No es la primera vez que el Estado del Ecuador debe pagar por las acciones de sus funcionarios. Pero sí la primera en la que se plantea que se debe cumplir con las normas legales que obligan a repetir, es decir, a cobrar a los responsables por los costos que el Estado asume.

La polémica se actualizó ante la obligación de pagar por lo menos USD 15 millones a lo ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fueron destituidos por el Congreso de 2004. Pero la historia política reciente del Ecuador es rica en medidas de este tipo: desde la cesación del ex presidente Abdalá Bucaram en 1997 por "incapacidad mental para gobernar" pasando por medidas similares tomadas por mayorías legislativas en contra de los ex presidentes Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, hasta la destitución del Congreso en 2007 por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Aunque la mayoría de las salidas políticas mencionadas no han llevado a demandas ante la justicia local, es teóricamente posible que los afectados concurran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, en donde se podrían ventilar las posibles violaciones a sus derechos humanos y se podrían establecer sanciones económicas en contra del país. 

Según información del Diario El Universo, Ecuador era, en 2003, el país de la región que más había pagado por concepto de indemnizaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por sus agentes, en especial, por la Policía Nacional. Hasta ese momento, la CIDH había recibido por lo menos 109 denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos como torturas y detenciones ilegales, en su mayoría instrumentadas por la Fuerza Pública. 

"En el 2001 el país canceló 210 mil dólares por siete casos, tres de ellos por tortura y muerte. En el 2000 fueron 2’375.000 dólares por 12 procesos, entre ellos el de los hermanos Restrepo, asesinados por la Policía el 8 de enero de 1988. Sus familiares recibieron $ 2 millones", recordaba el matutino.

Entre 2000 y 2003, la cifra ascendió a USD cuatro millones, que fueron asumidos en su totalidad por el Presupuesto General del Estado, es decir, por todos los ecuatorianos. No obstante, no se había planteado la necesidad de cobrar esos valores a los funcionarios responsables, y tampoco podrá hacerse en los casos ya pagados, señala el abogado de derechos humanos y ex funcionario de la CIDH Juan Pablo Albán.

Albán recuerda que en el caso Restrepo se llegó a una negociación entre el Estado y los demandantes, y la indemnización fue asumida en su totalidad por la nación. Pero en la actualidad, la repetición "es un mecanismo preventivo de violaciones de derechos humanos futuras", pues ya se cuenta con un marco legal que obliga a los funcionarios a devolver el dinero en caso de que el Estado sea condenado a pagar.

En la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, recuerda Albán, se ha consagrado este principio legal, si bien, en su criterio, se hizo de forma tardía, pues los países vecinos, como el Perú, ya contaban con esa norma con anterioridad. "En el Perú ya había una normativa desde los 90. Lo que el Estado no puede hacer, sin embargo, es pretender primero cobrar a los funcionarios y luego reparar a las víctimas. No es así como funciona: el Estado debe pagar la indemnización y luego cobrar a los ex funcionarios", precisa Albán. 

El jurista estima que el Estado debe asumir la carga económica, en especial en el caso de que los ex funcionarios no tengan forma de pagar el dinero. "En el caso de los magistrados destituidos en 2004, pensar que los ex asambleístas o el ex presidente Lucio Gutiérrez tengan USD 15 millones es bastante iluso. No se puede permitir que el mecanismo de repetición se convierta en una herramienta política", estima Albán. Para el abogado, hay dudas sobre la responsabilidad de Lucio Gutiérrez en esa destitución, pero en su criterio se está usando la repetición en su contra como una instrumento político. 

Pero en demandas anteriores, como la de los Restrepo, así como en los por lo menos USD cuatro millones pagados en épocas anteriores, no se podrá cobrar a los funcionarios. ¿Qué pasaría con el caso de los políticos destituidos? Albán recuerda que los ex presidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez concurrieron a la CIDH a presentar una denuncia, pero en el caso de Bucaram no se ha emitido ningún pronunciamiento a pesar del tiempo transcurrido.

En el caso de Gutiérrez, señala Albán, la Organización de los Estados Americanos (OEA) no se pronunció sobre su caída, a pesar de que ya estaba en vigencia la Carta Interamericana de la OEA, por lo que el jurista sostiene que hubo un "gesto político" que evidenciaría que no se estimó en la comunidad regional que se habían violado los derechos del ex presidente. Pero en el caso de los ex presidentes destituidos, deberían primero agotar las instancias internas, cosa que todavía se no habría producido.

