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20 de Agosto del 2021
Historias
Lectura: 27 minutos
20 de Agosto del 2021
Diego Cazar Baquero @dieguitocazar
Ola Bini: una historia siniestra en un país ridículo
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El programador, nacido en Gottemburgo, Suecia, ha pasado una odisea legal en Ecuador. Fotos: Omar Arregui Gallegos

 

El programador sueco pertenece a una comunidad de especialistas en protección a la privacidad de alcance mundial, pero Ecuador ha sido incapaz de salir de la doméstica venganza política y del ridículo internacional. Quienes ordenaron detenerlo sin pruebas de algún delito deberían estar muy preocupados por el mensaje que han inscrito en la historia de este país: matar a la democracia es tarea fácil.

El 22 de mayo del 2019, desde la celda 10 del pabellón El Placer, del Centro de Detención Provisional El Inca, un recluso sueco escribió: 

             Estimado Presidente Lenín Moreno:

Mi nombre es Ola Bini. Sinceramente, no estoy seguro de si sabe quién soy o no. Usted apareció en la televisión nacional hace unas semanas y habló algunas cosas raras sobre mí, así que quizás te hayan desinformado (sic). Su fiscal dice que estoy siendo investigado por atacar la integridad de los sistemas informáticos. Pero él no dice más, excepto que mis libros son sospechosos. ¿Qué sistemas he atacado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Lo sabe? Yo no.

Hoy, más de dos años después, Ola Bini continúa sin saberlo.

“Desde hace varios años vive en Ecuador uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange”, dijo María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno de Moreno, la mañana del 11 de abril del 2019 en una rueda de prensa que puso a trabajar a periodistas y a policías. Para Juan Auz, amigo de Ola, músico y abogado ecuatoriano que ahora reside en Berlín, desde ese momento el programador se había convertido en cabeza de turco, “perfecto para la manipulación porque se nota que es extranjero, se viste de una forma no convencional, se ve de una forma no convencional, no habla español y trabaja en una disciplina que es hipertécnica, que nadie en Ecuador conoce a profundidad. Tú dices hacker y lo asocias inmediatamente con algo malo. Nadie sabe exactamente qué es”, me explicó.

El desconocimiento colectivo sobre programación, software y asuntos como privacidad y ciberseguridad junto a las declaraciones gubernamentales fueron pólvora. “Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno”, detalló una muy convencida Romo. Ocho horas después: detención sin orden judicial. Más de cuatro horas dentro de una patrulla policial pese a que la Constitución prohíbe mantener a personas detenidas fuera de recintos carcelarios. Un allanamiento sin orden judicial, sin abogado y sin un traductor...

“Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno”, detalló una muy convencida Romo.

Pero las declaraciones de altos funcionarios del régimen no cesaron. “Es una persona a la cual se le ha sorprendido haciendo hackeo a cuentas del gobierno, de cuentas personales y hackeando teléfonos”, mintió Moreno, el 16 de abril en un foro internacional. Parecía seguir el guion de Romo sin haberlo estudiado bien. Ella dijo que las sospechas se habían verificado cuando probaron que Ola Bini había viajado a Venezuela y confirmaron la supuesta presencia de “hackers rusos” viviendo en Ecuador. 

Días más tarde, Moreno le dijo a la BBC: “Tenemos casi todas las evidencias, en este momento existen tres hackers en Ecuador que están siendo investigados. Uno de ellos está con prisión preventiva. Y tenemos todas las memorias que están siendo analizadas con el fin de detectar las relaciones que ha tenido este hacker”. Y el miércoles 25 de septiembre, Moreno fue aún más lejos: “Cada vez han surgido más y más pruebas de que el señor Ola Bini ha intervenido no solamente en la política del Ecuador sino en la política del mundo entero”, le dijo a CNN. Absorto, el periodista Fernando del Rincón le inquirió sobre la posibilidad de que Bini hubiese intervenido en el proceso electoral del 2016 en EEUU. “Es probable que sí”, soltó Moreno y anunció que las pruebas se presentarían “con toda contundencia”.

