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20 de Septiembre del 2022
Historias
Lectura: 31 minutos
20 de Septiembre del 2022
Redacción Plan V
Los pecados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
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Asambleístas han presentado dos pedidos de juicio político contra los consejeros del CPCCS. Foto: El Universo

 

La institución creada por la Constitución de Montecristi como una supuesta instancia técnica para la designación de las autoridades de control ha fracasado, según dicen desde el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el régimen propone quitarle esa principal atribución y dejarla solo con las secundarias, algo que cree debe decidirse en referéndum, en el Legislativo se espera un juicio político luego de la vacancia de la Asamblea.

Al igual que la Supercom, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una institución sui géneris, única en el mundo, y una muestra de la creatividad sin límites de ciertos abogados ecuatorianos.

Se trata de un superpoder, capaz de concentrar la designación de las principales autoridades no electas del Estado, un problema que tiene variadas soluciones según los países, pero que en el Ecuador se concretó en una suerte de comité que, siguiendo un formato escolar, largo, complicado y aparatoso, termina designando con una mayoría de cuatro de los siete integrantes a las principales autoridades no electas del Estado. Las normas vigentes le permiten al CPCCS la designación de 77 autoridades, de las que 14 son las cabezas sobre todo de instituciones de control. 

Ni siquiera en Venezuela, considerada por algunos una dictadura desde que el chavismo llegó al poder, hay un comité con tantas atribuciones, la mayoría de las cuales había ostentado en el Ecuador el Poder Legislativo.

El CPCCS, al igual que la Supercom, se convirtió en la versión institucional de algunos de los fetiches ideológicos del correato. Si la prensa ecuatoriana era "mentirosa" por definición, había que instalar una comisaría para que le obligue a decir la "verdad". Si el Congreso era corrupto, un grupo de "ciudadanos" iluminados por las pruebas que los candidatos dan en un pupitre, cual un concurso colegial, debía hacer las designaciones, que sin duda serían más válidas que las que surjan del apoyo político a un candidato.

En el correato se pensó que si el Congreso era corrupto, un grupo de "ciudadanos" iluminados por las pruebas que los candidatos dan en un pupitre, cual un concurso colegial, debía hacer las designaciones, que sin duda serían más válidas que las que surjan del apoyo político a un candidato.

Para realizar estos formatos, el CPCCS tiene la posibilidad de ejecutar concursos públicos de méritos y oposición, concursos públicos de escrutinio con veeduría ciudadanía y procesar designaciones del Ejecutivo también con veedurías ciudadanas. Solo los concursos de méritos tienen 10 etapas y 35 subetapas, mientras que el concurso de escrutinio con veeduría tiene 7 etapas y 11 subetapas. El procesamiento de las nominaciones del Ejecutivo también tiene siete etapas y 10 subetapas. El complicado mecanismo del CPCCS no parece producir, a pesar de las pruebas tomadas para simular un modelo escolar, un resultado libre de corrupción. 

Su control político o por parte de grupos de interés permite, en la práctica, la posibilidad de acomodar a esos interes a tres funciones del Estado: la Función Electoral, por medio de la designación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; la Función Judicial por medio de la designación del Consejo de la Judicatura, y la propia Función de Transparencia, por medio del nombramiento de seis superintendentes, el contralor y el defensor del pueblo. 

En ambos casos, tanto en la Supercom cuanto en el CPCCS se pensó en formatos institucionales que no tenían parangón ni en la región ni en ningún lugar de Occidente. Y en ambos casos, también, se evidenció que el aparataje institucional sustentado en la frivolidad ideológica no era eficiente ni sostenible.

Desmontar al CPCCS

Lea el texto y los justificativos del Gobierno para plantear un cambio en el CPCCS en la consulta popular. Ver PDF

El Gobierno ha puesto a circular algunos temas que pretende llevar a una consulta popular. Y aunque el trámite aún está en su fase más inicial, y la Corte Constitucional deberá revisar los textos que se proponen, uno de sus principales ojetivos es hacer con el CPCCS lo mismo que en su momento se hizo con la Supercom: desmontarlo y quitarle sus atribuciones, para que la mayoría de ellas vuelvan al Poder Legislativo -al que también se le convierte el escenario del escrutinio público y ciudadano- y otras regresen al presidente de la República, en lo que en el Ejectutivo creen es un caso evidente del funcionamiento del sistema republicano de pesos y contrapesos. Si la propuesta del Ejecutivo llegara a votarse, significaría que el Gobierno podría nombrar a encargados de los organismos de control mientras se realiza un proceso de readecuación institucional y la Asamblea Nacional toma las riendas del proceso.

