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12 de Marzo del 2018
Historias
Lectura: 31 minutos
12 de Marzo del 2018
Fermín Vaca
Periodista político. Es editor de PLANV. Ha trabajado en los principales periódicos de Ecuador en la cobertura de política y actualidad. 
Las dudas que dejaron las comparecencias de Carlos Baca y José Serrano

Fotos: Asamblea Nacional

Carlos Baca y José Serrano se enfrascaron en la Asamblea Nacional en un debate sobre pericias judiciales, declaraciones juramentadas, partes policiales y demandas legales. 

 

Poco o nada dijeron el fiscal general Carlos Baca y el asambleísta José Serrano sobre la naturaleza de lo que, ante todo, es una pugna de carácter político. Enfrascados en fundamentar sus casos con lógica judicial, con miras a tomar posición en eventuales demandas, no hicieron mayores revelaciones sobre qué pactos políticos se discutían y quiénes son los operadores mencionados con "nombres clave": "El Chiquito", "La Amiga" y un nuevo personaje, "El Policía Valiente", quien fue identificado como el agente Danny Ibarra. Mientras tanto, la ex funcionaria correísta Elizabeth Cabezas fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional con 84 votos.

Un aire distinto en el Palacio Legislativo. Tras una década en la que el debate político, satanizado como muchas otras cosas por el correísmo, se vio silenciado por la voluntad omnímoda del ex presidente Rafael Correa, los bloques legislativos volvieron a manifestarse con posturas distintas y a expresar de manera pública sus diferencias. Sin una "aplanadora" claramente aceitada, como en la época del correato, cada voto vuelve a contar. Así, el sistema de pesos y contrapesos, que para el correísmo era escencialmente inmoral -lo moral, sostenía la política correísta, era que todos estuvieran siempre incuestionablemente de acuerdo- parecía volver a funcionar. 

En el Salón del Pleno, la gran mayoría de bloques estaban presentes, la tarde del 9 de marzo, para escuchar las comparecencias del hasta esa fecha presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y del fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Faltaron, sin embargo, 31 de los legisladores, la gran mayoría de estos los "morenistas", como María José Carrión o Jorge Yunda. Aunque Yunda estaba en el Palacio Legislativo, al final no registró su asistencia. Dijo luego que su curul electrónico nunca funcionó. 

Faltaron 31 de los legisladores, la gran mayoría de estos los "morenistas", como María José Carrión, Esteban Bernal -quien alegó luego en Twitter que se había destituido a un cuencano como Serrano  o Jorge Yunda.

En la mañana de ese día, los morenistas habían concurrido al Palacio de Gobierno para una reunión con el presidente Lenin Moreno. En la cita, se había acordado que no apoyarían la permanencia de Serrano en la presidencia de la Asamblea Nacional, pero luego se conoció que se abstendrían de destituirlo. Al final hicieron algo mejor: ni siquiera fueron.

El resto de bloques, desde las derechas con base en Guayaquil como el Partido Social Cristiano y el CREO de Guillermo Lasso, hasta la centroizquierda y la izquierda, así como los correístas ortodoxos -hoy les gusta que los llamen "alfaristas"- marcaron su presencia con sus huellas digitales en el Salón del Pleno.

Afuera, el Palacio Legislativo fue acordonado, pues se sabía que manifestantes de la Costa, traídos a la capital para apoyar a José Serrano, iban a hacerse presentes. Vallas de seguridad, policías antimotines y una redoblada guardia legislativa controlaban el paso hacia el recinto parlamentario. 

Los manifestantes lograron entrar, hacia la mitad de la comparecencia de Serrano, al vestíbulo principal del Palacio y al Salón José Mejía, que en sus orígenes fue la sede del Senado. Una pantalla gigante y algunas sillas se colocaron para que pudieran mirar lo que ocurría en el Pleno. Las barras altas, tanto en el Salón Plenario cuanto en el Mejía, estaban también llenas de gente, entre los que había periodistas, policías y funcionarios legislativos. 

