La justicia ecuatoriana despierta más dudas que aplausos. No solo de los usuarios, entrampados en papeleos interminables y en gastos constantes. También de los propios operadores de justicia que, con regularidad, denuncian cómo ciertos fallos parecen parte más de una conspiración de telenovela que de procesos judiciales que merezcan el nombre. 

Hace pocas semanas, el abogado del programador sueco Ola Bini, quien ha sido llamado a juicio por una supuesta irrupción no autorizada en un sistema informático, presentó una denuncia por fraude procesal ante la Fiscalía.

Ese es un delito que tiene dos elementos: por un lado, las acciones realizadas para engañar a la justicia, como podrían ser pruebas falsas, testimonios o documentos amañados. Por otro, las acciones de encubrimiento, es decir, las que se realizan para ocultar un delito o a quienes lo hayan cometido.

En el equipo jurídico de Ola Bini sospechan de lo primero: algunas de las pruebas contra el sueco, que ahora serán ventiladas en un juicio, podrían haber sido preparadas a la carta por policías, fiscales o funcionarios a órdenes del gobierno de Lenin Moreno.

Específicamente, una supuesta "llamada anónima" a una línea de denuncias de la Policía, en donde una persona que no se identificó habría denunciado una tenebrosa conspiración de unos hackers rusos, ayudados por un suizo, que, según se dijo desde el gobierno de Moreno, fue el inicio de las pesquisas en contra del programador sueco.

Según ha dicho la defensa de Bini, la Policía no conserva la grabación de la supuesta llamada ni indicio alguno del denunciante, mientras que tampoco pudo dar nunca con los dos agentes rusos y con el suizo. Al final, solamente Bini, quien es sueco, ha sido llamado a juicio. 

El programador sueco Ola Bini ha sido llamado a juicio. Su defensa denuncia pruebas amañadas. Foto: EFE

Pero no se trata de la primera —y muy problemente no será la última— vez que la justicia ecuatoriana es acusada de cometer sus pecados habituales: sentencias que el juez solo firma a pedido del que va a ganar, peritajes claramente mentirosos, informes falsos, documentos trucados, redes de sobornos en donde aparecen fiscales, policías y jueces de varias instancias (los "errores" judiciales casi nunca son gratis) pecados que no resisten el menor análisis serio, como ocurre cuando en las instancias internacionales representadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se revisan nuevamente las causas.

La Corte, con sede en San José, la capital de Costa Rica, se ha convertido en un tribunal de última instancia en toda la región, a la que llegan casos de todos los tipos y en donde se ha evidenciado las violaciones cometidas por el aparato judicial ecuatoriano. Como en la mayoría de este tipo de condenas internacionales, los funcionarios se escudan en su carácter de simples operarios del Estado y no son resposabilizados por sus acciones ni judicial ni económicamente, lo que fomenta la espiral de impunidad. 

El caso El Universo

Uno de estos litigios, con manifiestas ilegalidades, es el denominado “Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador”. En este caso, se aduce una presunta violación de derechos humanos acaecida al columnista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga “con motivo de la publicación de un artículo de opinión sobre un asunto de alto interés público respecto a los sucesos de crisis política ocurridos en septiembre de 2010 en el Ecuador y a la actuación del expresidente Rafael Correa y de otras autoridades en el marco de dicha crisis”, dicta la información del caso publicada por la Corte Interameericana  en su página oficial. La sentencia emitida por los órganos judiciales imponía una pena privativa de libertad de tres años, así como una sanción civil de 30 millones de dólares por el delito de “injurias calumniosas graves en contra de la autoridad”, y una condena civil de 10 millones adicionales en perjuicio de la persona jurídica.

En virtud de esto, la defensa de Palacios alega que la vaguedad de los artículos del Código Penal aplicados a la sentencia, así como el incumplimiento de estricta legalidad en la implantación de mecanismos coercitivos que limitaban la libertad de expresión del periodista y los directivos del diario, patentizan los abusos del fallo emitido. Aunado a esto, “el efecto amedrentador e inhibidor ("chilling effect")”, de la sanción decretada en compensación por el delito de injurias calumniosas en contra de la autoridad por un total de 40 millones de dólares.

El caso del ex columnista de El Universo, Emilio Palacio, se resolvió en la CIDH.

La defensa de El Universo argumentó en su momento que habían indicios de que la sentencia le llegó al juez de la causa redactada por el Gobierno y que él solo se limitó a firmarla. El documento habría llegado al juzgado en un pendrive, en lo que se conoció como el caso Chucky Seven. A pesar de esos alegatos, la sentencia fue ratificada tanto por la Corte Provincial del Guayas cuanto por la Corte Nacional, que suscribieron sin ninguna observación lo dispuesto por el juez de primera instancia. El caso terminó cuando el propio Rafael Correa desistió de cobrar el dinero. 

Todas las instancias de la justicia ecuatoriana, tanto locales cuanto nacionales, le dieron la razón a Rafael Correa en su reclamo contra El Universo. 

Todo esto ha determinado que la Corte Interamericana califique a las penas en contra del columnista y los directivos del diario como “sanciones innecesarias y manifiestamente desproporcionadas”, debido a que el Estado ecuatoriano pudo plegarse a instancias legales que no conculcaran los derechos cívicos y penales de los acusados.