Con un complicado sistema de ternas, binomios y el compromiso de que cada entidad nominadora debe tomarse con seriedad el proceso, el Gobierno propone acabar con los concursos y los postulantes sentados en un pupitre, un aspecto que el correísmo quiso vender como la suprema expresión de meritocracia nacional.

Con un complicado sistema de ternas, binomios y el compromiso de que cada entidad nominadora debe tomarse con seriedad el proceso, el Gobierno propone acabar con los concursos y los postulantes sentados en un pupitre, un aspecto que el correísmo quiso vender como la suprema expresión de meritocracia nacional.

Aquello, aclaran en Carondelet, no significa que no haya meritocracia, pero la jurisprudencia interamericana señala que no es cierto que la única forma de meritocracia sea hacer un concurso público. 

Por otro lado, los cuestionamientos al CPCCS también provienen de algunas de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo. La Asamblea tiene la potestad de destituir a los vocales, por medio de un juicio político, aunque su periodo ya termina en mayo de 2023 y deberían ser reemplazados por otros electos en las elecciones seccionales de febrero de 2023.

En especial desde Pachakutik (PK) se cuestionan las acciones tomadas por varias de las mayorías del Consejo, en temas como la designación de encargados y remoción de otros funcionarios. Se busca que se inicie un juicio político contra los siete vocales, que podría concluir con su remoción. Al momento, el CPCCS tiene una mora evidente con la designación de autoridades, pues los concursos no se realizan y la gran cantidad de pasos que se llevan a acabo en el formato escolar que utiliza están inconclusos. Aunque en teoría, el actual CPCCS podría terminar con sus concursos antes de que termine el periodo, al interior de la entidad se duda de que eso llegue a ser posible. 

Según una reciente estimación del Gobierno, desde 2010 el CPCCS le ha costado al país $142 millones, de los que el 97% se ha ido en sueldos y salarios de los funcionarios y no se ha destinado ni un centavo a la lucha contra la corrupción, otra de las tareas que supuestamente promovía el CPCCS. 

Las móviles mayorías de cuatro

El Consejo de Participación se convirtió en el instrumento clave del llamado anticorreísmo, en su proceso de toma del control de las instituciones luego del fin del correato. Bajo la dirección de Julio César Trujillo, un Consejo Transitorio usó las amplias atribuciones de la entidad para remover a los funcionarios que había dejado el régimen anterior y siguió sin mayor reparo el sistema de concursos, con lo que realizó importantes cambios. Sus medidas fueron blindadas por la Corte Constitucional y tras el periodo de reforma institucional, el Consejo Transitorio se disolvió.

Actualmente, el Consejo está conformado por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y David Rosero.

Su actual conformación responde a la destitución de Christian Cruz, quien ejercía la presidencia del organismo, luego de un juicio por incumplimiento de funciones en la Asamblea Nacional. Cruz era presidente desde agosto de 2019, cuando llegó al cargo por la destitución de José Tuárez, un ex cura católico que llegó al CPCCS por voto popular.

Eso motivó que en octubre de 2020, Sofía Almeida, quien tiene una relación de parentezco con el legislador socialcristiano Luis Almeida, asumiera la presidencia, pues ella era la vicepresidenta del organismo. La salida de Cruz significó la llegada al consejo del abogado guayaquileño Hernán Ulloa, quien había participado en las elecciones de 2019 no había logrado votos para ingresar al pleno, pero quedó como tercer vocal suplente.

La salida de Cristian Cruz  del CPCCS significó la llegada al consejo del abogado guayaquileño Hernán Ulloa, quien había participado en las elecciones de 2019 no había logrado votos para ingresar al pleno, pero quedó como tercer vocal suplente.

Los dos personajes serán clave en los próximos meses, pues las decisiones en el CPCCS se toman con cuatro de los siete votos. 

Para principios de febrero de 2022, estalló un conflicto en el Consejo que evidenció una nueva mayoría conformada por Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, quienes lograron la destitución de Almeida, alegando que había una demora evidente en los concursos para designación de autoridades. En la minoría quedaron David Rosero, Juan Javier Dávalos y la propia Almeida.

