"Soy cristiano y sé que las injusticias claman al cielo…”, Rafael Correa al referirse a detenidos por el caso Duzac. Entrevista en Gamatv, 7 de noviembre 2012.

Durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa se dieron 35 asesinatos vinculados a casos de denuncias de corrupción, denuncias de narcotráfico y a protestas sociales.

La mayor cantidad de muertos (16) sucedieron alrededor de la protesta social. Solo en el ‘30S’ hubo 10 muertos.
La denuncia de corrupción está después, con 15 víctimas. Únicamente en torno al caso del general Gabela hubo siete muertos.
En varios casos es notorio el empeño del gobierno por desvincular a los crímenes de los casos de corrupción y narcotráfico denunciados.

La justicia siguió el ritmo del Ejecutivo limitándose a decir que se trata de ‘sicariato’. Y, con poquísimas excepciones, los defensores de los derechos humanos han enmudecido. Pesaron los favores, el sueldo, el poder.

Estos crímenes, en su mayoría impunes, es la deuda que tienen tanto el gobierno de Rafael Correa como los defensores de los derechos humanos.

Dirán: ¿dónde están las pruebas? Los periodistas no somos fiscales, no somos jueces, solo transmitimos información y a través del análisis de los hechos, de  las evidencias y de las coincidencias, narramos una historia que a los fiscales les toca investigar y a los jueces juzgar.

Eso lo hacemos en esta ayudamemoria.

En el Ecuador también mueren periodistas 

El periodista ha sido partícipe en la crítica y en la denuncia de corrupción en el gobierno. Y algunos han muerto de manera sospechosa. Revisando los casos nos quedamos con aquellos que muestran más evidencias y coincidencias.

1.- Carlos Navarrete

24 de febrero 2008. El Estado ecuatoriano, a través de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos), incautó el diario El Telégrafo de Guayaquil al intervenir los bienes del banquero Fernando Aspiazu, su mayor accionista, entonces, y propietario del Banco del Progreso, desaparecido en la crisis bancaria de 1999.

Carlos Enrique Navarrete Castillo, descendiente de los fundadores del diario El Telégrafo, el más antiguo del país, había llegado a director de ese periódico en el 2002, pero al comienzo del gobierno de Correa, en el 2007, perdió el control del medio porque la AGD asumió la administración de las propiedades incautadas a los banqueros que provocaron la crisis bancaria de 1999.

En junio de 2007, la SIP señaló que Navarrete denunció "prácticas irregulares por parte del Estado ecuatoriano".

Según Navarrete, el Estado había actuado con abuso de poder al querer despojar la propiedad del diario a los accionistas privados anulando varios aumentos de capital realizados para salvar al periódico de la bancarrota en 2002, 2004 y 2007, que le habrían otorgado la mayoría de las acciones.

Navarrete había dicho que iría a los tribunales para reclamar su inversión en el diario.

El 24 de febrero 2008, el ex director Navarrete apareció asesinado en su domicilio. La policía detuvo a supuestos implicados.

En la alerta ‘Antiguo director de El Telégrafo torturado y asesinado; descartada hipótesis de robo’, del 29 de febrero 2008, Periodistas Sin Fronteras expone datos sobre el crimen. Navarrete, de 53 años, apareció sin vida en el cuarto de baño de su casa de Guayaquil en la noche del 24 al 25 de febrero, con las manos atadas y el cuerpo traspasado por siete cuchilladas en el tórax y dos en el cuello. La policía, avisada por la madre del periodista que descubrió el cuerpo, encontró también huellas de tortura. Según los primeros indicios, el asesinato no se habría producido allí. En efecto, la policía encontró sangre en el interior del coche de la víctima, localizado en otro barrio de la ciudad. Los vecinos no oyeron nada, ni notaron nada sospechoso. No han robado en la casa, y ahora la policía se decanta porque haya sido una venganza.

El diario El Universo agregó el 9 de julio 2008, “Segundo Orlando López Medina, el hombre que le habría propinado la primera de las once heridas que, el 23 de febrero pasado, provocaron la muerte del ex director de diario El Telégrafo, fue detenido la noche del lunes pasado cerca al Riocentro sur y con su declaración, informó ayer la Policía, comenzó a esclarecerse ese asesinato… Según la Fiscalía, López integraba el grupo que tres meses antes del asesinato habría sido contratado por Francisco Xavier Jurado Mosquera, amigo personal de la víctima, para que robaran la caja fuerte.

No encontramos una explicación de por qué la caja fuerte era tan deseada.

El 11 de julio 2009 se dictó sentencia de 25 años de cárcel en contra de Segundo Orlando López Medina y Carlos Alberto Rodríguez Sañudo. Francisco Xavier Jurado Mosquera estaba prófugo. Al ex policía Francisco Ortiz Ormaza no se le menciona.

El 13 de agosto 2013 se conoció que Jurado que pasó a formar parte de la ‘Lista de los más buscados’ en Ecuador, fue aprehendido en el departamento La Libertad, provincia de Trujillo, norte de Perú. De inmediato fue deportado y encerrado en la cárcel de Guayaquil.

2.- Raúl Rodríguez

24 de junio 2008. César Raúl Rodríguez Coronel nació en Guayaquil el 27 de abril de 1945. Se inició en el periodismo en radio HCJB, donde se jubiló a los 23 años de labores. Radio Sucre le abrió las puertas y le permitió dirigir el programa Buenos días Ecuador. Fue vicepresidente de noticias de Radio Sucre y tenía su programa ‘Buenos días Ecuador’ desde hace más de una década, con una “posición frontal” en sus comentarios.

Alba Rodríguez sostuvo que su papá recibía constantes amenazas por las críticas contra el Gobierno e instituciones públicas, entre ellas, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Para precautelar su integridad llevaba un arma.

Según su hermano Carlos, el 24 de junio 2008, el periodista llegó a las 05:55 a radio Sucre, ubicada en el norte de Guayaquil. Su programa ‘Buenos días Ecuador’ lo inició con la frase: “Está es una nueva semana de trabajo. Hay que luchar para ganarse el pan de cada día...” Luego criticó al Gobierno por el descontrol en el precio del arroz.

Hacia las 07:10 se despidió de Vicente Arroba, presidente de Radio Sucre, no sin antes bromear con uno que otro colega. A las 07:20 llegó hasta la manzana 21, villa 5, y estacionó su auto Chevrolet Vitara, de placas GOP-333, en una casa de la manzana 28. En ese momento fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en el taxi Lada de placas GHB-199, por la avenida principal de la ciudadela Guayacanes. Ellos dispararon. Rodríguez intentó inútilmente sacar su arma tipo Pietro Beretta (9 mm) para defenderse. Tres impactos de bala acabaron con su vida.

27 de junio 2008. Con la detención de 8 personas implicadas, la Policía Nacional y Fiscalía dijeron haber descubierto a la autora intelectual del crimen del periodista Rodríguez. Era su ex conviviente Luz Antonia Rivera Yépez.

Aunque las evidencias señalan a Rivera como presunta autora intelectual del hecho, (los detenidos) aún están siendo investigados. La Fiscalía descarta que el crimen haya sido por venganza o alguna investigación periodística.

El móvil del crimen según el ministro Fiscal Distrital, Antonio Gagliardo, habría sido por “cuestiones de carácter económico”, pues Rivera se quería apropiar de 30.000 dólares de Rodríguez. El informe revela que fue Rivera quien contrató a Cristian Giovanny Villamar Román y este, a su vez, a Johnny Medina “Chuzudo”, a quienes se les habría cancelado 5 mil dólares para que cometan el crimen.

30 de junio 2009. La principal acusada como presunta autora intelectual de la muerte del vicepresidente de Noticias de Radio Sucre, Raúl Rodríguez Coronel, fue absuelta de cargos porque ‘no se comprobó su responsabilidad en el delito’.

Johnny Medina Rivadeneira y Segundo Sellán Vargas fueron señalados como los autores del delito que fue considerado un robo agravado, por la muerte de la víctima. Los dos fueron sentenciados a 25 años de reclusión mayor especial.

Asimismo, Ronald Velasco Pinela fue sancionado como encubridor y deberá permanecer 2 años recluido en la Penitenciaría del Litoral.

3.- Jorge Santana

23 de marzo 2010. Jorge Santana Carbonell, estudiante de Comunicación Social, en la Facultad de Sociología de la Universidad Técnica de Machala, se desempeñaba como reportero de diario Correo; presentador de noticias del sistema de TV cable CQ 15 de Pasaje; y era director del quincenario Tribuna, en la provincia de El Oro, cuando murió tras permanecer siete días en coma, luego de que en la tarde del 16 de marzo 2010 su motocicleta fuera impactada por un automóvil.

Por versiones de testigos se conoció que cuando Santana observó a unos sospechosos que maniataban a una víctima, hizo una toma fotográfica del supuesto secuestro. Los presuntos hampones se percataron de su presencia, lo persiguieron hasta lanzar su vehículo contra la moto en la que el periodista se movilizaba.

Este accidente había ocurrido alrededor de las 18:30 del martes 16, en la Perimetral Sur, de la vía Pasaje–Machala. En ese momento le robaron la cámara con la cual habría tomado las fotos comprometedoras.

En la madrugada del 23 de marzo 2010, falleció.

Hasta la redacción de Diario Correo, donde colaboraba Santana, llegó un fax de un supuesto parte policial con el reporte del accidente que informaba de “Un accidente de tránsito (choque por alcance) de un vehículo inidentificado a la motocicleta Suzuki, modelo AX 100, color negro, conducida por Jorge Armando Santana Carbonell. Se encontró una cámara fotográfica, marca Canon, color negro y la moto queda retenida…”

¿Cómo que la cámara robada luego aparece en manos de la policía? Y no se dice si la cámara tenía las fotos tomadas por la víctima, del supuesto secuestro. Tampoco se conoce si fue detenido alguno de los autores de la embestida asesina del auto a la moto de Santana.

4.- Byron Baldeón 

1 de julio 2012. Byron Baldeón, fotoperiodista del diario Extra fue asesinado cerca de su domicilio, en El Triunfo, a 61 Km de Guayaquil.

En declaraciones para Teleamazonas, testigos aseguraron que el comunicador social llegaba a su hogar y fue interceptado por dos individuos no identificados que se movilizaban en una motocicleta. 

Según Henry Holguín, editor general de diario Extra, la autopsia reveló que Baldeón recibió nueve impactos de bala, todos realizados a corta distancia. También confirmó que la víctima había estado investigando acerca de un asalto y robo en un contenedor cargado de televisores, por lo cual fueron capturados tres policías en servicio activo y dos civiles, en mayo pasado.

Hasta la fecha no se conoce hubiesen sido descubiertos los autores de este crimen ni que hubiesen sido condenados.

