Lo que abunda, dice un viejo adagio judicial, no hace daño. Y el fiscal de la causa de Ola Bini, Fabián Chávez, lo sabe. El representante de la "vindicta pública" tiene en su escritorio tres carpetas con carátulas rosadas, y procede a buscar con parsimonia la parte que contiene un inventario, hecho por la Policía, de todos los aparatos informáticos que el sueco Ola Bini tenía en su departamento, al norte de Quito. 

El fiscal, que se había comprometido a leer despacio, pues una traductora al sueco se encuentra en la sala, busca en una de las carpetas rosadas la parte que quiere destacar. Encuentra el inventario y procede a leer. Detalla con formas, marcas, colores, modelos y números de serie los artículos electrónicos que estaban en la casa de Bini, tantos que da la impresión de que estaban por todas partes. Enumera discos duros, laptops, celulares, memorias externas, cables, teléfonos y adaptadores. Describe lentamente todos los equipos. Abunda. Si a la defensa le dieron 15 minutos por reloj, a él le dieron todo el tiempo que necesitó. 

Son cerca de las 15:00 del 2 de mayo de 2019, día previo a feriado y en el tercer piso de un edificio de oficinas, donde funciona la Corte Provincial de Pichincha, en la Plaza Argentina, se ha instalado un tribunal de la República para conocer el recurso que el sueco, detenido por presunto hackeo a sistemas informáticos, ha presentado contra su prisión preventiva, que lo mantiene encerrado en la Cárcel de El Inca. 

La sala está repleta, con poco más de cien personas, que es el aforo del lugar, según confirmó la Corte en la convocatoria de la audiencia.

En primera fila están los padres del programador, Dag y Gorel Gustafsson, quienes llegaron al país para apoyarlo. En la sala están también programadores nacionales y miembros de algunas comunidades de activistas. Destaca el músico Jaime Guevara. Desde Bogotá, dónde se encuentra la Embajada sueca más cercana, se ha hecho presente también un diplomática del reino nórdico.

La Cancillería de ese país invitó al embajador del Ecuador en Estocolmo, Lautaro Pozo, a una reunión sobre el tema. El embajador ecuatoriano dijo a PLANV vía correo electrónico que "fui invitado, no convocado, por la Cancillería sueca hace unos días a una reunión, en la que, entre otros puntos, se me solicitaron datos sobre la situación legal del ciudadano sueco Ola Bini en el Ecuador. Proporcioné la información oficial emitida por la Fiscalía General del Estado. Es usual que las cancillerías inviten a los embajadores a tratar los temas relacionados con la relación bilateral o asuntos de interés particular o específico", explicó el diplomático, quien no precisó qué funcionario sueco le atendió en la cita. 

La tarde está soleada y hace calor cuando Bini llega frente al estrado, esposado por dos policías penitenciarios con trajes de camuflaje café, y sus simpatizantes lo saludan. Es un hombre alto y delgado, de pelo rubio parcialmente teñido de negro, con los ojos de verde azulado. Viste un traje oscuro, una camisa blanca y una corbata negra, ropa con la que no parece muy cómodo. Se ha pintado las uñas de las manos también de negro, lo que le confiere un aspecto un tanto gótico. Su imagen recuerda al Julián Assange representado por el actor británico Benedict Cumberbatch, quien en la película Quinto Poder, que cuenta la historia de Wikileaks desde sus inicios hasta el encierro en la Embajada ecuatoriana, es mostrado como un personaje excéntrico, que no es que tiene el cabello prematuramente encanecido sino que se lo tiñe de blanco, recuerdo de una práctica de un culto en el que militó cuando niño en Australia. 

Los padres de Ola Bini lo acompañaron en la diligencia, pero retornaron a Suecia el fin de semana. 