La salida de la presidenta estuvo marcada por el conflicto, acciones de protección constitucional presentadas en la justicia de Guayas y no ante los jueces de la capital y la presencia de la Policía en el edificio del Consejo, supuestamente para brindar "seguridad" aunque los consejeros de minoría denunciaron la participación del Gobierno. En particular, se denunciaron supuestas gestiones del consejero de Palacio, Aparicio Caicedo.

Para el 12 de febrero, Ulloa se aseguró la presidencia del Consejo. Había formado parte de un minoría anterior, integrada por Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y él mismo, mientras que las decisiones de Almeida estuvieron respaldadas por Javier Dávalos, David Rosero e Ibeth Estupiñán.

Pero las cosas cambiaron: ahora Ulloa es respaldado por todos menos Dávalos, Rosero y Almeida, y controla la nueva mayoría del CPCCS. Y aunque en su periodo se han aprobado reformas a los reglamentos de los concursos, lo cierto es que el déficit de gestión del Consejo continúa a septiembre de 2022. 


Foto: CPCCS

Las críticas en la Asamblea

Las mayorías "móviles" en el Consejo ha significado que no todos hayan tomado al mismo tiempo decisiones polémicas que han sido tomadas en la Asamblea Nacional. El pasado 8 de septiembre, a pocos días del inicio de la vacancia de la Asamblea  este 15 de septiembre, la Comisión de Fiscalización unificó dos pedidos de juicio político contra los integrantes del Consejo.

Aunque ha habido otros pedidos sobre los mismo temas, los que actualmente se tramitan en el Consejo tiene dos orígenes: el uno fue planteado por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por incumplimiento de funciones y el otro fue ingresado por Ricardo Vanegas y José Chimbo, de PK, en contra de los siete por incumplimiento de funciones. La causal suele ser la más fácil de esgrimir, como se evidenció en la destitución de Cristian Cruz, también acusado de lo mismo y censurado por la Asamblea Nacional en 2019.

El pasado 8 de septiembre, a pocos días del inicio de la vacancia de la Asamblea  este 15 de septiembre, la Comisión de Fiscalización unificó dos pedidos de juicio político contra los integrantes del Consejo.

El proceso se retomará el 26 de agosto, cuando los legisladores vuelvan de sus vacaciones septembrinas. Pero, ¿de qué acusan a los siete vocales?

La acusación de Maita y Pazmiño

Esta es la solicitud de juicio político que presentaron Ángel Maita y Mireya Pazmiño contra el CPCCS. Ver PDF

Como resolvió la Comisión de Fiscalización, los dos pedidos de los legisladores, todos ellos de la oposición, se unificaron. En el caso del pedido presentado por Ángel Maita y Mireya Pazmiño, los legisladores mencionan varios hechos que constituirían incumplimiento de funciones. 

El pasado 3 de febrero de 2022, en un oficio dirigido a la Presidencia de la Asamblea, los dos legisladores expusieron sus acusaciones contra los integrantes del Consejo. Ellos cuestionaron a la mayoría encabezada por Hernán Ulloa e integrada por Rivadeneira, Estupiñán y Bravo.

Los legisladores ponen en evidencia filtraciones de conversaciones entre los consejeros de la mayoría y los postulantes para la designación de superintendente de Ordenamiento Territorial. 

Así, la primera acusación de Maita y Pazmiño reseña que "han procedido a incumplir y arrogarse funciones constitucionales y legales, de promover la transparencia, por cuanto, de las conversaciones mantenidas entre la Consejera Graciela Ibeth Estupiñán Gómez y la Ingeniera Ginella Isabel Jácome Loor, postulante al cargo de máxima autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, se desprende que los Consejeros y Consejeras enjuiciados mantenían niveles de coordinación, enfocados a generar favoritismo con una postulante determinada, a cambio de acciones específicas a su favor, demostrando una notoria y lastimosa ausencia de transparencia en su gestión pública".

Además, habrían cometido  una "extralimitación y arrogación en el marco constitucional de sus funciones por parte de los Consejeros y Consejeras enjuiciados, al proceder a debatir la modificación del reglamento para la Designación y Selección de la Máxima Autoridad de la Contraloría General del Estado, proceso que ya se encuentra en curso, razón por la cual se ha creado un escenario de profunda incertidumbre en la población nacional".