29 de diciembre 2012. Refiriéndose al informe de fin de año sobre el estado de la Libertad de Prensa en el 2012, presentado por Fundamedios dijo: “Pone que se han asesinado a tres periodistas porque, lamentablemente, murieron en este año de forma trágica tres personas que, derepente, algunas de ellas se dedicaban al periodismo, no a tiempo completo algunas de ellas… Todo eso lo reporta como atentado a la libertad de expresión y agresiones, así se engaña al planeta, dicen que aquí se asesinan periodistas, ¿saben lo que es esa acusación?”

5.- Fausto Valdivieso

Jueves 11 de abril 2013. El periodista Fausto Valdiviezo que gustaba del fútbol, la playa, el rock, los autos clásicos y conducir motos, ejerció su profesión en Ecuavisa, SíTV, RTS, Radio Sucre, de su ciudad, Guayaquil, donde adquirió fama por sus coberturas de temas de la comunidad y era muy querido por la gente que le buscaba para hacer sus denuncias.

Tan pronto como se produjo la incautación del canal a los banqueros Isaías, el gobierno designó su administrador a Carlos Coello y los trabajadores tenían a Fausto Valdiviezo como secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de TC Televisión. En 2010 cuestionó a través de su cuenta de Youtube "patuchobalcon", el supuesto incremento excesivo del personal  de la estación televisiva, así como el aumento de los sueldos de los directivos del canal, sus viajes. También se mostró en desacuerdo con la venta del 30% de las acciones de la empresa a sus empleados. Valdiviezo consideraba que era insuficiente porque los empleados iban a quedar en minoría.

Eso molestó a los nuevos administradores del canal que le retiraron del puesto de presentador de noticias y le asignaron la función de reportero, sin embargo, no podía realizar coberturas en vivo porque “no querían correr el riesgo de que yo vaya a decir algo que los vaya a afectar”, intuyó Valdiviezo.

Este periodista se convirtió en incómodo hasta para el presidente Correa que en su sabatina No. 178 del 10 de julio 2010, se burló de Valdiviezo diciendo: “Por ahí hay un enanito agitador de bigote que siempre salía en Crónica Roja... que no sé por qué no lo han sacado. Él es un mal elemento. Está agitando a la gente para que no nos compren y hacernos quedar mal…” Valdiviezo no se amilanó. En su YouTube repetía irónicamente: “Enanito de bigote, elemento malsano…”

Coello le pidió que renunciara. Valdiviezo prefirió poner una demanda en el Juzgado Segundo de Trabajo de Guayaquil denunciando que durante su tiempo de permanencia en el medio no había recibido los beneficios de ley. La empresa le ofreció una liquidación como despido intempestivo y el periodista desistió del juicio. Dejó el canal el 16 de agosto 2010.

Había instalado un canal on-line y era un asiduo seguidor de las redes sociales por las cuales anunció que estrenaría programa.

El miércoles 10 de abril 2013, en la noche, “el señor ya había sufrido un atentado… fuera de su vivienda. Lamentablemente no lo informó a la Policía”, dijo jefe de la Policía Judicial del Guayas, Marcelo Tobar. Sin embargo, su familia afirmó posteriormente que el periodista sí denunció el hecho. No pasó nada y la siguiente noche (jueves 11 de abril 2013, 22:00) tres encapuchados lo asesinaron con tres tiros mientras salía de la casa de su madre, en la ciudadela la Atarazana de Guayaquil.

En su sabatina Correa calificó de “tragedia” el asesinato del comunicador y aseguró que “jamás se van a escatimar recursos para descubrir la verdad”. Y reconoció haber tenido confrontación “clara” con el comunicador hace unos años atrás porque él no quería que TC Televisión, el medio en donde en ese momento Valdiviezo laboraba, pasara a manos del Estado ecuatoriano, después de su incautación.

El lunes 15 de abril 2013, en declaraciones dadas al canal estatal Gama TV, el Ministro del Interior, José Serrano, se anticipó a descartar que el crimen contra el periodista Fausto Valdiviezo tuviera relación con su actividad profesional, sin aportar ninguna prueba.

El jueves 30 de mayo 2013, un mes y medio después, nueve personas fueron detenidas como sospechosas del crimen. Una de ellas fue Ingrid Soraya León Bermúdez, identificada por la Policía como presunta autora intelectual, y su sobrina, quien horas antes se habría entregado de manera voluntaria, haciéndose pasar por su tía para comprobar si había las garantías necesarias para la entrega.

Después trataron de involucrarlo a Fausto con narcotráfico.

Las detenciones venían dándose desde la noche del 22 de mayo. En dichos operativos se encontraron cuatro vehículos, así como dinero en efectivo y supuestas evidencias de actividades “de acopio y envío de drogas”, lo que hace pensar a la policía de que se trata de una banda vinculada al tráfico de drogas, usura y trata de personas. Entonces el ministro del Interior, José Serrano, dijo que esa evidencia establecía una relación “inusual” entre el periodista y los sospechosos del crimen cometido.

Serrano usó el canal estatal GamaTV para insistir en lo “inusual” diciendo que de ninguna manera se está inculpando al periodista de algún tipo de actividad criminal y que serán los jueces los que determinen con precisión los hechos. “Se ha determinado una relación inusual que es la que se tiene que ir dilucidando, lo fundamental es que iniciamos una investigación frente a un crimen lamentable y nos encontramos con una banda que estaba operando en la ciudad de Guayaquil”.

Este es el relato del diario El Universo: “La investigación que realiza la Fiscalía por el asesinato del periodista Fausto Valdiviezo Moscoso… tuvo novedades ayer, luego de que el fiscal Víctor Altamirano Cartagena tomó las versiones de la madre del comunicador, Luz América Moscoso Coronel; la periodista María Josefa Coronel y el abogado Rody Santacruz de la Torre, primo de Valdiviezo.

Según la versión de Moscoso… “Tuvimos la sensación de que lo habían perseguido hasta la casa mía y me manifestó que en la mañana había ido a la oficina del abogado Rody Santacruz, que es primo hermano de él, y dejó firmado un documento donde manifestaba que si alguna cosa le pasaba a él o a la familia, ‘he ordenado a mis abogados que después de la rueda de prensa digan quién es el que ordenó matarme’, y dijo el nombre de esa persona; dijo que era el señor Carlos Coello, alto directivo de canal 10, TC Televisión”, relató Moscoso.

13 junio 2013. Una versión del diario El Comercio, dice: Un reporte entregado por una de las operadoras de telefonía celular al fiscal que indaga el caso, Víctor Altamirano, dijo que de 377 000 llamadas registradas el pasado 11 de abril, día en que fue baleado el comunicador, 15 tuvieron como origen el número de Valdiviezo. Ese día, Ingrid L. se comunicó por celular con Aída D.V., José R. y Elena F. Ellos están con prisión preventiva luego de que fueran vinculados dentro del proceso. Según el registro, ninguno se comunicó aquel día al teléfono de Valdiviezo. Julio César Cueva, abogado de la familia del periodista, reiteró ayer que el reporte de las llamadas “confirma” que no existió relación de amistad o de otro tipo entre la víctima y los detenidos.

Aída D.V., quien es investigada como presunta autora intelectual de la muerte, se contactó ese día con otras 15 personas, cuyas identidades la Policía se reservó. Las llamadas se hicieron entre las 09:00 y las 23:00. Dentro de la instrucción fiscal, Altamirano también imputó a Juan Carlos R., sobrino de Ingrid L…

El 23 de abril de 2014, el Tribunal Undécimo Penal del Guayas declaró inocentes a cuatro de los cinco procesados por el crimen del periodista. El quinto procesado aún se encuentra prófugo. El Tribunal llegó a esta decisión tras tres días de audiencia y luego de desechar las pruebas de la Fiscalía, que a criterio de los jueces, no pudo sustentar las acusaciones contra los presuntos implicados.

El 11 de enero 2017, Ecuadorenvivo reprodujo una nota de Teleamazonas en la cual Alfredo Valdiviezo, hermano del periodista asesinado, decía: “Nos gustaría saber a quién va a extraditar (Serrano) y si existe algún documento legal del proceso. Es una declaración que ha hecho pero de la que no ha mostrado prueba alguna”, subrayó.

24 de abril 2017. El mismo Serrano terminó desmintiéndose al tuitear: “Tenía un compromiso contra la impunidad y nuestra @PoliciaEcuador también, ha sido capturado Colombia presunto asesino de Fausto Valdiviezo”. Junto, divulgó una foto del supuesto implicado.

Ya no era Nueva York, era Colombia. Y, con esta versión enredada y su ‘sentencia’, el exministro festejaba su elección como asambleísta.

Las raras muertes de quienes denunciaron corrupción

Por la circunstancia de trabajar para el gobierno, algunos ciudadanos pudieron ver por dentro casos de supuesta corrupción y los denunciaron. Eso les costó la vida, como podemos ver en las siguientes historias.

6.- Quinto Pazmiño y su esposa

22 de mayo 2007. Quinto Pazmiño, manabita, se vinculó al partido de gobierno, Alianza PAIS, y consiguió el cargo de asesor político del Ministerio de Economía, cuando Ricardo Patiño, un funcionario leal a Correa, dirigía esa cartera.

Pazmiño trabajó solamente cuatro meses porque le acusaron de tramitar partidas presupuestarias y lo separaron del cargo (8 de mayo 2007). Pazmiño negó esas acusaciones, incluso se mostró predispuesto a enfrentar a Patiño y hasta al propio presidente de la República, Rafael Correa, en el campo legal, para defenderse.

Ya fuera del cargo, Pazmiño llevó al canal de televisión privado, Teleamazonas, un vídeo que Patiño le había ordenado grabar. Este medio puso el vídeo al aire, el 21 de mayo 2007. Mostraba una conversación del ministro Patiño con delegados de la banca de inversión Abadi & Co, en la que se hablaba de ‘asustar al mercado’, antes de que el Ecuador pagara el primer tramo de los intereses de los Bonos Global 2030, en febrero 2007, para obtener un beneficio económico. 

El 24 de mayo de 2007, el fiscal de la Nación, Jorge German, inició un proceso de indagación previa tomando como base la denuncia presentada por el diputado Pedro Almeida Morán, en contra del ministro de Economía, Ricardo Patiño. Esta investigación fiscal –según Rodas- determinó que nunca hubo irregularidades. El 29 de noviembre 2007, la Asamblea -con mayoría gobiernista- había sustituido a German por un fiscal de confianza del Ejecutivo. Y se acabó la intención de juicio.

Los famosos ‘Pativideos’ originaron una trama de acusaciones, desmentidos, ataques, que los vamos a resumir.

23 de mayo 2007. El Presidente de la República, Rafael Correa, calificó la denuncia efectuada por Pazmiño como un acto de corrupción, tildándolo además de canalla.