En el caso de los ex diputados destituidos por el TSE, por lo menos 15 de los defenestrados habrían presentado una denuncia ante la CIDH, pero el trámite en la Comisión dura por lo menos tres años. En ese tiempo, la Comisión se pronuncia sobre si acepta o no a trámite una denuncia. Los ex diputados, en criterio de Albán, no contaban con ningún mecanismo del derecho interno en esa época, por lo que se podría tramitar en la Comisión esa denuncia.

Pero la repetición abre la puerta para sanciones posteriores: Albán estima que en el actual Gobierno se han cometido violaciones de derechos humanos, en especial en casos como el de los "Diez de Luluncoto" o en la detención y salida del país de Manuela Picq, por lo que no descarta que en el futuro haya sanciones en contra del Ecuador por las cuales deban responder los funcionarios del actual Gobierno. "Hay muchos funcionarios en este Gobierno que tendrán que responder en el futuro, es un precedente valioso para que en el futuro el señor economista Correa no vaya a eludir su responsabilidad en los casos de derechos humanos que han ocurrido en su Gobierno", finalizó Albán. 

¿Se defendió mal el Estado?

Para el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, la defensa del Estado ecuatoriano en el caso de los jueces destituidos en 2004 fue deficiente. Acosta fue uno de los vocales de la autoridad electoral que votó por la destitución de la Legislatura en 2007, acusando a los congresistas de interferir con el proceso electoral. 

Según Acosta, no hubo una defensa adecuada en el caso de los jueces del 2004, pues desde la consulta promovida por el Gobierno interino de Fabián Alarcón se había establecido que el Congreso no debía nombrar a los jueces de la Suprema, pero en 1997 se nombró a los jueces en el Legislativo.

Por ello, afirma Acosta, fue que el ex presidente Lucio Gutiérrez llamó a un Congreso, que interpretó la Constitución, lo que estaba dentro de sus atribuciones, y procedió a cesar a los jueces nombrados en 1997 y nombró a sus reemplazos, los integrantes de la llamada "Pichicorte".

Los ex jueces, además, recibieron sus liquidaciones al salir de la Función juicial, lo que el Estado no explicó ante la CIDH. Recordó que el ex diputado Enrique Ayala Mora pidió dar su testimonio en el caso, pero no fue convocado, y afirmó que la Procuraduría, contra ley expresa, se allanó a la demanda en contra del Estado del Ecuador. 

"A mi juicio no hubo una buena defensa del Estado ecuatoriano", sostiene el jurista, pues las indemnizaciones fijadas son excesivas, y el Consejo de la Judicatura debió descontar los valores que sí recibieron los ex magistrados. "Había una defensa contundente que hacer, pero el patrocinio ha sido muy pobre", afirma Acosta.

Acosta sostiene que debe probarse el dolo del funcionario en el marco de un juicio contencioso administrativo, antes de proceder a una repetición. "La prueba de fuego para el Estado es probar el dolo del funcionario", asegura Acosta, quien dice que si se condena a pagar a los ex funcionarios, es posible el embargo de sus bienes y sus cuentas bancarias, pudiendo llegar hasta la declaratoria de insolvencia. 

Recordó también que la CIDH, una vez agotado el ordenamiento jurídico interno, podría tratar este tipo de reclamos.

En el caso de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez,  Acosta cree que se les destituyó de manera ilegítima, pero que antes de querellarse ante la CIDH deberían agotar los recursos en el país, aspecto que aún no se habría verificado. 

Sobre Bucaram, Acosta piensa que la demanda interna podría estar prescrita, mientras que cree que se debe probar la actitud dolosa del ex presidente Gutiérrez al convocar al Congreso para que resuelva la situación de la Corte Suprema de Justicia en 2004.

Sobre los diputados destituidos en el 2007, Acosta reveló que se admitió a trámite una queja en contra del TSE que presidió, pero asegura que el proceso "va para largo". Acosta defendió la medida tomada, que se basó en la Ley de Elecciones, por haber obstaculizado un proceso electoral. Para el ex presidente del Tribunal, los diputados destituidos no han agotado las instancias nacionales, y no cabría el argumento de que contaban con fuero de Corte Suprema, pues se trataba de un tema de carácter electoral. "Los diputados no interpusieron la apelación ante el propio TSE, como debieron hacer", afirmó Acosta. "No sé cuánto será que han pedido ante la CIDH, pero seguro que es plata del bolsillo del pueblo ecuatoriano".