Todo empezó la mañana del 30 de septiembre de 2010. Mery Zamora, a la sazón, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se encontraba en Guayaquil cuando estalló la sublevación policial. Esta maestra de la Escuela Lorenzo Luzuriaga del recinto El Limón, de  Portoviejo, quien tiene más de 20 años de militancia en el MPD, era en ese momento la principal dirigente del gremio de educadores. Ella nació en Portoviejo en 1972, es divorciada y tiene dos hijos. También está a cargo de su madre. 

La maestra llegó al Colegio Aguirre Abad de Guayaquil en donde, supuestamente, arrengó a los estudiantes para que participen en la protesta de los policías. Este discurso, grabado en vídeo con un celular, fue la "prueba reina" que el Presidente Rafael Correa presentó en una sabatina pocas semanas después, pidiendo que se inicie un proceso penal en contra de la dirigente. El vídeo se seguiría utilizando muchas veces más por parte de la propaganda oficial. 

Aunque la maestra debió batallar en tribunales para demostrar su inocencia, que finalmente fue dictada por la Corte Nacional de Justicia, el conflicto fue también una batalla mediática, cuyo epílogo grotesco llegó a las redes sociales, con la publicación de supuestas fotos íntimas de la docente. 

Un juicio relámpago

Con la rapidez que caracteriza a ciertos operadores de justicia, especialmente sensibles a los "pedidos" de los sábados, la Fiscalía, ante la denuncia de la subdirectora regional de Educación, Mónica Franco, pidió a un juez de lo Penal que Zamora sea detenida para que concurra a declarar. La orden de captura fue emitida porque Zamora no había concurrido a declarar en dos ocasiones. La denuncia de Franco fue presentada el 11 de octubre de 2010. 

El 27 de octubre de 2010, Mery Zamora se pronunció, desde la clandestinidad, sobre la providencia de un juez de lo Penal del Guayaquil que dispuso que se le detenga para que declare. Ella denunció, desde ese mismo momento, que era víctima de una persecusión política por parte del Gobierno de Rafael Correa.

Según Zamora, no fue a ese colegio de Guayaquil a propiciar ninguna revuelta, sino que tenía previsto reunirse con las autoridades de la institución.

Durante 45 días, Zamora permaneció oculta. Luego, a principios de diciembre de 2010, fue principalizada como asambleísta del MPD, en reemplazo de Jorge Escala, hecho por el cual apareció nuevamente de manera pública. Zamora dejó de ser, por esos mismos días, presidenta de la UNE y fue reemplazada por Mariana Pallasco.

El 5 de julio de 2011, el fiscal que llevaba el caso en Guayaquil concluye que Mery Zamora no cometió ningún delito el 30S en el patio del Aguirre Abad y ordena el archivo de la causa. El juez Quinto de Garantías Penales del Guayas dispuso el archivo del expediente en su contra. 

Pero, ante las declaraciones de funcionarios del Gobierno, otro fiscal, el 7 de octubre de 2011, dispone la reapertura del caso, pues, estima, hay nuevos elementos. La defensa de Zamora presentó ante la justicia de la Provincia del Guayas, varios recursos, en especial, uno de nulidad del proceso, que fue desechado por la Primera Sala de la Corte Provincial el 24 de agosto de 2012. Contra Zamora se dictaron medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y el presentarse semanalmente en el Juzgado Quinto de Garantías Penales del Guayas. 

Los "nuevos elementos" que la Fiscalía decía tener, en su criterio, permitían establecer que el discurso de la maestra fue un delito de paralización de los servicios públicos pues, supuestamente, al estar presente en el Colegio Aguirre Abad ese día, ella estaba impidiendo que se brindara el servicio de educación.

Según el abogado Enrique Herrería, en un análisis sobre el caso de Mery Zamora, hay algunas dudas sobre el proceder de los jueces del Guayas en este caso:

"También cabe preguntarse, como, si durante todo el relato fiscal se menciona a presuntos acompañantes de Mery Zamora, sin embargo la única acusada es la profesora, resultando harto difícil entender que una sola persona, inspire tal grado de influencia o temor sobre un colectivo humano, integrado por cientos de estudiantes y decenas de profesores sobre quienes a criterio de los juzgadores, implícitamente, afirman que pudo incidir, bien sea física o anímicamente para cambiar su estado de normalidad, de tranquilidad a un escenario de conflictividad. Nada de lo anterior ha sido debidamente relatado por parte de los juzgadores".

