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3 de Febrero del 2020
Historias
Lectura: 16 minutos
3 de Febrero del 2020
Redacción Plan V
Paro: 113 días sin acuerdos para una cifra única sobre los fallecidos
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Foto: Luis Argüello / PlanV

Los restos del líder indígena Inocencio Tucumbi fueron velados en el Ágora de la Casa de la Cultura ante miles de indígenas, el 10 de octubre de 2019. 

Mientras la cifra de los fallecidos del paro se convierte en una disputa política, en la Fiscalía siguen en investigación previa siete muertes, cinco de ellas por homicidio. Un caso más por homicidio no se estaría indagando, según el reporte oficial. A más de tres meses de las manifestaciones, ¿por qué aún no hay un dato único sobre estos fallecimientos?

Entre el 14 de octubre y el 3 de febrero hay 113 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde que concluyó el paro nacional, que dejó cientos de detenidos y heridos. Pero también fallecidos, aunque de ellos, el Estado ecuatoriano en su conjunto aún no ha logrado consensuar una cifra única. Este ha sido un reclamo permanente de organizaciones y defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, que han pedido investigaciones sobre estas muertes a las diferentes instituciones. 

La controversia surgió durante los días de las manifestaciones. La Defensoría del Pueblo reportó que hubo 11 fallecidos y se ha mantenido firme en ese dato. La ministra María Paula Romo cuestionó desde octubre la lista de la Defensoría y dijo que uno de los nombres estaría repetido. Se refirió así a los nombres de José Daniel Chaluisa Cusco, quien es una de las víctimas en el puente de San Roque, y José Rodrigo Chaluisa; esta última persona habría fallecido en el parque de El Arbolito. La polémica volvió la semana pasada después de un reportaje de los estudiantes de la UDLA Channel, donde se afirma que el nombre de José Rodrigo Chaloisa no existe en el Registro Civil. Los estudiantes dijeron haber encontrado el nombre de José Rodrigo Chaluisa Chaluisa, de Zumbahua, Cotopaxi, quien vive.

 

Freddy Carrión fue posesionado como Defensor del Pueblo el 16 de abril de 2019. 

Enseguida el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, llamó a una rueda de prensa para aclarar la información. Carrión dijo que jamás hubo un “Chaloisa” en la lista, sino siempre fue “Chaluisa”. “Esa tergiversación de la información es dañina porque tienen a confundir (...) Es una información muy sensible”. Dijo que la institución fue sumamente responsable con los datos y que la causa de la muerte no fue establecida porque no es una competencia de la Defensoría. Agregó que dentro de la institución está un expediente reservado con testimonios de un testigo que estuvo en las manifestaciones y de dirigentes de organizaciones, como de la FEINE, sobre la muerte de José Rodrigo Chaluisa. Recogieron una esquela mortuoria con el nombre del fallecido. 

“Esa tergiversación de la información es dañina porque tienen a confundir (...) Es una información muy sensible”, Freddy Carrión, defensor del Pueblo.

Carrión también cuestionó la fuente del reportaje, donde se entrevista a Marco Vinicio Bolaños, quien se presenta como familiar de Chaluisa. Aseguró que Bolaños acudió a la Defensoría para denunciar dos muertes, pero en el sistema judicial aparece con procesos penales por estafa y consta en 1800-DELITO. Es una persona que se presenta para confundir, manifestó.

En el Registro Civil, en efecto, existen dos personas llamadas José Rodrigo Chaluisa, cuyo segundo apellido es diferente. José Rodrigo Chaluisa Chaluisa y José Rodrigo Chaluisa Tipantuña constan como vivos y ambos se autodefinen como indígenas. El fallecido, según la Defensoría, sería Chaluisa Chaluisa. Dijo que no está registrada su acta de defunción y denunció que hasta el momento algunos de los fallecidos durante el paro no tienen aún un protocolo de autopsia, pese a haber fallecido por causas violentas. El Defensor dijo que visitaron el lugar de donde era oriundo, es decir Pujilí, y eso fue reportado a la CIDH. Pero añadió que la información de la Defensoría no puede ser considerada como definitiva. “Hay denuncias que hay dos personas más que fallecieron (a parte de las 11)”.

Un diálogo roto entre la Defensoría y el Gobierno

Lo más lamentable de ese episodio, dijo el Defensor, es que la ministra María Paula Romo se haya hecho eco del reportaje, “basado en una fuente delincuencial”. E increpó a Romo para que informe a quién responde Bolaños. La semana pasada se hizo evidente aún más la puja Defensoría-Gobierno. Los titulares de cada entidad salieron a los medios de comunicación a defender sus tesis. 