Pazmiño aclaró durante una entrevista con el periodista Andrés Carrión, en el Noticiero Uno, del canal privado Uno, “que no ha hecho ninguna denuncia en ningún medio televisivo, sino que ha presentado para que sea la comunidad, los ciudadanos y las autoridades quienes determinen e investiguen qué sucedió en los vídeos presentados…”

13 de junio 2007. Correa salió a defender a Patiño con insultos a la banca y a los medios de comunicación. “No tienen por dónde atacarnos, pero tiemblan porque van a perder el poder por primera vez en su vida; tratan de asustarnos; es ahora o nunca, nos vence la banca o nos vencemos y nos liberamos de una vez por todas… Busca hacer creer que el ministro de Economía hace cosas malas, cuando es un hombre patriota y honrado”. Una de sus propuestas a la Asamblea será que la nueva Constitución acabe “la relación incestuosa de los banqueros con la prensa”.

Patiño coincidió con el presidente Correa diciendo: “Hay una evidente coincidencia, pero muy rara, entre el canal Telamazonas, su dueño, el señor Fidel Egas, que es el dueño también del Banco del Pichincha, uno de los bancos más importantes de este país, que están en una oposición férrea” al proyecto de Ley de Justicia Financiera del Ejecutivo para regular la banca.

Fue cuando surgió el primer intento de censura a los medios de comunicación.

31 de agosto 2007. El presidente Rafael Correa había presentado una denuncia penal en contra de Quinto Pazmiño, por supuestas amenazas.

10 de septiembre 2007. Pazmiño fue detenido el primero de septiembre 2007 y encerrado en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito, donde comenzó a tener problemas. Su abogado, Javier Cevallos, denunció maltrato y amenazas de muerte contra su defendido quien se encontraba delicado de salud por un problema de hipertensión arterial. Solo por foto pudo ver que se encontraba con oxígeno.
De todas maneras, Pazmiño tuvo fuerzas para darle al presidente Rafael Correa un plazo para que se retractara de haberlo llamado “canalla y ladrón”, caso contrario haría público un nuevo vídeo comprometedor. Ese plazo concluyó el 9 de septiembre, sin la disculpa de Correa.

24 de abril 2010. Quinto Floresmilo Pazmiño Solórzano había sido liberado. Estaba trabajando como rector de la academia Naval Jambelí de Manta, fundada por él. El 23 de abril se había quedado en una reunión de padres de familia. Llegó a su casa en la noche. A las cinco de la mañana del 24 de abril, su esposa María Elizabeth Chancay Macías, con quien tenía 7 hijos, despertó y descubrió que su esposo estaba sin vida. El maestro, ex asesor-espía que denunció los ‘pativideos’ y desafiaba al presidente Correa, había muerto a los 52 años por un paro cardíaco. Según relató el medio manabita El Diario, Pazmiño venía sufriendo problemas con la presión arterial desde hace un año. Ya tuvo un pre infarto que le obligó a un tratamiento médico delicado.

Al año, el 7 de mayo de 2011, María Elizabeth Chancay Macías, la viuda de Quinto Pazmiño, se disponía ingresar a su vivienda en el sector Los Laureles, Manta, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le hicieron un disparo en la cabeza. Fue llevada al hospital del Seguro Social donde se recuperó, pese a la gravedad de la herida.

10 de octubre 2011. A las 19:15 de este día, María, de 34 años, se movilizaba por el barrio Altagracia de Manta en su vehículo, en compañía de un hijastro llamado “Davicho” y otro hombre no identificado. Una moto con dos hombres les interceptó y le dispararon a María cuatro tiros. Sus acompañantes que resultaron ilesos la llevaron a una clínica donde murió. Los testigos no pudieron identificar a los criminales porque el conductor llevaba puesto un casco y el pasajero que disparó usaba una capucha.
Iván Molina, jefe encargado de la Policía Judicial de Manta, señaló que por informaciones reservadas lograron conocer que Chancay era amenazada constantemente por desconocidos, debido a una fuerte deuda que adquirió a raíz de la muerte de su esposo, Quinto Pazmiño.

Un primo de Chancay confirmó que ella era constantemente amenazada por prestamistas colombianos. La amenazaban para que cancelara la deuda, cuyo monto no ha sido revelado, pero como Chancay no tenía los recursos suficientes, no les podía pagar.

Sin embargo, en la red hay gente que atribuye este crimen a un misterioso vídeo que Quinto Pazmiño o su viuda lo habrían vendido u ocultado. Su contenido, ni el negocio de bonos fueron investigados. Tampoco identificados los autores del crimen de María.

7.- La muerte del general Jorge Gabela

El crimen más siniestro de la década correista, sin lugar a dudas, es el del General Jorge Gabela Bueno, el primer comandante de la FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana) del gobierno de Correa (enero 2007-abril 2008).

Él se opuso tenazmente a la compra de 7 helicópteros indios, por su calidad. Ya retirado, continuó haciendo sus denuncias hasta cuando fue baleado en la sala de su casa.

El ministro de Defensa, Javier Ponce, y el presidente de Sumil C.A., representante de HAL (India Hindustan Aeronautics Limited), en Ecuador, Juan Cortez, firmaron el 5 de agosto del 2008 el contrato por $ 45’200.000: $ 30 millones de anticipo a la firma del contrato y $ 15’200.000 en 10 cuotas anuales del 2009 al 2018. El precio con pago diferido a tasa libor + 1% suma $50’700.000, según el acta del Comité de Contrataciones de la FAE. (El Universo. 1 febrero 2015).

28 de octubre 2009. A los seis meses de que llegaran a Ecuador, uno de los siete helicópteros Dhruv comprados a la India se cayó en la Base Aérea del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, durante la celebración de los 89 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

La aeronave perdió el control cuando realizaba una demostración de vuelo ante el vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, y la cúpula castrense.

Entonces se dieron cuenta que “los helicópteros habían llegado en condiciones diferentes a las estipuladas en el contrato”.

El asambleísta Fausto Cobo (PSP) aseguró que lo sucedido estaba previsto, pues este tipo de helicópteros fue rechazado incluso por la propia Fuerza Naval India. “Ecuador es el único país en el mundo que los ha adquirido”.

En respuesta a los cuestionamientos, el comandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez, manifestó que antes de comprar los aparatos se hizo un estudio profundo, por lo que considera que “una falla del aparato es casi imposible”.

“Justo durante la ceremonia iba a decir que estos helicópteros nunca podrían accidentarse, porque son helicópteros buenos. Lamento que mi gente se emociona tanto en las maniobras que tiene que hacer, que llega a perder el control”, dijo Bohórquez.

El oficial agregó que en las maniobras se pudo apreciar “un viraje demasiado pronunciado del helicóptero, de más de lo estimado, y de ahí se vira”.

Ya dio el veredicto, pero dijo que será la Junta de Investigaciones la que determine las causas del accidente. Las aeronaves están aseguradas y tienen dos años de garantía. “Debe quedar claro que no fue adjudicación a dedo, porque algún estamento diferente al de la Fuerza Aérea lo ha hecho.”

30 de octubre de 2009. Canal Uno publicó: “El ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, Jorge Gabela, señala que durante su administración no se aprobó la adquisición del equipo de helicópteros Dhruv ya que no presentaba las condiciones necesarias y había registrado accidentes, además se denunció que el helicóptero Dhruv obtuvo el peor puntaje debido a su mala relación técnica-económica, en el marco del proyecto Fénix que considera la adquisición de un helicóptero multipropósito para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada”.

 El asambleísta Fausto Cobo (Sociedad Patriótica), presentó una demanda penal en contra el ministro de Defensa, Javier Ponce, e impulsó un juicio político en la Asamblea, por supuesta negligencia en la contratación.

Jorge Gabela también acudió a la Comisión de Fiscalización. Ahí, denunció una persecución por haberse negado a la compra de los helicópteros Dhruv. Según él, el concurso se declaró desierto porque iba en contra de los intereses nacionales e institucionales.
Afirmó incluso que miembros de la FAE le advirtieron que lo estaban siguiendo. Entre los responsables acusó a Alonso Espinoza, Jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa.

19 diciembre 2010.  El general Jorge Gabela Bueno, fue herido de muerte en un atentado perpetrado al interior de su domicilio, ubicado en la ciudadela Tornero del Río, vía a Samborondón (Guayas). Falleció tras 10 días de agonía.

El presidente Correa llamó para darle el pésame por la muerte de Gabela por un asalto, la esposa le dijo que no era asalto y el presidente en lugar de decir vamos a investigar dijo que “no iba a polemizar con ella” (Teleamazonas).

Su esposa, Patricia Ochoa relató a la prensa:
31 enero 2011. “No fue un asalto porque no se llevaron nada. Estaban hasta los celulares de mi hija en el piso, las tarjetas de crédito, las llaves del carro. No se llevaron nada, ni una aguja. Lo único que hicieron fue herir a mi esposo con el afán de matarlo...
En nuestra casa nunca hubo armas, no pudo defenderse. Bajó desarmado. Cuando estaba en servicio activo, dejaba su arma de dotación en la oficina.

El 3 de abril 2011 fueron detenidos 4 sospechosos. El Ministro Alfredo Vera dijo que “el registro de llamadas desde celulares Claro son pruebas del delito”. La telefónica les dio una lista de llamadas que hicieron el día del asesinato.

Según detalla el Informe de la Fiscalía General del Estado: “Fiscalía de Samborondón realizó las investigaciones y con base en ellas ordenó la detención y el allanamientos de los domicilios de Julio Eduardo Sánchez Salavarria, Mario Orlando Mendoza Pérez (según los datos preliminares de la prensa que no incluye este Informe, él era Cabo de Policía), Máximo Segundo Torres Tutiven, Teófilo Omar Melendrez Cornejo y Tonny Tyrone Terán Tomalá. También se vinculó al proceso penal a Jaime Dennis Arial Tomalá y Pablo Ramón Bajaña Bajaña”.

El 2 de julio de 2012, con base en las pruebas presentada por la Fiscalía, el Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas declaró culpable por el delito de asesinato y sentencia a 25 años de Reclusión Mayor Especial a Tonny Tyrone Terán Tomalá, Julio Eduardo Sánchez Salavarria, Jaime Dennis Arial Tomalá. En calidad de cómplice sentenció a 12 años de reclusión mayor extraordinaria  a Teófilo Omar Melendrez Cornejo y al procesado, Máximo Segundo Torres Tutivén a dos años de prisión correccional.

Se puede notar que el Informe de la Fiscalía no contiene ninguna mención, explicación, ni sentencia en contra del supuesto Cabo de Policía Mario Orlando Mendoza Pérez. Tampoco fue sentenciado Pablo Ramón Bajaña Bajaña.

Esta sentencia fue apelada por los sentenciados. A la vez, Patricia Ochoa, la viuda del general, pidió que el proceso no se cierre con esta condena. “Hemos pedido que el caso se mantenga abierto. Están sentenciados los autores materiales del crimen de mi esposo, pero mi preocupación es que no se ha tocado a los autores intelectuales”. Su esposo se oponía a la compra por parte del gobierno de la ‘revolución ciudadana’ de los helicópteros Dhruv, de origen indio. La esposa no descarta sea ese el motivo del crimen.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, dijo a la autora de esta nota, que porque el arma con la que se cometió este crimen se encontró en poder de una banda de criminales “nosotros presumimos que fue un caso de delincuencia común”.

