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2 de Marzo del 2020
Historias
Lectura: 15 minutos
2 de Marzo del 2020
Redacción Plan V
Los miles de dólares en efectivo de AP y el cruce de acusaciones
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Christian Viteri y Viviana Bonilla dijeron desconocer el origen de los fondos que enviaba AP para la campaña de 2014. Foto: El Universo

El exasambleísta Christian Viteri contó durante una hora y media los pormenores de su paso por la campaña de Viviana Bonilla. Reveló que todos los pagos se hicieron en efectivo en el Colegio de Abogados del Guayas. Los funcionarios procesados aprovecharon sus testimonios en la Corte para lanzarse contra algunos testigos y contra Pamela Martínez y Laura Terán.

Si algo quedó claro durante el juicio del caso Sobornos 2012-2016 es la inmensa cantidad de dinero en efectivo que circuló durante, al menos, las elecciones seccionales de 2014. Los datos más reveladores sobre este tema salieron del testimonio de Christian Viteri, quien fue asambleísta alterno entre 2009 y 2017, y que ahora lo registra Plan V en casi su totalidad.

Viteri fue uno de los cuatro funcionarios que habló frente al tribunal de la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia de juicio que lleva once días. Los otros tres fueron Viviana Bonilla, actual asambleísta, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, y María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas. Otros seis empresarios más también lo hicieron: Pedro Verduga, Teodoro Calle, Rafael Córdova, Édgar Salas, Bolívar Sánchez y Víctor Fontana. 

El procesado dijo, como estrategia de defensa, que desconocía el origen de los dineros que ingresaron para la campaña de Viviana Bonilla en 2014. En ese año, Bonilla fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil y Viteri fue su coordinador de campaña. Según la Fiscalía, ambos están relacionados con el presunto delito de cohecho y de haber recibido fondos provenientes de empresarios, quienes a su vez se hicieron con contratos del Estado. 


Viviana Bonilla a su llegada a la Corte el pasado jueves. Foto: Twitter Karina Sotalín

El exasambleísta llevó una carpeta y hojas con apuntes manuscritos para su exposición de hora y media. Negó uno de los principales señalamientos de la Fiscalía. El ente acusador ha presentado como pruebas los registros que están en los archivos de Laura Terán, procesada y testigo protegido. Uno de ellos dice: “Viviana Bonilla enviará a su jefe de campaña Christian Viteri y/o Gustavo Bucaram”. El envío habría sido, según la Fiscalía, para recoger fondos de campaña en Quito. Las cifras de esos montos son diversas, de acuerdo a los registros, que van entre 300.000, 232.0000 (por pago de facturas) y 100.000 dólares. “Jamás voy a venir por 100.000 dólares y pasar por el aeropuerto, jamás voy a hacerlo si soy un profesional del derecho”, aseguró.

el Banco Nacional de Fomento no pidió explicaciones por el ingreso de altas sumas de dinero en efectivo para la campaña de 2014, de acuerdo a Viteri.

Fue después de este momento cuando empezó a contar el inmenso flujo de dinero en efectivo que hubo en 2014. Confirmó que Alianza País (AP) envió 265.000 dólares a Guayaquil para la campaña de Bonilla. Terán fue quien le pidió por teléfono que “mande a retirar los fondos”. “Habla Laura Terán de Alianza País”, le dijo por teléfono, según Viteri.

Viteri agregó que hizo esperar los envíos hasta que Marcia Montalvo abriera las cuentas para el depósito de esos dineros. Montalvo, quien fue llamada como testigo por la defensa de Viteri, fue la administradora de los fondos de la campaña en 2014 en Guayas. Bajo juramento, dijo que ella abrió dos cuentas con su respectivo RUC para esos dineros: una para alcaldes y otra para concejales en el Banco Nacional de Fomento (hoy BanEcuador). En el interrogatorio de la fiscal Diana Salazar, Montalvo dijo no recordar si los depósitos fueron en efectivo o en cheque y que tampoco supo la procedencia del dinero. Las cuentas tenían como firma de responsabilidad la de Montalvo. 

“Cuando mandaban dinero (para la campaña) eran 10.000, 30.000”, manifestó Viteri. Una de las anécdotas que expuso tuvo que ver con Correos del Ecuador. Al final de la campaña  —afirmó— Alvarado le envió un folleto para que lo repartan. Viteri cotizó con varias empresas el envío y la que ofreció mejor precio fue Correos del Ecuador y este fue de 45.000 dólares. Correos —siguió con su relato— empezó a torturarlo por la deuda. Viteri llamó a Terán y ella le respondió que “ya están los fondos”. Cuando los mandó a retirar con uno de sus guardias, este le dijo que era dinero en efectivo.


