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12 de Marzo del 2018
Historias
Lectura: 15 minutos
12 de Marzo del 2018
Neoconservadurismo, paternidades y victimización: los desafíos del feminismo

Para las autoras de este ensayo, es importante entender el cruce de desigualdades que son la base de la discriminación contra las mujeres. 

 

El feminismo debe conectarse con el anhelo que sienten muchos hombres de ejercer el cuidado de sus hijos e hijas. Este legítimo anhelo no se origina en el deseo de desembarazarse o aminorar las pensiones, no busca enfrentar a los feminismos acusándolos de victimistas y no desconoce las desigualdades y violencias existentes, sino que engancha con los interrogantes que suscitan los propios privilegios pero también las renuncias e incapacidades sobre las que se levantan.

Por Cristina Vega (Programa Sociología y Estudios de Género FLACSO-Ecuador), Erika Arteaga Cruz (Doctorado Salud Colectiva/ Universidad Andina Simón Bolívar) y Clara Merino (Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente)

Alrededor del globo vemos un recrudecimiento de la violencia y discriminación hacia las mujeres, al tiempo que asistimos a movilizaciones feministas sin precedentes. Varios colectivos académicos se han pronunciado respecto de la utilización de la retórica de la “ideología de género” como una estrategia de ataque contra las conquistas de derechos fundamentales de las mujeres y de las personas no heteronormativas. Desde la crítica se advierte un rearme de valores reaccionarios que aspira a consolidar la subalternidad de las mujeres y las personas no alineadas en el binario de género.12 Junto a estos discursos se producen otros, de corte liberal, que acogiéndose a principios abstractos de igualdad y ruptura de estereotipos entienden el cambio como el resultado de una equiparación formal entre mujeres y hombres en la legislación sin que ésta deba entenderse en relación a las dinámicas sociales.

En Ecuador la expresión de estas posiciones se da tanto en el contexto de los debates sobre la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia como durante los debates de la Ley de No Violencia contra la mujer o del Código Orgánico de la Salud.

El ejemplo paradigmático del derecho al aborto –que reconoce la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo- cobra sentido tras una década de “revolución ciudadana en salud”, que a pesar de haber implementado una inversión importante del presupuesto para construcción de infraestructura, no logró reducir mortalidad materna3. Una parte importante de esa inversión terminó en bolsillos privados de la industria/ complejo médico industrial y la tendencia en mortalidad materna no cambió debido a la regresión en derechos de las mujeres. A modo de contraste, un informe del International Journal of Gynecology and Obstretics coloca a Uruguay como el segundo país con menor mortalidad materna: pasó del 37.5% de muertes maternas en 2001- 2005 a SOLO el 8.1% en 2011-2015. Este importante avance para la salud pública se logró gracias a la implementación del modelo de reducción de riesgo y daños que causa el aborto inseguro y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 20124. Esto pone de relieve que la consecución de los derechos de las mujeres ES fundamental para todos los países. En Ecuador, la escasa prioridad que tienen esos derechos para el Estado, más allá de los discursos grandilocuentes, no ha cambiado de manera sustancial. Basta mencionar la ausencia evidente del Gobierno ecuatoriano, a pesar de contar con una Jefa de la Diplomacia mujer, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá el pasado 28 de febrero.5En Ecuador la expresión de estas posiciones se da tanto en el contexto de los debates sobre la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia como durante los debates de la Ley de No Violencia contra la mujer o del Código Orgánico de la Salud. En el curso de la aprobación de la  Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, el movimiento de mujeres tuvo que pelear dentro y fuera de la Asamblea para que no se incluya en el texto final de esa ley, justo aquella que se supone iba a prevenir/ reparar/ evitar la violencia marcada de género, la criminalización del aborto, de sus cuerpos y sus decisiones; la lucha fue dura, por fortuna, 48 hrs después primó la razón.