Para la defensa del sueco, las declaraciones de Moreno y Romo configuran un conjunto de “verdades mediáticas sobre certezas jurídicas”. Uno de sus abogados, Carlos Soria, habla de intervenciones “injerenciosas”.

Más de dos años después de la detención, ni Moreno ni Romo han entregado evidencias de sus acusaciones y han elegido el silencio. El 18 de agosto, Moreno envió a la Asamblea Nacional una notificación de que viajaría  EEUU. El documento fue recibido 7 minutos antes de que su avión partiera rumbo a Miami. Romo, en cambio, nos respondió a través de un chat de WhatsApp que no atendería entrevistas. “Desde que salí del Ministerio no he hecho ninguna entrevista y espero mantenerme así aún por un momento”, escribió.

Juan Auz sabe que el sistema judicial ecuatoriano es “deficiente”, pero no sale del asombro al pensar en lo “grotesco” del caso de su amigo. “Nadie puede imaginarse que un proceso legal pueda convertirse en una persecución tan obvia, sin respetar ningún tipo de forma”.

“Es una persona a la cual se le ha sorprendido haciendo hackeo a cuentas del gobierno, de cuentas personales y hackeando teléfonos”, mintió Moreno, el 16 de abril en un foro internacional. Parecía seguir el guion de Romo sin haberlo estudiado bien.

Las mentiras proferidas por las más altas autoridades del Estado ecuatoriano han marcado el ritmo del proceso. Por eso, más de 100 organizaciones de todo el mundo especializadas en seguridad digital, como la Electronic Frontier Foundation, Amnistía Internacional o Access Now, siguen de cerca el caso. El entonces relator de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, dijo que “nada en esta historia conecta a Ola Bini con cualquier crimen” y habló de una aparente detención arbitraria. El ex Relator Especial de la OEA para la libertad de expresión, Edison Lanza, suscribió un comunicado del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de ONU pidiendo explicaciones pero la Cancillería de Ecuador negó todo y justificó el encarcelamiento de Bini diciendo que se le asignó el “pabellón de apremio, sección especial en la cual se encuentran detenidos ciudadanos por falta de pago de pensiones alimenticias. Este espacio prestó favorables condiciones de seguridad”.

Habían pasado cinco semanas luego de su detención cuando Ola escribió esa carta al expresidente y otras reflexiones que, de paso, evidenciaron la precariedad del sistema penitenciario: Entonces, ¿qué hace la gente con el aburrimiento? -se preguntaba- Hay muchos mecanismos de afrontarlo. Algunas personas duermen mucho. Su estatura de un metro noventa y cinco en un país cuyos varones alcanzan el metro sesenta y cuatro en promedio hacía que no pudiera dormir sobre un colchón. De hecho, cuando dormía lo hacía sobre un cartón en el piso. El resto de tiempo era para observar: Algunas personas, solas en los bloques de celdas, toman drogas. Todo el tiempo la gente habla, fuma, juega... Una cosa común aquí es rasgar los hilos de la ropa y las toallas, y luego tejerlas en bandas para el brazo o para la cabeza. Pero, honestamente, no veo que ninguna de esas cosas realmente ayude. La frustración sigue ahí.

Días antes de que escribiera esas líneas, Bini había cumplido 37 años dentro de una cárcel con dos mil quinientos presos, aunque su capacidad permitía albergar apenas a menos de mil.

El 20 de junio del 2019, fue liberado con un recurso de habeas corpus que reconoció la ilegalidad y la ilegitimidad de su detención. Pero en lugar de que la historia terminara ahí, Ola se vio obligado a ocupar su tiempo y su dinero en desmentir a un Estado empeñado en perseguirlo.