¿Por qué las instituciones del Estado no se pueden poner de acuerdo en la cifra de fallecidos? Carrión, en una segunda rueda de prensa la semana pasada, dijo que el diálogo con el Gobierno ni siquiera ha empezado. Y esto sucede, según Carrión, porque el Ejecutivo no ha reconocido que hubo un uso excesivo de la fuerza. “Si está negado el uso excesivo, ¿cómo entramos a negociación y sobre todo a reparación?”. Apeló a que el Gobierno haga ese reconocimiento.”Hemos perdido en derechos humanos”.

Desde octubre, el Defensor afirmó que las investigaciones sobre las muertes no han avanzado. Después de la insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010 no se ha producido un número tan alto de muertes en una protesta. Consultado sobre las coordinaciones con el Gobierno y la Secretaría de DDHH, el Defensor dijo que las responsabilidades de las indagaciones han sido trasladados a otras instituciones e inclusive a las víctimas.


Carrrión recibió un delegación del FUT en apoyo su gestión durante el paro. 

“Las cifras de la Defensoría están direccionadas a crear un relato de que hubo una excesiva respuesta del Estado casi sin ninguna provocación”, María Paula Romo, ministra de Gobierno.

Romo ha mantenido su tesis de que n hubo el uso excesivo de la fuerza en las protestas de octubre. 

Romo hizo otro análisis. El pasado 29 de enero en Radio Centro de Guayaquil, calificó de “inconsistentes” las declaraciones del Defensor. Y sostuvo: “Las cifras de la Defensoría están direccionadas a crear un relato de que hubo una excesiva respuesta del Estado casi sin ninguna provocación. Por supuesto que hubo un enfrentamiento violento, por supuesto que la Policía tuvo que emplear los mecanismos de la fuerza para controlar un tema de orden público, todo eso es innegable. Todo lo vivimos. Pero las cifras y los hechos no se prestan a interpretaciones tan delicado como si una persona ha fallecido o no”. 

La explicación que dio Romo sobre esta posición de la Defensoría es que esa entidad sigue la línea de la Conaie. “(Quieren) sostener la idea de que la protesta fue pacífica, lo que no es cierto. Que el Estado actuó de manera sistemática, de manera violenta, lo que tampoco es cierto, la Policía hizo un  trabajo de contención que es lo que le correspondía. Y al final del día este relato de una especie de víctimas y verdugos, en lugar de una mirada más compleja de un suceso muy grave, muy delicado, en el que cada uno debe aceptar su responsabilidad”. Dijo que a este Gobierno no le interesa perseguir, pero sí el Estado de derecho. “Si alguien infringe la ley no importa de dónde viene, qué apellido tiene, todos debemos cumplir la ley. Si algún policía actuó por fuera de las normas legales tiene que enfrentar un proceso disciplinario y legal”. 

Las instituciones y sus lentas respuestas

La semana pasada se cumplió el plazo para la entrega de informes de las diferentes entidades estatales a la Asamblea sobre los fallecidos durante el paro de octubre. Al viernes pasado, la Comisión Multipartidista que investigó esos hechos pidió a la Secretaría de la Asamblea que le informe si habría llegado algún informe, pero no había ningún documento, dijo a Plan V el asambleísta Fernando Burbano, presidente de la Comisión. El Pleno de Asamblea aprobó en diciembre pasado que se envíe a las instituciones el informe, donde se pide aclaraciones respecto a las inconsistencias en cuanto a los fallecidos. 

En ese reporte se dice lo siguiente: “Las diferentes organizaciones de la sociedad civil sostienen que se debe observar el contexto en el que ocurrieron estos fallecimientos, según la comparecencia de la ministra de gobierno a esta Comisión, señala que son 6 las personas fallecidas y que son muertes accidentales por caídas o atropellamientos, el informe de la Conaie sostiene que son 9 personas las fallecidas, evidentemente esta Comisión observa contradicciones entre los informes y las comparecencias”.  La Comisión solo entrevistó a los familiares de dos fallecidos, Marco Humberto Otto y Édison Mosquera.

Las cifras de la Ministra de Gobierno coinciden con las de la Fiscalía. En un informe enviado a Plan V por la Fiscalía, se señala que en sus registros constan ocho muertes durante el paro: seis por homicidios, una por lesiones causadas por accidente de tránsito y una muerte culposa. En una ampliación de esa información, se indica que solo cinco de esos seis homicidios están en investigación previa. La lesión y la muerte culposa también siguen en investigación previa a más de tres meses de las manifestaciones. 

la CIDH sostuvo un encuentro con autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La información y los expedientes sobre las muertes no fue puesta a disposición de la CIDH para el libre acceso y escrutinio.

