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26 de Octubre del 2020
Historias
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26 de Octubre del 2020
Redacción Plan V
Ola Bini pidió a un juez parar a los pesquisas que -dice- le siguen a todo lado
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Tras meses de espera, aún se ha convocado la audiencia preparatoria de juicio contra el programador sueco Ola Bini. 

 

El programador sueco, cuyo caso parece estar en el limbo pues aún no se convoca la audiencia preparatoria de juicio en su contra, ingresó el pasado 8 de octubre un pedido de hábeas data en el sistema judicial. Sostiene que carros sospechosos sin placas, policías de civil y de uniforme le siguen en Quito hasta cuando se corta el pelo y va al supermercado. Además, fuera de su casa vio a individuos desconocidos con una antena desde un carro, que, afirma, podría ser usada para interceptarle el celular.


La demanda, que supera las cien hojas, se tramita en la Unidad Judicial Penal de Carcelén, a cargo del juez Mauricio Estrella, y fue presentada por el programador sueco Ola Bini y sus abogados. Se trata de una acción de Hábeas Data, en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo; del general Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional; del comandante de Policía de Quito, Fausto Salinas; del director de la Policía Judicial, Manuel Íñiguez; del director general de Inteligencia de la Policía, Mauro Vargas; y del director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES-ex Senain), Juan De Howitt.

La acción de hábeas data fue ingresada el 8 de octubre de 2020, pero, previamente, el 13 de agosto de 2020, Bini y sus abogados habían enviado una carta a los mismos funcionarios, así como a la fiscal general, Lady Diana Salazar, en la que solicitaron que se les informe sobre si desde el 20 de marzo de 2019 la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno o la Policía le han estado realizando algún tipo de seguimiento, que sea efectuado por medio de la Policía o, inclusive, por agentes privados al servicio del régimen. 

Pero nunca recibió ninguna respuesta a su pedido, salvo una escueta carta del CIES negándose, por lo que sus abogados se decidieron por presentar la demanda de Hábeas Data. En el escrito de la demanda, que será conocido por el juez en un audiencia este viernes 30 de octubre, Bini asegura que ha decidido presentar una demanda de hábeas data informativo, con medida cautelar, en especial contra el ministerio de Gobierno, el CIES y la Policía. 

En esta ocasión, Bini pide a la justicia que se le informe si le hay alguna orden para seguimientos en su contra, así como interceptaciones de sus equipos electrónicos, como celulares y computadoras. 

Bini pide a la justicia que se le informe si le hay alguna orden para seguimientos en su contra, así como interceptaciones de sus equipos electrónicos, como celulares y computadoras.

Bini recuerda también que ha terminado el plazo de instrucción fiscal en el proceso que lleva en su contra el fiscal Fabián Chávez Zambrano, sin que se haya convocado todavía la audiencia preparatoria de juicio, que fue cancelada por la pandemia y hasta el momento no se ha agendado nuevamente. 

El sueco explica en su escrito que, aunque no hay en la instrucción que lleva adelante el fiscal Chávez una orden para interceptar sus comunicaciones y seguirle, de todas maneras ha sido vigilado por lo menos desde abril del año 2019. Contra el programador, quien fue liberado tras concedérsele un hábeas corpus, se dictaron medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país, la presentación periódica y el congelamiento de sus cuentas. 

Pesquisas en la calle y drones en el cielo

Bini relata que luego de ser liberado, y, en especial, desde junio de 2019, está seguro que desconocidos lo siguen, y desde carros estacionados fuera de su edificio, en las cercanías del Hospital Vozandes, estas personas sacan antenas que, presume, son para interceptar sus comunicaciones. En efecto, expertos en informática destacan que es posible interceptar la señal de un celular con una antenas cercanas, lo que permite conocer las conversaciones y el tráfico de datos de ese teléfono. Otro mecanismo es, en teoría, con un orden judicial directamente desde la operadora telefónica o de internet, pero al respecto Bini no mencionada nada. 

Según Bini, cada vez que sale de su casa, carros con vidrios polarizados, algunos con placas y la mayoría sin ellas, le siguen, por lo que cree que es víctima de un operativo de vigilancia de la Dirección de Inteligencia de la Policía. 


Una empresa de seguridad, contratada por Ola Bini, captó estas imágenes de policías uniformados y de sospechosos vestidos de civil que, sostiene el programador, serían pesquisas del régimen.

