente fue menor: USD 9.6 millones. 

El informe analizó 261 vuelos internacionales y por lo menos 2372 nacionales y tomó en cuenta el trayecto completo y no las escalas. De 214 vuelos de los aviones presidenciales, en el 29,44% estuvo el propio presidente, y en el resto otros altos cargos del Gobierno.

La Contraloría puso varios reparos. En primer lugar, que los jets salían sin las autorizaciones y coordinaciones debidas entre el Palacio, el GTAE y la Fuerza Aérea. No se precisaba en muchos casos quiénes iban a bordo y a qué viajaban. Los responsables de eso, afirman los auditores, eran los funcionarios de la Secretaría General del Despacho Presidencial, que era los encargados de la logística del mandatario y del control de las "aeronaves orgánicas" del Palacio.

Pero como les faltaban asientos, debían recurrir a pedir aviones a TAME y a Petroamazonas. TAME explicó a la Contraloría sobre 24 vuelos y Petroamazonas sobre 12, pero la información sobre quiénes iban a bordo y por qué no está todavía clara en los llamados "Vuelos de cortesía" en especial del avión de la petrolera, que es otro Embraer. La Contraloría admitió que aún cuenta con información fragmentaria, en especial, por parte del GTAE y la Fuerza Aérea.

Otro eje que investigó la Contraloría fueron los vuelos de las naves presidenciales a los llamados "paraísos fiscales", clasificación que toman de las listas del Servicio de Rentas Internas. A la Contraloría le preocupaba que las naves del Gobierno -no se precisa  si el Legacy o el Falcon- hayan tocado tierra en países como Panamá, Barbados, Cabo Verde o Luxemburgo, así como otras islas del Caribe. El borrador no precisaba si se trató de escalas técnicas pero destaca que los viajes a los "paraísos fiscales" fueron principalmente del ex canciller Ricardo Patiño y de varios ministros de Finanzas del Gabinete correísta. "Se desconoce el objeto" de los vuelos, que incluyen destinos como Bahamas, Dubai o Barbados.

Un viaje que no tiene explicación, destaca la Contraloría, es el realizado entre Quito, Buenos Aires, Bangkok, Dubai, París, Newark y Quito, aunque no precisó en que avión se hizo. La Contraloría admitió que se le entregaron los informes de viaje de los funcionarios que volaron, pero no las autorizaciones de la Presidencia para el uso de los aviones.

¿Qué llevaban los aviones?

Fernando Villavicencio investiga los vuelos presidenciales del correato. 

Aunque ni Rafael Correa ni ninguno de los altos jerarcas correístas fueron mencionados en los Papeles de Pandora -lo que según el Gobierno se debe a que hay una conspiración internacional del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, supuestamente financiado por la izquierda internacional- las teorías sobre el supuesto uso irregular de los aviones presidenciales se remontan por lo menos a 2017.

Según se argumenta, los aviones del Palacio volaron durante el correato en muchas ocasiones sin justificación a destinos inexplicables, sin pasajeros o sin el detalle de la carga que transportaban, con la presunta intención de trasladar dinero y objetos valiosos hacia el exterior. 

Villavicencio ha publicado algunos documentos de la Fuerza Aérea sobre dichos vuelos. Por ejemplo, en 2016, el FAE 052 voló solo con su tripulación de cinco personas desde Dubai a Doha, capitales de dos países del Golfo Pérsico.  Según destaca Villavicencio, en ese trayecto no se detalló la carga del avión presidencial y Qatar, país del cual Doha es capital, es un paraíso fiscal.

Según se argumenta, los aviones del Palacio volaron durante el correato en muchas ocasiones sin justificación a destinos inexplicables, sin pasajeros o sin el detalle de la carga que transportaban, con la presunta intención de trasladar dinero y objetos valiosos hacia el exterior.

Otro documento de la Fuerza Aérea, entregada a la Contraloría y la Comisión de Fiscalización es el reporte de un vuelo que según Villavicencio está "en la ruta de los paraísos fiscales: Barbados-Tenerife-Roma-Madrid- París-Ginebra-Bruselas-Tenerife-Fortaleza-Brasil". El documento del 10 de septiembre de 2016 se refiere a un vuelo del FAE 051, que salió de Quito con destino al Aeropuerto Internacional Grantley Adams en Bridgetown, la capital de la isla de Barbados, un pequeño país de las Antillas que es considerado por el Ecuador como un paraíso fiscal y que también queda en la ruta hacia Europa. Desde ahí, la nave siguió viaje al Viejo Mundo. Al retorno, el pequeño avión presidencial hizo escala en las Islas Canarias y luego en Fortaleza, en Brasil, antes de retornar al Ecuador. 

Los pasajeros de dicho vuelo de la FAE fueron el ex vicepresidente Jorge Glas, su esposa Cynthia Díaz, el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Yépez, Sergio Ruiz ex secretario general de la Vicepresidencia, María Fernanda Poveda, ex subsecretaria de Comunicación de la Vicepresidencia, Olga Muentes y Denisse González, ex asesoras de Glas y el jefe de Seguridad del ex vicepresidente, mayor Diego Vázquez. 

Según Villavicencio, se debe investigar más a fondo los vuelos de los aviones presidenciales, que podría ser un indicio clave para seguir la "ruta del dinero" supuestamente obtenido por los correístas durante sus 14 años de ejercicio del poder. 

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