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18 de Mayo del 2020
Historias
Lectura: 13 minutos
18 de Mayo del 2020
Redacción Plan V
Organizaciones proponen una tregua hasta elecciones y cadena perpetua para los corruptos
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Fotomontaje: PlanV

 

Organizaciones sociales plantean llegar a acuerdos mínimos en al menos siete temas urgentes como educación, salud, economía agrícola, entre otros. En corrupción vuelve la discusión de sancionar con el mayor rigor a los corruptos que no han parado en la peor crisis del país.

Un total de 37 organizaciones en todo el país plantearon esta mañana un pacto social por la vida y por el Ecuador. Esto incluye una tregua política y social hasta el inicio de las elecciones de 2021 y que sea firmada ante los medios de comunicación por parte de los líderes de esos sectores. “Quizás esta es la última oportunidad que tenemos para sostenernos como sociedad, lo que vamos a vivir es muy grave”, sostuvo Boris Cornejo, presidente de Esquel, una de las organizaciones convocantes.

Boris Cornejo, presidente de Esquel. 

Para llevar adelante este pacto se construirá a través de una Mesa Nacional, en la que expertos, ciudadanos y academia trabajarán en siete temas fundamentales, entre ellos el combate a la corrupción y a la impunidad con las reformas institucionales que lo hagan posible en el menor de los plazos.

Sobre este tema, Cornejo manifestó que la pandemia ha revelado las fragilidades de la sociedad ecuatoriana como el irrespeto, el abuso, la sapada, la corrupción y la no institucionalidad. “Peor que el COVID es esta forma de ser, de actuar de algunos de los ecuatorianos y de sus instituciones”, agregó.

Por eso, en la lucha contra la corrupción, los expertos que conformarán esta mesa están “proponiendo cosas que son complejas, difíciles”, explicó Cornejo. Una de ellas es la cadena perpetua para los corruptos. Dijo que esta iniciativa seguramente provocará reclamos porque habrá sectores que argumenten que esa medida implica violación de derechos humanos. “No hay peor violación de derechos humanos que robarse la plata, los hospitales, cuando la gente se está muriendo en las calles. Que se vayan de por vida los corruptos a la cárcel a menos que devuelvan lo robado. No podemos seguir con tratamientos especiales en la prisiones con acceso a internet, comidas especiales y la plata sigue en sus escondites privados”, afirmó.

La cadena perpetua no es un tema nuevo en la política ecuatoriana. El expresidente Lucio Gutiérrez lo puso en el debate el pasado 17 de febrero cuando anunció que será nuevamente candidato presidencial para el 2021, aunque no explicó esta idea. También sectores sociales han planteado esta posibilidad para delitos como violencia sexual u otros contra sectores vulnerables. En cualquier circunstancia, ese cambio implicaría una reforma a la Constitución.

Pero la Mesa sobre corrupción ha discutido otras tres ideas. Por ejemplo, la necesidad de un sistema de protección para quienes hagan denuncias sin que formen parte del proceso judicial y sientan la tranquilidad de contar sobre posibles actos de corrupción. Asimismo creen que se debe grabar las actuaciones de los funcionarios públicos, aunque eso pueda caer en la invasión de su privacidad. Pero si un funcionario está en su tiempo de trabajo este debería ser grabado, pues el que nada debe, nada teme, sostuvo Cornejo. Finalmente, pedirán que se retome el proyecto de ley de extinción de dominio, que permitirá al Estado perseguir los bienes de origen ilícito, a través de la vía judicial y declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos en beneficio del Estado. Colombia es uno de los países que ha aplicado esta normativa para combatir sobre todo al narcotráfico.

“No puede ser posible que en la peor crisis de la humanidad y de nuestro país se sigan robando la plata”, concluyó Cornejo.

Un pacto en un país polarizado

La emergencia ha movilizado a algunos actores políticos para llamar a una unidad nacional para enfrentar la crisis que la pandemia ha dejado a su paso. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso hizo una propuesta en ese sentido el 24 de marzo pasado. Cauce democrático, colectivo presidido por el ex presidente Oswaldo Hurtado, también se pronunció para que los actores políticos abandonen sus diferencias.

El presidente Lenín Moreno habló el pasado 1 de abril de la necesidad de una unidad nacional por la salud y el futuro del Ecuador. Diez días después usó ese concepto para reiterar su llamado a la unidad a las distintas fuerzas políticas del país y llegar a un acuerdo para la creación de una cuenta nacional de asistencia humanitaria, con los aportes de trabajadores y empresas, iniciativa que se desplomó en la última semana ante la falta de consensos en la Asamblea Nacional.

¿Es posible un pacto cuando el mismo Presidente ya hizo un llamado y no pasó nada? Cornejo dijo que lo de Moreno fue una movida política de ofertas, declaraciones y promesas. “Este es un planteamiento de los ciudadanos y tendrán que promover las reformas ciudadanas para resolver los principales problemas”, manifestó.

“Significa sentarnos a la mesa del pacto todos los actores y sectores, luchar contra la corrupción y la impunidad, parar cualquier tipo de campaña electoral y menos con recursos públicos”, César Ulloa, Esquel. 

Cada mesa temática tendrá un mes para elaborar sus propuestas. Podrán participar expertos, académicos y sociedad civil. El objetivo es identificar tres o cuatro aspectos fundamentales en temas como la seguridad alimentaria, la economía agrícola, educación, violencia, sistema de salud pública, seguridad social, medio ambiente y comunicación.

César Ulloa, coordinador de la Mesa de Convergencia de Esquel.