Le mencionamos que la esposa Patricia Ochoa ha dicho que su esposo se oponía a la compra de los helicópteros Dhruv, de origen indio, y no descarta sea el motivo del crimen.¿La Fiscalía ha citado a declarar al general Bohórquez que la familia denunció le había amenazado al general Gabela días antes de su muerte?, le preguntamos al Fiscal. Él respondió: “No. Nosotros hemos terminado el caso de la muerte, con la sentencia que hago referencia (a los autores materiales), lo otro estamos haciendo una investigación que nos permita ver si hay o no hay esa relación de oficiales de la Fuerza Aérea con la muerte de él... este tipo de investigación nosotros no las hacemos públicas por razones obvias…”

4 helicópteros Dhruv caídos
Primer accidente 27 octubre 2009. Aeropuerto de Quito.
Segundo accidente 22 febrero 2014. Alausí, Chimborazo. Tres militares muertos.
Tercer accidente 13 enero 2015. Chongón, Guayas.
Cuarto accidente 27 enero 2015. Tena, Napo.

30 de enero 2015. La empresa Consultora Pericial, con sede en Brasil, fue contratada por el gobierno ecuatoriano para que realice una investigación sobre el crimen del general Jorge Gabela. Fue a partir de la creación de una Comisión Interinstitucional, ordenada mediante decreto por el presidente Rafael Correa, en octubre de 2012, para que esclarezca el verdadero móvil y los autores intelectuales, si es que los hubiese, de la muerte del exComandante de la FAE. Todo esto después de que la justicia dictaminó que fue un caso de asalto común con muerte y sentenció a los autores materiales.

Consultora Pericial hizo su trabajo y lo concluyó en noviembre de 2013, incluyendo las observaciones hechas por los integrantes de la Comisión Interinstitucional. Pero desde entonces, de parte del gobierno, nadie ha tocado el tema ni ha hecho público dicho informe. Patricia Ochoa, la viuda del general Gabela, no ha dejado pasar un día sin exigir que se de a conocer los resultados de esta nueva investigación. Para ella, el crimen de su esposo guarda directa relación con su frontal oposición de la compra a la India de los helicópteros Dhruv. Ahora que se han estrellado cuatro de las siete aeronaves, está más convencida que nunca de que tenía la razón y que eso le costó la vida.

31 enero 2015. En su enlace ciudadano, el mandatario dijo que la compra de los helicópteros de origen indio no fue ningún negociado u acto de corrupción: “El DHRUV que se accidentó, el único que ha tenido víctimas mortales es el DHRUV presidencial, donde va al presidente, es decir que es tan corrupto que compra helicópteros con fallas para viajar”…

“Solo alguien estúpido” compraría algo sabiendo que está dañado o en mal funcionamiento. 
“Es increíble el abuso de la falta de ética de ciertos periodistas, la mentira, cómo tratan de manipular la noticia para ver si esta vez sí le hacemos daño al Gobierno. ‘Se cayó otro helicóptero’ helicópteros que no habían antes y están sembrando una serie de dudas”, dijo. 
Respecto a la muerte del general Gabela, quien se había opuesto a la compra de las aeronaves, dijo que “como en todo lo que hace el gobierno siempre hay quien se opone”.

8.- María Fernanda Luzuriaga

10 de marzo 2015. A las 13:10 de ayer se confirmó que la mujer fallecida en un accidente en la Av. Simón Bolívar, era María Fernanda Luzuriaga, expresidenta del banco Cofiec. El siniestro en el que perdió la vida se produjo 500 metros al norte del puente de Guápulo, en el oriente de Quito. Los agentes que atendieron la emergencia explicaron que posiblemente el Chevrolet Spark GT de Luzuriaga perdió pista cuando se dirigía de norte a sur. Luego, el auto se incrustó debajo de un poste de alumbrado eléctrico, entre la cuneta y la peña. Sucedió a las 22:15, del 9 de marzo.

Una nota de El Telégrafo narra que “Luzuriaga tenía 40 años y un hijo de 16 años. Un pariente indicó que la mujer era divorciada, laboraba como gerenta comercial de Yachay. La noche de ayer, antes del accidente, regresaba a su casa, ubicada en el sector de El Valle.

Según información de la Fiscalía General del Estado, María Fernanda Luzuriaga, llegó a Cofiec como presidenta, en reemplazo de Antonio B., quien propuso la aprobación del crédito a Gastón D. en diciembre de 2011. En el cargo, la funcionaria advirtió el inició de acciones legales para cobrar la deuda, puesto que el empresario argentino ya tenía vencido su crédito. El retraso en el pago fue denunciado ante el juzgado 24º de lo Civil.

En septiembre de 2012, Luzuriaga fue desvinculada de la presidencia ejecutiva del banco Cofiec, por supuesta filtración de información a la oposición en torno al préstamo de $ 800 mil. Ese mismo mes, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició la investigación sobre las condiciones en que se aprobó el préstamo.

19 - 26 de agosto 2012. El diario El Universo y en la desaparecida revista de investigación, Vanguardia, denunciaron cómo el argentino Gastón Duzac quien, pese a residir en su país, obtuvo un crédito por 800 mil dólares de COFIEC, una financiera del Estado ecuatoriano, en apenas 24 horas. Lo respaldó con garantías otorgadas por empresas confiscadas por el mismo Estado a la banca privada y que eran parte del Fideicomiso AGD-CFN ‘No más impunidad’, administrado por el primo del presidente Correa, Pedro Delgado, quien a la vez, era presidente del Directorio del Banco Central. Tanto el presidente Correa como su primo aparecen en fotos amigables con Duzac.

Hago un resumen de la denuncia de Vanguardia. El origen del asunto está en el reto que se ha impuesto el Banco Central del Ecuador de instalar pronto el sistema de banca móvil en el país… el plato fuerte está reservado para el que vaya a ser el socio tecnológico del Banco Central en este proyecto… Ya hay seis empresas calificadas para pujar por lo que pudiera ser un jugoso contrato… Aquí es donde entra en escena un grupo de empresarios argentinos…

10 de noviembre 2011. Pedro Delgado fue posesionado como presidente del Banco Central del Ecuador.

7 de diciembre del 2011. En el oficio DC-431-11, Patricia Sandoval, gerente de Crédito de la entidad, recomendaba la aprobación de un préstamo de USD 800 000 para Gastón Heberto Duzac.
Dicho documento detallaba que Duzac, de 37 años, necesitaba un crédito para iniciar una empresa de pagos electrónicos, cuyo socio estratégico iba a ser la empresa Scanbuy Inc., una multinacional dedicada al negocio de la banca móvil. Aunque en el documento se explicaba con claridad que Duzac no tenía antecedentes crediticios en el Ecuador, también se mencionaba que en ese momento era representante de la empresa argentina Agroexportadora S.A. y que estaba cerca de firmar un contrato de cinco años para dirigir Induequipos S.A., una de las subsidiarias de EICA S.A., empresa también bajo el control del Fideicomiso AGD ‘No Más Impunidad’. Como garantía por los USD 800 000, Duzac presentó certificados de depósito en Seguros Rocafuerte, otra empresa en manos del Fideicomiso AGD ‘No Más Impunidad’, que cubrían el 110% del crédito requerido.
El jueves 8 de diciembre, 24 horas después de presentado el informe de la Gerente de Crédito, el préstamo para Duzac estaba aprobado en primera instancia. Y 24 horas  después, el viernes 9 de diciembre, ya estuvo aprobado por todo el Directorio, la instancia final. Una alta fuente de Cofiec reveló a esta revista (Vanguardia) que casi inmediatamente después de obtenido el crédito, Duzac lo transfirió al Bank of New York…

El presidente de Cofiec, Antonio Buñay dejó la presidencia de Cofiec y le sustituyó María Fernanda Luzuriaga.

El plazo para el pago de la deuda de Duzac vencía en 180 días luego de  suscrito el crédito, pero el seis de agosto pasado (2012), a las 14:30, el banco Cofiec inició un proceso en contra de Gastón Heberto Duzac, por la falta de pago de USD 800 000…
La acción la dispuso la nueva presidenta de Cofiec, Luzuriaga.

El proceso salto a los medios. Tras las denuncias vinieron los reclamos de por qué se concedió este préstamo a un argentino que no residía en el país, a quien todos negaban conocerlo pese a  aparecer en fotos hasta con el presidente Correa.

Y Luzuriaga tuvo problemas. El presidente Correa la acusó de haber filtrado a la prensa los documentos relacionados con el caso Duzac. Luzuriaga aseguró que no filtró los datos, sino que robaron sus correos electrónicos y Correa se disculpó. Sin embargo, el 25 de septiembre 2012, fue separada del cargo.

Y el 28 de septiembre 2012 se conoció que también fue destituida por el Consejo de la Judicatura la jueza Mónica Flores Miño por ordenar a Duzac que pagara el crédito.

Luego de estas decisiones, poco a poco iban develándose más hechos, hasta que Delgado le incluyó a Duzac en la delegación oficial que viajó a Irán el 14 de febrero pasado, con breve escala en Rusia.

Y Correa salió a defender a Duzac. El presidente Correa desmintió este viaje en su sabatina del 29 de septiembre 2012, diciendo: “Insisten, aquí están los documentos. ¿Por qué se pasó el nombre de Duzac? Porque originalmente estaba en la comitiva y no viajó. Ya se dijo que fue un error de Cancillería y siguen repitiendo. Investiguen si el señor Duzac viajó a Irán. Si Duzac no viajó a Irán exijo, por favor, como ciudadano, a la Comisión de Fiscalización que hagan la recopilación de todos los que dijeron que sí había viajado y decirles mentirosos”.

25 marzo 2014. Francisco Endara, cuñado del expresidente del Banco Central del Ecuador (BCE) y de la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), Pedro Delgado, fue detenido ayer por la Policía, cuando pretendía abandonar el país con rumbo a Panamá, horas antes de que se instalara la audiencia judicial en el caso que lo involucra en supuesto manejo irregular del banco Cofiec.

Endara era parte del directorio de la institución y ocupaba el cargo de coordinador de asesores técnicos de la junta del Fideicomiso AGD no Más Impunidad, cuando se hizo el préstamo a Duzac. El juez también ordenó la prisión de Pedro Delgado; Antonio Buñay, presidente ejecutivo de Cofiec; y Gastón Duzac, empresario argentino beneficiario del crédito irregular.

30 septiembre 2014. Ecuavisa informaba que el juez de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paúl Íñiguez, dictó auto de llamamiento a juicio a 9 personas: 
Pedro Delgado, expresidente de la Ugedep, institución que administraba el banco Cofiec y expresidemte del directorio del Banco Central del Ecuador.
Francisco Endara - exsecretario del fideicomiso AGD-CFN no más impunidad.
Antonio Buñay - expresidente ejecutivo de Cofiec.
Gastón Duzac, supuesto beneficiario del crédito irregular de 800 mil dólares.
Marcelo Ordóñez, exgerente financiero del banco Cofiec.
Pedro Zapac, expresidente de Seguros Rocafuerte, quien habría facilitado la garantía para el préstamo.
Patricia Sandoval, exgerente de crédito Cofiec.
Jacqueline Jiménez, exgerente de riesgos Cofiec. 
Zoila Montalvo, exoficial de crédito Cofiec. 