Los abogados Paúl Ocaña, defensor de Teodoro Calle, y Alembert Vera, defensor de Walter Solís.

Fue en ese momento cuando, según él, se enteró que eran en efectivo. “Todos los depósitos fueron en efectivo”, aseguró. Los dineros siempre fueron retirados del Colegio de Abogados de Pichincha, agregó. En esa época, su presidente fue Jimmy Salazar, esposo de Martínez. También citó a Byron Martínez, esposo de Terán, quien también aparecería en los ‘archivos verdes’. Reclamó a la Fiscalía por no haber llamado como testigos a Paulina Proaño, ex directora financiera de AP, y Rolando Carrera, ex contador de AP e investigado por sus relaciones con el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro (IPPE). Los ‘archivos verdes’, sobre Carrera, dicen lo siguiente: “Autorizado el 31 de enero de 2014, $500.000 para Rolando Carrera y pago de factura $232.000 para Cristian Viteri”. “¿Por qué no vinieron como testigos?”, dijo Viteri. 

Aseguró que tiene todos los registros de los depósitos hechos en el banco estatal, entidad que no pidió explicaciones por el ingreso de altas sumas de dinero en efectivo, de acuerdo a Viteri. Ese fue otro vació de la investigación fiscal, arguyó el exasambleísta y cuestionó que no se haya llamado al banco para que informe sobre esos depósitos.

265.000 dólares llegaron a Guayaquil para la campaña de Ap en 2014. Según Viteri, todo ese dinero se entregó en efectivo en el Colegio de Abogados del Guayas, cuyo presidente era el esposo de Pamela Martínez. 

La cadena de llamadas para los fondos habría sido así: María Augusta Enríquez, exasesora de Alvarado, le dijo que hable con Martínez por los recursos y esta a su vez “me dijo todo con Laura Terán”. “Jamás vi en persona a Terán”. 

Viteri arrancó su versión contando su vida como abogado especialista en derecho tributario y empresarial. Bajo ese título, su estudio jurídico Viteri y Asociados —que funciona desde el 2001— ha representado a por lo menos 300 empresas. En ese estudio también trabaja Gustavo Mora, esposo de Bonilla, y por eso su relación de amistad con la actual asambleísta. 

Reacio a la política, según contó, su primera función pública fue ser asambleísta alterno de Bonilla en 2009 hasta cuando ella es nombrada Gobernadora del Guayas. En 2013, Viteri vuelve a la política, pero como asambleísta suplente de Alexandra Arce. Ese mismo año, Arce renunció a su curul para ser candidata a la alcaldía de Durán y allí Viteri se principalizó como asambleísta.


Los jueces del tribunal. El lunes 2 de marzo se suspedió la audiencia por dos días por el fallecimiento de la madre del juez Iván León (centro). 

“Tú no eres responsable económico, solo serás el enlace”, le dijo Bonilla a Viteri cuando le propuso ser su coordinador. Narró que Vinicio Alvarado le pidió el listado de requerimientos para la campaña. En Quito, el movimiento se encargaba la publicidad, las tarimas, las encuestas. Confirmó que la agencia Creacional, de Alvarado, manejó la campaña. Mientras que en Guayaquil debían encargarse de colocar el material publicitario en cada esquina y alquilar los vehículos para las caravanas y los buses para los simpatizantes. Viteri dijo que durante la campaña trabajaron dos asesores de Argentina y Venezuela. Pero el ex asambleísta reiteró en varias ocasiones de su testimonio que no sabía el origen de los fondos. 

Bonilla coincidió con la versión de su compañero de campaña. “Si el dinero venía de la monja del Cristo del Consuelo no estaba en la obligación de saber”, mencionó. En su defensa narró las largas horas de campaña que consumieron su tiempo y durante este no se reunió con ninguna persona para hablar sobre los fondos. “Disculpa, ¿quién me está pagando la tarima? No son preguntas que se hace un candidato”, dijo. Finalmente se declaró como la única persona que ha sido procesada por ser candidata en una elección que perdió.  

