Dos ideas equivocadas

Para entender la situación actual de la seguridad en Colombia, me parece necesario comenzar por un error en el diagnóstico y un error en el enfoque de la estrategia del gobierno nacional:

1. En cuanto al diagnóstico, no es verdad —como piensa el gobierno— que la violencia actual sea apenas un residuo o una prolongación del conflicto con las FARC, que por lo tanto se pueda resolver mediante las negociaciones.

Cierto que después de un acuerdo de paz,  en muchos países quedan bandas residuales que practican la violencia, pero en Colombia los “grupos armados organizados residuales” (GAOR) —como las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo— no son apenas “residuales”. Además de lo cual — y a diferencia de las FARC— el ELN es una organización dispersa o federalizada con la cuál es difícil negociar.

2. En cuanto a la estrategia, me refiero a la precariedad conceptual de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la vida y la paz”.

El gobierno no ha definido con claridad la figura de la “seguridad humana”, y por lo tanto fue difícil concretar sus elementos en el Plan Nacional de Desarrollo. No sabemos exactamente cuáles sean sus objetivos, componentes, medidas concretas e indicadores de avance en el logro de esas metas.

Qué está pasando con las fuerzas armadas

Además del diagnóstico y el enfoque dudosos, la política de seguridad del gobierno nacional no ha funcionado por su incapacidad para coordinar los esfuerzos, empezando por el Ministerio de Defensa y su relación con las fuerzas de seguridad.

Esto se debe a una serie de factores y se refleja de varias maneras:

• Ministro y viceministros desconocían el funcionamiento de las oficinas del Ministerio y han tratado de innovar con muy poco realismo.
• Los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron depurados con la intención aparente de evitar resistencias o eliminar focos de perturbación, lo cual—al mismo tiempo— ponía en riesgo la gobernabilidad para el Ejecutivo y la realización de su proyecto de “Paz Total”.
• La fata de confianza del alto gobierno en los mandos medios de las Fuerzas —mayores y tenientes coroneles— encargados de la gestión directa del recurso humano.
• La dispersión de los esfuerzos, sumada a la incapacidad de los oficiales de insignia —brigadieres generales— para tomar decisiones concordantes con la intención del presidente y su ministro.
• La doctrina y la práctica de operaciones conjuntas entre las fuerzas militares han desparecido casi por completo.
• También se han perdido capacidades humanas y tecnológicas de la inteligencia (incluyendo el intercambio entre las varias agencias).
• Indecisión y lentitud en las acciones militares para evitar los traumatismos jurídicos o el fuego amigo proveniente del mismo gobierno.
• Aumento de las solicitudes de retiro de los rangos medios —mayores y tenientes coroneles— y de suboficiales de alta graduación, sargentos viceprimeros y primeros. Los mayores y tenientes coroneles hacen la gestión de seguridad real en terreno y los suboficiales son los ejecutores tácticos de las operaciones previstas por los altos mandos.

Así pues, existe una fractura interna operativa y táctica. Esto significa que la capacidad de respuesta es más lenta, los procesos administrativos y logísticos de la jefatura de Estado Mayor son mucho más demorados y los insumos para las unidades de combate son cada vez más escasos.

En síntesis, el comandante general de las Fuerzas Militares tiene mucha dificultad para coordinar a los comandantes de fuerza —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— y mayores problemas para adoptar estrategias conjuntas con el director Nacional de la Policía.

Foto: Facebook: Ministerio de Defensa - La evidencia muestra que existe un mayor riesgo de aumento de solicitudes de retiro de suboficiales de alta graduación.

Además, el comandante del ejército no tiene la capacidad real de inspirar confianza en sus subalternos. No representa una imagen de autoridad y, por ende, encarna una figura que rompe el espíritu de cuerpo, factor necesario en el recurso de los inmateriales necesarios como la moral del combatiente para la acción. En síntesis, no hay respeto de los subordinados por el mando.

Un gobierno sin control

Las circunstancias anteriores impiden consolidar el control del territorio, que es por supuesto la base de la seguridad y la paz. El descontrol se refleja y se traduce en:

• Desconexión entre los mandos de las fuerzas y las autoridades locales. No hay consultas con los gobernadores ni hay coordinación en materias de seguridad: por eso el descontento y las quejas reiteradas de las autoridades regionales.
• Cada vez más coroneles asumen el mando de brigadas que antes estaban al mando de generales.
• Se desmantelan unidades estratégicas, como la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que perdió su capacidad aérea de respuesta. También once brigadas compuestas por cuatro batallones han quedado reducidas a un solo batallón. Con esto se pierde iniciativa frente a los grupos al margen de la ley y se hace más difícil motivar a los soldados porque sienten que el Ejército está perdiendo fuerza.

Las circunstancias anteriores confirman que el ministro y su equipo realmente no saben cómo funcionan las fuerzas armadas y por lo tanto no están en condiciones de reorientarlas. Tampoco están en condiciones de informar debidamente al comandante en jefe, es decir, al presidente.

Y de su parte los mandos militares y policiales tampoco saben qué hacer. En pocas palabras: no hay gobierno en el sector de la seguridad y la defensa.

De aquí a su vez resultan los índices de violencia que ya todos conocemos:

• Un total de 89 masacres desde el comienzo del gobierno.
• Aumento de 212 % en los secuestros.
• Aumento del 79 % en la trata de personas.
• Aumento del 43 % en la extorsión.
• Escasa erradicación manual de cultivos (apenas 3965 hectáreas).
• Menos incautación de drogas (de 245 a 209 toneladas).
• Un paro armado cada bimestre en distintos territorios.
• Patrullaje ilegal en cabeceras municipales.
• Aumento significativo del desplazamiento y de las áreas sembradas con artefactos explosivos improvisados.

¿Cuál es la respuesta del gobierno? Descoordinación completa.

Terquedad que hará daño

El gobierno mantiene la idea de que la negociación política será la vía para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio. Y esto le lleva a negociar en condiciones asimétricas frente a los grupos armados ilegales: el gobierno necesita más de ellos que ellos del gobierno.

De aquí que pese más el criterio del Alto Comisionado para la Paz que el del ministro de Defensa: el primero es quien traduce las elucubraciones del presidente y el segundo se pone a su servicio para que puedan avanzar las negociaciones con los grupos armados.

Esta relación disfuncional es muy clara para los jerarcas de las organizaciones armadas al margen de la ley y, por consiguiente, se benefician de dicha incapacidad. El gobierno negocia desde la debilidad y desde la fragmentación de las instituciones. Y además se empecina en que esta premisa debe funcionar como sea.

Por último, la incautación de 295 granadas en Bogotá, así como otras incautaciones en grandes ciudades advierten que el mecanismo de fuerza y presión en esta relación asimétrica se va a robustecer por acciones militares en las ciudades.

La poca coordinación del gobierno central con los gobiernos locales y la poca capacidad de respuesta en los sectores urbanos va a propiciar una violencia difícil de anticipar y de contrarrestar.

Sería deseable que el gobierno propiciara un verdadero “acuerdo nacional” con las instituciones y le diera prioridad sobre las negociaciones con grupos ilegales. El gobierno tiene que entender su papel y sus funciones si no quiere acabar de perder el control territorial en la ruralidad y en las ciudades.

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