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23 de Marzo del 2021
Historias
Lectura: 18 minutos
23 de Marzo del 2021
Redacción Plan V
Octubre 2019: la denuncia de delitos de lesa humanidad que complica a Moreno
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El Gobierno de Lenin Moreno rechazó las acusaciones de una violenta represión durante octubre de 2019. Imagen: PlanV

 

El informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que conformó una comisión especial para el efecto, sobre los sucesos de octubre de 2019 pone en apuros al Gobierno de Lenin Moreno. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, denunció al presidente y sus ministros, así como a varios generales de la Policía, por delitos de lesa humanidad.


El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó este 23 de marzo de 2021 una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado en contra del presidente Lenin Moreno, su ministro de Defensa, Oswaldo  Jarrín, la ex ministra de Gobiernio, María Paula Romo, y varios oficiales de la Policía Nacional por supuestos delitos de lesa humanidad.

El documento, de 78 páginas, contiene un resumen de lo más destacado del informe entregado por una Comisión integrada por Sybel Martínez, Xavier Zavala y Juan Carlos Solines, en donde se analizaron los hechos de octubre de 2019, cuando protestas detonadas por el intento del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles provocaron un gran despliegue policial y militar en todo el país.

Según la denuncia presentada por el defensor del pueblo ante la fiscal general, Diana Salazar, Moreno y otros miembros de su gobierno habrían cometido delitos de lesa humanidad, al ser los responsables políticos de la represión realizada por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Los comisionados concluyeron que por lo menos seis ciudadanos murieron a manos de la Policía, en circunstancias que podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, mientras que por lo menos 14 personas sufrieron mutilaciones como la pérdida de un ojo, por impacto de bombas de la Policía disparadas al rostro.

El defensor del Pueblo presentó una denuncia penal contra Moreno y su gobierno.  Fotos. Twitter

El defensor del Pueblo pidió que, como acto urgente, se llame a declarar a los denunciados, así como se les prohíba la salida del país. En el caso de Romo, la Defensoría confirmó que ella y su esposo, el ex ministro de Bienestar Social Iván Granda, se encuentran radicados en Washington, en donde Granda tiene un cargo en la Organización de los Estados Americanos. Por esa razón, pidió que la Embajada del Ecuador en esa capital le notifique del inicio de los procesos en su contra.

La Defensoría precisó que "ante el riesgo de que las personas involucradas salgan de Ecuador y no comparezcan en el proceso ni colaboren con la investigación y, considerando que el delito de lesa humanidad no prescribe, también requirió el arraigo de: Nelson Villegas, excomandante general de la Policía; Lenin Bolaños, exjefe del Estado Mayor de la Policía; María Fernanda Tamayo, exinspectora General de la Policía; Hernán Carrillo, exdirector General de Operaciones de la Policía; y, Víctor Aráus, excomandante de la Zona 9, personas involucradas en el cometimiento del presunto delito de lesa humanidad". 

En el caso de Romo, la Defensoría confirmó que ella y su esposo, el ex ministro de Bienestar Social Iván Granda, se encuentran radicados en Washington, en donde Granda tiene un cargo en la Organización de los Estados Americanos. Por esa razón, pidió que la Embajada del Ecuador en esa capital le notifique del inicio de los procesos en su contra.

Según el informe, la comisión obtuvo por lo menos 519 testimonios, de los que 249 evidenciarían violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía (75%) y las Fuerzas Armadas (13%).  El documento presentado por los comisionados sostiene que hubo 123 violaciones al derecho a la integridad personal; 38 violaciones al derecho a la libertad personal; 6 ejecuciones extrajudiciales; 22 atentados contra el derecho a la vida; 3 casos de violencia sexual u por lo menos 20 lesiones oculares.El informe recoge también que 81 personas sufrieron afectaciones psicológicas y 22 más fueron víctimas de presuntos actos de persecución política.