Lunes 2 de marzo 2015. La Corte Nacional de Justicia comenzó la audiencia de juzgamiento contra las nueve personas indicadas anteriormente.

Ahí terminó la historia sobre la coincidente muerte de la ex presidenta de Cofiec que inició las gestiones para cobrar la deuda a Duzac. No se conoce que hubiese una investigación sobre el accidente de tránsito ni acción judicial.

Mientras Antonio Buñay, el ejecutivo señalado como el que más presión ejerció para que se autorizara el crédito a Duzac y fue condenado a 8 años de cárcel. Pero cuando faltaban 8 días para que dejara el poder, el presidente Correa le indultó. Correa justificó su decisión en el decreto: Buñay “ha manifestado expresamente su arrepentimiento profundo y por los daños que se produjeron” en el caso Duzac.

9.- Wellington Alcívar

El 11 de octubre 2011, el canal Manabisión, de la provincia de Manabí, descubrió al abogado Wellington Alcívar Quiñonez en el palacio de Gobierno de Quito, a donde había ido a denunciar al presidente Rafael Correa y al ministro del interior, José Serrano, que el cartel de Sinaloa ha secuestrado a la justicia de Esmeraldas, a parte del ministerio público de Esmeraldas. Pido reestructuren la función judicial, dijo. Alcívar descubrió la pista de ese vínculo hace 2 años, al procesar a uno de los asesinos de su hermano, a quien le sacaron los ojos lo que le hacía presumir, incluso, tráfico de órganos. “Temo por mi vida, sé que me van a asesinar, pido al presidente de la República y al ministro del interior, que me llama la atención que se hable de delincuentes peligrosos, ellos no son nadie en comparación con el Cartel de Sinaloa. Han reclutado a jueces, fiscales, policías en servicio activo y pasivo”.

Al diario El Universo le dijo que tuvo que entregar personalmente a Rafael Correa las denuncias, pues las que anteriormente había hecho llegar a la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y hasta la Comandancia General de Policía, no habían tenido eco.
Tras entregar el sobre con su denuncia al presidente Correa, el abogado asesinado tuvo resguardo policial y fue parte del programa de víctimas y testigos, del cual aseguró, en los últimos meses fue separado, actitud que indicó le originó vivir casi en la clandestinidad hasta que en octubre del año anterior decidiera denunciar esos nexos.

“Me siento exiliado por grupos organizados que tienen fuerte relación con los carteles de la droga de México y Colombia; yo no tengo problemas con ellos (carteles) sino con su representante que trató de secuestrarme en un restaurante”, dijo Alcívar, que ante el temor que sentía por quien creía que lo mataría no dio su nombre.

Un día antes de su muerte, Alcívar, de 51 años, visitó la redacción de este Diario (El Universo) para denunciar las supuestas impericias legales que se habrían estado cometiendo en el proceso investigativo que al momento se lleva en Esmeraldas, tras las incautaciones hechas a las casas de compraventa por lavado de activos. “Un juez de Esmeraldas ordenó el traslado de las alhajas a Quito, sin que los dueños y la Fiscalía conozcan el caso”, comentó.

“Yo sé que me van a asesinar, estoy seguro que lo van a hacer verdad, por eso he pedido a mi familia en Europa que el rato que me asesinen entreguen a los medios de comunicación internacional las claves de mis correos para que se den cuenta qué es lo que hay ahí; a mi familia le he dicho que si me asesinan presenten una demanda contra del Estado por haberme dejado en abandono, por haberme dejado desprotegido, por no cumplir con los postulados del programa de víctimas y testigos”, indicó en octubre.

El 8 febrero 2012, su presentimiento se cumplió, fue asesinado. Diario El Universo narró los hechos. Hoy, las escaleras del edificio del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo mostraban gotas de sangre que conducían hasta la oficina 201 donde el abogado de 51 años atendía solo y donde falleció por dos balas que se alojaron en su cabeza, alrededor de las 09:30.

De acuerdo a primeras versiones, se supo que el fallecido Wellington Alcívar estaba sentado y antes de recibir los disparos habría dialogado con su asesino. Uno de los disparos se alojó en el mentón derecho y el segundo en el parietal del mismo lado.

Diario La Hora informaba el 19 de febrero 2012, que el presidente de la República, Rafael Correa, durante el último enlace sabatino, aseguró que las investigaciones realizadas han logrado obtener un retrato hablado del presunto asesino de Wellington Alcívar Quiñónez, hecho de sangre ocurrido el pasado 8 de febrero.

Correa agregó además que realizarán cambios en el programa de Testigos Protegidos de la Fiscalía, debido a que se detectaron varias irregularidades como la expiración en dos años de la protección de testigos, lo que debería de durar hasta que la persona inmersa en la protección salga del peligro.

10.- Juan Paul Flores

3 septiembre 2015. Jean Paul Flores, de 41 años, que estuvo detenido en Italia por la ‘narcovalija’, a su regreso al país recibió siete impactos de bala. Un joven de 29 años que lo acompañaba fue también acribillado. Ambos murieron en el barrio Floresta I, en el sur de Guayaquil.

Cinco meses después, la Policía no tiene ningún detenido. Pero hay una hipótesis: un ajuste de cuentas.

Él tenía una visa estadounidense y, según la investigación policial, realizó cursos de química en ese país. Luego de cumplir su condena, el año pasado Flores regresó al Ecuador, a Guayaquil específicamente. La Policía tiene poca información sobre las actividades que realizó. Solo se sabe que estuvo esos meses acompañado de familiares.

9 de febrero 2012. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, lanzó una bomba informativa: “El 18 de enero la misión diplomática de Ecuador en Italia informó que la Policía italiana halló en ocho de las diez cajas enviadas” a la Oficina Comercial del Consulado de Milán, jarrones con droga en un total aproximado de 40 kilos de droga".

“Nos informan que ya han capturado a dos personas, por supuesto ninguna de la cancillería, de la misión diplomática ni consular”.

Uno de los detenidos es Cristian Loor quien acudió al Ministerio de Exteriores tras informar de “problemas técnicos en las aduanas” para el traslado de vestuario, escenografía y el resto del equipo, relató Patiño. Loor es director actos de la obra de teatro Ruga la Tortuga que presentaba en Milán la compañía Ruga Planet, una asociación cultural para promover la cultura latinoamericana. Los productos embarcados en la valija supuestamente eran para promocionar esta obra dramática que hablaba sobre las islas Galápagos.

El 10 de febrero se conoció que no fueron dos, sino cinco los ecuatorianos detenidos dos semanas atrás por policías de la Comisaría de Bonola (Milán). Ellos eran: el director y autor teatral, Cristian Loor; Jorge Luis Redrován, Luis de Carlos Hurtado, Tuliso Jesús Pazo Toro y Jean Paul Flores, todos ellos residentes en Milán.

Según ex cancilleres, se cayó en esta situación porque la cancillería incumple la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que prohibe el transporte en la valija diplomática de otras cosas que no sean exclusivamente diplomáticas, pero la Cancillería de la ‘revolución ciudadana’ resolvió violar esta Convención con un reglamento a su gusto que creó “excepciones”.

Tras el análisis de las grabaciones de diálogos interceptados se descubrieron a los presuntos responsables del envío de la droga desde Ecuador.

El 19 de febrero 2016, la Fiscalía inculpó a tres: Gerardo M, alias ‘Zambo’ o ‘Ingeniero’, Gabriel R. y María L.

En mayo pasado, cuando Antinarcóticos ejecutó el operativo en Guayaquil, las autoridades revelaron detalles de las presuntas actividades ilícitas en las que estuvo implicado Gerardo M., alias ‘El Sambo’.

De acuerdo con los informes policiales, el sospechoso tiene otros procesos judiciales por tenencia ilegal de narcóticos y de armas.

La Fiscalía incluso lo indaga por el secuestro y la muerte del Alcalde de Muisne (Walker Vera) en el 2014. En la investigación también aparece el nombre de Jean Paul F., quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel en Italia.

La Policía ecuatoriana señala que Jean Paúl era un ingeniero químico y supuestamente estuvo a cargo de la contaminación de los jarrones con droga. De lo que se conoce, los narcóticos tuvieron un tratamiento especial denominado ‘desmolecularización’ que impedía a los canes antidrogas detectar, a través de su olfato, la sustancia ilícita.

11.- Oscar Caranqui

Óscar Caranqui Villegas, oriundo de la provincia de Imbabura, era chofer de un hotel de Otavalo. Luego se lo vio viajando frecuentemente a Colombia para vender artesanías. Y comenzó a acumular bienes, así como a extender sus viajes a Europa. Un cargamento de 124 kilos de clorhidrato de cocaína camuflados en 40 cajas de madera que llevaban artesanías, dirigido a un contacto en Bruselas, el 23 de julio 2003, fue la evidencia que delató el ilícito de Oscar Caranqui.

30 de junio 2013. Óscar Caranqui, recluido en el Centro de Rehabilitación Social Varones Guayaquil No2, conocido como La Roca, fue asesinado este domingo, a las 13:00, confirmó el ministro de Seguridad, José Serrano, desde su cuenta twitter. Él ya tenía hasta un acusado del crimen. Sería otro reo del recinto carcelario. En coordinación con la Fiscalía se está determinando las circunstancias de lo ocurrido.
Caranqui recibió varios disparos en el pecho y la cabeza, cuando se encontraba en el patio de La Roca, reportaron en twitter algunos periodistas. Luego llegaron decenas de miembros de la Policía Nacional. También familiares de detenidos.

El 22 de junio 2004 se le incautaron 11 inmuebles, entre haciendas y mansiones que estaban a nombre de terceras personas, 19 vehículos, una motocicleta, armas de fuego, teléfonos celulares, 15 euros y 131 mil 515 dólares. Su fortuna estaba calculada en 4 millones de dólares. Y se le atribuía la autoría intelectual de 4 crímenes.

En el mismo 2004, la Policía colombiana lo detuvo en un night club de Bogotá, portando un pasaporte venezolano. Colombia lo expulsó y entregó a las autoridades de Ecuador que lo encerraron en la cárcel desde abril del 2005.

Caranqui recibió dos condenas de 16 años por tráfico de drogas y el asesinato de la secretaria de una jueza, y una tercera de 20 años por tráfico de drogas. Esta última fue dictada el 12 de marzo 2009.

Adentro de La Roca, la cárcel de mayor seguridad del país, Oscar Caranqui se dedicó a escribir el libro ‘La Roca, cementerio de hombres vivos’, con denuncias en contra de altos funcionarios del gobierno y vigilantes de la cárcel.

