¿Se puede "prestar" material antimotines de la Policía Nacional a un Estado extranjero sin garantía de que será devuelto? ¿Puede el Ecuador intervenir en la política interna de Bolivia con envíos de bombas lacrimógenas, granadas de mano y otros en nombre de la cooperación? ¿Quién en el gobierno de Lenin Moreno tomó la decisión?

Son algunas de las dudas que flotan en la Asamblea Nacional, en donde varios bloques se preguntan de qué forma y con qué propósito el Gobierno de Moreno prestó material antidisturbios a la Policía boliviana. Mientras tanto, el Gobierno de Luis Arce, ex ministro de Evo Morales, ha indicado desde La Paz que no va a devolver nada, pues no hay constancia de que se haya realizado el préstamo de manera legal en el marco de algún convenio de cooperación, sino por medio de gestiones personales de una ex ministra de Áñez con funcionarios de Moreno, que no han sido identificados aún. 

Desde el correísmo agrupado en UNES, se habla inclusive de la posibilidad de un juicio político al ex presidente Lenin Moreno por la operación, al parecer reservada, que incluyó en noviembre de 2019 el vuelo de un avión militar boliviano hacia Quito, para recoger un importante cargamento de bombas lacrimógenas cedido por la Policía a Bolivia, para, supuestamente, apoyar a la represión de las protestas contra el régimen de la polémica ex presidenta interina Jeanine Áñez, una legisladora que tras la caída de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, ingresó al Palacio Quemado, sede del Gobierno en La Paz, blandiendo una gran Biblia y anunciando un nuevo orden político en el país altiplánico. 

En bloques como la Izquierda Democrática, mientras tanto, se habla de fiscalización de este polémico préstamo, que fue confirmado el 18 de junio de 2021 por la comandante de la Policía, la general Tanya Varela, quien justificó el envío del material en el cumplimiento de convenios de cooperación.

El convenio con Bolivia que sería el fundamento del préstamo fue firmado en octubre del 2015 entre el entonces ministro del Interior, José Serrano,  y el ex ministro boliviano Carlos Romero, en el gobierno de Evo Morales.  

En el documento, "ambos países acuerdan la planificación estratégica y operativa de la gestión policial en materia preventiva, investigativa, administrativa, legal, intercambio de información y la transferencia de experiencias y buenas prácticas policiales y civiles".

"Mediante este acuerdo, las carteras de Estado se transferirán conocimientos y asesorías en Seguridad Ciudadana; Policía Comunitaria; migración; narcotráfico y mecanismos de coordinación con la justicia indígena, tema que debe fortalecerse respetando las costumbres ancestrales de las comunidades que habitan en el territorio nacional y en el que Bolivia tiene más experiencia", según reportó la información oficial de entonces. 

La Carta de la Comisión de Soberanía

El primero de julio de 2021, el presidente de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, el asambleísta de la ID Ramiro Narváez, envió un pedido de información al ex ministro de Gobierno, César Monge.

En la misiva, el presidente de la Comisión legislativa explica que, en el plan de trabajo de la mesa, se acordó solicitar información sobre un "supuesto préstamo" de material policial a Bolivia, que habría tenido lugar en noviembre de 2019. El proceso de fiscalización está a cargo del asambleísta Rodrigo Fajardo, también de la ID. 

La Comisión preguntó al Ministerio de Gobierno si, efectivamente, se realizó o no el préstamo y con qué figura legal. Además, que se informe a los legisladores quién pidió el material, quién autorizó el acuerdo y que se le remita toda la información respectiva.

En la carta, se pidió al Ministerio de Gobierno que se informe qué material se prestó, así como las fechas de caducidad de tales materiales de dotación policial. Como se conoce que la justicia boliviana ha iniciado procesos por el caso, la Comisión solicitó información sobre si se ha recibido algún tipo de requerimiento judicial al respecto.

La Comisión pidió que se envíen copias certificadas de un oficio numerado como 269-CG-2020, de fecha 27 de mayo de 2020, remitido por el ex comandante de la Policía Nacional, general (r) Hernán Patricio Carrillo Rosero, al ex agregado de Defensa de la Embajada de Bolivia , José Luis Frías. 

Finalmente, la Comisión solicitó que se presente un detalle sobre préstamos similares a otros países en los últimos diez años y la documentación sobre esos procesos.

En la carta no consta ninguna referencia sobre el vuelo de un avión militar de transporte boliviano que habria aterrizado en Quito el 16 de noviembre de 2019 para llevarse el "préstamo". La Comisión olvidó preguntar también si Bolivia ha devuelto algo o parte de lo prestado, así como su avalúo. 