La sesión empezó puntual. Personal de la Fiscalía había repartido a la prensa una voluminosa carpeta, con láminas a todo color, con la exposición del fiscal Baca Mancheno. La carpeta, que era casi un tomo de encuadernado azul, contenía gráficos con una "línea de tiempo", recurso judicial usado en audiencias de estrados, para demostrar cómo habían actuado los rivales de Baca Mancheno: José Serrano, Carlos Pólit, Thania Moreno y el periodista Fernando Villavicencio, en lo que Baca consideró era una actuación concertada y evidente. 

De su lado, el equipo del ex presidente de la Legislatura, José Serrano, había preparado también su propio material. Como el otro convocado a la Asamblea también consideró que iba más a una audiencia judicial que a una comparecencia política, también armó su propia "línea de tiempo". En este caso, del tiempo en el que dos policías, supuestamente por orden del fiscal general, habrían acomodado la realidad al ajustar las horas de un parte policial, para que coincidiera con los tiempos de la rueda de prensa del fiscal general. 

Tras más de tres horas de sesión, el Pleno destituyó a Serrano como presidente de la Asamblea Nacional con 103 asambleístas y dio paso al trámite del juicio político contra Baca Mancheno. Serrano, sin embargo, seguirá siendo asambleísta, pues no ha perdido su curul, mientras que el juicio político contra Baca deberá seguir el trámite en la Comisión de Fiscalización y el propio Pleno. 

Esta semana, entre tanto, la pugna por quién será el titular de la Legislatura será clave, una vez que Alianza PAÍS ha hecho público el nombre de tres de sus legisladoras para dicha función. 

Las fechas clave, según Baca

Baca Mancheno fue el primero en hablar. Durante una hora y 27 minutos, el fiscal general sustentó su exposición en una serie de documentos. Entregó a la secretaría general la carpeta respectiva, para que se hicieran copias a los asambleístas. Una pantalla gigante habría de servir tanto a Baca como a Serrano para explicar sus intervenciones. 

El esqueleto de la intervención de Baca Macheno fue su "línea del tiempo". En ella, el funcionario, además de relatar todas las pesquisas que como fiscal ha realizado, con relación al escándalo de las coimas de Odebrecht, pretendió relacionar varios sucesos.

Pero el esqueleto de la intervención de Baca Macheno fue su "línea del tiempo". En ella, el funcionario, además de relatar todas las pesquisas que como fiscal ha realizado, con relación al escándalo de las coimas de Odebrecht, pretendió relacionar varios sucesos.

En primer lugar, el viaje de Carlos Pólit a Miami,  Estados Unidos, el 25 de mayo de 2017. Un segundo hecho que Baca destacó fue que el primero de junio de 2017, el Brasil entregó las primeras informaciones sobre el caso Odebrecht, y que para el 2 de junio se allanó la casa de Pólit, al norte de Guayaquil. El fiscal mencionó también que ese mismo día del allanamiento contra Pólit se empezó a mencionar el "supuesto informe" de los gastos reservados de la Comisión del 30S que lo involucraría. Ese mismo día, recordó Baca, ya se dijo que las indagaciones eran una "retaliación del fiscal general". Ese será un eje argumental de la intervención de Baca: cada vez, dice, que se realizaban investigaciones sobre corrupción, tanto en el caso Odebrecht cuanto en el Ministerio del Interior, a cargo de César Navas, se volvía a utilizar el argumento del informe del 30S en su contra. 

Otra fecha: el 4 de agosto de 2017, uno de los defensores de Pólit, el abogado Jorge Acosta, renunció a la defensa del ex contralor, pues se habrían producido "profundas diferencias" en cuanto a la "estrategia y modo de afrontar la defensa", pues "Pólit contrapone esperanzas y ofertas políticas a la evidente necesidad de afrontar una defensa técnica". 