Es sueco; no ruso, como dijeron Romo y Moreno. Fue inscrito en Gotemburgo, en 1982, como Ola Martin Gustafsson. Desde los siete años comenzó a programar software. Era algo así como un Beethoven de la tecnología nacido en un país cuyo sistema de justicia hace justicia y su sistema educativo sintoniza bastante bien con el mundo contemporáneo. A los 18 cambió su nombre por Ola Metodius Martin Bini, dejó a su familia, sus estudios formales y se mudó a Estocolmo para trabajar en el Instituto Karolinska. Más tarde, aplicó para ThoughtWorks, una compañía de informática estadounidense que lo contrató en 2007 para trabajar en sus oficinas de Londres. En el 2010, esa misma firma lo llevó a Chicago y dos años después, él y su pareja de entonces decidieron que era un buen momento para buscar otro lugar en el mundo donde vivir. China y Sudáfrica, Bolivia y Chile sonaron como opciones pero la búsqueda, finalmente, dio con Ecuador, adonde se mudaron en noviembre del 2013 para abrir una sucursal de la empresa.

“La vigilancia provoca que la gente cambie su comportamiento”, me dijo Ola el 11 de mayo del 2021 en la sala de reuniones de las oficinas del Centro de Autonomía Digital, una organización sin fines de lucro que fundó en Quito en 2017, luego de dejar ThoughtWorks.

“La vigilancia provoca que la gente cambie su comportamiento”, me dijo Ola el 11 de mayo del 2021 en la sala de reuniones de las oficinas del Centro de Autonomía Digital, una organización sin fines de lucro que fundó en Quito en 2017, luego de dejar ThoughtWorks.

Por su trabajo, Ola Bini es considerado uno de los más brillantes de su estirpe en todo el planeta y por eso conoce a muchos miembros de esa comunidad de expertos. Y también es amigo de Julian Assange.

En agosto del 2021, la organización Access Now y la Clínica de Derecho Cibernético de la Facultad de Derecho de Harvard, con sede en el Berkman Klein Center for Internet & Society, publicó su reporte La persecución en contra de la comunidad de la seguridad de la información en América Latina, en el que recoge información sobre los marcos legales, los mecanismos de persecución estatal y la prácticas de vigilancia registradas en Argentina, Colombia, México y Ecuador en contra de la comunidad de investigadores especializados en seguridad digital. “El caso de Bini se ha convertido en el paradigma de la gravedad que dicha persecución puede alcanzar”, dice el documento. En su capítulo dedicado a Ecuador, la organización detalla las irregularidades cometidas en el proceso en contra de Ola Bini, lo toma como un caso de estudio y lo califica como “un ejemplo destacado de la persecución por parte del gobierno ecuatoriano a la investigación en seguridad digital”.

*

El jueves 15 de julio del 2021, la jueza Ximena Rodríguez aceptó un pedido de recusación hecho por la defensa de Ola Bini y dispuso separar a la jueza Yadira Proaño de la causa penal que estaba a su cargo. Su decisión se basó en la serie de dilaciones injustificadas provocadas en el proceso, las mismas que “transgreden el derecho del procesado” y que desde ese 11 de abril, cuando fue detenido, le han condenado a un limbo jurídico. Esa tarde, Ola Bini escuchaba los argumentos de Rodríguez sin mostrar mucha emoción.

Rodríguez solicitó sanciones disciplinarias en contra de Proaño por violar el Artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que ordena que luego de la instrucción se convoque a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en un plazo no mayor a cinco días y que se la lleve a cabo en no más de quince días. Proaño tardó 188 días.

El fallo -que ocurrió en medio de una ola de episodios en los que la justicia ecuatoriana es duramente cuestionada por permitir la injerencia de grupos de poder político o económico en sus decisiones- provocó la celebración inmediata del equipo de la defensa de Ola, pero él evitó cantar victoria. Ese triunfo en medio del limbo se sumó a otro anterior. En octubre del 2020, la defensa de Bini presentó un recurso de habeas data para probar que lo estaban vigilando. Luego de siete meses, un tribunal se lo concedió. A través de este recurso, Ola Bini y su defensa recibieron información adicional con la que pudieron probar que los equipos de Inteligencia de Ecuador no contaban con pruebas para incriminarlo ni detenerlo.