Entre las recomendaciones formuladas por los comisionados, está que el Estado deba remover obstáculos para judicializar las violaciones de los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad, garantizar el derecho a la protesta, restituir a las víctimas en sus derechos o compensando por los perjuicios sufridos y ofrecer disculpas públicas, entre otros.

Un inventario de la represión

El documento presentado por los comisionados tiene 272 páginas. Se precisa que, por ejemplo, se recibieron no menos de 192 testimonios de policías, 55 de víctimas de delitos, 249 de víctimas de violaciones de derechos humanos, y 23 de representantes de instituciones. 

Según los comisionados, seis ciudadanos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Cinco de ellos en Quito y uno en Durán, Guayas. Las personas que habrían muerto a manos de la Policía fueron Marco Oto, José Chaluisa, Edison Mosquera, Segundo Tucumbi, Edgar Yucaillay un adolescente identificado como G.A. 

La Comisión precisó que esas seis personas murieron por acción directa de la Policía, mientras por lo menos otras seis fallecieron de manera accidental en el contexto de las protestas. Estas personas fueron: Ángel Chilpe, Francisco Quiñonez, Silvia Mera, Mónica Castro, Abelardo Vega y alguien identificado como KF.


El 10 de octubre de 2019, manifestantes reclaman por la muerte de un indígena. Archivo personal de Patricio Pilca.

Las personas que habrían muerto a manos de la Policía fueron Marco Oto, José Chaluisa, Edison Mosquera, Segundo Tucumbi, Edgar Yucaillay un adolescente identificado como G.A.

Sufrieron lesiones graves, como la pérdida de un globo ocular por lo menos 14 personas, entre ellos, la actual asambleísta electa por Pichincha, Jahaira Urresta. Otras seis personas sufrieron daños en la visión atribuibles a la acción de la Policía y, en especial, al uso de bombas lacrimógenas como proyectiles en lugar de dispararlas al aire  para dispersar la granada de gas, como aconseja la técnica.


Las granadas de gas lacrimógeno caducadas fueron ampliamente utilizadas por la Policía.  Fotografía incluída con autorización de Comunicación de CONAIE.

Patadas, golpes y palizas

Además de las muertes y graves lesiones, la comisión pudo documentar acciones de brutalidad policial durante los arrestos de manifestantes, que reportaron haber sufrido palizas por parte de la Policía a pesar de no haber presentado resistencia a las detenciones, así como amenazas de agresiones o muerte, maltratos como ser colocados en cuclillas o de rodillas por largos periodos, así como haber sido esposados con los propios cordones de sus zapatos. 

Por lo menos 14  personas perdieron un ojo en las protestas. Archivo personal de Patricio Pilca.

Muchos de los detenidos por la Policía sostuvieron que no les dieron agua ni comida ni les permitieron llamar a un abogado.

Los comisionados pudieron documentar también agresiones contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos durante la cobertura de las marchas, en especial, en el Centro Histórico de Quito, donde la Policía cargó contra periodistas debidamente identificados. 

La Comisión logró hacer un inventario de heridos en los hospitales del Estado entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. Así se estableció que durante las protestas los hospitales del Ministerio de Salud atendieron a 1508 personas, en el Hospital Carlos Andrade Marín del IESS a 55, en las unidades de salud de las Fuerzas Armadas a 334 y en el hospital de niños Baca Ortiz a siete. 71.% de las atenciones por traumas, heridas y lesiones se produjo en Quito y en la provincia de Pichincha, epicentro de las protestas. 

Arrestos y redadas masivas 

Otro aspecto que fue analizado por la Comisión tiene relación con por lo menos 38 detenciones arbitrarias realizadas por policías y militares, aunque pudieron, según la Comisión, ser muchas más, por lo que califica como "referencial" a la cifra. Los detenidos denunciaron maltratos -cuyas lesiones fueron omitidas de los reconocimientos médicos- y algunos aseguraron que fueron detenidos en centros no autorizados para el efecto.