Pero hasta el momento, la Comisión no recibe ninguna respuesta. El asambleísta Rodrigo Fajardo sostiene que no cabría la reserva de seguridad nacional sobre este "préstamo" a Bolivia, por lo que la información debería ser entregada por la Comisión. En el pleno, el correísmo ha intentado hacer aprobar una resolución sobre este tema, pidiendo la comparecencia de funcionarios del Gobierno, mientras ha criticado a la Comisión de Soberanía por supuestamente no avanzar en la fiscalización de ese caso. Fajardo prefiere no anticiparse sobre si en el "préstamo" a Áñez se podría haber cometido algún delito. 

La carta del general (r) Patricio Carrillo

Mientras los asambleístas ecuatorianos esperan información oficial, el caso ha sido ampliamente difundido en Bolivia, tanto por medios privados cuanto por los medios oficiales del gobierno de Luis Arce, quien milita en las filas del MAS, el movimiento creado por Evo Morales.

El canal estatal BTV publicó en junio de este año las imágenes del oficio que está siendo solicitado por la Comisión, que fue enviado por el ex comandante de la Policía, general (r) Patricio Carrillo al ex agregado de Defensa de la Embajada de Bolivia en Quito, coronel José Luis Frias. La carta tiene fecha de 27 de mayo de 2020, en el último año del Gobierno de Moreno y mientras María Paula Romo seguía siendo ministra de Gobierno, aunque luego sería censurada por la Asamblea Nacional, casi por unanimidad, en noviembre de 2020. 

Según el detalle enviado por el ex comandante general al ex agregado de Defensa boliviano, Ecuador prestó al gobierno de Áñez por lo menos 8.449 unidades de armamento no letal, entre ellos proyectiles y granadas.

El canal estatal boliviano BTV difundió la carta y el inventario enviado por la Comandancia de Policía a la Embajada de Bolivia en Quito. La Asamblea aún no tiene este documento.

La carta del ex comandante dice: “A través del presente, me permito hacerle llegar el saludo cordial de la institución a la que represento, a fin que por su digno intermedio se realicen las coordinaciones necesarias frente al Ministerio de Defensa del hermano país de Bolivia, a efecto de que podamos recibir el material CM que en calidad de préstamo fuera entregado en el mes de noviembre de 2019”.

En un cuadro adjunto, se deja constancia del que sería el detalle del material que el gobierno de Moreno "prestó" a Bolivia: por lo menos 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM. Según el inventario, parte del material, en especial los proyectiles, eran fabricación nacional de la Fábrica Santa Bárbara, ubicada en el Valle de los Chillos, y otra parte provenía del Brasil. El comandante indicaba que la devolución debía coordinarse con el general de Distrito, Fernando Correa, quien estaba a cargo de la Dirección de Logística. 

Cartuchos como este, de 37 milímetros y largo alcance, fueron prestados por el Ecuador a Bolivia.

En octubre de 2019, el portal Infobolivia estableció que el costo de cada cartucho de largo alcance de 37 MM era de 270 bolivianos, que al cambio actual representan USD 40. Es decir, solo en ese rubro, el "préstamo" a Bolivia habría significado por lo menos USD 95 mil. Los proyectiles de corto alcance, por otro lado, fueron avaluados en 250 bolivianos, que equivalen a USD 36. En ese rubro, el préstamo de la Policía ecuatoriana podría equivaler a USD 20.160. Juntos, los cartuchos de largo y corto alcance de gas lacrimógeno valdrían aproximadamente USD 115 mil, sin contar el resto de pertrechos que fueron enviados a Bolivia. 

Según dijo el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, “hemos visto que el Gobierno ecuatoriano ha prestado gases lacrimógenos al gobierno de la señora Jeanne Áñez; sin embargo, tenemos información extraoficial de que también habían proporcionado municiones de alto calibre, estamos hablando de municiones de guerra, que seguramente las investigaciones determinarán si han sido adquiridas de forma regular o irregular”. Al momento, sin embargo, la declaración del ministro boliviano sobre "material de guerra" no parece tener asidero.

De su lado, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, hizo una insinuación similar a principios de mes: “Lo que sí tenemos constatación que tanto el material bélico como también los gases han llegado a nuestro país, pero no queremos adelantar todavía nada entretanto el Ministerio Público no concluya sus investigaciones". El ministro boliviano no precisó qué "material bélico" habría prestado el Gobierno de Moreno además de las granadas de gas lacrimógeno. 

El asunto se ventila en el marco de un proceso judicial en Bolivia, en donde se investiga a ex funcionarios del Ministerio de Defensa que, luego de recibir el "préstamo" de Moreno, procedieron a comprar material propio, al parecer, con sobreprecio.