En un contexto mundial y nacional así de regresivos, no cabe duda que la academia y los debates que se propician en su entorno también incluyen esa tendencia. En este sentido, es necesario volver sobre algunos conceptos básicos en el desarrollo de los Estudios de Género y Feministas que parten de la idea, por lo demás sencilla y radical, de que las mujeres somos sujetos, y que el objetivo de cualquier análisis no es victimizar sino entender el cruce de desigualdades que se hayan en la base de la discriminación y las experiencias de abuso que experimentan muchas mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía. La inequidad marca la vida de las mujeres, es un hecho histórico y es un hecho que nos vemos compelidas a cambiar. Decir que las mujeres experimentan la desigualdad siendo víctimas de la misma por el hecho de ser mujeres no es lo mismo que fomentar el victimismo.

Resulta inverosímil hablar de victimización cuando se verifica lo siguiente:

  • Aun en países con una equidad de género mucho mayor, como es el caso de Dinamarca, se ha demostrado que hombres y mujeres reciben un salario menor a causa de una distribución desigual en el cuidado de los niños.6 Las mujeres en Dinamarca pierden el 30% de su sueldo con el nacimiento del primer hijo. Los ingresos de los padres apenas se ven afectados. El estudio llama a ese fenómeno la “penalización” por tener hijos. La penalización por tener hijos explica un 80% de la brecha salarial entre varones y mujeres hoy en día. Esta penalización por tener hijos no tiene nada que ver con que la mujer elija o no ser la proveedora del hogar o con sus capacidades para ser una trabajadora genial y diligente; tiene que ver con la conformación estructural de la sociedad patriarcal, algo que expresan de manera rotunda los mercados de trabajo en todo el mundo.

  • Cada dos días hubo un incesto en Ecuador.7 Sí, esa realidad de la que no queremos hablar, que negamos con el Plan Familia, existe y es patente en el país. La protección de las niñas y las prevenciones que esto suscita, también en términos de custodia, no responde a un estereotipo o la reproducción de relaciones tradicionales, sino a una justa inquietud y responsabilidad con respecto al bien superior de niñas y niños que debemos compartir como sociedad. Evidentemente, no todos los padres que no llegan a acuerdos sobre custodia son violadores, pero es importante considerar que los índices de abuso al interior de las familias nos ponen sobre la pista de una realidad nada desdeñable en relación a la violencia contra mujeres y niñas. De los 28.204 casos de abuso sexual y violación de niñas y niños entre 2014 a 2017, 447 fueron denunciados con el agravante de “miembros del núcleo familiar”.

  • Las cifras de violencia de género son bien conocidas, pero no está de más repetirlas: Según el INEC, en el año 2015, el 80% de las mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género, seguido por las separadas, con el 78%. De las mujeres agredidas el 76% lo ha sido por parte de su pareja o ex parejas, el 87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia psicológica. Reconocer la violencia machista es un argumento de peso a la hora de desestimar la custodia compartida como algo impuesto por los jueces. Llamar a esto “victimismo” resulta inadmisible. Sorprende, en este sentido, la ausencia de esta pieza clave –la violencia machista en los procesos de separación, divorcio y custodia- en la discusión sobre custodia. Algunos admiten que hay desacuerdos en las separaciones, pero olvidan explicar, en términos de género, que éstos están en muchas ocasiones atravesados por situaciones de violencia y hostilidad.

Queda sí debatir y volver a abrir el espectro del intercambio de ideas en un ambiente deliberativo, libre de insultos y descalificaciones antifeministas. Eso se ha tratado de hacer en las universidades del país y se seguirá promoviendo siempre que el respeto sea la base del diálogo y de la construcción colectiva, y siempre que no se vulneren los derechos humanos.

En este camino, los desafíos que afrontan los feminismos incluyen:

  • Retornar a los debates de altura, marcando la diferencia al incluir la incorporación de las diversidades, tanto las que se refieren a las identidades sexo-genéricas y las uniones sexuales, como a las que se plantean desde la etnicidad y la clase social. Los debates sobre las paternidades y el rol de los padres no se reducen a la provisión de pensiones alimenticias, a la violencia patrimonial, a lo que el padre quiere o impone cuando no se alcanzan acuerdos y son los hijos los que se sitúan en el campo de batalla. Los debates sobre las paternidades pueden plantearse a la luz de las nuevas masculinidades y las prácticas de corresponsabilidad y cuidado que surgen en uniones donde la tutela patriarcal está siendo cuestionada. Estas entradas a la cuestión están comenzando a emerger y, sin caer en idealizaciones, contribuyen a imaginar escenarios de cambio real que no surgen del conflicto sino del acuerdo, del reconocimiento de maternidades, paternidades y formas de familia que pugnan por abrirse camino frente a la discriminación y la norma. De este modo, el feminismo no solo coloca la inequidad de las mujeres en el tapete, también visibiliza lo diverso como necesario para construir un mundo donde quepan todos los mundos.