Para el 5 de agosto de habían formulado los cargos contra Pólit, por concusión, que le habría permitido beneficiarse con diez millones de dólares de Odebrecht. Pólit también fue vinculado por asociación ilícita. 

El fiscal también relató sus pericias tanto de la información recibida de los informantes brasileños, como José Conceição dos Santos, como de la que llegó del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

Otro proceso en el que fiscal relató su intervención fue el llamado "Caso Pases", que fue investigado por la fiscal subrogante, Thania Moreno. Para el 1 de octubre de 2017, dijo Baca Mancheno, se inició otra investigación contra Carlos Pólit, por lavado de activos y para el 31 de octubre se vinculó en el caso de concusión de tres personas más, entre ellas, el hijo del ex contralor y de los representantes de dos compañías, de apellido Neme y de apellido Isaías. 

En noviembre de 2017, desde el día 8, recordó el fiscal, se ventiló la audiencia preparatoria de juicio contra Pólit, quien fue llamado a juicio. 

Entre tanto, el 2 de noviembre se inició una instrucción fiscal contra ex funcionarios del ministerio del Interior, con base en una denuncia del propio César Navas. La mayoría de ellos habían estado durante la gestión de José Serrano en esa cartera. Para el 22 de noviembre, en cambio, se habría producido el polémico diálogo entre Pólit y Serrano. El fiscal general también destacó que una fiscal, Claudia Romero,  puso una denuncia en ese mismo mes por intimidación, pues supuestamente Thania Moreno y una asesora del Ministerio del Interior le habrán presionado para que no formule cargos. 

El 24 de noviembre, recordó el fiscal, se empezó la audiencia de juicio por asociación ilícita. Al mismo tiempo, se recibieron más declaraciones de José Conceição dos Santos, quien en esa ocasión habló de la forma en la que se habría entregado dinero a Carlos Pólit para que desvanezca glosas por USD 71 millones. 


Para Baca Mancheno, hay una cierta coordinación entre Pólit, Serrano y la fiscal Thania Moreno. 

El 5 de diciembre, en cambio, concluye la instrucción fiscal por concusión contra Pólit, y para el 13 de diciembre se dictó una sentencia por asociación ilícita. El 20 de diciembre, recordó el fiscal, presentó su proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que permitiría que los bienes fruto de la corrupción pasen al Estado. Sobre su propuesta, el fiscal pidió a la Asamblea que se apruebe esa herramienta legal. 

Otra fecha importante para el fiscal: el 16 de diciembre, el periodista Fernando Villavicencio fue al despacho de Serrano, para entregar documentos sobre los contratos con Petrochina. El fiscal insiste en que, luego de esa cita, vuelve a aparecer el informe de la Contraloría por el 30S, que ya había sido mencionado por la defensa de Baca desde junio de 2017.

Para el 11 de enero de 2018, luego de la convocatoria para la consulta popular, se publica en el portal Focus, de Fernando Villavicencio, un reportaje titulado El peculado del fiscal general, en donde aparecen copias del "supuesto informe" fechado el 23 de diciembre de 2016. 

Para el 11 de enero de 2018, luego de la convocatoria para la consulta popular, se publica en el portal Focus, de Fernando Villavicencio, un reportaje titulado El peculado del fiscal general, en donde aparecen copias del "supuesto informe" fechado el 23 de diciembre de 2016.

El fiscal recordó también que el 15 de enero de 2018, Villavicencio y Andrés Paéz fueron ante la fiscal Thania Moreno para que ella realice un "acto urgente" para conocer si la Contraloría contaba con el documento original del supuesto informe. 

El 16 de enero, dijo Baca, la fiscal Moreno abrió una indagación por ese supuesto peculado, y el fiscal recordó que el 18 de enero se había convocado la audiencia contra Carlos Pólit. El 17 de enero, en cambio, se intentó, con un pedido a Thania Moreno, que él no fuera a la audiencia. 