Apenas hubo concluido la escritura del libro, Caranqui lo resumió en youtoube como una denuncia dirigida al presidente de la república, Rafael Correa, sobre la corrupción al interior de la cárcel, tráfico de drogas, asesinatos, torturas, dotación limitada de alimentos y artículos para la limpieza, situación que, supuestamente, la conocía el ministerio del interior.
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31 de enero 2013. Diario La Hora informaba: En un sigiloso operativo policial, anoche el Ministerio del Interior y la Policía Nacional se alistaban para el decomiso de 10.000 ejemplares del libro ‘La Roca’ del interno Óscar Caranqui, quien purga una pena por narcotráfico precisamente en la cárcel denominada La Roca, en Guayaquil.
Anoche, dos camiones sin placas permanecían en la Imprenta Don Bosco, en espera de la  orden judicial para el embargo.

Beatriz Álvarez, esposa de Óscar Caranqui, dijo que el pasado martes por la noche “un asesor del ministro del Interior, José Serrano, llamó al gerente de la imprenta, Jhonny Guerra, para decirle que suspendiera la impresión de La Roca porque sería incautada”.
Álvarez dijo que la presentación del libro está prevista para hoy a las 19:30, en las instalaciones de La Bombonerita, en el norte de Quito. El libro consta de 770 páginas con fotografías a full color.

“No sabemos qué quiere ocultar el ministro Serrano”, agregó la mujer. Extraoficialmente, se supo que el Gobierno impedirá esta circulación porque su contenido atenta a la seguridad del Estado, sobre todo en tiempo de campaña electoral. (Estaba por elegirse autoridades seccionales).

Beatriz Álvarez dijo sentirse perseguida por la Policía. “Inteligencia está por todo lado: en mi casa, en la imprenta, en los alrededores del Colegio Salesiano Don Bosco, etc. Anoche me detuvieron y requisaron mis pertenencias creyendo que yo llevaba libros en mi bolso”, expresó la angustiada mujer.

2 de julio 2013. Un reo identificado por el ministro del Interior, José Serrano, en su cuenta de Twitter con un apellido con M, (Pepe L Montoya, según Teleamazonas) confesó ayer, durante una audiencia de formulación de cargos, haber asesinado a Óscar Caranqui Villegas.
Así lo confirmó el fiscal distrital del Guayas y Galápagos, Paúl Ponce Quiroz, quien estuvo en la diligencia. “Él ha manifestado que en efecto fue el causante de la muerte del señor Caranqui”, dijo el funcionario, quien informó que también fueron procesados dos guías penitenciarios por haber faltado al protocolo de seguridad del reclusorio.

Según el juez de Flagrancia, Gonzalo Merizalde, el reo acusado del asesinato “Dice que estaba amenazada la familia de él; Caranqui la había amenazado, él dijo que lo más rápido y la salida para él era: “lo mato a él (Caranqui) y solucionado el problema”.

Las presuntas amenazas estarían relacionadas con la supuesta orden que Caranqui le habría dado de matar a otro recluso de La Roca. “Aparentemente eso es lo que ha declarado (...) Está así la declaración del señor M...”, dijo Merizalde.

El señor M declaró, según el juez, que tomó el arma de un baño, siguiendo las instrucciones que le habían dado. (No dicen quién le dio las instrucciones).

Tanto Ponce como Merizalde dijeron haberse sorprendido cuando en la audiencia, el reo acusado sacó del cuello de su camiseta varios sobres con una sustancia que aparentemente sería droga y los entregó al estrado. Según Merizalde, M dijo que la sustancia habría sido entregada por Caranqui. “Sacó droga, fue una sorpresa (...) Que esa droga se la habían dado adentro (en la cárcel) para poder mantenerse mientras a él lo tengan en castigo”.

12.- Bosco Wisuma

22 septiembre 2009. “El movimiento indígena ha agotado todos los espacios del diálogo… Hemos llamado al gobierno a un dialogo y hasta aquí sólo hemos recibido insultos… el tema de la ley de aguas es sólo el inicio de reclamar todos los derechos que ha violado en las actuales circunstancias el Ejecutivo”, dijo Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), al tiempo de anunciar para el domingo 27 de septiembre un levantamiento indígena nacional por la Ley de Minería, ya aprobada por el gobierno, y la Ley de Aguas preparada por el Ejecutivo que ya estaba en manos de los asambleístas.

El gobierno reiteró que no aceptará la violencia y protegió los pozos petroleros con militares, por temor a que fuesen tomados por los indígenas amazónicos que participaban en la protesta.

30 septiembre 2009. Algunos perdigones acabaron con la vida de Bosco Wisuma, un profesor indígena bilingüe. El ministro de gobierno, Gustavo Jalkh, no tenía detalles sobre el fallecimiento de Wisuma. El comandante de la Policía, Freddy Martínez, admitía: “La situación es algo tensa”.

Roberto Carlos Meza, miembro de la consultoría pericial, que fue encargada por parte de la Fiscalía de la provincia de Morona Santiago, previa solicitud de la Comisión de la Verdad para que determine la responsabilidad en la muerte  de Bosco Wisuma, presentó su informe y dijo que el deceso se produjo por un perdigón. Por esos días las autoridades dijeron que la Policía no utiliza ese tipo de municiones.

El informe señala que es el mismo tipo de proyectil que hirió a 27 uniformados.
Y comenzó una cacería de supuestos culpables.

El 15 de marzo 2010, Radio Sucre reproducía esta noticia oficial: “Alberto y Freddy Anguasha, identificaron a Fidel Kaniras como el presunto autor de la muerte de Bosco Wisuma.

Como testigos presentaban a los hermanos shuar Alberto Anguasha (24 años), quien se desempeña como albañil en la parroquia rural Sevilla del cantón Macas, provincia de Morona Santiago, y Freddy Anguasha (21), empleado del Municipio de Macas.
Alberto Anguasha reveló que Bosco Wisuma se encontraba delante de los manifestantes lanzando piedras a los policías mientras que Fidel Kaniras se ubicaba atrás y desde allí disparaba contra los miembros de la fuerza pública.

“Cuando Fidel Kaniras disparó para adelante hacia donde estaban los policías, vimos nosotros clarito que disparó, y no demoró más de dos segundos y cayó el compañero que estaba adelante, Bosco Wisuma”.

Por su parte, Freddy Anguasha, aseguró que Fidel Kaniras disparó la carabina que poseía y dijo “creo que la intención era matar a un policía”.
“(Fidel Kaniras) coge la carabina y hecha un tiro por la frente de Bosco Wisuma, (…) Bosco Wisuma al retroceder, al virarse, le coge un perdigón en la frente”.

Miércoles 8 septiembre 2010. El gobierno sorprendió señalando, también, como responsable del crimen al presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador (FISCH) y director de radio Arutam, José Acacho, porque con sus transmisiones radiales sobre la protesta promovió los actos violentos y las manifestaciones indígenas que provocaron la muerte del profesor Bosco Wisuma. El gobierno calificó a esos actos de “terrorismo y sabotaje organizado” y procesó a Acacho. Él dijo que el proceso es una persecución política.

8 febrero 2011. Líderes indígenas acompañados de unas 300 personas marcharon por las calles de Quito gritando: “Libertad a ‘Pepe’ Acacho” o “La Amazonia, unida, jamás será vencida”, y exhibiendo pancartas: “Somos indígenas y campesinos, no terroristas y asesinos”, además de proclamas en contra del gobierno. El expresidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, Samuel Yacum, dijo: “Somos 120.000 shuar sólidamente unidos, si el juez o la Asamblea no liberan a nuestros tres compañeros, demostraremos nuestra lucha y unidad para que se respete a nuestra nacionalidad”.

17 de febrero 2013. Los votantes de la provincia amazónica Morona Santiago eligieron a Pepe Acacho asambleísta de la república, en representación de Pachakutik, el partido político de la CONAIE.

19 de julio 2013. La Corte de Justicia de Morona Santiago le declaró a Pepe Acacho culpable de sabotaje y terrorismo organizado. Junto con él fue sentenciado el también dirigente indígena, Pedro Mashiant. El 12 de agosto 2013, la misma Corte les notificó por escrito la sentencia a 12 años de prisión. Acacho dijo que no va a huir y apeló.

13-23: los muertos del 30 de septiembre

24 de septiembre 2010. En ese día todos los empleados del Estado: civiles y uniformados, se mantenían en alerta por la decisión que debía tomar la Asamblea Nacional: aceptar o rechazar el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Servidores Públicos (LOSEP) que eliminaba ciertos beneficios de los empleados públicos.

Ellos se quejaban de que en el veto el Ejecutivo “imponía la renuncia obligatoria y entrega de indemnizaciones con bonos y correspondiente a cinco salarios”. También, se dijo, eliminaba los bonos por ascensos y antigüedad. Esto molestó a policías y militares.

El jueves 30 de septiembre 2010, la Asamblea debía votar a favor o en contra del veto, pero el país amaneció sin policías. Todos se habían reunido en sus cuarteles para salir a las calles a rechazar por anticipado una decisión de la Asamblea que, suponían, sería a favor del veto propuesto por el Ejecutivo. Exigían a gritos se archivara esta ley. Se unieron grupos de militares que realizaron igual protesta frente al Ministerio de Defensa y en el aeropuerto de Quito.

El presidente Rafael Correa fue al Regimiento Quito, el mayor cuartel de la capital, para exponer su criterio sobre el tema. Lo recibieron policías enfurecidos que lo insultaron, lo empujaron, lo golpearon, le echaron botellas y le lanzaron gas  lacrimógeno.
Correa estaba recién operado de su rodilla. Afectado por este problema de salud, más los gases, fue trasladado al Hospital de la Policía que está junto al Regimiento Quito.

Desde ese momento se dio una cadena de episodios con una serie de versiones. El presidente Correa que decía que el director del hospital no quería dejarlo entrar, que estaba secuestrado, que querían matarlo. Y los acusados que desmentían. Correa entró al hospital donde estuvo vigilado por sus guardaespaldas y dando declaraciones a la prensa.

En el transcurso del día, se vio en la televisión como estos dos edificios habían sido rodeados por gente a favor del presidente y elementos opuestos, entre los cuales aparentemente había policías sediciosos, algunos armados.

Mientras el presidente permanecía en la habitación del hospital policial, militares y civiles morían en las calles. Vamos a leer los relatos de las trágicas muertes de cuatro militares, policías y un civil.

13.- Efrén Calderón

El cabo segundo de Policía, Efrén Calderón, había estado en el Regimiento Quito No. 2, en el centro de Quito, a mucha distancia del Regimiento Quito No. 1 y el Hospital de la Policía donde estaba el mayor conflicto. Cómo se dio su muerte, le contaron sus compañeros a su madre, Lidia Landeta. “Cerca de las ocho de la noche los uniformados salieron a comprar morocho en la calle Montúfar. Minutos más tarde un teniente con otra persona le ordenaron que los acompañara al sector del Mercado Central –a pocas cuadras del cuartel policial– ante posibles saqueos en ese sitio”.