Estas mesas no arrancarán de cero. Desde octubre pasado, diversos actores empezaron a reunirse en los llamados “Encuentros por la paz” para analizar estas preocupaciones. Las ciudades que han participado han sido Cuenca, Ambato, Guayaquil, Quito, Manta y Portoviejo. La crisis que dejó octubre chocó con otra crisis que es la sanitaria, explicó César Ulloa, coordinador de la Mesa de Convergencia de Esquel.

El documento final será presentado en un acto público y entregado a las fuerzas políticas a escala local y nacional. Los resultados irán también a los alcaldes y prefectos para que tomen en cuenta estas propuestas, así como el Gobierno nacional. “Cuando tengamos el plan va a entrar en negociación con el sector político”, agregó.

“Significa sentarnos a la mesa del pacto todos los actores y sectores, luchar contra la corrupción y la impunidad, parar cualquier tipo de campaña electoral y menos con recursos públicos, respaldar el trabajo de los actores activos”, manifestó Ulloa.

Mientras que Juan Francisco Mora, que lidera organizaciones de la sociedad civil en la Sierra centro, dijo que los ciudadanos son quienes deben tomar en sus manos las construcciones que necesite un nuevo país. “Cuando los mecanismos de las instituciones no funcionan, y hay un escenario de conflictos, es la ciudadanía y los medios” los que deben actuar, afirmó Mora.

Las otras prioridades

La Mesa Nacional abordará siete temas en total, entre ellos qué hacer en educación, salud y economía agrícola. Estas son algunas ideas que proponen:

Seguridad y soberanía alimentaria y economía agrícola campesina. Ramón Espinel, director del instituto de investigaciones de economía agrícola de la Espol, dijo que uno de los temas más importantes de la pandemia fue la alimentación y cómo acceder a estos recursos por parte de las familias. Esto se volvió dramático para muchos sectores. Aseguró que la economía familiar y campesina es la que produce más del 80 por ciento de los alimentos del país. Esta agricultura de pequeños productores es la que sostiene al país. De ahí la pregunta si este sector recibe la atención que merece. El experto sostuvo que este grupo es el que padece la mayor cantidad de hambre, desnutrición, tienen la menor cobertura de salud y la menor calidad en educación. Manifestó la necesidad de mirar la situación del campesino productor, que es la base de la economía. La mesa trabajará en resaltar la importancia de este sector y sugerir políticas que sustenten su producción, pero también su calidad de vida. Dijo que necesita una política diferenciada para estos pequeños agricultores.

Educación. Juan Nicolás Alvarado, representante de los estudiantes universitarios de Azuay, es parte de esta mesa. Dijo que es necesario dar a conocer la situación de este sector y la falta de cumplimiento por parte del Estado respecto a los fondos para la educación. Afirmó que la educación superior está en una incertidumbre total. Por ejemplo, las 33 universidades públicas ya han sufrido un recorte. Citó un estudio de la FLACSO, que afirma que el Estado adeuda 131 millones a estos centros entre 2017-2019 en lo referente a reliquidaciones. Además, la estabilidad de hasta 19.000 profesores está amenazada en caso de que se ejecuten los recortes, que por ahora están suspendidos por un fallo de la Corte Constitucional. Reclamó que la educación haya sido descuidada por el Gobierno y recordó que el Ecuador está por debajo de 15 países en la región que invierten en educación. Las universidades serán indispensables para la post pandemia, pues están investigando los futuros efectos económicos de la emergencia, concluyó Alvarado.


El 5 de mayo, unos 200 estudiantes protestaron la Universidad Central de Ecuador, en Quito, contra la reducción presupuestaria a más de una treintena de centros académicos públicos. Foto: EFE/ José Jacome

Un sistema de protección contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y las mujeres. Cristina Almeida, activista e integrante de la mesa convergencia de Cuenca, habló de un sistema integral de protección de la violencia. El cuidado de la vida debe estar presente en todos los sectores y por eso su importancia de que esté en este pacto, sostuvo y agregó que debe haber una prevención permanente de la violencia, sobre todo en las mujeres. La pandemia, dijo, ha demostrado las precarias condiciones en las que viven las mujeres. En su opinión, ningún pacto puede evadir este tema. Citó que el 70 por ciento de las mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia y el 81 por ciento de estas mujeres no denuncian, porque el sistema judicial no da una atención oportuna. Pidió para que este problema sea considerado como prioritario y deba ser abordado con más políticas nacionales.

El cuidado de la salud y la constitución de un Sistema Nacional de Salud. Walter Mena, experto en esta área, afirmó que es importante recuperar la medicina tradicional y planteó la salud universal, un Consejo Nacional de Salud y una Superintendencia.

Comunicación ciudadana. Gustavo Cardoso, director de noticias de Ondas Azuayas, afirmó que la prensa es la más efectiva fiscalizadora del poder. Pero la pandemia ha provocado una descapitalización de los medios y eso ha pasado factura a los periodistas que en muchos casos han empezado a ser despedidos. Adelantó que es posible el cierre inminente de algunos medios. También mencionó que las redes sociales han desplazado a los medios tradicionales y estos han debido que migrar a estos espacios. Pero las redes no están sujetas a la rigurosidad del oficio. Y la desinformación está alimentada por gobiernos y políticos, y los ciudadanos de convierten en cómplices al reenviar esos contenidos falsos. Cardoso hizo un llamado a los medios para que mejoren sus sistemas de verificación de información y a los ciudadanos a asumir una posición más crítica y de duda frente a los contenidos que consumen. Espera que este pacto también sea asumido por universidades, medios y periodistas.

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