Sin toga ni martillo

El tribunal está conformado por Juana Narcisa Pacheco Cabrera, Fabián Fabara Gallardo e Inés Maritza Romero Estévez, jueces de la Corte Provincial. A ambos lados del estrado, la bandera nacional y la de la provincia de Pichincha compiten con unos grandes parlantes negros que, sin embargo de su volumen, no funcionan. Hay mucho ruido de la calle y a pesar de que hay micrófonos, estos no amplifican nada. Unos cuantos policías vigilan a los presentes, pues la jueza Pacheco ha recordado que está prohibido grabar la diligencia con aparatos electrónicos. 

Los togados, que no usan ni toga, ni peluca, ni martillo como en las películas, sí están dispuestos a poner orden en la sala. Saben que el grueso de los presentes han ido a apoyar al programador y anticipan que al menor disturbio tomarán medidas. El primero en sentir el poder de la justicia es un joven que miraba su teléfono, al que la jueza se lo hace quitar por mano policial. 

Como están prohibidos los aparatos electrónicos -ni siquiera para tomar notas- los reporteros judiciales han ido a la antigua, con libretas y esferos, artilugios de los que no desconfía ese Poder del Estado. 

Cuando Ola Bini entró a la sala hubo aplausos. Cuando el fiscal entró hubo silencio. El representante del Ministerio Público no llevó barra, pero confía en la contundencia de su expediente. Lee con calma el inventario de artefactos del sueco: "un disco duro", "una memoria negra", "una laptop"...

El fiscal sigue leyendo: ha llegado al punto en donde la Policía se ha incautado con la biblioteca del programador. Lee portadas y títulos en inglés. Parece -juzgando literalmente por la portada, pues el fiscal no aporta ni un resumen de cada obra- que se trata de obras referidas a Edward Snowden, el programador estadounidende que logró huir a Rusia con un salvoconducto del Ecuador de Correa, a Wikileaks y al propio Julián Assange. "No sé por qué tendrá tanto libro en inglés", comenta el fiscal, y la sala estalla en carcajadas. El representante de la sociedad aguanta el bullying con estoicismo.

Una de las magistradas presentes, cuando termina, le pregunta a la defensa si el procesado se dedica a vender artículos electrónicos, pues lo variado del stock le parece solo justificable con fines comerciales.

Las sospechas del fiscal, tras la lectura de las carpetas que lleva consigo se resumen en: el presidente Lenin Moreno y su ministra del Interior, María Paula Romo, han denunciado el peligro que significan Wikileaks y sus agentes para la patria. El sueco tiene demasiados aparatos electrónicos y libros en inglés, lo cual es sospechoso de que algo trama. Además, el programador no ha querido "colaborar" con la Fiscalía, pues se ha acogido al derecho al silencio -que es una garantía legal- y todos los aparatos están encriptados, y, de lo que dice el fiscal, la ciencia policial criolla no sabe cómo desbloquearlos. "Si nada oculta por qué no colabora", espeta el fiscal, quien afirma que como el sueco no le ha dicho una palabra ni en sueco, ni en inglés ni en español, solo conoce su versión por lo que han dicho sus abogados en entrevistas. Al parecer, el fiscal espera la ayuda del acusado para acusarlo. 

En el otro lado de la sala, los abogados de Ola Bini, Carlos Soria y José Cherry, han mostrado ya parte de sus cartas. Como suele ocurrir en los procesos judiciales, desde el principio las partes fijan su estrategia. Se dirigen a los jueces para hacerles notar que el sueco vive en Ecuador y tiene documentos de arraigo, como un contrato de arriendo, un RUC, una visa vigente, y hasta una inversión de USD 40 mil en el Banco del Pacífico. Se esfuerzan por convencer a los jueces de que Ola Bini no se irá, que le gusta el Ecuador y que, después de todo, tener muchos aparatos electrónicos y libros en inglés no es delito en el país (todavía).

