Dos mesas más, Educación y Salud, se sumaron a los diálogos que terminaron en acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. PlanV continúa su serie recopilando los acuerdos y divergencias más importantes de las mesas. El Gobierno se compromete a implementar millonarias políticas de cambio, las organizaciones estarán vigilantes de un cumplimiento que ofrece resultados a partir de la fecha hasta marzo de 2023.

Salud – Años de crisis a la espera de un cambio

A partir de una lista entregada por la CONAIE, el Gobierno dispuso la búsqueda de familias afectadas por las movilizaciones de 2019 y 2022. No hubo coincidencia en el aumento de presupuesto para salud pedido por las organizaciones. Tampoco existió acuerdo en cerrar la brecha de profesionales en el sector.

Pero numerosos acuerdos se sellaron en esta mesa. Algunos de los más importantes fueron la conformación del programa de médicos rurales, renovación de mallas curriculares para parteras, fomento económico para personas que posean sabidurías ancestrales, la creación de una subsecretaría de salud intercultural, la entrega de información de personal en el IESS, entre otros.

En torno a la Red Pública de Salud, el Gobierno actualizará los lineamientos de atención del Call Center, actualizará los manuales de Primer Nivel de Atención. Se aseguró que el IESS no será privatizado. El Gobierno asignará al menos el 80% de fármacos e insumos para el sector campesino durante el primer semestre de 2023. Se creará una mesa de coordinación entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino. Se incorporarán otras lenguas a la línea telefónica 171 de atención gratuita del Ministerio de Salud.

Pacientes protestan en las afueras de un hospital del IESS por la falta de medicinas. Foto Archivo EFE

Parte de las demandas pidieron cuentas sobre la propuesta del Gobierno de reducir la desnutrición crónica infantil en 6% y los beneficios tributarios para privados que patrocinen fundaciones ligadas al tema. El Gobierno afirmó que su plan está dentro de la Ley de Inversiones y aseguró un espacio para las organizaciones en la mesa técnica de agua segura y las mesas cantonales de reducción de desnutrición.

Las organizaciones serán parte de una mesa técnica para la elaboración de la Política de Salud Mental 2023, donde se incluirá un enfoque comunitario. El Gobierno presentó la hoja de ruta para el tratamiento de personas con enfermedades catastróficas y la adquisición de medicamentos de alto costo. El Estado se comprometió a mejorar el 50% de las unidades de salud operativas a nivel nacional.

El Gobierno aseguró un abastecimiento de medicamentos del 80% para diciembre de 2022. El Estado informará sobre los procesos de adquisición de forma mensual. Entre otras medidas estuvieron el incremento de camas hospitalarias, aumentar la flota vehicular, implementar códigos de género, entre otras. En total serán 18 mesas técnicas que se implementarán desde la fecha hasta marzo de 2023.

   Punto de vista   

Nemo Andy, CONFENIAE

Nemo Andy es una lideresa indígena del pueblo waorani. Nemo estuvo representando a la CONFENIAE en la mesa de salud. “La salud en la parte rural es precaria, no hay presupuesto para canoas, no tenemos para implementar en nuestros territorios como hay en la ciudad”, dice.

La lideresa inicia su análisis con un ejemplo concreto. “Hace cuatro días teníamos una paciente con una mordedura de culebra venenosa, hemos buscado a todas las autoridades porque no hay río para sacarla en canoa. En Pastaza y a nivel nacional nos cerraron todas las puertas. Solo pedíamos un helicóptero, el Ministerio de Salud nos comunicó que no hay presupuesto. ¿Acaso la vida de la gente en la Amazonía vale menos? La gente nos critica porque salimos a las calles, pero es porque vivimos en condiciones inhumanas”, declara Nemo Andy.

La dirigente indígena cuenta que muchos de los subcentros son muy precarios y no tienen médicos especialistas sino solo jóvenes que van a hacer las prácticas rurales. “Incrementar el presupuesto es importante, sin embargo, eso se queda en las ciudades”, asegura. Nemo declara que también es importante que se cumpla con proveer psicólogos ya que en sus territorios sólo es posible acceder de manera privada.

“Nuestro trabajo no es solo pensando en el territorio indígena sino en todo el país. Nos dicen que es solo para nosotros, pero la salud pública beneficia a todos los hermanos ecuatorianos, nosotros luchamos pensando en la colectividad, pensando en los compañeros afros, mestizos, y otros pueblos”, dice Nemo.

