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28 de Noviembre del 2022
Historias
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28 de Noviembre del 2022
Redacción Plan V
Las lecciones anticorrupción que Ecuador puede aprender de Italia
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El presidente de la Autoridad Anticorrupción de Italia, Giuseppe Busia, estuvo en un evento en Quito. Fotos: Luis Argüello / PlanV

 

La Secretaría de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia y el Gobierno de Italia organizaron un encuentro en Quito sobre experiencias en el combate y prevención de la corrupción. El director de la Agencia Anticorrupción del país europeo, Giuseppe Busia, estuvo en el evento y conversó con este medio digital. El actual sistema fue implementado en 2012 y se ha hecho un balance de sus fortalezas y debilidades.

Las experiencias de Italia en un esquema de prevención y lucha contra la corrupción fueron analizadas la semana anterior en Quito, en el encuentro "Nuevas Perspectivas contra la Corrupción" que fue organizado por el Programa Falcone-Borsellino y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, con la Secretaría de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia  y el apoyo de Embajada de Italia en Ecuador.

En el evento estuvieron presentes funcionarios ecuatorianos, como el secretario de Política Anticorrupción, Luis Verdesoto, y también de Italia, como es el caso del director de la Agencia Anticorrupción italiana, Giuseppe Busia, entre otros, quienes analizaron las experiencia del país europeo en la lucha contra la corrupción.

El evento también sirvió para recordar la figura de los jueces antimafia italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados con meses de diferencia en 1992, por órdenes de la mafia italiana en Sicilia. 

Entre los funcionarios italianos que participaron estuvieron Michele Pala y Giovanni Tartaglia, de la Cancillería italiana. Por la parte ecuatoriana asistió el director de Asuntos Internacionales de la Cancillería, Juan Manuel Escalante.

En la cita se analizaron también las experiencias de algunos organismos de la región, como la Oficina Anticorrupción de Argentina, la Sociedad de activos especiales de Colombia, la  Fiscalía Anticorrupción de Costa Rica, la Secretaría de la Función Pública de México, la Procuraduría de la Administración de Panamá y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, que enviaron delegados al foro.

El evento también sirvió para recordar la figura de los jueces antimafia italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados con meses de diferencia en 1992, por órdenes de la mafia italiana en Sicilia.

"Este evento ofreció la oportunidad de reforzar la voluntad política de los gobiernos y de la comunidad internacional en su conjunto para avanzar en la lucha contra la corrupción. Los gobiernos podrán hacer un balance de los esfuerzos y compromisos mundiales e identificar soluciones a los retos comunes en la prevención y lucha contra la corrupción, mediante un intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas", dijo la Secretaría de Política Pública Anticorrupción en un comunicado.

Las lecciones del modelo italiano

El actual modelo anticorrupción italiano data de 2012 y se caracteriza por ser un sistema administrativo que ha sido estudiado en países del sur y el este de Europa caracterizados por altos índices de corrupción. El sistema fue creado por medio de la ley 190 de 2012. En ese año, el Gobierno de la época, encabezado por Mario Monti, planteó a la legislatura una propuesta legal de ley anticorrupción, haciéndose eco de recomendaciones internacionales. La norma aprobada fue instrumentada por medio de dos decretos legislativos en 2013. 

La nueva normativa creó la Autoridad Nacional Anticorrupción, eliminando una Autoridad para los Contratos Públicos que operaba anteriormente, y le dio a esa agencia nuevas fiunciones en materia de trasparencia y prevención de la corrupción. Hasta 2017 se continuaron haciendo reformas y mejorando las capacidades de la Agencia. Estas son algunas de las lecciones del esquema aplicado en Italia. 

El sistema fue creado por medio de la ley 190 de 2012. En ese año, el Gobierno de la época, encabezado por Mario Monti, planteó a la legislatura una propuesta legal de ley anticorrupción, haciéndose eco de recomendaciones internacionales.