Sobre las detenciones, la Comisión sostuvo que se produjeron por lo menos 1192 arrestos en toda la República, la mayoría de ellos en Pichincha (532) y Guayas (310). Por lo menos 32 personas sufrieron maltrato físico en la Unidad de Flagrancia del Centro de Quito, según constató la Defensoría del Pueblo.

La Comisión sostuvo que se produjeron por lo menos 1192 arrestos en toda la República, la mayoría de ellos en Pichincha (532) y Guayas (310). Por lo menos 32 personas sufrieron maltrato físico en la Unidad de Flagrancia del Centro de Quito, según constató la Defensoría del Pueblo.

Entre las personas que relataron haber sido víctimas de agresiones están Erick Lascano, Matías Reyes, Fabricio Jara, Jefferson Muyulema, Luis Murillo, Alejandro Betancourt, Alejandra Fernández, Jonathan Piedra, Mauricio Cadena, José Catucuamba, María de Lourdes Colcha, Luis Alberto Guachamín, Oscar Gualoto y Jesús Rondón. 

Los lugares en donde se produjeron arrestos arbitrarios fueron las inmediaciones del Palacio Legislativo, en cuyos patios se retuvo a personas que luego fueron trasladados a los cuarteles de las tropas de asalto de la Policía (GIR, al norte de Quito) y de ahí a las instalaciones judiciales.

La Policía y las Fuerzas Armadas realizaron gran cantidad de detenciones en el Centro de Cuenca, en donde fueron arrestados estudiantes universitarios que luego denunciaron maltratos. 

Otro lugar en donde se produjeron detenciones abusivas, según la Comisión, fue en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en donde 17 conductores de taxi, la mayoría venezolanos, fueron arrestados con el falso cargo de ser agentes extranjeros. Los inmigrantes, quienes se desempeñaban como conductores de aplicaciones, alegaron que solo esperaban carreras en una gasolinera cercana al terminal presidencial. 

Mientras tanto, seis adolescentes indígenas que habían ingresado a la fuerza a la Contraloría General del Estado fueron detenidos por la policía. La mayoría de los jóvenes denunció que fueron golpeados por la Policía.

Coberturas que minimizaron la represión

La Comisión analizó también el "sesgo informativo" de los medios tradicionales. Concluyó que en los periódicos el 55.6% del material publicado enfatizó en la violencia de los manifestantes, el 23.5% se refirió a las pérdidas económicas, el 19.8% relató las causas del paro y apenas el 1.2% se dedicó a violaciones a los derechos humanos. 

En las radios, sobre todo las nacionales y las que transmiten desde Quito, el material informativo se centró en las causas del paro, con un 47.2%, seguido del relato de la violencia de los manifestantes con un 20.7%, las pérdidas económicas con un 13.5% y los derechos humanos con 7.3%.

En los canales EcuadorTV (gubernamental), Teleamazonas y Telerama no se invitó a ninguna entrevista a ningún vocero indígena ni activista de derechos humanos.


3 de octubre de 2019 tuvieron lugar violentos disturbios en el centro de Quito. Archivo personal de Rosalía Gómez Ramos.

En tres canales nacionales, uno de ellos bajo control del Gobierno, las causas del paro ocuparon el 48.39% de las notas, la violencia de los manifestantes el 27.42%, las pérdidas económicas el 17.74% y los derechos humanos ninguna nota. En los canales EcuadorTV (gubernamental), Teleamazonas y Telerama no se invitó a ninguna entrevista a ningún vocero indígena ni activista de derechos humanos. 

La Comisión analiza también material informativo publicado por medios digitales, entre ellos, PLANV y Wambra Radio. 

Según los comisionados, policías y militares actuaron con la consigna de atacar a la población civil de manera sistemática, lo que podría permitir probar que "los agentes del Estado" cometieron violaciones de derechos humanos, mientras que la narrativa del Gobierno, que incluía una supuesta conspiración inclusive manejada desde el extranjero, buscó "deslegitimar la protesta social".  Además, el Gobierno justificó "actos reprochables" como los ataques policiales a las universidades católicas en donde se refugiaban los indígenas. 