La representante de la CONFENIAE asegura que durante un año de gestión de Lasso, han visto precariedad en sus territorios, “en la amazonia no contamos con canoas ni con motor fuera de borda para movilizar a los médicos. Después del paro el Gobierno ha dicho que ayudará. Nosotros no tenemos miedo, quizá el Gobierno quiere hacernos bajar la guardia, pero nosotros seguiremos vigilando”, asegura.

Nemo recalca en la necesidad de médicos profesionales:“un médico para que la gente tenga confianza de ir a los subcentros. Cada que un paciente va el médico no puede recetar porque no hay nada, no hay medicamentos, no hay equipamiento, no hay transporte para ir a centros en la ciudad. Las avionetas son muy costosas para nosotros”, dice.

Educación – Promesas que necesitarán presupuesto

En materia de educación se presentará un plan de proyecciones hasta 2025 para cerrar las brechas de acceso a la educación. El Ministerio de Economía trabajará con la SENESCYT en un incremento del 5% del presupuesto del Sistema de Educación Superior. En 2023 se entregarán $200 millones al sistema, para 2023-2025 se asignarán $240 millones para gestión académica y administrativa.

El Gobierno se comprometió a gestionar un fondo de $100 millones para becas, de las que el 40% será para pueblos y nacionalidades. También gestionará un fondo de $50 millones para la creación de institutos.

Se incluirá dentro del presupuesto el proyecto de inversión de la Universidad de Pueblos y Nacionalidades, un proyecto que asciende a los $57 millones. Habrá un fondo de $20 millones anuales para investigación de saberes de los pueblos y nacionalidades y promoción de la interculturalidad en el sistema.

El 5 de octubre de 2022 se instaló la mesa de Educación Superior en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Foto: Cortesía del Ministerio de Gobierno. Foto: El Universo

Otro de los acuerdos fue generar una política pública para garantizar que al menos el 21% de los estudiantes de pueblos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos y montubios culminen sus estudios. El Estado se comprometió a asegurar cuotas para los pueblos y nacionalidades del 5% actual al 21% para 2025.

Se aceptó hacer un seguimiento al sistema de becas que debe asignar al menos un 10% de ayudas económicas a sus estudiantes. Para los pueblos y nacionalidades se elaborará un reglamento para que exista un 21% de becas. Se condonará becas públicas a estudiantes que padecen enfermedades catastróficas y estén en procesos coactivos.

El sector indígena pidió ser parte del Consejo de Educación Superior (CES), que define las políticas y lineamientos del sistema. El Gobierno sólo aceptó crear una secretaría y otorgarles atribuciones coordinadas. El CES trabajará en una normativa para viabilizar el reconocimiento de estudios de las personas afectadas por el cierre de universidades en 2008.

   Punto de Vista    

Alexis Oviedo, docente universitario

El docente de la Universidad Andina, Alexis Oviedo, analiza la mesa de Educación y cree que deberían crearse compromisos mutuos para un “diálogo ético”. Según el docente los cuadros medios del Gobierno en los diálogos no tienen capacidad de decisión total. “Algo que es increíble es la no participación del presidente”, agregó.

Oviedo argumenta que los presupuestos para la inversión social son bajos. “En el caso de la educación superior ha venido en recortes graduales, principalmente desde Moreno y Lasso”, dijo el docente. El catedrático aseguró que los mandantes no cumplen los mandatos constitucionales de asignación de presupuesto para la educación. 

Sobre la Universidad de Pueblos y Nacionalidades, Oviedo indica que en el Gobierno de Correa se excluyó de la acreditación a esa institución por, por ejemplo, no cumplir con requisitos de cientificidad.  Oviedo argumenta que el racismo en la educación superior se refleja en las bajas cuotas de pueblos y nacionalidades y asegura que, tras una mejora en el Gobierno de Correa, la situación volvió a empeorar en el Gobierno de Moreno.

En cuanto al acuerdo de las becas, Oviedo dice que en el país “simplemente no hay becas para el sector indígena”. De acuerdo con el análisis del docente las becas siguen beneficiando a los sectores privilegiados de la sociedad ya que hay requisitos incluyentes como, por ejemplo, saber inglés.

Oviedo asegura que en gabinetes anteriores se frenaron reformas por temas de presupuesto, y teme que esto pueda volver a ocurrir en el Gobierno de Lasso. Una razón de su escepticismo es la orientación por la producción y la baja inversión social que, asegura, ha demostrado este Gobierno.