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16 de Febrero del 2020
Historias
Lectura: 12 minutos
16 de Febrero del 2020
Redacción Plan V
Ni Chávez ni Correa fueron socialistas en sus orígenes, dice estudio
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Fotoilustración: PlanV

 

Un interesante estudio publicado en el libro “Concentración económica y poder político en América Latina” compara la relación de ambos líderes con las élites empresariales de sus países. Las asambleas constituyentes —que ambos expresidentes instauraron— fueron el momento de quiebre con las cámaras, pero con claras diferencias entre Ecuador y Venezuela. La publicación es un análisis del poder de las corporaciones en la región.

En el inicio de sus mandatos se puede decir que Hugo Chávez fue menos radical que Rafael Correa respecto a las élites empresariales. En 1998, el discurso del mandatario venezolano presentó la fórmula de las dos manos: “la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado”. Y en las primeras páginas de su programa decía: “Se concede carácter prioritario a la política de privatización, como una palanca del redimensionamiento del Estado y de promoción de la iniciativa privada”.

Correa, en cambio, fue más agresivo. Arrancó en 2007 con una solicitud al Tribunal Constitucional: que sea declarada como inconstitucional la obligación de las empresas de afiliarse a una cámara. Ganó la demanda y esto tuvo una consecuencia. “Las cámaras perdieron socios y recursos que generalmente eran usados para la realización de estudios y la compra de publicidad, lo que significaba medios para influir en el espacio público”, sostiene el investigador Thomas Chiasson-LeBel. El autor comparó las relaciones entre las élites y el Estado en Venezuela y Ecuador. Su texto es parte del recién publicado libro “Concentración económica y poder político en América Latina”, editado por Carlos Pástor.

Pero según el autor, ni Chávez ni Correa hablaron en los orígenes de sus mandatos de socialismo. “En sus primeros años, los planes de desarrollo presentados por el gobierno de Chávez no hablaban de socialismo, sino de utilizar al Estado y la renta petrolera para fomentar, primero, mayores inversiones privadas nacionales y, luego, inversiones internacionales también”, dice Chiasson-LeBel. Con Correa sucedió lo mismo: “La revisión de su primer plan de gobierno (Alianza PAIS, 2006), del primer y el segundo plan de desarrollo (Senplades, 2007 y 2009a), arroja que en los documentos casi no aparece la palabra “socialismo” y que, cuando se utiliza, es para referirse a propuestas generales que expresan la intención de extender la democracia y mejorar la igualdad”.

“En sus primeros años, los planes de desarrollo presentados por el gobierno de Chávez no hablaban de socialismo, sino de utilizar al Estado y la renta petrolera” 

Thomas Chiasson-LeBel

Ambos gobiernos, sin embargo, enfrentaron distintos momentos de quiebre con las élites. Según el autor, aunque las intenciones iniciales de Chávez “no fueron radicalmente socialistas ni antiempresariales”, la escasa confianza de las élites en el mandatario dificultó el camino para incentivar la inversión privada. Cuando Chávez ganó la mayoría en la Asamblea Constituyente, los empresarios “no sintieron que sus intervenciones fueran tomadas en cuenta o influyeran en los resultados”. Fedecámaras —que agrupa a las cámaras de la producción de varios sectores de ese país— acordó rechazar la nueva constitución por temor a que se instalara “un modelo de Estado paternalista y no garantizara verdaderamente la libertad y la propiedad privada”.

El autor refiere que la verdadera ofensiva de los empresarios contra Chávez se dio en el 2001, cuando el presidente empezó implementar la Constitución vía decretos y con la fuerza de ley. Fedecámaras llamó a una movilización contra decisiones que favorecían la nacionalización del petróleo, la pesca a pequeña escala y la redistribución de grandes extensiones de tierras privadas no cultivadas. Ese paro fue “el primero de una cadena de eventos que terminaron por romper la relación entre el gobierno y las élites económicas”. Más tarde, en abril de 2002 hubo un golpe de Estado contra Chávez tras una huelga convocada por Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras.

En Ecuador, durante la Asamblea Constituyente convocada por Correa, esa sensación de exclusión de los empresarios fue similar. El investigador recuerda que los empresarios no se sentían integrados al proceso, que fueron identificados como los representantes de los explotadores y que fueron los causantes de la crisis financiera. A eso se suma que fueron bautizados con el apodo de “pelucones”. “Estos “ataques” del presidente en el espacio público, junto con las medidas contra las cámaras y la débil representación de los intereses empresariales en la Asamblea Constituyente, generó que los empresarios sintieran que sus demandas e intereses eran dejados fuera”, sostiene Chiasson-LeBel.

En el caso ecuatoriano, hay dos puntos claves respecto a la Constituyente y la ruptura con las élites. El primero es el artículo 312 que prohíbe a los grupos financieros invertir o ser dueños de medios de comunicación. Eso redujo la influencia de las élites sobre los medios, al tiempo que Correa creó medios de comunicación estatales. El segundo punto, dentro del escenario de la nueva Constitución, fue la llamada cruzada “anticorporativa”. “Implicó la desvalorización de toda participación directa de organizaciones gremiales en las instituciones del Estado, presentándolas como defensoras de intereses particulares y dejando a los funcionarios electos o burócratas la legitimidad para representar el interés general”. Eso tocó no solo a las cámaras de la producción sino a las organizaciones más populares. Sin embargo, las primeras eran las que tenían mayor participación en el Estado y por lo tanto fueron las más afectadas.

