En calidad de autor del informe Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, me veo en la necesidad de formular algunas  apreciaciones en torno a la campaña gubernamental lanzada contra el informe y contra mí.

Durante los últimos cinco años he trabajado de manera discontinua en Ecuador como consultor internacional y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha publicado dos volúmenes preparados por mí y dos artículos míos en otros dos volúmenes. En atención al trabajo que he desarrollado sobre los sistemas de justicia y su reforma, el año pasado recibí el encargo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) de realizar un estudio sobre la situación de la independencia judicial bajo el régimen que encabeza el presidente Correa. El tema fue circunscrito a este punto, que constituye una línea de trabajo permanente de DPLF en América Latina. No tenía pues como objetivo –ni podía– abarcar otros aspectos, ni menos el conjunto, de la reforma de la justicia que, como reconoce el informe, el gobierno ecuatoriano lleva a cabo con una gran inversión financiera.

Desde que se lo presentó –en una conferencia de prensa en Quito, el martes 29 de julio– el informe ha recibido ataques diversos desde el ámbito gubernamental. El presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Gustavo Jalkh, anunció el mismo día: “no perderemos el tiempo” en el análisis del informe. Pero la acogida de académicos y medios de comunicación a las tesis contenidas por el informe le aconsejó, apenas tres días después, extenderme una “invitación” para debatir el texto.

Conforme se puede comprobar al leer la carta del doctor Jalkh, la invitación está llena de apreciaciones negativas sobre el informe que conducen a cualquier lector desprevenido a preguntarse por qué discutirlo entonces. Otras observaciones de personeros gubernamentales refuerzan la interrogación. Por ejemplo, se ha sostenido que los doce casos relevantes incluidos en el trabajo no constituyen una muestra estadísticamente representativa. Por supuesto que no lo son. La razón es que si se trata de constatar cuán independientes son los jueces, en cualquier país, hay que mirar no al conjunto de casos judiciales –en la inmensa mayoría de los cuales quienes gobiernan no tienen ningún interés– sino a aquellos conflictos en los cuales está de por medio un propósito o una política gubernamental.

Dos altos funcionarios del Estado –el Defensor Público y el Defensor del Pueblo– se han visto obligados a presentar “precisiones” y “rectificaciones”, que no son tales. Aparte del desgastado recurso de “mis declaraciones han sido usadas fuera de contexto” –en el cual el presidente Correa fue el primero en buscar refugio–, no hay en ellas ningún desmentido acerca del contenido de sus declaraciones que –cuando menos en el caso del Defensor del Pueblo– además carecían de mayor trascendencia.

El panorama se oscurece más si uno repara en el conjunto de la campaña desatada en la extensa red de medios de comunicación que controla el gobierno. Entre los muchos infundios, allí se encuentra la curiosa ocurrencia, repetida insistentemente por el doctor Jalkh, de que yo he “hablado mal del Ecuador” en Uruguay, país que no he pisado en los últimos veinte años. Pero también hay otras falsedades e insinuaciones desagradables que rozan la infamia.

En la campaña gubernamental desarrollada en los diez días posteriores a la presentación del informe resalta que, en efecto, no hay una sola impugnación del contenido del informe. Todos los ataques, los agravios y las insinuaciones maliciosas se encaminan a asuntos laterales, contra mí o contra las tres organizaciones que patrocinaron la publicación del texto. “Quiero ver las facturas”, clamó el ministro del Interior, José Serrano, quien por cierto en el informe aparece señalado, por varios entrevistados, como el responsable de haber montado un aparato de seguimiento a los jueces. “¿Por qué un peruano se ocupa de Ecuador?”, se ha reclamado en estos tiempos de integración y siendo así que me he ocupado y me ocupo de asuntos similares en mi país y en varios otros. Y así sucesivamente.

No puedo ocuparme en este espacio de desmentir cada mentira en circulación, ni tendría sentido hacerlo. Lo que los ecuatorianos necesitan saber es si cuando acuden a un juez pueden contar con su imparcialidad para que resuelva el caso –sobre todo si del otro lado se halla un interés o propósito gubernamental– y me siento satisfecho de haber alcanzado a la discusión pública –que, según me informan, se ha iniciado ya en algunas universidades– algunos elementos para responder esa pregunta. La comprobación de que hay una serie de mecanismos montados por el gobierno del presidente Correa para interferir en la justicia no es una ofensa a los jueces ecuatorianos, como se ha sostenido en la campaña gubernamental. La ofensa, que es sistemática, está en la interferencia, no en su señalamiento.

Para ese señalamiento, como cualquier persona puede comprobar, el informe se sirve, es verdad, de algunas opiniones e interpretaciones formuladas por actores ecuatorianos pero, sobre todo, presenta abundante información oficial y una diversidad de textos debidamente verificados. En la documentación analizada se destacan, además de sentencias judiciales y resoluciones del Consejo de la Judicatura, algunos oficios de funcionarios de la administración que se permiten imponer criterios de resolución a los jueces. Entre los informes examinados se halla el de la Veeduría Internacional que, encabezada por Baltasar Garzón, el propio gobierno ecuatoriano contrató y cuyo texto final no ha sido publicado.

La campaña oficial ha ido enrareciendo el clima necesario para un debate ecuánime. Las instituciones que patrocinaron la publicación del informe –DPLF, Dejusticia e IDL– me han solicitado que no acepte la “invitación” del doctor Jalkh y he tenido que admitir la premisa: no existen condiciones para participar en un debate cuyas conclusiones el gobierno ya decidió y que está difundiendo en una campaña malsana. Todo esto hace ocioso e inconducente pensar en un debate.

El informe y la discusión pertenecen ahora a los ecuatorianos. Si el gobierno quiere un interlocutor internacional, puede invitar a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, como han sugerido las organizaciones auspiciadoras de la publicación del informe.

He creído necesario formular esta declaración, incómodo por los agravios recibidos pero complacido por haber descubierto que –pese a la intensidad de la campaña gubernamental– se ha demostrado que el texto del informe es inobjetable. Esto me lleva a agradecer profundamente y de nuevo, puesto que lo hice en el texto del informe, a los muchos ecuatorianos que –de manera forzadamente anónima– facilitaron información y documentación para la preparación del estudio en que se basó el informe.

No volveré a participar en una discusión envenenada por la mala fe, que parece interesar a los políticos, como el doctor Gustavo Jalkh, pero no corresponde a mi quehacer.

Salamanca, 9 de agosto de 2014.