Ola Bini y su defensa recibieron información adicional con la que pudieron probar que los equipos de Inteligencia de Ecuador no contaban con pruebas para incriminarlo ni detenerlo.

Aún así, al sistema parecería no importarle nada mientras continúe pesando más las declaraciones políticas. “El habeas data puede ser visto como un éxito, pero hay que recordar que lo presentamos en octubre y tomó alrededor de dos meses para que se iniciara la audiencia, cuatro meses más para que la audiencia termine, y ocho meses después no tenemos aún la resolución”, me dijo el 11 de mayo Ola. Hasta entonces, el juez no había establecido el tipo de reparación y Ola todavía no sabía por qué lo estaban vigilando.

A pesar de todo, el tardío habeas data es histórico, pues implicó que un programador de software le ganó la pelea a los servicios de inteligencia ecuatorianos que se mostraron mucho menos inteligentes que el sueco.

Sin embargo, desde que el tribunal le concedió el habeas data, la vigilancia se incrementó. Al menos dos autos lo siguen adonde quiera que va. El hostigamiento ha afectado incluso a algunos de sus amigos y compañeros de trabajo. No es raro encontrar a alguien fotografiando a Ola y a sus acompañantes en cualquier momento, en una esquina cualquiera, desde un auto sin placas, desde un local enfrente de donde Ola haya entrado.

La incertidumbre de no saber si va a tener justicia es uno de sus mayores pesos emocionales, pero lo más grave -aclara- es tener que aceptar que todo continúa ocurriendo. Luego de recibir atención por dos terapeutas distintos, Ola fue diagnosticado con síndrome de estrés postraumático, aunque el trauma no haya terminado. Ninguna terapia funciona si el episodio nocivo no concluye. “Y, por supuesto, trato de ignorarlo, de hacer otras cosas, pero cuando salgo de mi casa tengo que estar con guardaespaldas y veo enfrente a un auto de la Dirección Nacional de Inteligencia”, me dijo a inicios de mayo, antes de que Moreno dejara el poder. La solicitud del recurso de habeas data incluyó fotos de drones frente a la ventana, un presunto habitante de calle frente al portal de su casa, policías y patrullas junto a la vereda, en el supermercado, en la calle...


Luego de la audiencia de recusación en contra de la jueza Yadira Proaño, el 15 de julio, los abogados Carlos Soria y Pablo Zabala celebraron la decisión de la jueza Ximena Rodríguez. Mikael Gustafsson, hermano menor de Ola Bini (Izq.), lo acompañó a la audiencia. Foto: Omar Arregui Gallegos

Dos meses después, luego de la audiencia de recusación del 15 de julio, cuando la jueza Rodríguez dispuso separar del proceso a la jueza Proaño, el sueco se cuestionó que una hipotética sentencia a su favor que declare su inocencia pueda llegar sin que antes se hubiera provocado una discusión pública sobre el derecho a la privacidad. Antes de irse, me dijo que su intención era salir del juicio luego de recuperar su imagen íntegra de defensor de derechos humanos. “Salir de cualquier manera de este juicio sería retroceder 50 años en materia de seguridad informática en Ecuador”.

“Proteger a la privacidad de ataques tecnológicos es algo que nosotros hacemos todos los días a través de medios tecnológicos”, me explicó Ola meses antes y reconoció en esa ocasión que la sensación de que nada sea privado puede enloquecer a cualquiera. “Todos tenemos algo que ocultar, si no, ¿por qué tendríamos contraseñas y pins en nuestras tarjetas de crédito? Lo importante es que la privacidad nos permita controlar cualquier tipo de información acerca de nosotros, sea esta trivial o íntima. Esto es algo que nadie más puede decidir por nosotros”, me dijo.

