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12 de Febrero del 2019
Historias
Lectura: 16 minutos
12 de Febrero del 2019
Redacción Plan V
Palos de ciego en la lucha contra la corrupción

Foto: Flickr Fiscalía General del Estado

Desde la izquierda: Diana Salazar, directora de la UAFE; Íñigo Salvador, procurador del Estado; Pablo Celi, contralor encargado y Ruth palacios, fiscal general encargada, mientras firmaban el segundo convenio.

 

Ocho entidades están conformadas para la lucha contra la corrupción. Una de estas es de la sociedad civil, una empresarial, una del Ejecutivo, y cinco son entes estatales. En la Asamblea se discute ya casi dos años una ley anticorrupción, sin que haya sentido de urgencia. Mientras tanto más de 200 casos graves, vinculados al gobierno pasado, se acumulan en los organismos de control y judiciales. El gobierno conformó un fallido Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que duró cinco meses. Y ahora crea una secretaría. Tras la retórica, los convenios y las declaraciones, no hay una ruta certera ni resultados concretos en este tema.

El miércoles 19 septiembre del 2018, la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE,  y la Contraloría firmaron un convenio de cooperación interinstitucional de lucha contra la corrupción con la presencia del Consejo de Participación transitorio.

La suscripción del acuerdo formaba parte de las acciones que se realizaban estos organismos frente a los problemas coyunturales que atentan la transparencia pública. Las autoridades pretendían que el convenio se convierta en una herramienta que agrupe a entidades clave para hacerle frente a la problemática de la corrupción, para establecer los procedimientos adecuados que eliminen estas prácticas, reportaba la prensa.

El 21 de enero del 2019, casi los mismos organismos judiciales y policiales del Estado suscribían un Convenio de Cooperación Interinstitucional, para fortalecer el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en el marco de la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos, reportaba la agencia EFE.

El acuerdo lo ratificaron la Contraloría General del Estado (CGE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Procuraduría General (PGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el fin de "aunar esfuerzos contra la que es una de las plagas en el país". Tres de estas entidades había firmado algo similar cuatro meses antes.

También establecieron herramientas para la "colaboración oportuna en las investigaciones iniciadas por la FGE dentro de los procesos previos y posteriores a la instrucción".

Entre los mecanismos que se establecieron para este fin constan el "intercambio de información para la investigación y trámite oportuno de causas penales que la Fiscalía inicie", así como materiales que puedan ser "de utilidad para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de cada una de las partes", dice un comunicado.

También establecieron herramientas para la "colaboración oportuna en las investigaciones iniciadas por la FGE dentro de los procesos previos y posteriores a la instrucción", o la "colaboración de la PGE en el establecimiento de los montos para el cobro de la reparación integral de los daños patrimoniales ocasionados al Estado".

"La defensa del interés del Estado debe ejercerse desde las competencias y funciones específicas de cada institución, pero también mediante una vigorosa cooperación interinstitucional que haga posible una acción integral y eficiente de robustecimiento de la lucha contra la corrupción, sanción de los delitos y recuperación de los activos", dijo el contralor Pablo Celi.

Para tal efecto, precisó, "avanzamos en un convenio que haga posible una cooperación en investigación, en el trámite de las causas y en el proceso de recuperación de valores para el Estado".

Pero los esfuerzos que proponía el contralor Celi, ya habían sido esbozados un año y medio atrás, cuando a inicios de junio, el presidente Lenín Moreno, no bien entrado al poder, creo el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, una suerte de alianza público y privada.

Lo conformaban trece personas: la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la canciller María Fernanda Espinosa; el titular de Senplades, Andrés Mideros, el abogado Xavier Zavala Egas, Tatiana Hidrovo, el presentador de noticias Carlos Rabascall, Larissa Marangoni, el empresario Pablo Dávila y Pablo Vanegas. Tambien fueron convocados Francisco Borja, ex embajador del correísmo en Washington; monseñor Nicolás Travez, por la iglesia y Julio César Trujillo. Estos tres últimos no asistieron desde la primera reunión. Sí estuvo el vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel.

"El Frente tendría atribuciones para proponer al presidente estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción del sector público y privado; exhortar, de ser el caso, a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigación, de acuerdo con las competencias que le confiere la ley, respetando el debido proceso; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia; y presentar propuestas de políticas y normas para la transparencia y lucha.


Los "viejos y buenos tiempos". Cuando Jorge Glas era vicepresidente de la República se creo desde el gobierno el Frete de Transparencia. Ahora Glas está preso, sentenciado por asociación ilícita y a punto de ser enjuiciado por peculado

Por si faltara alguna entidad, el Ejecutivo, con Lenín Moreno a la cabeza, creó la Secretaría Anticorrupción, en febrero del 2019, para, también, generar políticas públicas y acciones para facilitar las denuncias de actos de corrupción.