Otra fecha clave de lo ocurrido en enero, recordó Baca, fue que durante su visita a la ciudad de Bogotá, donde visitó a sus similares de Colombia, fue cuando la fiscal Thania Moreno se abstuvo de acusar a Fernando Villavicencio por el supuesto robo de los correos electrónicos de la Presidencia de Rafael Correa. 

En el 26 de febrero, en cambio, se le habría informado, por un parte policial del audio entre Serrano y Pólit, y por ello convocó una rueda de prensa para hacerlo público. Y aunque sostuvo que "lo más sencillo habría sido el silencio" destacó que prefirió hacerlo público. 

También mencionó que a los 15 minutos de su rueda de prensa, Thania Moreno le abrió una segunda investigación penal por fraude procesal, y pasado el mediodía, una tercera por no haber cumplido con el reintegro de un funcionario en 2015. 

Baca defendió su exposición, más pericial y judicial que política, para sostener que "no había ido con argumentos" sino con hechos a la Asamblea Nacional. Negó, en esa medida, que hubiera algún acuerdo entre él y los interlocutores del polémico audio. También aseguró que no "responde" a nadie en el ejercicio de su cargo. 

El fiscal citó a su padre, el ex diputado ya fallecido, Washington Baca (ID) quien sostenía que la legitimidad de los operadores de justicia dependía de su ética pública. 

Baca Mancheno recordó que, si la conversación tenía lugar en noviembre, se pensaba sacarlo del cargo antes de que finalizara el año 2017, para detener las acciones judiciales contra Pólit en por lo menos cuatro procesos. 

El fiscal arremetió también contra la fiscal Moreno: aseguró que ella estuvo involucrada en los pedidos de pases policiales y que sin embargo estuvo investigando el caso. Para ello presentó varios testimonios de los policías que, en el marco de la indagación del caso de los pases, relataron presiones y gestiones tanto de Thania Moreno cuanto del propio ex ministro del Interior José Serrano. 

Sobre las afirmaciones de que es "un peligro" aseguró que su oficina lleva adelante investigaciones sobre graves delitos, y que no hará pactos de ningún tipo en el trámite de esos procesos. 

El fiscal arremetió también contra la fiscal Moreno: aseguró que ella estuvo involucrada en los pedidos de pases policiales y que sin embargo estuvo investigando el caso.

La última media hora de su intervención, el fiscal se refirió a los procesos contra Carlos Pareja Yannuzzelli, que abandonó el país en septiembre de 2016 y sobre los hechos del 30S. Sobre los informes de responsabilidad penal contra Pareja, el fiscal recordó que recién para octubre de 2016 se empezaron a emitir los informes por peculado por parte de la Contraloría, en esa fecha dirigida por Carlos Pólit. El actual contralor, Pablo Celi, también ha emitido tres informes más, pero a pesar de ello la fiscal Thania Moreno fue quien decidió no acusar a Carlos Pareja Yannuzzelli. 

Admitió, sin embargo, que "poco puede aportar" sobre la parte final del audio, aunque aseguró que "todo lo que consta en el audio se cumplió al pie de la letra", pues "El Chiquito" habría entregado los documentos que empezaron a aparecer en el portal Focus, en los actos urgentes y en las indagaciones iniciadas por la fiscal Moreno. 

La invervención de Baca se cerró con su criterios sobre el 30S. Aunque el ex presidente Rafael Correa, de la que el fiscal fue asesor y consejero presidencial, le nombró presidente de esa Comisión, Baca recordó que cinco personas murieron, hubo 100 heridos y se paralizó 22 de las 24 provincias de la República. Son embargo, en esta ocasión, Baca prefirió no hablar del "golpe de Estado blando", teoría correísta según la cual, los medios de comunicación y algunos actores políticos trataron ese día de derrocar al Gobierno.

Para Baca, la Comisión del 30S no se creó para "perseguir personas o editar vídeos", pues recordó que 69 procesos se han abierto por los sucesos de ese día. De estos, 65 de los 69 se abrieron luego de que se entregó el informe del 30S. De esos cuatro, tres ya fueron archivados y solo uno está en indagación previa. 