Admiten que es amigo de Julián Assange, y que viaja mucho, y que ha pagado a Telconet hasta 240 mil dólares en servicios informáticos, pero destacan que es por su trabajo, por el que paga impuestos en el Ecuador. Soria y Cherry apelan al sentido común y aseguran que su cliente no se irá. Pero el fiscal ha dicho que el joven sueco es tan experto en lo suyo que no necesita ir a ninguna parte: podría destruir la supuesta información hackeada para desestabilizar al Gobierno con unos cuantos clicks al salir de la cárcel. 

Los defensores destacan también que han pedido una certificación a la Fiscalía de si hay alguna investigación contra Julián Assange y Wikileaks en el país pero les fue negada por "improcedente". La defensa ha dicho que hasta el momento no se ha dicho qué sistema informático del Ecuador fue vulnerado y cuál es la participación de Ola Bini. Pidieron también que se certifique si la ministra Romo ha presentado o no una denuncia en contra de Bini. 

No responden los dos abogados, sin embargo, si el sueco va o no a dar las claves para que le revisen todos sus aparatos, pues al parecer, solo él sabe abrirlos, lo que tiene al fiscal en cuesta. 

Cerca de cien personas se reunieron en la Sala de Audiencias para apoyar al programador 

Los tres magistrados piden al centenar de personas presentes en la sala salir porque van a deliberar. Luego cambian de opinión y deciden salirse ellos. Volverán luego de tres horas, cuando ya haya oscurecido.

La salida de los togados es aprovechada por los padres y amigos para acercarse a Bini. Los suecos, que podrían hablar en su lengua nórdica, prefieren hacerlo en inglés, idioma que entienden algunos de los simpatizantes del programador. El joven está de buen humor y confirma que el 3 de mayo cumple 37 años, y confía en que podrá salir de la cárcel a festejar con sus padres. Describe cómo es la cárcel, cuántas personas hay y cuántas camas. Destaca el sorprendente detalle de que no hay focos en las boquillas, como si los hubieran quitado todos a propósito. Cuenta la escasez de duchas y las condiciones insalubres de la cárcel en pocas palabras. En esas estaba cuando varios camarógrafos de televisión irrumpen en la sala por algunas tomas y el nerviosismo de los policías carcelarios aumenta. Se lo llevan al fondo de la sala, junto a la ventana, las dos horas y media que faltan para que no haga "declaraciones". 

Ola Bini sigue preso

Eran poco antes de las 20:00 cuando los tres jueces vuelven y se reinstalan. Leen su resolución: la jueza Pacheco y el juez Fabara niegan el recurso. La jueza Romero lo concede, pero las decisiones se toman por mayoría. Los jueces que se niegan creen que el programador podría tratar de huir y no comparecer a juicio. No sería, después de todo, la primera vez que Wikileaks ayuda a algún amigo a evadir la justicia, como hizo con el propio Edward Snowden, a quien lograron llevar a Rusia con el apoyo de la diplomacia ecuatoriana, según se relata en el documental Risk de Laura Poitras.

En un país que aún no puede explicar cómo Fernando Alvarado se quitó el grillete electrónico, lo botó en una cuneta y logró llegar a Caracas bajo la protección del Estado chavista, el temor de los jueces de mayoría parece fundamentado. 

La decisión cayó como una bomba en la sala, donde hubo muestras de rechazo a los jueces. El fiscal Chávez, quien le había apostado todo a la gran cantidad de aparatos y a los libros en inglés se retiró tranquilo.

Los abogados Soria y Cherry, de su lado, necesitaron algunos minutos para reponerse de la decisión de los jueces. Ya en el vestíbulo del edificio, dijeron que la decisión era injusta, pero que seguirán el proceso hasta lograr la libertad de su cliente. El Ecuador, dijo Soria, queda como un Estado que persigue a la gente por los libros que tiene y la tecnología que usa. La instrucción fiscal dura 90 días, la prisión, en teoría, hasta un año.

Negado el recurso, Ola Bini pasó su cumpleaños solo en la Cárcel de El Inca. Era feriado por el día del trabajo y en los feriados no hay visitas. Sus padres, entre tanto, volvieron a Suecia el fin de semana. No tienen fecha de retorno.