"En presencia del vicepresidente Jorge Glas, Moreno pidió a los integrantes del Frente que “observen con lupa los casos donde existan sospechas de corrupción” y que actúen sin presiones y con apego a la ley, pues “la lucha será implacable” porque no permitirán que ningún acto de corrupción quede en la impunidad", reportó El Universo. El Frente funcionaría regularmente en el Ministerio de Justicia. Pero se disolvió a los cinco meses, entregó recomendaciones y no investigó un solo caso de corrupción.

Por si faltara alguna entidad, el Ejecutivo, con Lenín Moreno a la cabeza, creó la Secretaría Anticorrupción, en febrero del 2019, para, también, generar políticas públicas y acciones para facilitar las denuncias de actos de corrupción. Este nuevo organismo, presidido por el abogado cuencano Iván Granda, se encargará de coordinar la cooperación entre las instituciones del Ejecutivo y entidades judiciales responsables de la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de corrupción.

Mientras era subsecretario de acción política, entidad vinculada a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, Granda impulsó un acuerdo exrajudicial con el empresario de las telecomunciones Timoslav Topic, en el cual este se comprometíaa devolver al Estado 13.5 millones de dólares de las cuentas de su empresa, que aparentemente estaban vinculados a casos de corrupción. También dijo conocer la existencia de 17 casos de testaferrismo en el gobierno Rafael Correa y que eso era parte de las investigaciones que adelantaba su oficina.

Estos dos casos provocaron la reacción de la Fiscalía General del Estado, que representada por la fiscal general encargada, Ruth Palacios, conminó al funcionario a dar su versión sobre ambos casos. Granda entregó a la Fiscalía los documentos en el caso Topic y debió dar su versión para entregar los nombres de los presuntos testaferros. La Fiscalía recordó al Ejecutivo la acción penal y persecución de los delitos de corrupción eran responsabilidad del Ministerio Público.

De su parte, varios gremios empresariales, consultoras y empresas, anunciaron días después el lanzamiento oficial y conformación de la Comisión de Integridad y Anticorrupción. Esta Comisión, a decir de sus mentores, tomará los ejemplos de iniciativas privadas exitosas en otros países para implantarlos en el Ecuador.

Uno de estos es el modelo Guate Íntegra, del empresariado y sociedad civil de Guatemala, que ha buscado desde el 2017 implementar mecanismos de control y desarrollar políticas que promuevan un actuar transparente, ético y legal dentro de las empresas; fortalecer la formación en las empresas y promover el marco legal para fomentar la transparencia; promover una campaña de educación e información para la transparencia electoral en el marco de la ley; apoyar el fortalecimiento de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las finanzas de los partidos políticos del TSE, e impulsar que las instituciones públicas adopten cláusulas anticorrupción internacionalmente reconocidas en procesos administrativos y de licitaciones.

Estos organismos se suman a la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, entidad no gubernamental creada por los movimientos sociales en el 2015. La Comisión ha denunciado cerca de 50 casos de corrupción.

Todo esto mientras el Consejo de Participación Ciudadana-Transitorio, ejerciendo sus atribuciones legales en la lucha contra delitos de corrupción, ha hecho varias denuncias, como el caso del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, la construcción de la Refinería del Pacífico, y meses antes, la responsabilidad del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, en presuntas contrataciones ilegales con el Estado. 

Estos organismos se suman a la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, entidad no gubernamental creada por los movimientos sociales en el 2015. La Comisión ha denunciado cerca de 50 casos de corrupción y entre sus miembros fundadores constan personajes como Julio César Trujillo, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, integrado por mandato del referendum popular del 4 de febrero del 2018, al igual que Marcelo Merlo, abogado empresarial, quien presidió el Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio. La Comisión fue creada por mandato de las organizaciones de trabajadores, sindicatos y gremios profesionales. 

Precisamente el Consejo de Participación se apresta a nombrar al Fiscal General del Estado. Este nombramiento es clave en todo el proceso de lucha contra la corrupción. De acuerdo a informaciones extraoficiales, en la FGE se estarían procesando al menos 200 casos vinculados a delitos de corrupción, como peculado, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, testaferrismo... 

Las candidaturas más opcionadas son la de la actual directora de la UAFE, Diana Salazar; al actual Fisgal General, Ruth Palacios, y el abogado y ex director ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, Juan Vizueta Ronquillo. 