“Cuando llegaron vieron que era falsa alarma y estando parados un camión militar llegó y desde allí les dispararon. Al teniente en los brazos, a la otra persona en las piernas y a Edwin una bala le traspasó el chaleco antibalas y le llegó al corazón”. (El Universo).
La versión del oficial El Telégrafo es parecida: Calderón “fue herido en el pecho cuando impedía un saqueo en el centro de Quito. Sus compañeros han afirmado que militares le dispararon cuando intentaban trasladarlo a una casa de salud, pero las investigaciones continúan”.

“Ingresó con una bala en el tórax (...) y acumuló sangre en el pulmón, por lo que falleció”, dijo la doctora que lo atendió. La madre del policía comentó a Ecuavisa “que la bala fue sacada el momento de la autopsia y que era de militares”.

“Sin embargo, ni los uniformados que lo acompañaban esa noche, ni los policías que lo auxiliaron han corroborado en la Fiscalía esa versión (de que le dispararon militares)”.
Tampoco ha recibido una respuesta favorable de parte del Ministerio de Defensa para que autorice la declaración de los militares que posiblemente se encontraban en ese sector a esa hora. (El Universo).

Efrén estaba casado con Alexandra Cadena y tenía un hijo. Ellos viven en la Amazonía. Su madre, Lidia Landeta, vive en Ibarra. Las dos aseguran que Calderón no participó en la sublevación.

Para la madre de este policía la justicia no ha llegado, y la ayuda ofrecida por el Gobierno también ha sido esquiva.

Hace pocos días los Calderón Landeta recibieron un pequeño departamento de dos cuartos y una cocina de metro y medio de largo por un metro de ancho.

14.- Darwin Fabián Panchi Ortiz

El joven soldado Darwin Fabián Panchi Ortiz, oriundo de Ambato, ciudad al sur de Quito, tenía bajo su protección a dos mujeres, su madre no vidente, Amanda Ortiz, y su abuela, María Ofelia Cañar.

Él recibía clases en el Comando de Inteligencia Militar (COIM), en Quito, cuando conoció de la sublevación policial, él estuvo en el grupo de 800 soldados que se concentraron en los distintos destacamentos. Fue escogido para ir al rescate del presidente Correa en el Hospital de la Policía.

“Durante la incursión de los grupos especiales, Panchi recibió un disparo debajo del mentón y fue emboscado por los gendarmes sublevados, quienes le propinaron varios golpes antes de que pudiera ser trasladado al Hospital Militar, declararon sus compañeros. Dos días después falleció”. (El Telégrafo).

“Amanda Lucila Ortiz, madre del soldado Darwin Fabián Panchi Ortiz, exige explicaciones a las autoridades, pues desconoce desde el 30 de septiembre de 2010 cómo murió su único hijo, de 21 años. No le entregaron informe ni los resultados de la autopsia, ya que no se la practicaron”.

15.- Jacinto Cortez

“El cabo del Ejército, Jacinto Cortez, prestaba sus servicios en el Escuadrón de Comunicaciones Número 9 Patria. Él, junto con Panchi, formaban parte del Comando de Inteligencia Militar que el 30-S cumpliría su primera misión desde que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aprobara la reestructuración del Sistema de Inteligencia Militar que eliminó las subdivisiones del Ejército, Marina y Aviación. El tema se analizó por más de un año y el 28 de septiembre, dos días antes de la sublevación policial, se dio luz verde a la reforma, razón por la cual fueron enviados al rescate del Primer Mandatario”. (Diario El Telégrafo).

Según los testimonios de sus compañeros, Cortez habría entregado su chaleco antibalas al Jefe de Estado antes de abandonar el hospital. Eso lo convirtió en presa fácil de los francotiradores y un disparo cegó su vida antes de que pudiera recibir atención médica.

16.-Froilán Jiménez

Al agente del GIR, Froilán Jiiménez, se le vio caer frente a una cámara de televisión el momento en que sacaban al presidente Correa del hospital. En su autopsia se encontró una bala calibre 2,23, un tipo de munición que suele ser usada por el Ejército. Esto fue motivo de polémica entre jefes policiales y militares: ¿quién le disparó?

Su madre, Flor Granda, y su hermana, Sandra Jiménez, en entrevista concedida al diario El Universo, reclamaban: “Que se dé con el asesino de Froilán, la nómina de los militares y que el presidente Correa responda ¿Quién ordenó a los militares que disparen?”
“La cúpula policial no apoyó, afirma Sandra: ‘Ni siquiera los conocemos y tampoco nos conocen, voltearon la página y todo se quedó allí... Del Gobierno ni siquiera fueron capaces de ir a decir: lo siento o por lo menos a poner una vela al féretro”.

“Hace tres meses la Gobernación de Loja (capital de la provincia del mismo nombre, frontera con Perú, de donde era Froilán) entregó una casa, pero a Mireya Torres Luzón, la esposa de Froilán, que ya no vivía con él y cuyo divorcio debía firmarse cuatro días después de la fecha en que él murió. Su actual conviviente era Mabel Ubidia, que es la madre de su hijo”.

La ministra de justicia dijo que Sandra estaba queriendo utilizar la muerte de su hermano con fines políticos.

En vista de que la justicia no caminaba, “Flor Granda, la madre de Froilán, dijo que estaba de acuerdo con la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (diario Hoy). La familia Jiménez tuvo que contratar los servicios de un abogado, “pues tampoco la Defensoría Pública los ha asistido” (El Universo).

17.- Juan Pablo Bolaños

Juan Pablo Bolaños, su hermano Mateo y su madre Olga Fernández,  resolvieron ir a “defender la democracia”. Juan Pablo estudiaba economía en la Universidad Central. Él y su hermano se encontraron con otros universitarios, entre los cuales estaba el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Carlos Torres. En grupo fueron al Hospital de la Policía, mientras su madre había ido a la sede de la Presidencia porque sus hijos consideraron que era peligroso que les acompañara.

Todos permanecieron juntos hasta las 21:00, cuando una balacera los dispersó. Dos balas impactaron en la región cervical y en la pelvis de Juan Pablo. Miguel Alfredo León estaba en la acera de enfrente y vio a Bolaños caído. Cruzó la calle para ayudarlo. Sacó un pañuelo blanco y mediante gritos y agitando los brazos alertó a los militares que estaban en la calle, quienes arrastraron durante varios metros a Bolaños.  Después lo subieron a una furgoneta, en la que también entró León. Llegaron a un centro médico. "Estaba con vida cuando llegamos al hospital, murió poco después", declaró León en la reconstrucción de los hechos.

Esta diligencia se dio el 5 de junio 2011 y la madre lamentaba que la Fiscalía no le hubiese convocado. “Me siento inconforme porque no han hecho nada”, dijo Olga Fernández y tenía razón, recién a los 9 meses se hacía la reconstrucción de los hechos, pese a ser simpatizantes de Correa.

18-23: los muertos en Guayaquil

Ese 30 septiembre o 30S, también hubo cinco asesinados de quienes apenas se conoce sus nombres. Casi nadie se ha ocupado de ellos porque, se supone, eran ‘saqueadores’. ¿Sin derecho a justicia? Leamos este relato de un medio estatal.

“Algunos jefes de bandas delictivas lo supieron con anticipación: la Policía no saldría a controlar las calles de Guayaquil ese 30 de septiembre de 2010. Un alto oficial, en ese entonces acantonado en la ciudad, lo confirma: ‘Esa información se filtró y se regó como pólvora. Por suerte se evitó una desgracia mayor cuando nos dimos cuenta de que la situación nos sobrepasó y pudimos controlar lo que más pudimos”.

Justamente en esa ciudad hubo denuncias de saqueos a negocios importantes. Los asaltantes tumbaron las puertas enrollables y rejas, quebraron los vidrios de las vitrinas con perdigones, palos. Algunos comerciantes dispararon sus armas para protegerse.

“Según el informe del Ministerio de Salud Pública, emitido el 1 de octubre de 2010, fueron 5 las personas fallecidas (todos civiles) y 28 que reportaron heridas”.

“Los occisos fueron identificados como Johnny Jácome Paredes, Nixon Grueso Tenorio, Manuel Quimin Contreras, Augusto Angulo y Franklin Romero Feijó, que ingresaron a los centros médicos de la ciudad en condiciones críticas, producto de varias heridas de bala”.

“Pasadas las 12:00 algunas autoridades policiales llamaron al orden a sus subalternos con el fin de retomar el control en la urbe”. El resultado fueron 48 personas detenidas por cometer actos delictivos y la Fiscalía del Guayas inició 59 procesos indagatorios contra los acusados de robo y actos vandálicos en ese día. (El Telégrafo).

La muerte de los activistas indígenas contra la minería

El gobierno de Correa comenzó a explotar las minas del sur de la Amazonía ecuatoriana donde residen las comunidades indígenas shuar y saraguros quienes se oponen a la explotación  minera a gran escala, por considerar afecta a sus fuentes de agua y que las empresas mineras se apoderan de sus tierras ancestrales.

El gobierno no escuchó sus argumentos y optaron por la protesta reprimida por la fuerza pública. Pero desde el 2014 comenzaron a darse asesinatos bajo las sombras de shuar y saraguros con evidencias de tortura. Una de las víctimas fue un destacado líder. Sumaron cuatro en un año. En uno de los crímenes aparecieron involucrados militares. La justicia correista trató de silenciar estos casos visibilizados por los dirigentes de las comunidades.

24.- Freddy Taish

7 de noviembre 2013. Freddy Taish, era shuar, oriundo de San José de Piunts, casado, con dos hijos, uno de un año y otro de 15 días de nacido. Este crimen se dio durante una incursión de militares para cumplir con un ‘operativo de control de dragas’ que consiste en confiscar la maquinaria de los pequeños mineros, informales. Según un informe de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH,  su asesinato que se dio en el punto llamado Piunts, parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Zamora.
De acuerdo a las versiones recogidas, llegaron a la isla tres personas afrodescendientes (Quiñonez y acompañantes) y pidieron ayuda para enfrentar a los militares. El padrastro de Freddy se había negado a dar ayuda y habría pedido a Freddy se alejara del lugar; él logró hacerlo junto a su esposa y dos de sus nietos que lo acompañaban en la pesca justo en el momento en que los militares llegaron disparando. En una primera versión, el gobierno aseguró que fueron balas de goma y gas lacrimógeno; sin embargo, el jueves 21 de noviembre ya aceptó que tres militares tenían armas de dotación…
Los militares avanzaron por los dos brazos del río, bordeando la isla y sorprendiendo a la familia de Freddy Taish en una esquina de la isla.

