Judicialización de la política en una polémica que, para la Comisión Anticorrupción, evidencia "reducida moral". En la trama de la pugna por el control del Ministerio Público, hay nuevos personajes y nuevas confesiones, por decir lo menos, truculentas. En el antiguo edificio de la Embajada de Estados Unidos, hoy sede de la Fiscalía General, los llamados a declarar desfilan ante las cámaras cruzando un parque decorado con fuentes, murales y esculturas de gusto casi tan dudoso como toda la pugna. 

La fiscal general subrogante, y provincial del Pichincha, Thania Moreno, fue suspendida temporalmente mientras se tramitan dos quejas en su contra en el Consejo Nacional de la Judicatura. La fiscal suspendida convocó a una rueda de prensa la tarde del lunes  19 de marzo para denunciar que uno de los involucrados en el caso Pases, un ex teniente de Policía llamado Ernesto Montenegro, le había denunciado a ella que le ofrecieron USD 50 mil y el patrocinio de un estudio jurídico para que firme una declaración en su contra, diciendo que la fiscal le había obligado a mentir. 

Pero las acusaciones y contraacusaciones de este tipo están a la orden del día en la melodramática trama de la pugna judicial. La semana pasada, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que preside el ex funcionario del correato, Gustavo Jalkh, recibió dos denuncias en contra de la fiscal Moreno. La una, de la asambleísta por Guayas (PSC) Cristina Reyes, sostiene que la fiscal Moreno "supuestamente ha cometido la infracción disciplinaria de manifiesta negligencia, al no actuar con la debida diligencia, imparcialidad y objetividad, además de mantener “conexiones políticas” con el expresidente de la Asamblea Nacional José Serrano".

El CNJ tiene la potestad de abrir sumarios administrativos contra jueces y fiscales, que pueden concluir con su separación del cargo. En la tarde del 19 de marzo informó que como "medida cautelar" se le suspendía de su cargo. 

La denuncia de la asambleísta se suma a la que presentó el ministro del Interior, César Navas, en contra de la fiscal provincial. En ella, el titular del Interior Navas y el Alto Mando de la Policía pidieron otra sanción administrativa contra Moreno, acusándola de “dolo”, pues la fiscal había enviado una comunicación al Comandante de la Policía para pedirle la restitución de los agentes de inteligencia policial que investigaban para ella en la Fiscalía de Pichincha. Aunque supuestamente el traslado de los policías fue revertido, lo cierto es que al final el equipo policial de la fiscal fue retirado. Se supo también que dos abogados en libre ejercicio también presentaron quejas contra la fiscal, que acumula cuatro en el CNJ. 

En su rueda de prensa del lunes 19, la fiscal Moreno sostuvo que las denuncias en su contra deben ser investigadas, y, al mismo tiempo aprovechó para contraatacar, y dijo que el involucrado en el caso Pases sufrió presiones para que diga que ella le había obligado a mentir. La fiscal desmintió que, tal como decía un rumor en redes sociales, el CNJ le hubiera pedido la renuncia, pero declaró que las denuncias en su contra son una forma de intimidación. En una ocasión anterior, la fiscal había llegado a decir, inclusive, que era víctima de "violencia de género" solo por "ser mujer". 

Moreno ratificó su competencia para investigar las denuncias contra el fiscal general, en su calidad de fiscal subrogante nombrada por el propio CNJ. Sin embargo, menos de dos horas después se desdijo, y tras conocer la decisión del CNJ en su contra, admitió que un funcionario de la Judicatura, Tomás Alvear,  sí le había pedido que renuncie antes de ser sancionada. De ahí que la fiscal suspendida anunció dos nuevos recursos legales más: una denuncia penal por intimidación contra Alvear y una acción de protección contra la medida del CNJ. Sin embargo, para la mañana del 20 de marzo ya dejó sus funciones. Fue reemplazada en la Fiscalía de Pichincha por Fabián Salazar. 