Mire aquí la ficha de los candidatos a la Fiscalía General del Estado, fichas generadas por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. en este link

En la Asamblea también luchan...

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia prepara el informe para segundo debate del proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el Ejecutivo, que lleva varios meses en trámite.

La presidenta de la Comisión, Marcela Aguiñaga, del correísmo,  informó que el proyecto deberá ser entregado por la Comisión para el segundo debate antes de la vacancia del Legislativo, que inicia este 18 de febrero y concluye el 1 de marzo.

Pero antes de que el informe sea procesado, está previsto que la Comisión de Justicia reciba todavía tres comparecencias: la primera, del flamante secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, Iván Granda; la de la secretaria Jurídica del Palacio, Johanna Pesántez; y de un delegado de la Fiscalía General del Estado, pues la fiscal general se ha excusado alegando varios compromisos.


Reunión de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, durante el largo tratamiento de la Ley Anticorrupción.

El motivo de las tres invitaciones es que los legisladores de la Comisión de Justicia quieren tener precisiones de los funcionarios del Ejecutivo sobre cómo la creación de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno puede incidir en la aplicación de la nueva ley propuesta.

La Ley, que es anterior al decreto 665 que creó la Secretaría Anticorrupción, da algunas atribuciones a los ministerios del Interior y de Justicia en el mecanismo que propone entregar hasta el 20% de los recursos que puedan ser recuperados por la corrupción a delatores.

Según Aguiñaga, las tres comparecencias ante la Comisión podrían tener lugar antes del 18 de febrero, lo que facilitaría la redacción del informe final. La legisladora Rossy Orellana, del oficialismo,  será quien la presentará ante el pleno en calidad de ponente.

Pero hay algunas dudas sobre el proyecto de Ley y su posible aplicación. Para el corrreísta Franklin Samaniego, representante de Pichincha, no se ha establecido cómo el Ministerio del Interior va a realizar la investigación y los criterios de retroactividad en delitos de corrupción que contiene la propuesta del Gobierno podrían ser de difícil aplicación.

"Hay voluntad y consensos en la Asamblea para luchar contra la corrupción, pero hay reparos técnicos y jurídicos al proyecto de ley": Henry Cucalón, partido Social Cristiano-Madera de Guerrero.

Hay una posible contradicción entre el texto propuesto por el Gobierno y una  de las transitorias que da un plazo de 90 días para que personas que, de alguna forma, han partido en la comisión del posible delito, se acojan a los beneficios en dinero que se entregaría a los delatores.

Para el legislador Esteban Torres Cobo (PSC-Tungurahua)  es necesario debatir qué impacto tendrá la creación de la nueva Secretaria Anticorrupción, pues en tiempos de Correa, recordó, ya funcionó una entidad similar a cargo del actual secretario presidencial, Juan Sebastián Roldán. "Podría ser que este proyecto pierda su razón de ser, además de que está muy mal hecho", explicó Torres, quien estima que varios de los artículos son redundantes. Rescata, sin embargo, el concepto de darle una retribución a quienes denuncien actos de corrupción, pero cree que el proyecto carece de sustancia jurídica.

Para Torres, la reciente negociación que el Gobierno hizo con Tomislav Topic fue "una vergüenza" pues le parece inaceptable que el empresario haya decidido devolver dinero de acuerdo con su flujo de caja. "Es ilógico que gente que ha participado en el ilícito tenga una retribución", estima el legislador, quien cree que el veto total del presidente Moreno a la Ley anterior no tuvo justificación. El informe de la Comisión sería negativo en la mayor parte del proyecto, salvo en el primer artículo, estimó Torres Cobo.

De su parte, el asambleísta Henry Cucalón (PSC-Guayas) sostiene que hay voluntad y consensos en la Asamblea para luchar contra la corrupción, pero hay reparos técnicos y jurídicos al proyecto de ley. Cucalón recordó que ya hay normas como la cooperación eficaz, y que el nuevo proyecto propone vías parapenales para premiar a los delatores.

Sin embargo, tiene dudas sobre el rol del Ministerio del Interior y si la recuperación del dinero debe venir antes o después de un proceso judicial.

Cucalón sostuvo que el concepto de dar un reconocimiento a los delatores podría ser un concepto válido, pero debe discutirse el monto (el proyecto estima hasta el 20%) y si quien debe manejar dicho acuerdo debe ser el Ministerio del Interior o la Procuraduría General del Estado.

Sobre la Secretaría Anticorrupción, cree que aunque el Ejecutivo puede crear las instituciones que considere, el rol fundamental en el tema le corresponde a la Fiscalía y a los órganos de justicia.

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