La alarma la disparó el ex contralor del Estado, Marcelo Merlo Jaramillo, quien en diciembre del año pasado publicó un extenso estudio, de 58 páginas, cuyas conclusiones son sorprendentes.

El documento, que hace referencia a un "trámite irregular de la reforma constitucional de 2014" es un estudio jurídico que analiza la conducta de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional sobre el trámite, por medio de una enmienda constitucional, de 16 de 17 reformas a la Constitución de Montecristi, propuestas por la mayoría de Alianza PAIS en el Legislativo.

Según el documento preparado por Merlo, desde el 31 de octubre de 2014, cuando la Corte resolvió que se tramiten de esta forma las enmiendas, surgieron una serie de interrogantes.

Para empezar, Merlo destaca que la Corte, en lugar de reunirse en su sede de la Capital, se trasladó a un hotel de Guayaquil, lo que en su criterio produjo "contradicciones en el lugar y fecha del dictamen". Así mismo, según Merlo, "al revisar la primer página del fallo se descubre que cambia la referencia legal que la presidenta de la Asamblea hizo al remitir el proyecto de reforma a la Constitución".

Para Merlo, hay otras falencias en el trámite, pues habría incongruencias "sobre el espíritu del artículo 441 de la Constitución porque los jueces constitucionales lo remitían al acta número 087 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, cuyo texto más bien es, que toda reforma que realice la Asamblea sea ratificada por referendum, sí así lo solicita la cuarta parte de los asambleístas". Merlo agrega que, "si la reforma implica restricción de derechos y garantías solo puede hacerlo una asamblea constituyente".

Según el ex contralor, ha habido "premura para pasentar el paquete de reformas a la Corte Constitucional, a fin de que la Asamblea realice dos discusiones hasta agosto de 2015, y las reformas entren en vigencia un año antes de la convocatoria a elecciones del 2017, y sea posible la reelección del presidente de la República y asambleístas". Así mismo, Merlo estima que "el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó el proyecto según manda la Ley".

Para Merlo, hay "graves anomalías en la fase de sustantación llegándose al extremo de producirse el 28 de octubre, en menos de dos horas, cuatro decisiones de efectos contradictorios, a las 08:10, 09:00, 09:35 y 10:00.  Todo lo anterior acarrería la nulidad del trámite por la improcedencia e incongruencia procesal de algunos de los actos de este día".

En las conclusiones del informe, Merlo señala que "hay hechos y circunstancias que revelan más de una falsedad de origen, que acarrearían la nulidad de la petición presentada ante el Corte el 26 de junio de 2014". Así mismo, habría nulidad del proceso puesto que "el trámite en la Corte Constitucional está plagado de contradicciones y violaciones de ley, como las ocurridas especialmente entre el 21 y el 28 de octubre de 2014". Sobre el dictamen de procedimiento, habría falsedades y alteraciones del procedimiento previsto en el artículo 441 de la Constitución, "lo que también producirían su nulidad".

Finalmente, Merlo concluye que hay "improcedencia constitucional y jurídica en el dictamen de la Corte Constitucional, que dio visbilidad a un irregular proceso de enmiendas constitucionales".

Polémica en la Asamblea Nacional

El 27 de mayo de 2015, el ex asambleísta César Montúfar, actualmente aliado político del ex banquero Guillermo Lasso, dirigió una carta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, sobre este tema. En la carta, Montúfar precisó que "se han detectado graves irregularidades en el procedimiento" en el proceso de enmiendas constitucionales.

Montúfar se centró en solo dos de los varios aspectos mencionados en el estudio de Marcelo Merlo: "respecto a los hechos que se suscitaron el 26 de junio de 2014, día en que usted, en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, entregó a la Corte Constitucional el proyecto de enmiendas constitucionales presentado por un grupo de asambleístas de Alianza PAIS". 

Los dos puntos sobre los que Montúfar pidió a Rivadeneira precisiones son dos: el primero, cómo fue que el CAL avocó conocimiento del proyecto de enmiendas constitucionales en su sesión del 26 de junio de 2014, que se instaló entre las 08:52 y las 09:26, si el documento recién ingresó por ventanilla a la Asamblea a las 11:42 de esa mañana. El otro aspecto que llamó la atención de Montúfar fue que se habría cometido algunas violaciones legales al avocar ese conocimiento, entre las que detalla que el CAL no constató que el proyecto tuviera el respaldo de por lo menos la tercera parte de los legisladores, que no lo trasladó a una comisión legislativa ni al Pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento. Para Montúfar, "de haberse cometido estas irregularidades todo el proceso de enmiendas constitucionales sería nulo", ya que se habría "engañado a la Corte Constitucional al haber entregado a la misma ese mismo 26 de junio de 2014 un documento que carecería de valor legal".

La respuesta de la Asamblea

Al otro día, 28 de mayo de 2015, la presidenta del Legislativo respondió a la carta de Montúfar. En su criterio, Montúfar y, por ende, Merlo, confunden "el procedimiento de aprobación de las leyes con el procedimiento de reforma de la Constitución", pues según Rivadeneira, el trámite que sugiere Montúfar es exclusivo para la "calificación de proyectos de ley".  Rivadeneira rechazó en su respuesta que se haya debido enviar la solicitud de enmienda al Pleno, pues se trataría de una enmienda y no de una reforma parcial de la Constitución. 

Para Rivadeneira, lo que se está haciendo es "una enmienda constitucional por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional", que seria en la actualidad de 46 asambleístas. "Este requisito -dice Rivadeneira- fue cumplido a cabalidad, con la solicitud de los asambleístas de Alianza PAIS".

Rivadeneira  defendió la forma en la que tramitó el pedido, y relató que "yo misma puseen conocimiento de los integrantes del CAL la solicitud de enmiendas que se iba a presentar en la Corte Constitucional, haciendo referencia tanto al contenido de las mismas como a los fundamentos jurídicos y políticos en que se sustentaba".

Aunque en su comunicación la presidenta de la Asamblea admite tácitamente que Montúfar tiene razón en lo referente a la hora en que el documento llegó oficialmente a la Asamblea, defiende el trámite, al asegurar que "según usted, la única forma en que el CAL podía tener conocimiento del mismo es luego del ingreso por ventanilla, lo cual es totalmente falso". Según Rivadeneira, no hay problema alguno en eso, pues el CAL "puede conocer y ser informado", por lo que califica como una "pretensión política" y una "supuesta irregularidad" a las mencionadas por Montúfar. 

Rivadeneira concluye su carta acusando a Montúfar de "afectar la honra de cien asambleístas de la República" y amenaza con "reservarse el derecho de iniciar las acciones legales que considere pertinentes".