Una definición de corrupción más amplia que la penal 

La Ley 190 de 2012 estableció una categoría nueva en lo referente a la corrución, conocida como "corrupción administrativa", que va más allá de lo previsto en las leyes penales y se aproxima a la "mala administración" de los recursos públicos y a su uso para satisfacer intereses personales. Esto significa que el sistema italiano, además de tomar en cuenta los delitos como soborno, prevaricación, malversación o tráfico de influencias, pone énfasis en las reglas para una correcta gestión de los recursos públicos y en evitar conflictos de intereses. La Ley 190 vincula la ley penal con la necesidad de prevenir el mal uso de los recursos públicos. 

Una nueva Autoridad Nacional

Pero el sistema parece más enfocado en los cargos de la burocracia profesional más que a los políticos del ámbito nacional, además de considerar como parte de la administración pública a sujetos privados controlados por la administración. 

El eje principal es la Autoridad Nacional Anticorrupcion, que trabaja en tres grandes áreas: la lucha contra la corrupción, la transparencia y la contratación pública. Además, esta agencia debe adoptar un Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, colaborar con organismos extranjeros que tengan las mismas funciones, analizar las causas y los factores de la corrupción e identificar las acciones para la prevención y el combate. Así mismo, la Autoridad ejerce la supervisión y el control de la aplicación de las medidas adoptadas, promueve la transparencia en la contratación pública y presenta informes al Parlamento sobre el cumplimiento de esas funciones. La Autoridad tiene un Consejo con cinco integrantes, designados por el Gobierno con el apoyo del Parlamento. Varias funciones clave de esta entidad están en manos del presidente, cargo actualmente ejercido por el abogado Giuseppe Busia, quien estuvo participando en el foro en Quito.

El secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, acompañó a funcionarios y diplomáticos italianos.  Foto: Secretaría Anticorrupción

Un Plan nacional con alcance local

El Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción  tiene una duración de tres años y se aplica en el Gobierno central, pero sirve de recomendación para las administraciones locales. La medición del riesgo en cada una de las instancias de la administración pública es la base para la adopción de medidas anticorrupción en Italia. En Italia se consideran de alto riesgo aspectos como la contratación pública, la concesión de permisos y licencias, las ayudas y subvenciones, entre otros temas. 

El énfasis en la prevención

Pero la Autoridad no tiene funciones judiciales, es decir, no tiene potestad investigativa ni de condena,   y el énfasis de esta instancia está en garantizar la aplicación efectiva de las medidas de prevención de la corrupción por parte de los funcionarios, para lo que posee poderes sancionatorios. En lo referente a la contratación pública, también realiza sobre todo una supervisión de los procesos contractuales con el fin de asegurar  el cumplimiento de políticas anticorrupción.

Separar la política de la administración

Otro eje interesante del enfoque italiano es separar la gestión administrativa de la política, con el fin de evitar que los políticos puedan interferir en procesos de manejo de dinero público. El concepto se llama "justa distancia" y consiste en que no pueden ir a las entidades administrativas o de control quienes acaban de estar en cargos políticos. 

Los códigos de conducta

Los códigos de conducta también han sido adoptados en Italia y consisten en una serie de normas cuyo objetivos es asegurar la imparcialidad del empleado público y la eficiencia de la administración pública. Este tipo de normas enfatizan que el empleado público está comprometido con el interés general y con la nación.

La internet y la transparencia

Por otro lado, se promueve la transparencia en dos niveles: primero por medio de la publicación de toda la documentación pública en internet y luego garantizando el acceso a esa documentación por parte de quienes la soliciten. La Autoridad se encarga de verificar que la publicación de este tipo de documentación en internet se realice en la administración nacional y local. Sin embargo, en años recientes se introdujo una modificación al sistema de transparencia, con la creación  de un Garante de la Protección de Datos Personales, que puede convertirse en un limitante de los procesos de difusión de información pública alegando motivos de privacidad. 

   Entrevista   

"El crimen organizado utiliza la corrupción"

Giuseppe Busia

Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia

¿Cuáles son las funciones principales de la Autoridad?

Es una instancia independiente del Gobierno, y las funciones principales son aplicar reglas como la incompatibilidad, los conflictos de intereses y todas las normas que van a evitar que ocurran actos de corrupción. Nosotros sabemos que en materia de corrupción no es suficiente con trabajar solo en la represión, sino como lo dice Naciones Unidas, también trabajar en la prevención. La transparencia es un medio para combatir la corrupción y debe ser implementada en todo el sector público, y se verifica por medio de la publicación en internet, pero también asegurando a los ciudadanos el derecho de controlar lo que hace la administración y de solicitar documentación. También es importante la vigilancia sobre el dinero en la contratación de obra pública, pues mejorar el uso del dinero público es la clave para combatir la corrupción. El modelo italiano es un modelo cuenta con una Autoridad única que vela por la eficiencia de la administración. 