El fiscal, en esta ocasión, prefirió decir que el 30S fue un caso "de seguridad nacional" y recordó los procesos contra Fidel Araujo, Mery Zamora, César Carrión y Darwin Panchi, en donde se absolvió a los acusados. Admitió, sin embargo, que en ninguno de los casos de muerte se ha podido identificar a los asesinos. 

Aunque describió las competencias de la Comisión, y aseguró que no tuvo ninguna participación judicial, no mencionó nada sobre las acusaciones en su contra, que consisten en haber cobrado sueldo cuando la comisión trabajaba ad honorem, en haber usado fondos reservados de la Senain en pagos de personal y pericias, entre otros aspectos. 

Las horas clave, según Serrano 

Cuando José Serrano tomó la palabra, las luces del Salón del Pleno fueron bajaron en intensidad, y sobre el atril se presentó la figura del ex presidente de la Legislatura. El político cuencano recordó, al principio de su intervención, el asesinato de Julio César en el Senado de la República romana. Mencionaba el 15 de marzo -los idus de marzo-, cuando un adivino vaticinó el crimen contra el dictador romano. Y tras el recuerdo de la política clásica, José Serrano empezó a describrir los varios cargos públicos que ocupó durante el correato. No se sabe si para compararse con el conquistador de las Galias o solo por recordar el calendario, pero José Serrano declaró que, como jefe político de la Policía, había enfrentado al crimen organizado poniendo en peligro su vida y la de sus familiares. 

No se sabe si para compararse con el conquistador de las Galias o solo por recordar el calendario, pero José Serrano declaró que, como jefe político de la Policía, había enfrentado al crimen organizado poniendo en peligro su vida y la de sus familiares.

En esa medida, sostuvo que algunos le han recomendado dejar el país cuando pierda la seguridad del Estado, por temor a la "venganza de los malhechores" y sostuvo que su "privacidad está sacrificada" por la presencia constante de sus escoltas policiales. 

Luego, Serrano aseguró que, durante el terremoto de Pedernales, escarbó escombros él mismo, y que inclusive llegó a salvar algunas vidas y recordó su servicio a los damnificados de Manabí y Esmeraldas. 

Si el fiscal Baca Mancheno parecía estar en una audiencia de formulación de cargos y no en una comparecencia política, José Serrano no se quedó atrás. Ambos abogados, más que responder sobre las circunstancias políticas, prefieron demostrar su solvencia profesional en su oficio: la comparencia fue un ejercicio de mucha sapienza judicial y pocas respuestas.

Serrano admitió "haberse equivocado al atender la llamada" de Carlos Pólit, y calificó al diálogo como una "proterva emboscada". Inclusive, dijo que "careció de malicia" al atender el teléfono, dando a entender que fue Pólit el que lo llamó por medio de una tercera persona. Pólit, en una entrevista con CNN en Español, negó que haya sido él quien llamó al entonces presidente de la Legislatura. 

Serrano lo había anticipado: "la mejor defensa es la verdad", había dicho, y por ello pasó a la ofensiva con su propia verdad. Durante una hora y seis minutos, Serrano presentaría su propia investigación judicial, el armazón del juicio que tiene previsto presentar, tal como anunció en Twitter. 

Si Baca Mancheno recordó fechas, Serrano quien no dijo por qué razón usaba epítetos contra Baca, ni a qué acuerdos políticos se refería, ni quienes eran los operadores identificados como El Chiquito, La Amiga y la tercera persona que habla (¿El Valevergista?), ni de qué documentos hablaban, presentó, en cambio, las horas clave.