En la fundamentación de sus acusaciones, los dos legisladores transcriben los audios filtrados entre la consejera Estupiñán y la candidata a superintendente de Ordenamiento Territorial, Ginella Jácome, en los que también interviene Fausto Lupera.

En la fundamentación de sus acusaciones, los dos legisladores transcriben los audios filtrados entre la consejera Estupiñán y la candidata a superintendente de Ordenamiento Territorial, Ginella Jácome, en los que también interviene Fausto Lupera. En ellas, ambas mujeres hablan con notoria familiaridad y Jácome aprovecha para promocionar sus candidatura con el "marketing" habitual: se describe como una persona "técnica" y "académica" que está en capacidad de llegar al cargo. De su lado, Estupiñán le cuenta sobre el ambiente al interior del Consejo, y se burla de Sofía Almeida, de quien dice, por estar "embarazada" estaría "hormonalmente cucú". El indelicado diálogo entre las dos mujeres pondrían, para los interpelantes, en evidencia la poca seriedad con la que se manejan las cosas en el CPCCS.

"El solo hecho de mantener los diálogos previamente transcritos, efectuados por la consejera Graciela Ibeth Estupiñán Gómez, quien indicó actuar en coordinación con los consejeros: Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, y Francisco Lorenzo Bravo Macías, se estaría adecuando un claro incumplimeinto de funciones constitucionales y legales, vinculadas con la obligación de dichos servidores públicos de actuar con transparencia; por ende, no cabe ningún argumento tendiente a justificar esta bochornosa actuación bajo alegatos, de que, la postulante Ginella Jácome no fue posesionada como Superintendente de Ordenamiento Territorial", sostienen los legisladores.

La otra parte de las acusaciones de Maita y Pazmiño tiene relación con la reforma que la nueva mayoría de Ulloa le hizo al reglamento para la designación de contralor en enero de este año. Según los legisladores, "es evidente que el Consejero Hernán Stalin Ulloa Ordóñez al presentar una moción durante la sesión ordinaria Nro. 003, del año 2022, del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, orientada a reformar el Reglamento de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, se arroga atribuciones prohíbidas por la Constitución, la Ley y el Ordenamiento Jurídico Internacional, consecuentemente, siendo responsables de tal incumplimeinto los Consejeros y Consejeras: María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Graciela Ibeth Estupiñán Gómez y Francisco Lorenzo Bravo Macías, que también son sujetos pasivos del presente juicio político, por cuanto votaron a favor de dicha moción, que desde su concepción es ilegal".

Para los interpelantes, "es evidente que el Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, que se encuentra vigente para seleccionar y designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, no posee vicios de ninguna índole, siendo así, intenciones netamente políticas las que conducen a los Consejeros y Consejeras, ahora enjuiciados, a buscar su reforma".

Los cargos contra los siete

El asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik, también solicitó un juicio político contra los consejeros del CPCCS. Ver PDF

Además de este pedido de los legisladores Maita y Pazmiño, se ha unificado la acusación con otros cargos por incumplimiento de funciones. 

El pasado 13 de febrero, el legislador Ricardo Vanegas, de PK, presentó otro pedido que ahora forma parte de la acusación que se tramitará en la Comisión de Fiscalización en las próximas semanas.  El pedido de Vanegas es apoyado por el legislador de PK Segundo Chimbo quien representa a Bolívar.

A diferencia del pedido anterior, este abarca a los siete integrantes del Consejo, por decisiones que tomó el pleno en su conjunto. Incluye también a Pablo Iglesias, quien fue la persona designada como superintente de Ordenamiento Territorial, a pesar de las gestiones que se hacían con la consejera Estupiñán, según los audios filtrados.

En un primer caso, la acusación de Vanegas y Chimbo se enfoca en la destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, realizada el 23 de abril de 2021 con los votos de Almeida, Dávalos, Estupiñán y Rivadeneira.  Aunque la decisión se fundamentó en un documento del ministerio de Trabajo enviado por la administración de Moreno, en donde se reseñaba una supuesta incapacidad para ocupar cargos opublicos, la acusación de los dos legisladores precisa que al tomar esa decisión loos consejeros violaron expresamente sus competencias legales.

Vanegas y Chimbo, de PK, realizan tres cuestionamientos contra la totalidad de los vocales, por incumplimiento de funciones en la toma de varias decisiones en el pleno. 

La segunda acusación de Vanegas y Chimbo es contra los siete vocales y contra el actual superintendente de Ordenamiento Territorial.