“La revisión de su primer plan de gobierno (Alianza PAIS, 2006), del primer y el segundo plan de desarrollo (Senplades, 2007 y 2009a), arroja que en los documentos casi no aparece la palabra “socialismo”

THOMAS CHIASSON-LEBEL

Pero el autor hace una diferencia entre las élites de Venezuela y Ecuador. En el primero, Fedecámaras es un fuerte actor nacional. Mientras que en Ecuador, las organizaciones empresariales regionales tienen mayor relevancia. “Con ello se entiende que la división regional fuera determinante para impedir la unidad de los distintos grupos gremiales del empresariado”. Por ejemplo, el autor recuerda las marchas convocadas en 2007 y 2008 por Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, y organizadas por las cámaras de la región de la costa. O la protesta de Blasco Peñaherrera, de la Cámara de Comercio de Quito, que lanzó una campaña en 2011 e hizo una una banderola en el edificio del gremio denunciando que “sin libertad y justicia no hay democracia”.

Sin embargo, afirma, Chiasson-LeBel, otras cámaras decidieron tomar un camino de menor confrontación y mayor adaptación “conscientes del impacto del empate catastrófico en Venezuela”. El empate catastrófico es una expresión, acuñada por Álvaro García Linera, que se refiere al empate de fuerzas de Gobierno y las élites económicas. En Venezuela esto se hizo visible en 2006 cuando Chávez dio un giro al socialismo y ganó abrumadoramente en las elecciones de ese año. El mandatario venezolano logró, por votación, la legitimidad que las élites le negaron. Pero la desconfianza del empresariado no generó inversión privada y por eso Chávez optó como alternativa el Socialismo del Siglo XXI. Ese empate catastrófico hasta ahora no se resuelve y aún “Nicolás Maduro organiza marchas para denunciar la responsabilidad de Fedecámaras y del empresariado, junto con las sanciones internacionales, en los problemas económicos del país”, sostiene el investigador.

En Ecuador, esa posición de menor confrontación tuvo una característica: “Aun sin brindar apoyo al plan económico de gobierno, en vez de volcarse en una oposición asociada a algún partido, fortalecieron un discurso gremial que pregonaba la defensa de sus miembros. Asimismo, intentaron fundamentar sus posturas en análisis y datos empíricos, con lo que lograron una “contundencia técnica””. Esta estrategia fue encabezada por la Cámara de Industrias de Pichincha, que luego se llamó Cámara de Industrias y Producción (CIP), apunta el autor. Sus miembros a su vez participaron en el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), un ente que busco ser la voz unificada del sector privado.

Chiasson-LeBel asegura que esa actitud de las cámaras logró promover sus propuestas e incluso cambiar la posición del presidente. “Si bien Rafael Correa llegó a la presidencia con un discurso altamente crítico al libre comercio e, incluso, abandonó las negociaciones de un tratado con Colombia, Perú y la Unión Europea, con la participación de las cámaras, en 2014, Ecuador se reincorporó a las negociaciones y, en 2016, se integró al acuerdo con la Unión Europea. De igual manera, en 2015, mediante la movilización de amplios sectores, se forzó al gobierno a detener una reforma fiscal con la que aumentaba el impuesto a las herencias”.

“Con Martínez en Finanzas y un ministro de Comercio Exterior proveniente de la dirección de un grupo económico, las élites económicas recuperaban su capacidad de influir en el Estado, desde adentro”, THOMAS CHIASSON-LEBEL.

En el gobierno de Lenín Moreno la relación con las élites es otra. Debilitado y presionado por la crisis económica, creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, un espacio de diálogo entre el sector empresarial y el Gobierno. La llegada de un empresario al poner en este gobierno ilustra el nuevo momento. Así lo resume el autor: “Richard Martínez, dirigente de la CIP y del CEE, era la figura ideal para representar a las empresas y, al entrar en contacto con las más altas autoridades del Estado, se volvió uno de los voceros empresariales de mayor relevancia. A inicios de 2018, el gobierno de Lenín Moreno, en su búsqueda de soluciones para incentivar la inversión privada y relanzar la economía con nuevos aliados, nombró a Martínez ministro de Finanzas; con esto envió una señal al empresariado de que no estaba en guerra con ellos. Con Martínez en Finanzas y un ministro de Comercio Exterior proveniente de la dirección de un grupo económico, las élites económicas recuperaban su capacidad de influir en el Estado, desde adentro”.

El poder de las corporaciones en América Latina

“Concentración económica y poder político en América Latina” es un libro de 527 páginas que recupera los momentos claves en la historia de la región sobre el poder de las corporaciones. Son 15 artículos de diversos autores que analizan esas relaciones a momentos natural, a momentos tirantes. Pero sobre todo es una obra, como bien dicen sus autores, que evidencia “la precariedad de los sistemas políticos locales para controlarlas y su predisposición para direccionar su política económica en articulación con los grupos financieros”. Los investigadores sostienen que “todos los Estados han perdido poder frente a las organizaciones económicas supranacionales”. Su tesis es sencilla: “los gobiernos nacionales no son los únicos actores que dirigen las políticas públicas, sino que la influencia de estos poderes fácticos es cada día más evidente y cotidiana”.

Francisco Durand, uno de los autores, sostiene que en América Latina se puede hablar de una “captura corporativa”, donde las élites económicas se benefician del modelo de globalización neoliberal, al tiempo que se profundizan las desigualdades.

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