En efecto, el grueso de la intervención de Serrano no fue responder sobre ninguna negociación política, sino impugnar el audio presentado como prueba en su contra. Y para impugnarlo, recurrió a una estrategia judicial: sostuvo que aunque Baca asegura que obtuvo el audio de manos de la Policía que lo había encontrado en "una red social", lo cierto sería que un teniente coronel de la Policía, de apellido González, habría ordenado a sus subalternos que acomodara el parte policial a los tiempos políticos y mediáticos del fiscal general. Para probarlo, Serrano presentó una declaración juramentada del policia que hizo el parte, quien aparejó capturas de pantalla de un chat de Whatsapp. En esas capturas, al parecer, el oficial ordena al policía que acomode el parte, que ajuste las fechas para que el documento policial coincida con las declaraciones del fiscal. 


Simpatizantes de José Serrano llegaron a la Asamblea Nacional para apoyarlo desde el exterior. 

Según Serrano, además, en su calidad de asambleísta y fiscalizador, estaba investigando por su cuenta a Pólit y Baca, y se centró en que la intención del fiscal era afectar la consulta popular. La llamada, dijo, fue para conseguir el informe del 30S, que le entregó un ex funcionario de la Contraloría llamado Adrián Bustos, a quien pidió investigar, aunque sin precisar si se trata de "El Chiquito". Bustos, quien fue secretario general de la Contraloría bajo Pólit y fue cesado por Pablo Celi, fue llamado a declarar el 15 de marzo en el marco de la indagatoria abierta sobre el audio de la polémica. 

La llamada, dijo, fue para conseguir el informe del 30S, que le entregó un ex funcionario de la Contraloría llamado Adrián Bustos, a quien pidió investigar, aunque sin precisar si se trata de "El Chiquito".

Las horas clave de Serrano empiezan a las 08:20 de la mañana del 26 de febrero, cuando supuestamente, la Policía encontró el audio colgado en la internet. 

A las 09:00 de la mañana, Baca dio su rueda de prensa. Pero según Serrano, recién a las 09:40, el teniente coronel Renato González, jefe de investigaciones de la Fiscalía de la Nación, envía vía Whatsapp a un policía -la fuente de Serrano, al que llamará solamente "el Policía Valiente" que haga un parte informativo para el fiscal Baca, que permita ajustar la versión del fiscal ante los medios a la documentación policial. El policía y el teniente coronel mantienen un diálogo en el que el parte policial es redactado. Según Serrano, el parte al que hizo alusión Baca en su rueda de prensa de las 09:00 estuvo listo recién a las 13:00. Sin embargo, el parte tiene hora de 08:45 aunque los chats evidenciarían lo contrario. Al final de los chats, el coronel Renato González le recomienda a su subalterno destruir los chats y todas las pruebas de que el documento fue forjado. Visiblemente indignado, Serrano dijo que si la Policía y la Fiscalía fraguan documentos contra el presidente de la Asamblea, sin duda podrán hacerlo contra cualquier ciudadano. 

Lea aquí la declaración juramentada del policía Danny Ibarra que involucra al fiscal general.

Sobre el policía que, ante un notario, habría testificado sobre qué pasó esa mañana, Serrano pidió que se garantice su seguridad, pues el oficial habría dicho que se le pidieron varios cambios al supuesto parte. 

Serrano agregó que el 5 de marzo de 2018 el policía que redactó el parte fue convocado a una reunión por el fiscal Baca y el teniente coronel González, para que preparara una "teoría de caso" con un "diagrama de conexiones" para sostener la supuesta conspiración contra Baca Mancheno. En esa reunión, se le habría pedido al policía que trate como "delincuentes" a Serrano a y la fiscal Thania Moreno. 

En su segunda declaración, el policia dice que la reunión fue a las 11:30 en el tercer piso de la Fiscalía, y que le pedían la "hipótesis falsa y forjada" sobre la conspiración que ha denunciado Baca. También se le habría pedido al "Policía Valiente" que adjunte documentos contra Serrano. A las 19:30 le habría advertido que "tenga cuidado" con lo que estaba haciendo porque sino "en dos horas lo ponían preso". 