Según Bini, cada vez que sale de su casa, carros con vidrios polarizados, algunos con placas y la mayoría sin ellas, le siguen, por lo que cree que es víctima de un operativo de vigilancia de la Dirección de Inteligencia de la Policía.

El programador adjuntó a su demanda un informe de consultores de seguridad privados. Ahí se ven las fotos de los vehículos que el sueco y su entorno aseguran que les siguen a todo lado. En algunos de ellos se pueden ver uniformes policiales como chalecos fosforescentes colgados en los percheros de los asientos posteriores, e, inclusive, aporta foto de un grupo de policías simulando hacer compras en un supermercado de Quito a pocos metros de donde él se encuentra. En ese caso, los policías están uniformados. 

Bini presentó también las fotos de sospechosos que se paran fuera de su edificio, fuera de la peluquería donde se hace cortar el pelo, que se sientan en las gradas de acceso a su oficina o que, simplemente, esperan en carros estacionados. Estos supuestos pesquisas están vestidos de civil.

También la seguridad de Bini pudo captar a las personas que, desde un carro fuera de su casa, sacan en dirección al edificio una antena, con la que presume realizan la intercepción de su teléfono. También aportan la foto de un dron que, al parecer, sobrevuela el edificio en donde vive Bini, que cuenta con  una cámara en la base. 

El programador agrega, en su demanda, que hasta la cafetería de una compañera de trabajo le siguen, haciéndole fotos y grabando vídeos sin que haya, que él sepa, autorización legal para ello. Bini y su entorno no descartan que los sospechosos sean "agentes de inteligencia" de la Policía o el CIES, o, inclusive, que puedan ser agentes de alguna empresa privada al servicio del Gobierno. El informe, que se realizó entre febrero y septiembre de 2020, asegura que Bini es víctima de "un seguimiento constante por parte de personajes no identificados". 

Menciona también que ni la Fiscalía, ni la Policía ni el Ministerio de Gobierno le respondieron su carta, aunque precisa que sí recibió de la ex Senain un oficio en donde los servicios secretos del Estado aseguran que no le pueden entregar esa información.

Apelando a la Constitución

En lo jurídico, la demanda se fundamenta sobre todo el artículo 92 de la Constitución, que regula el hábeas data, y que inclusive considera que la persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

Como medios de prueba en su caso, Bini ha pedido que se reciba el informe de su seguridad privada, junto con las fotografías de los supuestos pesquisas policiales y, además, ofrece su propio testimonio, para lo cual pide la presencia de un traductor al sueco en la audiencia y, también, del cónsul ad honorem de su país en el Ecuador, Ola Ernberg, pues la embajada más cercana del reino nórdico está en Bogotá, Colombia. 

Pero, además, Bini pide que se le conceda como medida cautelar que el Ministerio de Gobierno, la Policía y la CIES reciban la orden judicial de suspender sus seguimientos e interceptaciones, en contra suya, de sus amigos y colaboradores. 

El sueco pide que se le conceda como medida cautelar que el Ministerio de Gobierno, la Policía y la CIES reciban la orden judicial de suspender sus seguimientos e interceptaciones, en contra suya, de sus amigos y colaboradores.

Bini pide al juez que se le entreguen todos los informes, vídeos y fotografías en poder del Ministerio de Gobierno, la Policía o el CIES sobre él y su entorno, que se declare que ha ocurrido una violación de su derecho a la intimidad, que se dejen sin efectos las órdenes de los pesquisas para seguirlo, que se publiquen disculpas públicas de esas instituciones en sus páginas web, así como un oficio de disculpa al Reino de Suecia por el maltrato del que es víctima. Finalmente, dice que el Ministerio de Gobierno y la Policía deben pagar un tratamiento sicológico para su plena recuperación emocional. 

Según el abogado del programador, Carlos Soria, la acción se presentó luego de la negativa de las instituciones de brindar información. "Hemos demandado al Estado y los funcionarios mencionados", precisa el defensor de Bini. Soria sustuvo también que su cliente no tiene ninguna relación con el norteamericano Paul Ceglia, pues Bini nunca estuvo el día 11 de abril en la panadería del CDP sino que estaba en el aeropuerto, intentando viajar a Japón.

"Lo preocupante es que el Gobierno sigue espiando a sus ciudadanos y eso no se puede permitir. Esperamos que en la audiencia se nos conceda el hábeas data", dijo el abogado. 

 

 

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