El filósofo francés Jacques Rancière sostiene que la palabra, el logos, es el arma fundamental de la praxis política. Esta se diferencia de la doxa, que es la expresión del malestar o disconformidad que no llega a “articularse discursivamente”. Fue, por cierto, clave que en las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja, Ambato, Tulcán, se visibilizara y escuchara ese malestar. Fue la confirmación de que los ciudadanos recuperaban el derecho a proferir su queja colectivamente  para  dar cuenta de su disconformidad y exigir rectificaciones de fondo y forma al Gobierno.

Sin embargo, dada la reacción oficial a ese legítimo reclamo, el pueblo se ve, no privado de ese derecho, pero sí de la palabra, del logos. Y es que el diálogo en el que el Gobierno está pensando, le arrebata al pueblo la palabra y le conmina a circunscribirse a la “articulación fónica” de la queja; en realidad no le ha convocado al diálogo. En esta “conversación” unilateral, se elimina el debate, el  “consenso conflictual”, que la politóloga belga, Chantal Mouffe, entiende como el reconocimiento de las diferencias; y, más grave aún, se juega con medias verdades. De un lado se arguye desde una sola verdad; pero de otro, dicha verdad se transfigura en su contrario. Se trata, en realidad, no de un diálogo sino de la imposición de una estrategia discursiva.

Lo que está en disputa, entonces, es el acceso al logos, la posesión de la razón, el derecho a discernir y a disentir. En tal escenario ya no es suficiente el clamor ciudadano; hace falta la articulación discursiva del reclamo. Si la protesta fue escuchada por amplios sectores de la sociedad, aunque no lo fuera por su destinatario, se vuelve  necesario abrir otros espacios para dar a la protesta un mayor alcance. 

El Gobierno no solo se “hizo de la vista gorda” sino que ha respondido también desde el grito, colocándose en el mismo plano de quienes hicieron oír su voz de indignación en las calles, dada la inexistencia de otros canales institucionales cooptados por el poder. Paradójicamente el gobierno ha antepuesto el grito a su propio logos. En realidad, no está claro cuál es su verdadero logos, pues poco tienen que ver el economista francés Thomas Piketty con el Papa Francisco. No parecería, pues, haber un libreto ideológico definido.

Ante tal grado de incomunicación, alimentado por un discurso oficial contradictorio e incoherente, que propicia la polarización como estrategia de gobierno, es imprescindible construir un escenario de diálogo por otras vías. El Gobierno central ha cerrado esta posibilidad, cuando centraliza también un diálogo que nace, para colmo, del cuestionamiento a las políticas del gobierno.  El país, sin embargo, no es propiedad del Ejecutivo, y aunque éste controla todos las funciones del Estado, hay mandatarios regionales que han demostrado contar con altos niveles de aprobación ciudadana, como los alcaldes de Guayaquil, Quito, el prefecto del Azuay, entre otros, que bien podrían liderar la construcción de un diálogo alternativo con los movimientos sociales, éste sí, incluyente.

El eje de ese diálogo sería la elaboración de una plataforma común para la recuperación de la democracia, en circunstancias en la que ésta enfrenta graves amenazas por la crisis económica y de gobernabilidad que azota al país.  No es prudente que el Gobierno se desgaste en la esfera de la doxa, de las apariencias, y deje de ocuparse de las tareas que le competen en la administración de la crisis.  Si incurre en ese error puede verse sobrepasado por ésta. La administración de la crisis pasa hoy más por la política que por la economía; si el Gobierno persiste en la confrontación ideológica con la “acumulación de la riqueza” corre el riesgo de distraer su atención sobre el problema central del momento, la desaceleración de la economía.

El Gobierno se ha negado a dar paso a la consulta popular sobre las enmiendas constitucionales y en especial sobre la reelección indefinida. El diálogo que propicien los mandatarios regionales que gozan de amplio respaldo popular debería orientarse a construir viabilidad a la consulta popular. Bien lo dicen las encuestas que más del 70 por ciento de la población apoya la realización de la consulta.  

Es un derecho que el Gobierno no le puede negar al pueblo, pues no se trata de un acto conspirativo, sino del ejercicio de un derecho consagrado por la Constitución de Montecristi. Tampoco es una operación político-electoral, dado que no hay candidaturas de por medio.
El 2017, aunque cercano, por la velocidad de los acontecimientos luce lejano y, sobre todo, incierto. Aún no hay garantías para que en ese año tengan lugar elecciones libres y transparentes.

El momento actual que vive el país exige una visión más allá de los alineamientos ideológicos o partidarios; estos no tienen cabida en un régimen que cimenta su autoridad en la sumisión, en la negación de la libre expresión y en la anulación de la alternabilidad. La “lucha de clases” en tal escenario le hace el juego al autoritarismo y quien sabe, a un populismo de derecha que sacrifica la libertad en aras de una igualdad remota e incierta.

Se trata, sin duda, del ejercicio de  un liderazgo excluyente en el que no hay espacio para el pluralismo. Solo rescatando a plenitud la democracia será posible crear escenarios para “organizar los disensos”, como postula Chantal Mouffe.

La gran tarea del momento es forjar un liderazgo incluyente que haga posible la expresión libre de la voluntad popular, sin cortapisas ni equívocos, en el 2017.