Reuniones en Palacio de Gobierno. Mesas para dialogar y analizar. Nuevas reuniones. Para la Conaie, nada de eso ha dado resultado, a juzgar por el balance que el domingo, en una intervención en Facebook, hizo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

Su detención, ocurrida este 14 de junio de 2022 en horas de la madrugada, en una carretera bloqueada en Cotopaxi, parece ser la cereza en el pastel de un proceso de diálogo que fracasó, entre el Gobierno de Guillermo Lasso y la dirigencia de la Conaie. 

La versión que da Iza de cómo ha sido el diálogo con el Gobierno de Guillermo Lasso en este primer año de su administración es de varias reuniones sin frutos y de un Gobierno que oye, pero no escucha.

Su detención, acusándolo de una serie de cargos criminales como asociación ilícita, rebelión, apología del delito y otros que constan en el parte policial, parece indicar que la respuesta del régimen frente a las demandas de los indígenas será la criminalización. La receta ya la había aplicado antes el gobierno de Rafael Correa, cuando se persiguió a líderes indígenas como Yaku Pérez o Salvador Quishpe, así como se acusó de terrorismo a la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Al leerle sus derechos esta madrugada, un general de la Policía le ha informado a Iza que habría cometido el delito de sabotaje. 

En las declaraciones de Iza y en los comunicados de la Conaie hay un hilo conductor: han acudido a lo que llaman "diálogos cerrados sin resultados"  durante este último año. Y destacan las fechas: 4 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021, cuando fue la última cita en Palacio. 

El 4 de octubre de 2021 se encontraron el presidente Lasso y Leonidas Iza en Palacio de Gobierno. Ambas partes hablaban de dialogar y de buscar acuerdos. Foto: Presidencia de la República.

Lasso arremete contra Iza

Pero los diálogos no solo que no tuvieron resultados, sino que el presidente Guillermo Lasso advirtió públicamente que, para él, Iza era simplemente un "anarquista" con el que no cabía ninguna conversación.

El 21 de diciembre de 2021, a poco más de un mes del último diálogo del 10 de noviembre, el presidente arremetió contra Iza en una de sus entrevistas desde los patios de Palacio: “El señor Leonidas Iza es eficiente en incendiar edificios públicos, en agredir a la ciudad de Quito… Quiere, por fuera de la democracia, crear un ambiente de anarquía, donde no sabemos qué propone, qué quiere para el Ecuador", dijo el presidente y lo calificó como "anarquista", "odiador" y "violento". Y a los violentos, advirtió Lasso, les esperaba terminar “con sus huesos en la cárcel. No hay más alternativa, diálogo con las organizaciones sociales siempre, pero frente a la anarquía, todo el peso de la Ley”.

Apenas 40 días antes, la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, salía de los últimos diálogos del 10 de noviembre de 2021 anunciando que hubo coincidencias en tres de los seis puntos que se habían planteado. 

“Hemos tenido tres coincidencias que tiene que ver con el tema de los créditos productivos, con el manejo y control de precios de insumos agrícolas y control del contrabando", dijo la ex ministra, en la escalinata de Palacio, en donde también evitó usar la palabra acuerdo, al tiempo que destacó que los otros puntos en donde no "coincidían" tenían que ver con los precios de los combustibles. “No estamos anunciando un acuerdo; cuando tengamos un acuerdo global estarán incluidos los seis puntos y tendremos una resolución sobre esos puntos”. Pero Vela tenía clara su visión sobre Iza: “no es fácil sentarse en la misma mesa cuando la propuesta política que representa Leonidas Iza es la destrucción del estado de derecho y del Estado ecuatoriano", afirmó de manera rotunda en una entrevista radial. 

Iza, al salir de la misma reunión, destacó cuáles eran los puntos tratados: “el precio de los combustibles, una moratoria de créditos productivos, revisión del precio de los productos agrícolas, el problema minero, la flexibilización y precarización laboral y aplicación de los 21 derechos colectivos”.

Al abrir la cita, el presidente Lasso había anticipado que no creía en la violencia como camino ni tampoco en el uso de la fuerza pública. "Eso no corresponde a sociedad democrática, republicana y civilizada", señalaba Lasso, quien dijo que buscaba que se lograran definiciones y acuerdos. 

Pero según dijeron los indígenas, poco se concretó de la reunión. Aunque se había pedido dos o tres semanas para "analizar" los pedidos indígenas sobre los combustibles, el entonces vocero presidencial, Carlos Jijón, lo descartó de plano alegando la crisis económica. 