En octubre de 2019, el ex presidente Lenin Moreno remitió al CPCCS una terna para nombrar al superintendente de Ordenamiento Territorial. La terna estuvo integrada por Ginella Jácome, Pablo Iglesias e Ingrid Santillán. Iglesias fue designado, pero no se advirtió en su momento que era socio de una empresa con el propio Cristian Cruz, entonces presidente del CPCCS, lo que configuraría un conflicto de intereses.

Los interpelantes señalan un tercer caso, que también sería un conflicto de intereses en otra decisión del Consejo. Al designar al defensor del pueblo encargado, los consejeros Rosero, Almeida, Dávalos y Estupiñán habrían incurrido en esa falta. El 18 de septiembre de 2021, se encargó la Defensoría del Pueblo a César Córdova, lo que para los legisladores fue inadecuado porque Córdova no tiene experiencia en derechos humanos y justificaron su designación alegando que lo conocían pues ya había sido secretario del propio CPCCS.

Las acusaciones formuladas deberán ser analizadas en la Comisión de Fiscalización, que luego realizará un informe para el pleno de la Asamblea Nacional. La eventual remoción de los consejeros podría significar que sean reemplazados por suplentes obtenidos de las elecciones de 2019.

El diagnóstico del Gobierno

En su documento justificativo de la propuesta de consulta popular, que ha enviado a la Corte Constitucional, el Gobierno hace su propio diagnóstico sobre la situación del CPCCS y la forma en la que ha operado desde su creación en 2008.

Para solucionar la problemática, el Gobierno ha planteado la posibilidad de una enmienda constitucional. En su análisis de la problemática, el Gobierno plantea que la concentración de poder en el CPCCS es claramente antidemocrática y que no cumplió con las aspiraciones de los constituyentes de Montecristi, pues siempre fue una institución marcada por viavenes políticos. 

La censura y destitución de Tuárez y otros vocales y luego de la de Cruz, junto con el proceso de juicio político actual, lleva al Gobierno a sostener que " queda claro que ningún proceso de selección podrá garantizar la apoliticidad del órgano, debido a que el problema de fondo del CPCCS no radica en la forma de designación de sus miembros, sino en las facultades que concentra. En definitiva, mientras el CPCCS retenga facultades de designación, será vulnerable a cooptación". Y la solución que propone el régimen es devolverle la mayoría de esas facultades a la Función Legislativa, al tiempo que cuestiona el lento y complejo sistema de concursos que se aplica en el CPCCS: "Lo que el legislador ha creado es una ilusión de desconcentración de poder a través de una serie de órganos burocráticos, que no son realmente independientes uno del otro y que llevan a lo mismo: la concentración de poder en el CPCCS, con un gasto burocrático excesivo".

Para el Gobierno, "el problema de fondo del CPCCS no radica en la forma de designación de sus miembros, sino en las facultades que concentra. En definitiva, mientras el CPCCS retenga facultades de designación, será vulnerable a cooptación".

Al respecto, el Gobierno precisó ante la Corte Constitucional que "A pesar de todos los procesos burocráticos que se ejecutan y las entidades que se crean, como: Equipos Técnicos, Comisiones Técnicas de Selección, Comisiones Ciudadanas de Selección, Equipos Catedráticos, Equipos de Seguridad Informática; en todos los casos, las apelaciones de impugnaciones ciudadanas, reconsideraciones, recalificaciones son resueltas por el Pleno del CPCCS. Como se ha dicho, se ha creado la ilusión de desconcentración, para eventualmente concentrar todo el poder de decisión en el Pleno. La complejidad del proceso busca ocultar que, en todas las instancias el poder de decisión depende de los cuatro consejeros de turno que conformen la mayoría de este órgano". 

Como ejemplo de ello, el Gobierno explica cómo el Equipo Técnico es conformado por cualquier funcionario del CPCCS y estos equipos son los que evalúan a las Comisiones Ciudadanas de Selección, lo que le permite al pleno un amplio margen de maniobra sobre quiénes las integran. 

Por otro lado, el Gobierno señala el abuso de las facultades normativas por parte de los integrantes del CPCCS que significó "en este proceso se develó una auténtica red de tráfico de influencias que buscó ubicar como primeras autoridades de los órganos de control a ciudadanos afines a un plan político, en vez de ciudadanos capacitados.Como consecuencia de la manipulación de procesos, el país ha debido ser testigo de vergonzosos casos de corrupción ejecutados por sus autoridades. Así, postulantes que obtuvieron puntajes de 100/100  actualmente se encuentran sentenciados por delitos contra la Administración Pública; o, investigados y procesados, incluso en otros países".