Según la prensa de La Paz, Gary Prado, abogado del exdirector general de Logística Pedro Rea Simón y del exdirector general de Asuntos Jurídicos Martín López Gonzales del Ministerio de Defensa, reveló que sus clientes le informaron de ese préstamo. Ambos ex funcionarios son procesados no por el préstamo o el uso del material ecuatoriano, sino por un contrato posterior de material en donde habrían indicios de sobreprecios. Según la prensa boliviana, una investigación en Bolivia y en Estados Unidos determinó un posible sobreprecio de no menos de USD 2,3 millones de un total pagado de USD 5,6 millones.

Bolivia descarta devolver el material de dotación ecuatoriano

El pasado 25 de junio, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Emilio Rodas, descartó que el actual gobierno de La Paz tenga ninguna intención de devolver el material prestado durante el gobierno de Lenin Moreno. “Los compromisos que el gobierno de Lenin Moreno haya hecho con el gobierno del golpe que lo reclame a los golpistas. Bolivia no tiene porqué devolver algo que no forma parte de un contrato, de un convenio, no está sujeto a un compromiso”, alegó el viceministro boliviano, dando a entender que no habría base legal para el "préstamo" realizado por el Ministerio de Gobierno y la Policía al régimen de Jeanine Áñez.

Según el viceministro Rodas, ese material llegó a Bolivia “de manera irregular” y agregó que “Ese préstamo ha sido a título personal, no hay convenio o acuerdo que comprometa a los Estados, seguramente ha habido llamadas. El compromiso de Estado a Estado no existe”, por lo que los bolivianos descartan que haya ninguna obligación de devolver el material antimotines de la Policía ecuatoriana. 

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, habla de injerencias ecuatorianas en la política de su país. 

Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tan pronto Áñez llegó al poder, los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, informaron de la falta de material no letal para contener las protestas sociales contra la flamante presidenta interina.

La versión oficial boliviana dice que fue la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien hizo los contactos con Quito para el préstamo, junto con el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín. El actual gobierno de Bolivia responsabiliza a los ex ministros de Áñez, Arturo Murillo y Fernando López de haber enviado a Quito el día 16 de noviembre de 2019 un avión de transporte que regresó a La Paz cargado con el material de la Policía ecuatoriana.

La versión sobre cómo se hicieron las gestiones la confirmó el ex ministro de la Presidencia de Áñez, Justiniano Jerves, quien dijo en una entrevista en La Paz que "si no recuerdo mal, sí fueron gestiones de la entonces ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, ella dijo: yo tengo buenas relaciones con Ecuador, voy a ver si puedo conseguir; y luego ella dijo: sí, se ha conseguido un préstamo, (pero) ni siquiera fue una donación, se prestaron las armas químicas para que luego Bolivia, (después de) comprar, proceda a la devolución, hasta donde yo sé y eso lo supe de manera totalmente extraoficial por lo que ella misma me comunicó que fue un préstamo”, explicó el ex ministro, quien sostiene que sí hubo préstamo y que siempre quedó claro que el Ecuador no les estaba regalando el material antimotines. 

Castillo agregó que "Sabemos que esto se ha manejado con perfil bajo, no hay pronunciamientos oficiales, en noviembre de 2019, el 16 de noviembre, ya habían ingresado armas, proyectiles, granadas y otros al territorio nacional". El ministro de Luis Arce fue más allá y habló de injerencias extranjeras en Bolivia: “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Áñez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.

Las protestas contra Áñez fue reprimidas a tiros por policías y militares en localidades como Sacaba y Senkata, en donde murieron 20 personas por heridas de bala. 

La Policía boliviana no sabe cuáles son las granadas prestadas por Ecuador

Por su parte, el actual comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, precisó el pasado 5 de julio que no han podido identificar las granadas ecuatorianas pues alega que “es imposible poder establecer esto debido a que tienen las mismas condiciones físicas y apariencias, son absolutamente iguales las que hemos comprado antes y las que hubieran llegado aquí (como préstamo)”.

El jefe policial boliviano aportó más detalles del vuelo del avión militar boliviano que se llevó el material desde Quito: “En este caso, un ayudante del exministro de Defensa (Fernando López), que está hoy como agregado militar en China, y un funcionario que ha hecho conocer sus descargos (se trasladaron a traer el material en un avión) a partir de una reunión realizada en el piso 22 de la Casa Grande del Pueblo, en la que estuvo el Alto Mando Militar y algunos ministros”.

Tras llegar el avión, una parte del material fue enviado al Estado Mayor militar y otra a la Policía. Para el jefe de la Policía boliviana, “la pregunta es si se hubieran utilizado o no esos agentes químicos”. “No sabemos en definitiva hasta este momento cuál ha sido el destino de aquellos pertrechos, (aunque) indudablemente ya el Ministerio Público y la Policía están efectuando diversidad de actividades que van a permitir establecer el inventario real de estos agentes y el destino de los mismos”, explicó el comandante Aguilera, en diálogo con una radio de La Paz.