¿Cómo se entiende la "corrupción administrativa" en su país?

No solamente como un delito en las leyes penales, sino lo que ocurre cuando por conflictos de interés se pone el interés de privados por encima del público. Un conflicto de interés implica corrupción administrativa y es un concepto más amplio, pues todo aquello que implica corrupción administrativa es un daño a los ciudadanos y a la confianza en las instituciones.

¿Qué niveles de coordinación hay entre la justicia anticorrupción de su país y la instancia administrativa de la Autoridad?

Hay niveles de coordinación aunque son instancias diferentes. Cuando se detecta un delito los fiscales nos comunican para que nosotros podamos intervenir en casos de personas que tienen contratos con el Estado y están inmersos en posibles irregularidades, con lo que nosotros podemos proponer la inhabilitación de estos contratistas. Al mismo tiempo, cuando nosotros detectamos un posible delito, concurrimos ante los fiscales con la denuncia.

En materia de contratación pública, ¿qué papel cumple la Autoridad?

Tenemos poderes regulatorios, pero también contamos con modelos de contratos y esquemas de trabajo para que los funcionarios que quieren hacer bien su trabajo puedan hacerlo. También tenemos la potestad de hacer inspecciones y verificaciones sobre contratos públicos, podemos recibir denuncias del público o actuamos de oficio. En los proyectos más grandes, no en todos porque no es posible, pero en los más significativos, actuamos de manera preventiva, con un protocolo para la verificación previa de los documentos antes del contrato, lo que facilita la buena aplicación de la ley. Además empujamos la digitalización de los contratos públicos, pues contamos con la más grande base de datos de Europa de contratos públicos. Todos los contratos públicos deben ser registrados ahí y con esos datos es posible mejorar la eficiencia, la competencia y participación de todos los ciudadanos, pues cualquier persona puede saber cómo la administración local, su municipio o su región, están manejando el dinero público. Este tipo de medidas promueven la transparencia y la eficiencia.

¿La transparencia se refiere solo a la publicación en la internet?

Sí, pero también permite que las empresas que quieran participar en procesos públicos de licitación puedan hacerlo, hay más competencia y eso puede favorecer a las instituciones públicas con mejores ofertas.

¿Qué medidas específicas se toman para prevenir la corrupción y promover la integridad?

Nosotros aprobamos un Plan Nacional con líneas generales que cada admnistración debe aplicar en su propia realidad, que es diferente. En cada una de las administraciones locales hay un responsable de transparencia y este funcionario, que es independiente, puede proponer un esquema ajustado a cada instancia tomando en cuenta los riesgos de corrupción locales. Esto no elimina la corrupción pero sí puede limitarla y somos muy realistas al respecto. 

"El crimen organizado hoy trabaja de manera diferente, está cambiando, y para poder honrar la memoria de estos dos magistrados, tenemos que entender la naturaleza de ese cambio".

Se cumplen 30 años de los atentados contra dos jueces anticorrupción en Sicilia en 1992. ¿Cómo evalúa usted la lucha del Estado italiano contra el crimen organizado desde entonces?

El crimen organizado hoy trabaja de manera diferente, está cambiando, y para poder honrar la memoria de estos dos magistrados, tenemos que entender la naturaleza de ese cambio. Muchas veces el crimen organizado utiliza la corrupción para sus acciones, también ahora realizan menos actos sangrientos y se dedican a invertir dineros en la economía, por lo que la transparencia y la lucha contra la corrupción son elementos que van a continuar su obra y vamos a tener mejores resultados no solamente recordando su figura sino retomando sus valores.

El marco legal de este sistema en Italia tiene ya diez años. ¿Cree que necesita reformas?

El marco legal es muy fuerte, pero debemos ajustarlo a los resultados que se obtienen por medio de la experiencia. Por eso hemos propuesto al Gobierno y al Parlamento un modelo más eficaz con algunas reformas. 

 

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