El policía del medio millón de dólares  

Pero, ¿quién es el nuevo personaje de la trama? En el caso de los Pases, la versión del teniente Ernesto Montenegro, establece que todo el dinero recolectado en la compra-venta de pases policiales se entregaba al general Tamayo y al teniente Cifuentes. El dinero había sido depositado en la cuenta de la esposa de Montenegro, que administraba el oficial, luego lo retiraba y entregaba a Cifuentes, quien contabilizaba los pases para disponer de su ejecución a través del comandante general. La fiscal Moreno se abstuvo de sindicar a la titular de esta cuenta, en la cual se manejaron unos 500 mil dólares, por concepto de pases de servidores policiales. Este dinero, fue una especie de "puente", dice la defensa de los oficiales, los cuales fueron retirados y entregados a los supuestos líderes de la organización. Para la defensa, "nunca se probó que el dinero producto de los cobros de pases efectuados por el teniente Montenegro o el capitán Carrera hayan tenido como destino final el general Fausto Tamayo o el mismo teniente Cifuentes".

Montenegro fue el único autor confeso que, según fuentes de la defensa, "aceptó reclutar, manejar, recaudar, procesar dinero en sus cuentas y las de su compañera sentimental, con la única consideración no documentada de que el dinero fue retirado y entregado en efectivo a los supuestos destinatarios". La titular de esas cuentas donde se manejó el dinero fue absuelta por la Fiscalía, representada por Moreno. Los valores y condiciones de las supuestas entregas de dinero realizadas por Ernesto Montenegro, "no se compadecen con la verdad en ninguno de los casos y tienen profundas contradicciones en circunstancias, cantidades, lugares, personas que lo presenciaron, y lo más importante, el destino del dinero, pues el incremento patrimonial solamente se evidenció en sus propias cuentas", dicen abogados de la defensa.

Este es el ex oficial de Policía a quien hizo referencia la fiscal Moreno, que llegó a manejar en sus cuentas y las de su conviviente no menos de USD 500 mil según admitió en el proceso. 

Lea: Las contradicciones del caso Pases 

El valiente policía al que todos presionan

Otro policía involucrado en el caso de la pugna de los fiscales se llama Danny Ibarra. Identificado como "el Policía Valiente" por el asambleísta José Serrano, Ibarra firmó una declaración juramentada, que fue leída por Serrano en su comparecencia en la Asamblea Nacional, en la que denunciaba que fue obligado a elaborar un parte forjado, e inclusive, un documento de "teoría de caso" para incriminar al asambleísta José Serrano y la fiscal Thania Moreno. 

Pero el fiscal Fabián Salazar, quien investiga el origen de la grabación del diálogo Serrano-Pólit, allanó la semana pasada la Notaría Séptima de Quito, en donde el policia Ibarra había firmado su declaración juramentada. El fiscal Salazar busca, según trascendió, indicios de que las presiones al "Policía Valiente" fueron más bien al revés: habría sido el ex viceministro del Interior y asesor de Serrano, Diego Fuentes, que habría presionado al agente para que vaya a hacer su declaración juramentada. Inclusive, el fiscal Salazar investiga si al momento de hacer el documento notarizado, se apagaron las cámaras de seguridad de la Notaría para que no quedara constancia de quiénes estaban ahí. 

La indagación de Salazar fue respondida por el abogado Fuentes con otra denuncia penal contra el fiscal general, que se convirtió en la cuarta indagatoria que Moreno abre contra el fiscal Baca Mancheno. Fuentes acusó al fiscal general, a las pocas horas del allanamiento, de "los presuntos delitos de intimidación, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida y tráfico de influencias". Así, el llamado "Policía Valiente", un agente de bajo rango de la Policía Judicial, habría sido presionado al mismo tiempo por ambos bandos en pugna para que suscriba documentos. 