“Me preocupa que no sepamos a ciencia cierta de manera oficial, debidamente documentados y respaldados como determina la ley, cuántos fallecieron, en qué circunstancias fallecieron. Hay instituciones que deben responder. No se conoce la situación de las víctimas y el estado de las investigaciones, hay que buscar justicia y reparar”, agregó Burbano. 

El asambleísta aseguró que la Comisión hará seguimiento a esas investigaciones. Dijo que han aprobado una metodología de trabajo, van a verificar la información de los informes que entreguen las instituciones y que han creado una hoja de ruta para hablar con las víctimas y los familiares de los fallecidos para conocer su situación. En una resolución han establecido la necesidad de revisar los convenios en materia de DDHH y conocer qué ha hecho el Estado respecto a las observaciones de organismos internacionales en relación al paro. La Comisión tiene previsto presentar informes trimestrales a la Asamblea de sus hallazgos.

“De todo estos acontecimientos, si bien es cierto es muy relevante y muy preocupante esta inconsistencia respecto al número de fallecidos, en sí lo que preocupa son las víctimas y los fallecidos sea cual sea el número, lo importante es ver cuáles son las acciones de justicia y esclarecimiento de la verdad y reparación, de lado y lado”, puntualizó Burbano. El Defensor irá a la Asamblea este miércoles. 

En el informe de la Comisión, la Asamblea cita a la Convención Americana de DDHH que indica que “el derecho a la vida es esencial para la realización de los demás derechos. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido”. Pero en Ecuador la cifra de los fallecidos se ha vuelto una disputa política. 

Lo que dijo la CIDH: 

El 14 de enero pasado sobre los fallecidos reportó lo siguiente: 

  • La CIDH recibió información de la Defensoría del Pueblo, entidades de la sociedad civil y testimonios de los familiares de las víctimas sobre once personas que habrían perdido la vida en el contexto de las protestas sociales en el país. De este número, la información al alcance de la Comisión indicaría que, al menos, ocho personas habrían muerto de manera violenta y/o como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales; asimismo, tres personas habrían fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas por presuntas caídas o atropellamientos. El Estado indicó que la Fiscalía General continúa realizando las investigaciones pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades.

  • Por su parte, el Estado ecuatoriano inicialmente indicó a la CIDH que 9 personas habrían perdido la vida en “accidentes relacionados con los disturbios, de los cuales dos casos estarían siendo investigados como muertes violentas”. El 30 de octubre de 2019, durante la visita de trabajo al país, la Comisión sostuvo un encuentro con autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En dicha oportunidad, la información y expedientes individualizados sobre estos casos no fue puesta a disposición de la CIDH para el libre acceso y escrutinio. Posteriormente, el 22 de noviembre, la CIDH solicitó al Estado información sobre las investigaciones avanzadas para esclarecer la muerte de las once víctimas registradas u otras fallecidas en el marco de las manifestaciones sociales. Mediante respuesta del 3 de enero de 2020, el Estado precisó que "los fallecidos perdieron la vida en el contexto de las protestas, más no necesariamente como fruto de excesos de acción policial". Asimismo, el Estado ecuatoriano indicó que dos personas identificadas como fallecidas no aparecían en la base de datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales -SIAF- de la Fiscalía, con acta de defunción expedida oficialmente ni entre los casos de presunta desaparición forzada denunciados ante las autoridades: José Rodrigo Chaluisa y Edwin Bolaños.

  • Sumado a lo anterior, el mismo 3 de enero de 2020, el Estado informó a la CIDH sobre la muerte de la señora Mónica Patricia Castro Sánchez y de su hija Kelly Gisella Flores Sánchez, “quienes fallecieron por un incendio en su domicilio, ocurrido el 9 de octubre de 2019”. De acuerdo con la información proporcionada “el fuego se habría originado en una barrera encendida por manifestantes para bloquear una vía pública, que se extendió a la casa de las víctimas. La señora Mónica Patricia Castro Sánchez murió calcinada al interior de su vivienda y días después, falleció su hija Kelly Gissella Flores Sánchez debido a tromboembolia pulmonar y falla multiorgánica ocasionadas por las múltiples quemaduras de grado II que sufrió en el incendio”.

  • La CIDH condenó enérgicamente la violación al derecho a la vida de las víctimas. “Mismas que habrían ocurrido como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes que no representarían una amenaza inminente a los agentes de seguridad del Estado o en el marco de las protestas. Especialmente, la CIDH advierte que la precipitación de dos personas del puente de San Roque habría ocurrido en un operativo de policial cuyas circunstancias indicarían una actuación represiva y violenta de los agentes del Estado en un contexto que pertimitía la utilización de medidas alternativas de resolución de conflictos”.

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