  • Conectarse con el anhelo que sienten muchos hombres de ejercer el cuidado de sus hijos e hijas. Este legítimo anhelo no se origina en el deseo de desembarazarse o aminorar las pensiones, no busca enfrentar a los feminismos acusándolos de victimistas y no desconoce las desigualdades y violencias existentes, sino que engancha con los interrogantes que suscitan los propios privilegios pero también las renuncias e incapacidades sobre las que se levantan. Muchos hombres sienten hoy esta inquietud, si bien otros muchos prefieren reclamar su papel de pater familia sin acompañarlo con compromisos reales. Los datos nos siguen hablando de hombres que se desembarazan rápidamente de la atención directa a los hijos al abandonar el hogar o separarse de sus parejas. Quieren mantener el control, pero que esto no les incomode en su diario fluir como individuos en el universo de lo público. Es posible que las cosas estén cambiando y que los hombres quieran de corazón cuidar a sus hijos, pero resulta sorprendente ver cómo la tendencia en distintos países es que este reclamo de la custodia (que entraña un descenso respecto de la pensión de alimentos) ha crecido a la par que los procesos de impago. Quizás los motivos para pedir la custodia sí importen.

  • Comprender que esta disputa sobre custodia e impago se produce en un contexto general de incertidumbre y precarización en el mundo del trabajo asalariado, los ingresos y la falta de avance en políticas que garanticen el sostenimiento de la población en términos de salud, educación y apoyo para la vida diaria. Esta fragilización, que ha afectado históricamente a las mujeres, hoy se ha expandido de forma desproporcionada, tanto en términos de ingresos como de acceso a recursos, incluidos los que conciernen a los territorios. La capacidad para proveer y cuidar, ambas actividades de carácter económico si tenemos presente la comprensión de la economía feminista, están atenazadas y esto nos obliga a una crítica de la primacía del beneficio, la acumulación y la desprotección. El feminismo ha abierto esta senda y los varones, sobre los que se cierne el mandato de proveer aun en situaciones precarias en lugar de arremeter contra las mujeres o resistir las pensiones jugando las cartas de la custodia, pueden avanzar de manera conjunta en esta reflexión.

  • Abrir un debate sobre la atribución y formación de los jueces a la hora de dictaminar cuál es la mejor opción en los casos de custodia. El problemático y desigual acceso de las mujeres a la justicia, al igual que la propia composición del cuerpo judicial, nos habla de los sesgos patriarcales que rodean esta función. Es necesario, en este sentido, poner los elementos para un cambio que no haga de las mujeres, especialmente las de los estratos más bajos y las mujeres afrodescendientes e indígenas, ciudadanas de segunda, “pobres” mujeres que llaman a las puertas de una justicia que las considera “buenas” para cuidar y sacrificarse pero que reconoce la autoridad y el poder de los padres para hacerse presentes o incluso imprescindibles aunque lo único que traigan sea abusos, pesares, chantajes o inconsistencias en el papel sostenido que juegan con respecto a sus hogares y quienes los habitan. El acceso a la justicia para todas y todos y los propios principios en su aplicación pasan entonces por no santificar a los jueces, sino por revisar a fondo sus compromisos y abrir procesos de formación y reflexión acerca de su papel.

Estos retos desplazan los lugares comunes sobre los que se atrincheran algunos sectores de un liberalismo neoconservador y nos invitan a incursionar en espacios donde reclamar la custodia sea reclamar un auténtico cambio para la sociedad. Los feminismos ya están en la tarea, y muchos hombres que quieren repensar su masculinidad y su paternidad, se están sumando.

 

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