Según el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, es importante destacar que el informe ha sido presentado durante la gestión de Lenin Moreno, que concluye este 24 de mayo, y no luego de su salida del poder, por lo que, sostiene, no se puede alegar que se trata de una persecución política. Carrión pidió protección especial a la Fiscalía, alegando que es víctima de amenazas constantes. 

La reacción del Gobierno

De su lado, el Ejecutivo respondió a la publicación del informe. Según el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, el informe contiene "una versión probablemente sesgada”. Martínez dijo que aunque ocupaba el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas, fue testigo del "cierre violento de carreteras".

Para Martínez, el informe tiene una versión de los hechos "en la que no está hablándose del secuestro a policías, no se está hablando del abuso a policías mujeres, no se está hablando del incendio de la Contraloría General del Estado, de los atentados a canales de televisión, a negocios privados".

El Ministerio consigna que "ni uno solo de los casos de quienes perdieron la vida se debe al uso de un arma de dotación de la Policía Nacional". Para Gobierno, afirmar que hubo un ataque sistemático contra la población civil por parte de la Policía "carece de asidero en los hechos y en el derecho".


La policía reprimió a manifestantes en Quito. Fotografía de Rodrigo Buendía Herdoíza

Martínez llamó a "recordar esos hechos como fueron, mas no como versiones, pues hubo protestas violentas con fines políticos y de desestabilización política, en las cuales la Policía actuó “firmemente”, “correctamente”, intentando restablecer el orden.

El ex comandante general de Policía, Patricio Carrillo, también rechazó el informe, durante una de sus últimas actividades públicas antes de ser cesado por el presidente Lenin Moreno. Según el ex comandante, “han entregado un informe sesgado, que se dice de la verdad, pero termina siendo de la Defensoría nada más, en donde no se reconoce los incendios, donde no se reconoce los secuestros, el resto de acciones que cometieron”. “La barbarie, la Policía no la comete; la Policía utiliza la fuerza gradual, progresiva, conforme a la Ley porque esta es una Policía que nos hemos preocupado de que sea absolutamente respetuosa de los derechos humanos, pero tiene que responder conforme a la barbarie", precisó el general.

El Ministerio de Gobierno emitió un documento titulado "El Ministerio de Gobierno sobre el informe de la Defensoría del Pueblo" que aparece ilustrado con una foto del momento en que el candidato Andrés Arauz recibe el informe (Arauz, Lasso y Pérez fueron invitados a la entrega, pero solamente asistió Arauz), en donde se hacen algunas observaciones "de manera preliminar".

El Ministerio recordó que la comisión fue "extrajudicial" y de ella renunciaron dos de sus integrantes "por no estar de acuerdo" y que ha sido conformada por el defensor del Pueblo "un funcionario cuya objetividad se encuentra en duda". 

Para el Ministerio, el informe "desconoce" el grado de violencia de los manifestantes y que por lo menos "un tercio" del total de los heridos fueron policías. Gobierno agregó que el informe desconoce hechos como el "secuestro" de periodistas, policías y militares, "vejaciones a mujeres policías", los incendios del edificio de la Contraloría General del Estado y del canal Teleamazonas, los ataques a ambulancias y contra el sistema de agua potable de Ambato, y el cierre de vías que afectó "a personas con cáncer".

En negrillas, el Ministerio consigna que "ni uno solo de los casos de quienes perdieron la vida se debe al uso de un arma de dotación de la Policía Nacional". Para Gobierno, afirmar que hubo un ataque sistemático contra la población civil por parte de la Policía "carece de asidero en los hechos y en el derecho".

Y aunque le quedan apenas dos meses al actual gobierno, el Ministerio sostuvo que "seguirá colaborando con todas las investigaciones judiciales" y "seguirá empeñado en que se analicen (sic) sin sesgos ni direccionamientos, la verdad sobre los hechos sucitados en octubre del año 2019".

 

 

 

 

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