De esta forma, la base de la argumentación de Serrano fueron las dos declaraciones juramentadas del policía, a quien no identificó, aunque se entregó copia de los documentos en carpetas a los asambleístas presentes. Según Serrano, el "Policía Valiente" fue a su despacho a entregar toda esa información por su propia voluntad. 

Durante la siguiente media hora de su intervención, Serrano dijo que la conversación no fue presentada completa, y reiteró que se ha falseado el parte, al tiempo que denunció que negocios petroleros de la empresa de Ivonne Fabara no están siendo investigados de manera adecuada. El ex titular de la Asamblea sostuvo que Felipe Rodríguez, quien defiende gratuitamente a Baca Mancheno, está vinculado también a Ivonne Fabara como abogado. 

Serrano recordó que la Fiscalía no ha imputado cargos en varios negocios petroleros por presuntos peculados, en especial, en el caso de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Ivonne Fabara se desempeñó como subsecretaria de Hidrocarburos. 

El ex titular de la Legislatura dijo que se debe explicar las condiciones en las que Felipe Rodríguez brinda sus servicios de defensa gratuita a Baca Mancheno. Al mismo tiempo, demandó que no se sentenció ni juzgó en el país a ninguno de los ejecutivos brasileños de la Odebrecht, quienes, según se alegó en la Fiscalía, al haber sido ya condenados en Brasil ya no podían ser procesados por el caso en el Ecuador. 

Serrano presentó también una denuncia contra Geovanny Bravo, funcionario de la Fiscalía, quien ofreció beneficios a María Sol Larrea, condenada por malos manejos en el IESS. También dijo que el fiscal general debe responder por la evasión del ex presidente del IESS, Ramiro González, quien no pudo ser capturado en un allanamiento en su departamento. Bravo le habría propuesto a Larrea que testificara contra Serrano a cambio de beneficios judiciales. 

"El fiscal es un peligro para el país y los ciudadanos", dijo Serrano, quien también denunció que Baca inició una investigación contra un fiscal que tomó una versión a Larrea sobre las supuestas presiones. 

Por su parte, la fiscal Thania Moreno se mostró dispuesta el lunes a asistir a la Asamblea Nacional a explicar sus pesquisas con documentos jurídicos. 

El 14 de marzo, Elizabeth Cabezas, ex funcionaria del correato y asambleísta del bloque de PAÍS, fue nombrada presidenta de la Asamblea con 84 votos. 

Una Notaría allanada y la identidad del "Policía Valiente" revelada 

El caso tomó un nuevo giro el 13 de marzo, cuando el fiscal que investiga el polémico audio, Fabián Salazar, allanó la Notaría Séptima de Quito, en donde se conoció el texto original de la declaración del "Policía Valiente". En efecto, en la diligencia, el fiscal tomó testimonios y documentos de lo empleados de la Notaría, quienes identificaron al policía como Danny Ibarra, un agente policial de investigaciones, quien habría concurrido a firmar su declaración juramentada en compañía del ex viceministro del Interior, Diego Fuentes, funcionario de confianza de José Serrano. 

Según las pistas que investiga el fiscal Salazar, Fuentes habría presionado al "Policía Valiente" para que firme su declaración juramentada, amenazándolo con sacarlo de la Policía Nacional.

Según las pistas que investiga el fiscal Salazar, Fuentes habría presionado al "Policía Valiente" para que firme su declaración juramentada, amenazándolo con sacarlo de la Policía Nacional. Inclusive, el abogado habría obligado al personal de la Notaría a apagar las cámaras mientras tenía lugar la gestión. El propio Fuentes, quien del Ministerio del Interior pasó a asesorar a Serrano en la Asamblea, difundió en su cuenta de Twitter el texto completo de la declaración juramentada del policía Ibarra, que es el que fue leído por Serrano en la Asamblea Nacional y emplazó a la Fiscalía a responder sobre él. 

Ibarra fue llamado a declarar por la Fiscalía el 14 de marzo, que quiere saber si, en efecto, en lugar de ser presionado por Baca fue presionado por Serrano para notarizar su testimonio. 

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