A Valeria Betancourt, directora del Programa Global de Políticas de Comunicación e Información de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, le llama la atención que se haya intentado criminalizar conocimientos que ayudan a garantizar el ejercicio de otros derechos humanos. “El caso de Ola Bini es la antítesis del debido proceso y del estado de derecho”, aseguró. En Ecuador hay un vacío normativo que dificulta la aplicación del derecho a la privacidad y defensores de los derechos digitales y expertos como Ola Bini “están en capacidad de detectar vulnerabilidades en los sistemas de los sectores públicos y privados y de ofrecer soluciones que no solamente mejoren la seguridad de esos sistemas sino que también eviten esas vulnerabilidades”, añadió Betancourt. La pregunta de cajón: ¿por qué no se habla de la amenaza a la democracia que significa que un presidente y su ministra más poderosa hayan tratado como un criminal a un activista por la seguridad de las comunicaciones?

*

En nombre de la democracia, EEUU y buena parte del mundo occidental instauraron un discurso en contra de Wikileaks luego de que en 2010 ese sitio web -creado y dirigido por el australiano Julian Assange- y los diarios El PaísLe MondeDer SpiegelThe GuardianThe New York Times difundieran información que comprometía las prácticas estadounidenses en las guerras de Afganistán e Iraq.

En ese discurso se incluyó a países tildados de “antidemocráticos” mientras Assange se convertía en el enemigo número uno de la Casa Blanca. Este antecedente alimentó buena parte de la narrativa del gobierno de Moreno que, azuzado por su miedo a ser derrocado, por sus propias inseguridades y en su afán de arrimarse al protectorado de Washington, buscó un chivo expiatorio.

Hay quienes aseguran que incriminar a Ola Bini habría servido al régimen de Moreno para justificar la expulsión de Assange de la embajada ecuatoriana en Londres. Para la defensa de Ola Bini, la estrategia fue posicionar la idea de que Assange es Bini y Bini es Assange. Y en ese marasmo de supuestos, no pocos actores políticos decidieron usar a Ola Bini para sus propios intereses. Líderes autoritarios que se autoproclaman antiimperialistas, revolucionarios y antineoliberales han tratado de valerse del caso para apuntalar sus afanes de poder. El escenario es una bomba de tiempo.

Assange se convertía en el enemigo número uno de la Casa Blanca. Este antecedente alimentó buena parte de la narrativa del gobierno de Moreno que, azuzado por su miedo a ser derrocado, por sus propias inseguridades y en su afán de arrimarse al protectorado de Washington, buscó un chivo expiatorio.

La guerra silenciosa que libra el mundo es ahora una guerra de datos en la que pierden los despistados. El caso de Cambridge Analytica, que en el 2016 usó información de más de 87 millones de estadounidenses para manipular sus votos mediante Facebook, fue una señal poderosísima. El profesor estadounidense David Carroll demandó a la firma para recuperar su perfil de votante, que había sido reconstruido ilegalmente, y logró detonar el mayor escándalo electoral de la era digital.

El 11 de septiembre del 2019, Ecuador recibió la noticia de que Novaestrat, una consultora de análisis de datos, poseía información de más de 20 millones de ecuatorianos, incluso de personas ya fallecidas, que provenían de bases de instituciones públicas. La revelación que puso a temblar al entonces ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, fue el resultado de un estudio de Noam Rotem y Ran Locar, dos investigadores de la empresa VPNMentor, con destrezas muy similares a las de Bini.

Por eso, Carroll, Rotem, Locar, Betancourt o el mismo Bini creen que es hora de preguntar a proveedoras de telefonía celular, aseguradoras, farmacéuticas, a los inmensos conglomerados de redes sociales y a los mismos gobiernos qué están haciendo con nuestros datos, el activo más valioso del mundo, incluso más rentable que el petróleo.