La fiscal subrogante, entre tanto, ha abierto ya cuatro expedientes contra Baca Mancheno. El primero es por el presunto delito de peculado relacionado al paso de Baca por la Comisión 30S, un segundo por el posible delito de fraude procesal relacionado también a la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, el tercero por el incumplimiento de una orden legítima.

La presencia de policías y ex policías en la polémica habría provocado, inclusive, tensiones entre el ministro del Interior, César Navas, y el Alto Mando Policial. Una fuente confiable confirmó a PLANV que hubo una fuerte discusión entre Navas y el comandante general de Policía por esta pugna. 

El Chiquito vuelve a escena

Adrián Bustos, quien sería el operador político identificado como "El Chiquito" en la grabación entre Pólit y Serrano, también concurrió a declarar ante la Fiscalía la semana anterior. Bustos, un abogado que se desempeñaba como secretario general de la Contraloría y hombre de confianza de Pólit, fue identificado por José Serrano como la persona que le entregó el presunto informe del 30S. También tuvo un altercado con el contralor Pablo Celi, en cuya oficina irrumpió a los pocos días de la huída de Pólit, con la intensión de hacerle firmar la renuncia. Sin embargo, con apoyo de la Policía, Celi se mantuvo en el cargo y fue Bustos quien debió renunciar a la Contraloría. Una fuente del entorno de Pólit confirmó a PLANV que, en efecto, quien entregaba documentos en Quito por cuenta de Pólit era precisamente, Bustos. 

El pronunciamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción

Por su parte, la Comisión Anticorrupción en un comunicado, dijo que la pugna entre fiscales evidencia su "reducida moral" y pidió la renuncia del fiscal general, de la fiscal subrogante, de los directivos del Consejo de la Judicatura, y del ex presidente de la Asamblea Nacional, así como de todos sus asesores. La Comisión calificó como "sombrío espectáculo" al aluvión de denuncias y contradenuncias, que en criterio de los comisionados "han estremecido los cimientos de la decencia ciudadana". 

    BALANCE   

De esta manera, el "marcador" de la pugna entre los fiscales, hasta el 19 de marzo, es el siguiente:

Thania Moreno: cuatro quejas en el Consejo Nacional de la Judicatura que podrían sacarla del cargo. Fue suspendida de sus funciones y en una de las quejas se la menciona como parte de los operadores políticos de José Serrano. 

Carlos Baca: cuatro indagatorias penales abiertas por Thania Moreno, la mayoría por su participación por el 30S y promovidas por Serrano y su entorno. 

José Serrano: se investiga su participación en el diálogo con Carlos Pólit, mientras fue destituido de la presidencia de la Asamblea Nacional. También fue llamado a declarar en el caso del secuestro en Colombia del opositor Fernando Balda, realizado mientras era ministro del Interior.  Sin embargo, sigue gozando de inmunidad parlamentaria. 

Carlos Pólit: prófugo en Miami, es procesado por concusión, lavado de activos y cohecho, pues habría recibido más de diez millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht. Sin embargo, es ciudadano americano y sus posibilidades de ser extraditado al Ecuador si es condenado son nulas. 

Diego Fuentes: ex viceministro del Interior, habría participado en la preparación de una declaración juramentada que incrimina a Baca, pero para obtenerla, supuestamente presionó al policía Danny Ibarra. 

Danny Ibarra: agente policial de bajo rango, habría sido presionado por Baca para que elabore un parte trucado y por Serrano para que denuncie el hecho y habría cedido a todas las presiones. 

Adrián Bustos: ex secretario de la Contraloría, habría sido el operador de Pólit en Quito y habría entregado el informe del 30S a José Serrano. Fue llamado a declarar por el fiscal Salazar

Fabián Salazar: fiscal, está investigando de dónde salió el audio de Serrano Pólit y a qué se refiere. Allanó una Notaría  en Quito y llamó a declarar a Bustos y a Ibarra. Ante la suspensión de Thania Moreno, asumió la Fiscalía de la Provincia de Pichincha.