Las versiones sobre si Freddy Taish estaba armado son contradictorias, unos testimonios aseguran que no lo estaba, otro testimonio dice que los militares encontraron a Freddy junto a una escopeta, otros aseguran que un militar habría puesto la escopeta en el cuerpo de Freddy y habría sacado una foto…
Los testimonios aseguran que Freddy Taish no pudo salir junto a su familia porque ya se encontró con militares en el lado derecho de la isla, y optó por avanzar hacia el lado izquierdo, buscando esconderse en unos arbustos en la esquina de la isla, pero los militares avanzaban también por ese lado y Taish quedó en medio de los dos grupos de militares.

Mientras Freddy Taish que intentaba escapar, se encontró con un militar que portaba una pistola, quien avanzaba agazapado; fue este militar quien habría disparado contra Freddy, según el testimonio de un testigo que se presentó ante la Comisión de Investigación que nombraron las autoridades indígenas shuar.

Según los testimonios, una vez muerto Taish y con Quiñonez escapado del lugar, los militares procedieron a recoger casquillos de las municiones que se habían disparado.
Salvador Quishpe, líder Saraguro y prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe dijo sobre el asesinato a Fredy Taish: “No se ha hecho ninguna investigación hasta ahora y, al parecer, el gobierno quiere que se quede en el olvido este caso”.

Informe completo aquí. 

25.- Bairon Tene Morocho

Enero 2014. Bairon Tene Morocho fue encontrado degollado en una quebrada, en el sector El Quimi. Salvador Quishpe dijo: “No sabíamos de este caso. Ahora con la muerte de José Tendetza, la gente del lugar nos informó. Al parecer, luego de la muerte hubo una especie de confabulación o acuerdo secreto entre los responsables, las autoridades y los familiares de la víctima, para que no denuncien y el crimen quede en la impunidad. La víctima, de origen saraguro, provenía de una familia humilde. Estamos tratando de averiguar detalles. Hemos dejado una comunicación en manos del Fiscal (entonces) Galo Chiriboga, exigiendo la investigación de este asesinato y también de Manuel Pinchopá”.

26.- Manuel Pinchopá

Noviembre 2014. Manuel Pinchopá. “A este shuar lo asesinaron a machetazos, cerca de los tanques de agua de la ciudad El Pangui. Tampoco se sabía, recién ahora se está haciendo público. Estamos viendo documentos sobre ese caso, pero como que también se ha tratado de que se quede en silencio”, dijo Salvador Quishpe.

27.- José Isidro Tendetza Antún

2 de diciembre 2014. José Isidro Tendetza Antún, era síndico de la Comunidad Shuar Yaanua, Cantón El Pangui, provincia de Zamora, y ex vicepresidente de la Federación Shuar de Zamora, miembro activo de la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Él mantenía un litigio con una empresa minera a la cual denunció ante tribunales nacionales e internacionales por supuestos abusos. Salvador Quishpe lo recuerda: “En el año 2011, la empresa minera ECSA (Ecuacorriente SA) mandó a destruir la casa nueva de dos pisos, de madera, y los cultivos de José Tendetza, con el argumento de que esas tierras donde vivía Tendetza, eran de la empresa y que Tendetza era ilegal”.

A la vez, la prensa privada recordó que Tendetza fue uno de los demandantes en la acción de violación a los Derechos de la Naturaleza interpuesta al Estado ecuatoriano ante instancias nacionales, en enero del 2013.

La empresa minera Ecuacorriente interpuso en noviembre del año 2013 una denuncia en contra del dirigente José Tendetza con la finalidad de desplazarlo de su tierra. Él junto con los miembros de su comunidad y otras comunidades en la zona se negaron rotundamente a salir de sus tierras, a renunciar a sus derechos de posesión ancestral. Ecuacorriente, controlada por la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) y el grupo Tongling Nonferrous Metals, opera el proyecto Mirador, asentado en Territorio Shuar.

Posteriormente empezó un proceso de acoso sistemático y de amenazas en su contra provenientes de gente vinculada a esta empresa minera y otras presentes en la zona, según denunciaron sus familiares.

Tendetza fue uno de los demandantes, en calidad de afectado, ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en enero del 2014
Fue uno de los firmantes del cuestionamiento realizado a los seis bancos chinos que financian el Proyecto Mirador, en febrero del 2014
El viernes 28 de noviembre 2014, José se dirigió a participar en la asamblea convocada por la Asociación Shuar de Bomboíza para tratar temas relacionados con la explotación minera en la provincia.

El 2 de diciembre, un grupo de trabajadores mineros encontró el cuerpo del dirigente indígena en el Río Zamora y lo trasladó por lancha a Yanzatza donde fue enterrado por disposición de la Fiscalía. Salvador Quishpe relató: “Hacen una autopsia y dicen que se ha muerto ahogado y con ese informe lo entierran sin identificar a la víctima. No se hace el sorteo para determinar cuál será el fiscal que investigue el caso. Recién el 3 de diciembre los familiares de la víctima reconocen por la ropa que se trataba de Tendetza”. Según la prensa: su hijo, Jorge Tendetza, en las fotografías presentadas por la policía para el reconocimiento del cadáver, pudo constatar que José Tendetza “tenía su cuerpo amarrado con una soga azul”, lo que hace presumir, fue un asesinado.
Quishpe dice: “Recién el 4 de diciembre, por la presión de la gente, abogados, familiares, etc., hacen el sorteo y se determina al fiscal para que conozca el caso. Autoridades del Ministerio del Interior reconocieron que la muerte fue por estrangulamiento. Fue curioso, también, que a la semana de encontrar al cadáver, la Fiscalía allanara la casa del finado Tendetza. Buscaron documentos de las denuncias del finado en contra de la ECSA”.

El 5 de diciembre del 2014 Tendetza debía presentar una denuncia en contra de la empresa Ecuacorriente ante el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza, en la Cumbre de los Pueblos en Lima Perú.

El Ministerio del Interior (presidido por José Serrano, quién hoy es presidente de la Asamblea Nacional) nombró una comisión que llegó el 11 de diciembre, a las 10:00, a Tundayme, una parroquia del cantón el Pangui (Zamora Chinchipe) donde está asentada la propiedad de la familia Tendetza. Los dirigentes shuar expusieron los hechos del allanamiento de su casa y Luis Varesa, asesor del ministro José Serrano, que presidió la comisión dijo que no conocieron de ese hecho, porque “la Fiscalía (que hizo el allanamiento) actúa de forma independiente”.

El lunes 25 de mayo 2015 se dio a conocer la detención de dos supuestos autores del crimen de Tendetza, Carlos U. y Guido Y. El chip del celular de la víctima fue encontrado en el celular de uno de ellos. A los dos meses, en julio, les retiraron la prisión preventiva para que se presenten cada 15 días ante la autoridad, lleven un dispositivo de vigilancia electrónica y exigiéndoles no salgan del país. En la última acción judicial que se conoce, publicada en El Comercio del 17 de abril 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe ratificó la inocencia de estas dos personas. La Fiscalía dijo que apelará el fallo y fin, sin culpables del asesinato de Tendentza.

28.- José Luis Mejía Solórzano 

A diferencia de lo acontecido con los asesinatos de los 4 indígenas, la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano durante una manifestación contra la minería, Correa se irritó al punto de sugerir que los indígenas eran ‘criminales’ bárbaros. Veámoslo.
Tweets Correa:
“En Morona, violentos quieren tomarse el campamento minero San Carlos Panantza. Tenemos un policía fallecido y varios heridos. ¡Criminales!”
“Un llamado a todos los ecuatorianos a unirnos para rechazar en forma unánime la barbarie.
Mi abrazo a la familia del hermano policía...”
“...abatido por balas asesinas, así como a las familias de los heridos.
¡Ecuatorian@s, más unidos que nunca!”
22:55 - 14 Dec 2016

Y el ministro del Interior, Diego Fuentes, repitió las acusaciones y calificativos de Correa: “Un policía fallecido y varios heridos, esta barbarie NO quedara impune, cueste lo que cueste, detendremos a estos criminales”.

De inmediato el gobierno anunció un estado de excepción para la provincia de Morona Santiago y se dispuso a las Fuerzas Armadas “una intervención integral”.

El 19 de diciembre 2016 el gobierno ya anunciaba detenidos y el inicio de procesos por la muerte del policía Mejía. Decía diario El Comercio, que un juez de Morona Santiago dictó prisión preventiva para las seis personas detenidas en la parroquia Panantza, del cantón San Juan Bosco. Esto luego de que se cumpliera la audiencia de formulación de cargos la tarde del 17 de diciembre, en el cantón Gualaquiza de esa provincia.

Los detenidos son Danny M. y Milton R., presidente y vocal de la Junta Parroquial, respectivamente, además de otros cuatro comuneros.

Agustín Guachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, dijo que los uniformados ingresaron disparando y vulnerando los derechos de los nativos. Como Federación exigen la salida de los uniformados de la zona y responsabilizan al Estado de lo que pueda ocurrir. Guachapá también anunció que empezarán movilizaciones en toda la Amazonía del país.

Y hasta Guachapá terminó detenido el 21 de diciembre 2016, por delito de instigación a la discordia, calentando más el ambiente en la zona minera amazónica. La Fiscalía presentó como “elementos de convicción computadoras y celulares”. (Guachapá fue liberado en abril).

El 6 de enero 2017, diario Expreso informaba que se militarizó la zona del conflicto y con drones buscaban a los indígenas en Morona.

Hace tres días un grupo de militares intentó, sin éxito, ingresar al territorio en donde viven unas 300 personas. Ellos patrullan el sector en camiones. Son parte de los grupos de búsqueda de los responsables del asesinato del policía José Mejía, ocurrido el mes pasado en un enfrentamiento en Nankints.

Sin duda lo que más les inquietó, el miércoles, fue la presencia de drones que sobrevolaron el poblado durante el día y a las 22:00.

Después de este operativo, la revista PlanV informaba el 17 de enero 2017, que dirigentes de la etnia shuar describieron la tremenda movilización militar, como para una guerra, con 8.000 elementos que apenas descubrieron 2 escopetas.

Lo que lograron fue sembrar terror entre los indígenas.

Raúl Petsaint dijo: “Los militares están buscando a cualquier persona que está ahí para aprehenderlo. Inclusive en un viaje a la comunidad shuar Tiink, donde nos enteramos que muchas familias shuar estarían refugiadas, fuimos perseguidos por los policías que buscaban a nuestros compañeros. Llegamos para constatar y hemos encontrado a varias familias con hijos de que están sufriendo una situación inhumana, para los que hemos pedido solidaridad.

En definitiva se busca un objetivo: encontrar al infractor. Y ese infractor no aparece y no va a aparecer nunca porque no existe un grupo armado ilegal, no existen grupos subversivos, no existen grupos guerrilleros. Solo van a encontrar a familias humildes con miedo a todos los actos que ellos hacen, los sobrevuelos de helicópteros, los drones. Estas son cosas nuevas para los shuar. Es necesario que esto se vaya calmando y se dé tregua a toda esta presión. Para los shuar es una manera de incitar, una provocación. Y puede esto generar una nueva violencia con mayor consecuencia, la cual estamos tratando de controlar”.