Bini pertenece a una comunidad de especialistas en protección a la privacidad de alcance mundial, pero Ecuador ha sido incapaz de salir de la doméstica venganza política y del ridículo internacional. Incluso algunos medios aduladores han caído en el juego del poder de turno y ahora intentan zafarse de ese yugo. “Esta persecución y criminalización crea efectos escalofriantes en la democracia en general y tiene consecuencias negativas para la protección de los derechos humanos”, alertó Valeria Betancourt. Perseguir a investigadores en seguridad digital ahuyenta a estos especialistas y puede provocar daños colectivos irreversibles.

Según expertos, la inseguridad digital se encuentra entre las principales amenazas para los estados. El ransomware -un programa que sirve para chantajear a los usuarios con el pago de rescates de información-, la denegación de servicios, filtraciones masivas o fuga de datos bancarios ocurren cada vez más a menudo.

El mal manejo de la crisis sanitaria y el denigrante plan de vacunación del gobierno del expresidente Moreno mostraron que en nuestro país no hay tecnología para sistematizar información. Manejaron datos de contagios en archivos Excel que circularon por correos electrónicos. Lanzaron con aspavientos una aplicación digital que nunca sirvió, pues apenas alcanzó algo más de medio millón de descargas en un país de cerca de 18 millones de habitantes. El pasado marzo, a dos meses de entregar su cargo, el ministro Michelena anunció que Ecuador había logrado digitalizar el 77% de los trámites públicos, pero olvidó decir que apenas el 53,21% de los hogares ecuatorianos tiene acceso a internet y que en el campo la cifra espeluzna: apenas 3 de cada 10 hogares pueden conectarse a la red.

Quienes ordenaron detener a Ola Bini sin pruebas de algún delito deberían estar muy preocupados por el mensaje que han inscrito en la historia de este país: matar a la democracia es tarea fácil.

El mal manejo de la crisis sanitaria y el denigrante plan de vacunación del gobierno del expresidente Moreno mostraron que en nuestro país no hay tecnología para sistematizar información. Manejaron datos de contagios en archivos Excel que circularon por correos electrónicos.

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“Ola se encuentra secuestrado por el Estado ecuatoriano desde el 11 de abril del 2019”, ha dicho Soria. Esa es su sensación luego de que Romo acusara a su cliente de intentos de desestabilización. Luego de que la Fiscalía dijera que atacó la integridad de sistemas informáticos. Luego de que esa misma Fiscalía reformulara la acusación para ahora usar la figura de acceso no consentido a sistemas informáticos, delito presuntamente cometido en 2015 que contó como evidencia con una captura de pantalla que se encontró en el celular de Bini y que mostraba una pantalla de inicio de sesión que no probaba nada. Soria y Bini hablan de un secuestro por parte del Estado luego de que, al no hallar pruebas, provocaran ese limbo jurídico que sabe a indolencia.

El pasado 29 de abril nació un sobrino de Ola pero él no lo pudo visitar, pues se le prohibió viajar. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y fue obligado a presentarse cada semana en Fiscalía.

Para cuando este reportaje se publique, algo más habrá cambiado. Sea como sea, quedan preguntas que reclaman respuestas: ¿quién ordenó la vigilancia que la Policía reconoce que ha hecho? ¿Quién recibe los reportes de esa vigilancia? ¿Por qué la Policía le dijo al juez que no tenían información sobre Ola pero, al mismo tiempo, mostró pruebas de sus intercepciones telefónicas y de la vigilancia? Y, por cierto, ¿dónde están los dos hackers rusos de los que hablaron Romo y Moreno?

La privacidad es un pilar de la democracia y Ola asegura que por eso trabaja en ella. “No puedes tomar decisiones adecuadamente si alguien te está vigilando. Con la vigilancia viene la presión sobre la gente para actuar de cierto modo, y eso significa que no eres libre para decidir ni para elegir. Eso no es democracia”.

Ola Metodius Martin Bini cumplió 39 años sin saber cómo él pudo convertirse en el chivo expiatorio de un Estado que se hace llamar democrático cuyas instituciones son incapaces de sacudirse sus garrapatas.

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