Para agosto de 2011, Zamora, quien seguía enfrentando el proceso penal en su contra en Guayaquil, fue electa como directora nacional del MPD en Manabí. 

Tras la negativa del recurso de nulidad presentado por sus abogados, Mery Zamora expresó no tener dudas sobre que sería condenada por presuntamente haber violado el artículo 158 del Código Penal, delito penado con entre 8 y 12 años de cárcel.

Según relata Enrique Herrería en su análisis del caso, "la acusación de la fiscalía se fundamenta en la adecuación de los actos de la profesora Mery Zamora al tipo penal descrito en el artículo 158 del Código de la materia, esto es, que la procesada había cometido el delito de interrupción o paralización del servicio público de la educación, lo cual no describe o relata el fallo del tribunal, pues lo que señala, es que la procesada, “arengó a los estudiantes del colegio Aguirre Abad a que participen de la protesta”. Es decir, se la procesa por un tipo penal debidamente descrito en el Código y se la sanciona por acto que no corresponde a la acusación formulada por la fiscalía".

El emepedismo, en el cual milita desde hace más de 20 años, organizó plantones para apoyarla.
 

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral anunciaba, el 31 de agosto de 2012, que el MPD no había reunido la cantidad necesaria de firmas para continuar con vida jurídica, lo que fue el principio del fin de la tienda política izquierdista. Mery Zamora estuvo, por esos días, en el Centro de Exposiciones Quito, en donde tenía lugar la revisión de la firmas de su partido.

Para el 30 de septiembre de 2012, dos años después del 30S, el Tribunal Penal que llevaba el caso de Mery Zamora no había todavía fijado fecha para dictar la sentencia de primera instancia.

Ocho años por terrorismo

No fue hasta  el 12 de junio de 2013,  que el Décimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró a Zamora culpable del delito tipificado y reprimido en el artículo 158 del Código Penal, en el grado de autora y le impuso una pena de 8 años de reclusión y multa de USD 87. 

La defensa de Zamora apeló el fallo, apelación que tras ser negada por la Corte Provincial del Guayas fue remitida a la Corte Nacional de Justicia en Quito, en donde se presentó un recurso de casación. Juan Vizueta, el abogado de la maestra, se lamentaba por entonces de que la justicia parecía avanzar a gran velocidad en los casos de interés político del Gobierno.

Para el 27 de mayo de 2014, la Corte Nacional conoció el recurso de casación presentado por Zamora. Y fue ahí en donde ocurrió una sorpresa: los tres jueces de la Sala Penal del Tribunal nacional resolvieron aceptar el recurso, ante la serie de inconsistencias que presentaba la sentencia en contra de la maestra. La audiencia fue reservada y en los exteriores de la Corte Nacional, militantes del MPD hicieron un plantón de apoyo a Zamora. Hicieron una concentración similar en Guayaquil.

Ese mismo día se supo la resolución, tomada por los jueces Jhonny Ayulardo, Mariana Yumbay y Ximena Vintimilla. El recurso de casación fue aceptado. 

Zamora dijo en una entrevista radial: “ha triunfado la verdad sobre la mentira. Ha triunfado la lucha organizada de los pueblos, de las izquierdas, de los sectores democráticos, sobre toda la prepotencia que se vive en el país, sobre la persecución política y la criminalización social”. Agregó que "el daño que se ha hecho contra una madre, contra una maestra, que durante más de tres años ha vivido en la incertidumbre. Todas las cadenas y series de mentiras que se vertieron para decir que soy una terrorista y criminal… y todo el daño que me han causado es irreparable. Las acciones que se tomarán en contra del Estado ya se sabrá en su momento”, dijo. 

El Gobierno protesta

La resolución a favor de la maestra provocó el rechazo de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga y el del titular de Interior, José Serrano, quienes, aunque no habían recibido la sentencia todavía, ya anunciaron que pedirían sanciones para los tres jueces.

Actualmente, ninguno de ellos sigue en la Corte Nacional: Vintimilla renunció, mientras que Ayulardo y Yumbai fue relevados cuando, según el Consejo de la Judicatura, no cumplieron con los puntajes mínimos para seguir en la Corte Nacional. Ayulardo, inclusive, llegó a insinuar que su salida tenía que ver con el caso de Mery Zamora.