Asimismo, la condena comprometía a los directivos como autores en connivencia con el columnista, por lo que esto trastocó el funcionamiento de los medios de comunicación al colocar a sus propietarios en una posición de dictaminadores de lo que se publica y lo que no. Aún cuando los propietarios del medio asumen la responsabilidad en la publicación de cierto contenido en su página editorial, esto no debería significar la imposición de condenas penales. De lo anterior se alega la violación de los derechos de libertad de expresión y se declara al proceso penal como “marcado de irregularidades procesales”, las que se evidenciaron por la falta de garantías por parte del Estado al no conferirles a los acusados el derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial e independiente.

El fraude de Chevron

El caso de fraude procesal en la sentencia contra Chevron en Ecuador es el paradigma de las irregularidades cometidos por jueces ecuatorianos en lo que va del siglo.

En 2003, el abogado estadounidense Steven Donziger, quien patrocinaba internacionalmente una denuncia de pobladores amazónicos, encabezados por Pablo Fajardo, acusó a Chevron de ser la causante de la contaminación ambiental en el oriente del Ecuador. En 2011, el entonces juez de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, dictó sentencia en contra de Chevron. Su veredicto estipulaba una compensación económica de 9.500 millones de dólares por los daños causados en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por la petrolera estadounidense. Desde el primer día, Chevron desplegó sus acciones en evitar que se ejecute el fallo y proteger sus propiedades en el mundo, recurriendo a las justicias de países como Canadá y Estados Unidos para obtener el desconocimiento del fallo. 

Por ello, en 2013 el gobierno de Rafael Correa promovió una intensa y costosa campaña de “reivindicación” ambiental en defensa de las comunidades amazónicas afectadas por la contaminación del crudo.

El Gobierno de Correa  trajó figuras de Hollywood, con todo pagado y honorarios, para su campaña internacional contra Chevron. Foto: AFP

Se trató de “la mano sucia de Chevron” que le costó al Estado alrededor de 10 millones de dólares entre gastos de publicidad, conferencias en varios países y hasta la visita -con todo pagado más honorarios- de personalidades de Hollywood como parte del discurso ambientalista auspiciado por el correísmo. Asimismo, a través de la denominada “Operación Goliat” se destinó un total de 5.8 millones de dólares de la Secretaria de Inteligencia (SENAIN) para conseguir mayor financiamiento de la campaña en pos del fraudulento fallo.

Ya en 2014, Chevron llevó a juicio a Donziger y sus socios a una corte estadounidense en la que se determinó los entresijos de la sentencia suscrita por Zambrano. Así, se demostró que Donziger sobornó al juez Zambrano con 500 mil dólares, además de redactar con su puño y letra la sentencia para que el exjuez solo la suscribiera. Todo esto fue confirmado en la corte estadounidense cuando Zambrano no fue capaz de responder a cuestionamientos básicos acerca de la sentencia que presuntamente había dictado. Ese mismo año, la corte comunicó que Donziger infringió leyes federales, cometió fraude y lavó dinero, además de manipular testigos y haber comprado el apoyo de jueces para el fallo en contra de la petrolera, en lo que podría ser considerado un fraude procesal a gran escala. Actualmente, Donziger está suspendido para ejercer la abogacía por haber obstado los procesos legales, por coacción judicial y por el soborno al juez ecuatoriano.

En el país se abrió una causa en contra del ex juez Zambrano, que fue cerrada durante la gestión de Galo Chiriboga en la Fiscalia General, pero que ha sido reabierta recientemente por el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo y la fiscal Diana Salazar.

El caso de Paola Guzmán

Pero no todos los juicios que presentan irregularidades tienen este impacto mediático, aunque las dudosas operaciones de los jueces y fiscales siguen siendo la constante. Un ejemplo de esto es el caso denominado “Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador”. El origen del proceso toma lugar entre 2001 y 2002, cuando Paola Guzmán, que tenía entonces 14 años, tenía ciertas dificultades en lo académico, por lo que el vicerrector de la institución educativa a la que asistía Paola le ofreció su ayuda a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Esta situación se extendió por un año entero a vista y paciencia del personal que trabajaba en la institución, afirma la sentencia emitida por la Corte Interamericana.

Evidentemente afligida por los efectos del abuso sexual, Paola ingirió pastillas que contenía fósforo blanco el 12 de diciembre de 2002 y se dirigió al colegio, en donde en lugar de prestarle atención médica, la enviaron a rezar.

Su madre se trasladó inmediatamente al colegio y la llevó hacia el hospital, sin embargo, Paola falleció al día siguiente a causa de la intoxicación.

Al vicerrector del colegio se le imputó por acoso sexual, violación e instigación al suicidio, pero en 2008 el caso prescribió, sin que la justicia hiciera nada al respecto. “La Corte concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal) y 11 (derecho a la protección de la honra y de la dignidad)” señala el resumen oficial emitido por la Corte Interamericana. Sumado a esto, la Corte declaró culpable al Estado ecuatoriano de no haber intervenido por actos de violencia contra la mujer, así como la violación al derecho a garantías judiciales de la madre y hermana de Paola.

El fallo de la Corte exhortó al Ecuador a tomar medidas en contra de la violencia sexual en el espacio educativo y brindar una compensación a la familia de Paola.