No es la primera vez que los fondos de campaña de AP son cuestionados. En mayo pasado, Proaño dio su versión a la Fiscalía sobre los aportes de campaña que recibió el binomio Rafael Correa y Jorge Glas en 2013. De los 1,2 millones de dólares que tuvo de contribuciones, 684.000 dólares no especificaba la lista de aportantes. Pero un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) de diciembre pasado aseguró que AP cumplió con sus reportes de campaña

Un cruce de acusaciones

Durante la presentación de la prueba de los acusados, la estrategia quedó clara. Los ex altos funcionarios procesados no dudaron en señalar a Martínez y Terán como las ejecutoras y beneficiarias de la trama de sobornos. Todo eso para derrumbar “la estructura criminal” que ha sostenido la Fiscalía basada, entre otros elementos, en un informe de la perita Alexandra Mantilla

De los cuatro funcionarios que rindieron su testimonio al tribunal, solo Bonilla no las mencionó. Ella se refirió principalmente a Gustavo Bucaram, quien en su versión dijo que Bonilla le solicitó que se traslade a Quito a retirar 100.000 dólares y este monto le entregó en su domicilio. En el juicio, bajo juramento, Bucaram se ratificó y agregó que el dinero fue entregado en billetes de 100 dólares y que pasó sin problema los filtros de seguridad. La única prueba que tiene la Fiscalía —dijo—”es el testimonio de una persona desacreditada”. 

Los tres restantes, Viteri, Mera y Duarte, lo hicieron sin ningún tapujo. Mera acusó a Martínez de recibir 20.000 dólares mensuales de Equitesa, del empresario Pedro Verduga, y 400.000 dólares de Odebrecht, ambos pagos fueron cuando era jueza de la Corte Constitucional, según Mera. También que recibió 200.000 del consorcio GLP. “Hay graves indicios de corrupción entre Martínez y Verduga”, agregó.

Según la Fiscalía, Mera recibió un total de USD 265.000 por “servicios jurídicos verdes” a Alianza País. El exsecretario jurídico de la Presidencia mencionó que su función solo se limitaba a revisar la legalidad de los decretos o proyectos de leyes. Dijo que no estuvo de acuerdo con todo lo que hizo Correa, por ejemplo, con el Plan Buen Vivir, el Código Ambiental, la Ley de Tránsito y algunos artículos del COIP.

Martínez, en su testimonio anticipado, dijo que Mera la visitó en su despacho en el edificio La Unión, una visita que sorprendió a los empleados. “Interrumpí la reunión y lo recibí y ya cuando él estuvo conmigo me dijo: ‘vengo de despachar con Rafael y se requiere unos valores urgentes e importantes’. Mera dijo en el juicio que era normal que él vaya a ese edificio porque ahí comía una vez por semana. Cuestionó el cuaderno de Martínez y lo calificó de ‘incoherencias graves’ y también a la fiscal Salazar por ‘correr’ a la prensa con los chats entre Mera y Correa.

La defensa de Mera también se concentró en deslegitimar al testigo Pedro Espinosa, quien trabajó en la Secretaría Jurídica. Según Espinosa, Martínez le entregó dos sobres para Mera. Un testigo del ex alto funcionario dijo que lo que hubo en esos sobres eran discos.


María Duarte se unió a los otros procesados y también señaló a Martínez.

Finalmente, Duarte dijo que si alguien mandaba en la supuesta estructura era Martínez o “se vendía así”. Tanto Martínez y Laura Terán —manifestó— son las que están “muy hundidas”. “Martínez con sueldo de Odebrecht. Una persona con ese temor dice lo que dice”. Su relación con Correa fue cordial y con Glas no tuvo una buena relación, dijo. 

De los seis empresarios que hablaron, solo Pedro Verduga señaló a Martínez y a la cúpula de AP (Alvarado, Mera, Glas, Solís). Pero la sorpresa en los testimonios de los empresarios la protagonizó Teodoro Calle, quien cambió su versión inicial en la que acusó a Duarte de “chantajear” a los empresarios. Esto fue reportado en un artículo anterior en Plan V

Un incidente con la defensa de Correa

La noche del pasado jueves fue agitada. Tanto Fiscalía como Procuraduría reaccionaron fuertemente y el tribunal de la Corte tuvo que salir a deliberar. Todo esto después de que la defensa de Correa pidiera el ingreso de nueva prueba. Esta consistía en un disco supuestamente con los originales de los llamados ‘archivos verdes’. Fausto Jarrín, abogado del expresidente, dijo que los archivos que dieron origen a investigación habrían sido obtenidos de forma ilegal por la Senain ahora CIES.

Jarrín expuso un pliego de papel con la supuesta estructura que nace de los archivos “obtenidos ilegalmente” por la Senain. Era un mapa de relaciones que, según afirmó, se logra con un sistema de inteligencia que se vende a Gobiernos. Esos archivos, dijo el abogado de Correa, habrían sido entregados supuestamente a los periodistas Christian Zurita y Fernando Villavicencio para que los “distribuyan por redes”.

Jarrín agregó que una fuente le entregó los archivos. Además presentó una pericia realizada por la empresa colombiana Adalid Corp. El tribunal finalmente negó el pedido de Jarrín, de hacer una pericia al disco con los supuestos ‘archivos verdes’ originales.

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