En Latacunga, comuneros de Cotopaxi rodean el Complejo Judicial y la Fiscalía en busca de Leonidas Iza. Foto: Confeniae

Los diez pedidos de la Conaie versus las diez respuestas del Gobierno

Desde el relato de los indígenas, lo único que sacaron de las reuniones, en las que tuvo una activa participación la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, fueron "mentiras, engaños y ataques permanentes", en lugar de soluciones a sus planteamientos.

Así que nuevamente, a las 11:22 del 13 de junio, remitieron a la Presidencia de la República el documento con las diez propuestas en las que el movimiento indígena insiste. Varios de ellos ya han estado sobre la mesa desde el año pasado, sin que se haya logrado, hasta el momento, acuerdos. 

Los pedidos de la protesta -que constan en el documento entregado en Carondelet- se centran en diez puntos. Y a cada uno de ellos, el actual ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, asegura que el Gobierno ya ha dado respuesta y está en un trabajo permanente en ámbitos como salud y educación. La víspera de la detención de Iza, Jiménez se mostraba dispuesto a un nuevo diálogo, pero pedía más precisiones sobre en qué no estaba cumpliendo el Gobierno, pues, en la visión del régimen, todo estaba siendo atendido. 

Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a USD 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a USD 2,10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.

Al respecto, Jiménez sostuvo que los combustibles "no han subido" aunque al momento la gasolina extra se vende a $2.55, 45 centavos más que el límite propuesto por la Conaie. 

Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.

Al comentar esto, el ministro Jiménez respondió con algo distinto: dijo que el "alivio económico" viene dado por la entrega de bonos estatales "inclusive para las madres en proceso de gestación", sin referirse a la moratoria de créditos. 

Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.

"Estamos trabajando en eso", dijo Jiménez, "con un sistema y metolodogía de control de precios que hemos llevado a cabo con las gobernaciones, con los cuales hemos hecho operativos de control de precios que se han llevado a cabo".

El ministro, al parecer, se refería a los precios al consumidor y no a los que se pagan al productor. Sin embargo, dijo también que el ministro de Agricultura está buscando acuerdos con la empresa privada para "aligerar esta carga". 

Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS.

Al respecto, Jiménez dijo que el Gobierno no ha aumentado de niguna manera la precarización laboral: "queremos ampliar el mercado laboral y se han incrementado 300 mil nuevos puestos en los últimos seis o siete meses", explicó, sin mencionar lo referente a las deudas con el IESS. Destacó también que subió el salario básico a $425. 

Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.

En este punto, Jiménez destacó que el actual Gobierno ha luchado contra la minería ilegal, aunque los decretos a los que se refiere la Conaie tienen que ver más bien con inversiones mineras formales y nuevas concesiones. "El presidente de ha apersonado en lugares como Zaruma para frenar ese tipo de excesos", dijo el ministro de Gobierno, sin hacer alusiones a nuevas concesiones. 

Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.

En este punto, Jiménez sostuvo que en este año se han invertido seis millones en Educación Intercultural Bilingüe, sin referirse a aspectos como la justicia indígena o la autoderminación de los indígenas. 

Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as. (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras). Al respecto, Jiménez dijo que hasta el momento no se ha producido ninguna privatización en esos sectores. 

Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.

En este punto, Jiménez dijo que ya se había referido a este pedido, cuando en realidad se planteaba el control de precio de compra al productor y no al precio al consumidor. 

Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.

Sobre esto, Jiménez destacó que no hay ninguna cartera de Estado con más inversión que la de Educación, que se han abierto más escuelas rurales y se va a externalizar las recetas médicas. 

Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.

Al respecto, el ministro Jiménez destacó sus medidas de seguridad, como la creación del ministerio del Interior, el anunciado aumento de policías o las reuniones con autoridades seccionales. "Para los diez puntos tenemos respuestas, pero necesitamos que nos digan en qué no hemos cumplido", explicó Jiménez. 

Pero la detención de Iza parece haber alejado cualquier posibilidad de diálogo. En su última conferencia de prensa, este 14 de junio, a las 13:00, el ministro Jiménez ya no intervino, reduciendo el tema de un conflicto político a un asunto policial, con la estadística de apresados, partes policiales y cargos penales. El diálogo que el autodenominado Gobierno del Encuentro y el movimiento indígena habían intentado vuelve a fojas cero.