Según el diagnóstico del Gobierno, "si un Presidente de la República llegase a tener mayoría en la Legislatura y, adicionalmente, contase con cuatro votos del CPCCS, virtualmente anularía el Estado de Derecho".

Pero el pecado capital de los integrantes del CPCCS es la designación de autoridades, lo que se convirtió en su función principal. Tomando en cuenta los tiempos que se ha tomado las designaciones, el equipo del Gobierno hizo un promedio de cuánto han demorado los concursos: "al CPCCS le toma 7.4 meses ejecutar un concurso público de méritos y oposición1128; siendo que el tiempo que más le ha tomado ha sido de 10.5 meses y el que menos le ha tomado ha sido de 4.3 meses.En el caso del proceso público para seleccionar a los vocales del Consejo de la Judicatura, el promedio es de 3.9 meses. Verificándose que la vez que más se ha demorado ha sido 4.6 meses, y menos ha sido 3.2 meses, En el caso de los procesos por ternas el promedio es de 2.6 años, pues la vez que más se ha demorado ha sido 5.2 años y menos ha sido 57 días".

Tras el diagnóstico sobre las demoras, el Gobierno plantea volver todo el proceso a la Asamblea, destacando el criterio de que en otros sistemas democráticos este tipo de designaciones son realizadas por autoridades electas, como los presidentes y los congresos, por su legitimidad democrática.

   PUNTO DE VISTA.  

David Rosero, consejero del CPCCS: "en el juicio político se revelará como el Gobierno ha intervenido en la designación de autoridades"

David Rosero ha actuado como consejero de la minoría en el CPCCS. Foto: El Universo

El CPCCS es una institución que siempre está en la coyuntura política por las designaciones que realiza. En los últimos tiempos hay problemas de institucionalidad porque el Gobierno ha controlado la dirección del Consejo y hay una alineación con Carondelet. En la propuesta del Gobierno se pretende que el presidente ponga las autoridades y esto lo va a formalizar la Asamblea y no se va a permitir que los ecuatorianos se postulen en concursos de méritos. Hay un sueño de concentración de poder. Sobre el juicio político se planteó primero contra los consejeros alineados con el Gobierno, pero luego se cambió de opinión. Cuando corresponda iremos a la Asamblea a defender las decisiones tomadas aunque se han denunciado varias irregularidades como los famosos audios en donde están involucrados los otros consejeros. Cada uno de los consejeros deberá explicar su proceder, pero en el juicio político se revelará como el Gobierno ha intervenido en la designación de autoridades. 

Sobre la consulta propuesta del Gobierno, presentaré en la Corte Constitucional cómo se limita la participación ciudadana al impedir que los ecuatorianos se postulen a concursos de méritos para imponer funcionarios a dedo desde Carondelet.

En el anexo de la pregunta 6 que ha planteado el Gobierno solo se busca la concentración del poder en manos del Gobierno. En el caso del contralor el presidente va a poner una terna, también la Contraloría y otras entidades. La terna irá a la Asamblea pero si no se pronuncia, el presidente es quien decide la designación. Además, en la transitoria tercera dice que sino se hacen las reformas será el presidente en que encargue directamente a las autoridades. Están haciendo lo mismo que los de antes.

Cuando se produjo el golpe contra el CPCCS en febrero, los concursos han empezado a caminar según la agenda del Gobierno y del consejero presidencial Aparicio Caicedo. Estaban hasta el 40% de avance en los procesos, pero desde que Hernán Ulloa asumió no se avanza porque para el Gobierno es mejor controlar a los que están prorrogados más que exponerse a hacer concursos de méritos y oposición.

En estricto sentido el actual CPCCS sí alcanzaría a hacer todas las designaciones hasta que nuestro periodo termine, pero van siete meses desde que asumió Ulloa y no hay ningún avance y no es casualidad. Creo que quien está en la dirección del CPCCS  no va a cumplir con las designaciones y eso también es un incumplimiento de funciones. 

Si la consulta se da, será un plebiscito para juzgar la acción del Gobierno y sus incumplimientos en lo social y económico. 

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