A las que quejas de sus ministros se sumó el Presidente Correa, quien aseguró que, contra la opinión de los jueces nacionales, las clases no se encontraban suspendidas cuando Mery Zamora llegó al colegio Aguirre Abad. "Hay algo muy mal (en la sentencia de casación). Dios no quiera que hayamos vuelto al viejo país, donde los jueces se dejan presionar por tirapiedras", sostuvo, y volvió a mostrar la "prueba reina de los vídeos de celular de aquel día. 

El Presidente no se quedó ahí: en su siguiente sabatina, del 31 de mayo de 2014, dijo: "Hay testimonios de jóvenes y profesores de que Mery Zamora interrumpió las clases. Fue a sacarlos y frente al colegio hay un cuartel de policía que estaba sublevado. Expusieron a nuestros jóvenes pero para los periodistas deshonestos esto no es delito. Con respeto al dictamen, esto es horroroso. Si había falla en el procedimiento debía regresarse a otra instancia judicial y no decir que esta señora es inocente. Dios no quiera que hayamos vuelto a la época en que los jueces se intimidan por los tira piedras y por los periodistas. Pero no pueden decir que esta mujer es inocente. Hay fotos, tomas, testimonios pero como es enemiga del Gobierno entonces es inocente Mery Zamora".

El 16 de junio de 2014, Correa insistió en otra sabatina: “La sentencia contra Zamora es peor de lo que pensábamos. Argumentan que el delito está tipificado como interrumpir servicios públicos pero que en la demanda pusimos incitar. La evidencia es contundente porque esta señora interrumpió las clases. No niegan eso los jueces sino que señalan que el delito es interrumpir y la denuncia decía incitar. Como hay equivocación en el verbo entonces esta señora es inocente. No puede haber esta clase de comportamientos en la justicia ecuatoriana. Digan lo que digan los de la prensa corrupta. Lo que ha hecho el Tribunal de Casación es una barbaridad jurídica. Ojalá no volvamos al pasado. Es tan caretuca la señora que demandará al Presidente, que demande lo que le dé la gana. Esta gente tirapiedras nunca más compatriotas".

En el mismo evento, Nadia Ruiz, subsecretaria de derechos humanos del Ministerio de Justicia, reveló cuál iba a ser la estrategia del Gobierno y la Fiscalía en este caso: “Estamos hablando de verbos como interrumpir, paralizar y lo confunden con verbos de autoría y con eso se desestima la intención dolosa de la señora Zamora a inicitar a los estudiantes a salir a la calle poniendo en riesgo sus vidas. Lo que queda es revisar la sentencia. Hay la posibilidad de que la Fiscalía presente una acción extraordinaria de protección al Consejo de la Judicatura. Ecuador ha sido testigo de la actuación de la señora Zamora. La Fiscalía puede pedir revisión de sentencia”

De su lado, la defensa de Mery Zamora presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado ecuatoriano por el caso. La denuncia busca obtener una reparación del Estado ecuatoriano a favor de la profesora. 

La Fiscalía apela

Para el 25 de junio de 2014, y tal como se había anticipado en la sabatina por parte de una funcionaria del Ejecutivo, la Fiscalía presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la absolución de Mery Zamora. Según la Fiscalía, en la sentencia de casación se habría violado el artículo 82 de la Constitución.

El recurso fue conocido por la Corte Constitucional, que debe revolverlo, en una audiencia el 10 de febrero de 2015. La jueza Ruth Seni escuchó a las partes, pero no tiene plazo para dictar su resolución. 

Epílogo grotesco: las supuestas fotos porno

El jueves 19 de febrero, desde cuentas anónimas en Twitter, se empezó a promocionar una página en donde había fotos, supuestamente, de Mery Zamora. Se trataba de pornografía que fue, en general, rechazada por los usuarios de redes sociales. Zamora las denunció como montajes de mal gusto, aunque sostuvo que no las había visto. Dijo, sin embargo, que el país conoce quién la ha perseguido durante cinco años, luego de los sucesos del 30 S.

Por medio de un comunicado leído por un funcionario de la Secretaría de Comunicación, el Gobierno dijo que pedía a la justicia "esclarecer" el caso, mientras que la Fiscalía dijo que había iniciado ya la respectiva indagación. El presidente Rafael Correa se limitó a "lamentar los excesos" en las redes sociales a raíz del caso.